Paz González Úbeda y Raquel Vicente Vicente, educadoras sociales del equipo interdisciplinar del centro de servicios sociales comarcales de la Comarca del Bajo Aragón- Caspe/Baix Aragó-Casp
Las Comisiones Comarcales de la infancia y adolescencia en riesgo social se constituyen como un espacio de participación interinstitucional e interprofesional donde se detectan situaciones de riesgo que con el paso del tiempo pueden dar lugar a procesos de inadaptación social y/o conflicto social, por tanto, estas comisiones tienen el objetivo de implementar acciones que incidan en un entorno que promueva su bienestar. Este trabajo en red desarrollado en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp nos ha dado dos visiones diferentes de la percepción del riesgo social y sus posibles soluciones, muy relacionado con los procesos de socialización en poblaciones de mayor o menor número de habitantes, con un carácter más rural o menos. Pero también hemos aprendido que trabajar en red es un proceso que se va aprendiendo en el desarrollo del mismo.
Los nuevos retos de la educación social van en este sentido, en facilitar procesos de aprendizaje de trabajo en red y trabajo comunitario, todos ellos con procesos de evaluación de su eficacia y eficiencia de sus resultados.
The Regional Commissions of childhood and adolescence at social risk are constituted as a space for inter-institutional and interprofessional participation where situations of risk are detected that with the passage of time can give rise to processes of social maladjustment and / or social conflict, therefore, these commissions have the objective of implementing actions that affect an environment that promotes their well-being. This networking developed in the region of Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp has given us two different visions of the perception of social risk and its possible solutions, closely related to socialization processes in populations of greater or lesser number of inhabitants, with a more rural character or less. But we have also learned that networking is a process that is learned in the development of it.
The new challenges of social education are in this sense, to facilitate learning processes of networking and community work, all of them with processes of evaluation of their effectiveness and efficiency of their results.
Fruto del debate y reflexión del equipo técnico de profesionales de los servicios sociales de la Comarca de Caspe, se inició en el 2018 un proceso de cambio en la metodología de trabajo que se venía realizando basado en el trabajo individual, familiar y grupal con la coordinación entre profesionales del sistema público de la salud y de la educación pasando a un trabajo en red y de participación comunitaria para poder abordar los cambios sociales que se están produciendo en esta sociedad interconectada, globalizada e individualizada en la que aparecen situaciones que afectan a la correcta socialización de las personas y por tanto en la infancia y adolescencia, tanto por la aparición de conductas de riesgo a edades tempranas, como por los cambios sociales en la percepción de determinados riesgos y su regulación legislativa o, por el contrario, por la permisividad social hacia conductas de riesgo que afectan a la infancia y adolescencia. Las niñas, niños y adolescentes en riesgo social suelen presentar procesos de desadaptación social, muchas veces de forma grupal, que tiene su origen en circunstancias personales, familiares, pero también tiene su origen en una causa social.
Como educadoras sociales, cuando nos enfrentamos a la intervención con niñas, niños y adolescentes en riesgo social no solamente nos referimos a su situación personal o familiar, sino a una situación mucho más amplia, que reúne todas aquellas circunstancias sociales de riesgo para su correcto desarrollo y que quizás pueda cometer algún acto delictivo que requiera de la intervención de la fiscalía de menores. Esto nos lleva a decir que las intervenciones sociales y educativas con estos niños, niñas y adolescentes tienen que contemplar las condiciones del entorno que les rodea e involucrar a los distintos agentes que intervienen en él.
La colaboración entre las diferentes instituciones que componen la Comisión pretende establecer un proceso mediante el cual se faciliten respuestas globalizadas a la problemática de la infancia y adolescencia en riesgo social, de forma que se garantice un foro común, se faciliten las interacciones entre los y las profesionales de las diferentes instituciones, se visualicen los emergentes detectados por los distintos profesionales, se valoren los conflictos desde diferentes ópticas, se acuerden y faciliten las intervenciones coordinadas en red, garantizando así los apoyos y derivaciones entre instituciones asegurando por ello una intervención eficaz.
Sin duda, los y las profesionales del centro comarcal de servicios sociales y de los centros educativos son el factor más importante para lograr una detección y prevención temprana de las conductas de riesgo en la infancia y adolescencia así como en los/as adolescentes en conflicto social. Sin embargo, sin la colaboración y el trabajo en red con el resto de los y las profesionales que trabajan en el territorio en los ámbitos sociales, policiales, de tiempo libre o del sistema de justicia juvenil, así como del resto de observadores e interlocutores comunitarios del entorno no serán posibles su detección, análisis y abordajes de los problemas que presenten.
Creemos necesario hacer referencia al marco legal que nos encomienda a realizar actuaciones de prevención y de trabajo en red entre diferentes administraciones y profesionales.
La Constitución Española, en sus principios rectores de la política social y económica, establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de la familia y de los hijos, estableciendo, asimismo, que los niños y niñas gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.[1]
El Estatuto de Autonomía de Aragón establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma la regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo.[2]
En ley de la Infancia y Adolescencia en Aragón encontramos la sustentación jurídica de la Comisiones Comarcales de la Infancia y Adolescencia en riesgo social, al legislar sobre las medidas de protección en referencia, entre otros, a los recursos preventivos y de apoyo a las familias (art.46). Define como situaciones de riesgo aquellas en las que por circunstancias personales o sociofamiliares, se ven obstaculizados el desarrollo integral del niño o adolescente y el ejercicio de sus derechos y que no requieren su separación del medio familiar (art.56). Determina que los menores en conflicto social son aquellos niños y adolescentes que pudieses encontrase en riesgo de causar perjuicios a sí mismo o a otros (art.78).
La misma ley contempla la responsabilidad de la Comunidad Autónoma en dar prioridad a las actuaciones preventivas con los menores en conflicto social, incidiendo en los factores de riesgo que originan la marginación y la delincuencia, promoviendo actuaciones que contribuyan a su adecuada socialización (art.79.1). Desarrolla las competencias preventivas de los servicios sociales y la necesaria colaboración de la Administración de la Comunidad Autónoma prestando cooperación técnica y financiera en funciones como la prevención de las situaciones de conflicto social (art.84). Establece como objetivo básico del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la coordinación de las actuaciones sectoriales que desde las diferentes administraciones públicas e instituciones privadas se desarrollen para la atención a la infancia y adolescencia (art.85)
La citada Ley de Infancia y Adolescencia fija el deber de colaborar con la institución protectora y nos habla de la especial colaboración de los responsables y personal de los servicios sanitarios poniendo en conocimiento las situaciones de riesgo y colaborado para evitar y resolver tales situaciones (art.35). En el mismo sentido regula similar obligación para los centros escolares en la colaboración para la detección, prevención y resolución las situaciones de riesgo (art.28).
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encomienda en sus la labor de prevención de la comisión de delitos y el desarrollo de funciones preventivas a los funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad del estado (art. 11 y 33). También la misma ley establece como deberes de las policías locales las funciones de prevención y cuantas tiendan a evitar la comisión de delitos (art.53.g).
La ley orgánica de protección y seguridad ciudadana (2015) nos habla de la obligación de la cooperación interadministrativa y el deber de colaboración de las autoridades y empleados públicos en la preservación de la seguridad y convivencia ciudadana, el respeto a las leyes y la protección de personas y bienes y con especial atención a los menores.
Ley de Comarcalización de Aragón (2006) atribuye a las comarcas la responsabilidad del análisis de las necesidades sociales de su territorio y la elaboración de un plan de acción social.
La Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (2021) nos habla sobre la colaboración y cooperación entre las administraciones públicas al objeto de lograr una actuación eficaz en los ámbitos de la prevención, detección precoz, protección y reparación frente a la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes (art. 6). Respecto a los niveles de actuación habla de la prevención en el ámbito familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y del ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art.23).
El Reglamento Comarcal Regulador de la Organización y funcionamiento del Centro Comarcal de servicios sociales del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Caspe (2021) determina, entre otras funciones la detección y prevención de situaciones de necesidad personal, familiar y comunitaria; la atención a la problemática individual y colectiva, de carácter social de todos los residentes en la zona; la evaluación permanente de las situaciones de necesidad y de los efectos de las intervenciones desarrolladas; la coordinación con los servicios sociales especializados, con los equipos profesionales de los demás sistemas de bienestar social y con el conjunto de las entidades que actúan en el ámbito de la Comarca; el asesoramiento a las Entidades Locales de la Comarca en aquellos proyectos, programas y prestaciones de tipo social, promoviendo, tras los estudios oportunos, la creación de nuevos servicios y actividades o la reforma de los existentes (art.5.3).
El Código Deontológico del Educador y Educadora Social (CGCEES, 2007), estable que la práctica educativa diaria del profesional de la educación social corresponde a tres categorías o criterios organizadores, identificando en las acciones de contexto el desarrollo de acciones con las instituciones, asociaciones y demás entidades de carácter público y privado que permitan la creación de redes entre servicios que atienden a personas, para el desempeño de la acción socioeducativa.
La Comisión Comarcal de la Infancia y Adolescencia en riesgo social de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp tiene como finalidad la de promover la colaboración entre instituciones y entidades comarcales y locales para la detección, valoración y actuación conjunta de actuaciones preventivas que incidan en las posibles dificultades que se producen en la socialización de los niños, niñas y adolescentes.
La Comarca del Bajo Aragón-Caspe la integran seis municipios: Caspe, Chiprana, Fabara/Favara, Fayón/Faió, Maella y Nonaspe/Nonasp, con una población aproximada de 15.000 habitantes siendo Caspe el municipio más poblado con 10.000 habitantes. Dadas las características geográficas y de población se decidió la creación de dos Comisiones Comarcales:
La composición de las Comisiones Comarcales es similar:
Señalar que las profesionales del centro comarcal de servicios sociales en estas comisiones actúan, entre otras, con funciones de técnico de prevención de drogodependencias y de atención al niño, niña y adolescente en riego social.
En el inicio del diseño de las Comisiones Comarcales nos planteamos las siguientes actuaciones para estructurar el debate que se estableciera en las mismas.
Desde nuestro rol de educadoras sociales hemos intentado facilitar la participación de cada profesional de la Comisión Comarcal así como la dinamización de las reuniones para la identificación de situaciones de riesgo, que en el discurso y debate de las reuniones se estaba hablando así como de sus posibles soluciones planteadas, informando a su vez de los recursos comarcales u otros que ya se estaban implementando. Es decir, hemos actuado como facilitadoras del proceso y asesoras del mismo, centrando en todo momento el tema a tratar, objetivos a alcanzar, recursos disponibles y mejoras a realizar.
En la primera convocatoria, todas por email, se invitaron a los y las representantes nombrados anteriormente, se explicó la finalidad de la Comisión y la forma de trabajar. En ella ya se plantearon conductas de riesgo que preocupaban, es decir se inició con el diagnóstico participativo planteado como una oportunidad para el cambio de la situación detectada como de riesgo social y/o conflicto social.
En las segundas reuniones se planteaban posibles soluciones, se valoraban las mismas en función de su idoneidad, la puesta en marcha y sus resultados.
De cada una de las reuniones se levantaba acta que se compartía en el grupo creado en el email. También se trabaja de forma colaborativa a través de Drive.
Se establecieron las siguientes necesidades:
Se diseñaron las siguientes actuaciones
Tras la pandemia de la covid-19 se retomaron las reuniones, manifestando la preocupación de la situación generada en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, de soledad y del abuso del uso del móvil como instrumento para relacionarse en edades tempranas (3º primaria) así como del abuso de los videojuegos y el pasar gran parte de su tiempo de ocio en las peñas.
La participación es menor y los temas a trabajar giran en torno al diseño de una escuela de familias y espacios donde puedan relacionarse libremente, sin actividades programadas.
Se establecieron las siguientes necesidades agrupadas por ámbitos:
Ámbito Comunitario:
Ámbito de educación:
Ámbito de la familia:
La situación sociosanitaria generada por la covid-19 a principios del 2020, obligó a paralizar las actividades grupales y por consiguiente sus acciones, retomándose en el 2021. En este año se volvió a preguntar sobre las necesidades detectadas desde su servicio, estableciendo:
El trabajo realizado en las comisiones comarcales nos da dos imágenes diferentes de la percepción de las situaciones de riesgo en las niñas y niños y adolescentes y su posible abordaje. Por un lado, en los municipios con menor población la percepción del riesgo se ve en los locales o peñas, en el consumo de alcohol a edades tempranas y la falta de control en la venta de bebidas alcohólicas, pero también en el uso de los móviles y videojuegos con tan solo ocho años, preocupa cómo informar de posibles situaciones de menores en conflicto social. La formación a las familias en estos temas y otros, así como la necesidad de espacios de relación centran el interés de trabajo.
Por otro lado, en las poblaciones con mayor número de habitantes preocupa la falta de recursos para la infancia, la gestión de la diversidad cultural, la prevención en el consumo de alcohol y otras drogas así como la coordinación entre servicios sociales y los centros escolares.
La diversidad de situaciones planteadas en un primer momento se ha ido centrando en aquellas en las que no se está interviniendo para evitar que se cronifiquen o lo que es peor, que se vea como normal.
En la dinámica de trabajo de las comisiones se ha generado una división del trabajo espontánea y poco distributiva, teniendo la mayor carga de trabajo la entidad convocante, es decir, las técnicos de la Comarca. Como consecuencia, los tiempos se dilatan, la responsabilidad es mayor y las acciones no terminan de concretarse. Aprender a trabajar en red es el nuevo reto que nos marcamos, un aprendizaje que se debe de hacer al inicio de la puesta en marcha de las Comisiones, recordándolo en el desarrollo de las mismas.
Como educadoras sociales hemos facilitado un proceso participativo cuya finalidad es la detección, valoración y actuación ante situaciones de riesgo social para logar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Entendemos que el trabajo en red facilita estos procesos de participación comunitaria y de cambio social, que sus resultados son a largo plazo y que las actuaciones preventivas evitan la cronificación de situaciones de vulnerabilidad social y apuestan por la igualdad y la participación social.
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Paz González, email: pazg@bajoaragoncaspe.com
[1] Constitución Española [Const]. Art.39. 29 de diciembre de 1978 (España).
[2] Ley Orgánica 5/2007. De reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Art. 71.39º. 20 de abril de 2007. Gobierno de Aragón.
