Carme Panchón. Subdirectora del Consorcio Instituto de Infancia y Mundo Urbano.
Actualmente se concibe al niño como a un sujeto con derechos y miembro activo de la sociedad. A pesar de este reconocimiento, se debe seguir trabajando para hacer visible a la infancia y defender su calidad de vida como criterio fundamental. Para hacer visible a la infancia y a sus familias desde una perspectiva global e integradora de la infancia como grupo social, es necesario conocer cuáles son sus condiciones de vida y cuáles son los problemas emergentes.
Según la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en su artículo primero (Definición de niño) se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los dieciocho años de edad, salvo que legalmente haya conseguido la mayoría de edad.
Habitualmente, aunque se parta de esta concepción de niño, se deben comentar las diferentes etapas del ciclo vital de la persona a lo largo de este período: infancia y adolescencia. Esta concreción se hace necesaria ya que la imagen con la cual se acostumbra a identificar esta etapa de la vida, para un sector importante de la población, es una imagen de niño pequeño o de niña pequeña. En este sentido, la misma Administración con responsabilidad en esta materia se llama Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia.
“Que no se pueden reivindicar los derechos de los niños separadamente de los derechos de la familia o de aquellos que la suplen por determinadas circunstancias. Que los principales factores de riesgo para la infancia se encuentran en los contextos familiares, escolares y sociales.
Que el papel de las administraciones públicas es velar por los derechos de la infancia y conseguir la justicia en la aplicación de estos derechos.
Que la responsabilidad de las administraciones que tienen competencia en esta materia es poner en marcha los mecanismos oportunos para detectar y evitar procesos de exclusión que pueden afectar a sectores de la población con determinadas condiciones socioeconómicas, culturales y profesionales, especialmente vulnerables.
Que se debe hacer una profunda reflexión sobre la evolución de la infancia y los procesos iniciados desde el sistema de políticas de protección social.
Que se debe priorizar la intervención educativa, ampliando el concepto de educación e incorporando la educación como un instrumento de cambio personal y social.”
En los inicios de un nuevo siglo se produce un consenso en el reconocimiento de la infancia como grupo social, como sujeto con derechos. Derechos que quedan recogidos principalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, tal como hemos mencionado, y de la cual queremos destacar dos artículos más que son fundamentales para orientar cualquier acción hacia este sector de la población:
El artículo 4 (Aplicación de los derechos) recoge que es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en esta Convención.
El artículo 12 (La opinión del niño) dice que el niño tiene derecho a expresar su opinión y que ésta sea tenida en cuenta en todos los asuntos que le afecten.
La aplicación de los derechos de los niños y niñas se debe concretar en las políticas públicas que se llevan a cabo en educación, familia, salud, aire libre, participación, prevención de riesgo, etc.
La rapidez y profundidad en los cambios que se producen constantemente en nuestra sociedad, con la dificultad de asimilación y asentamiento que conllevan, influyen en gran manera en la vida cotidiana. Inevitablemente, hay que hacer referencia a cuestiones conocidas por todos como la globalización, la mundialización, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los avances científicos, etc. Todas estas dimensiones tienen una gran influencia en la aparición de nuevas relaciones sociales y en la aparición de nuevas necesidades emergentes.
Por lo tanto, es importante conocer las condiciones de vida de los niños, de las niñas y de sus familias, las dinámicas familiares, las relaciones que mantienen con la escuela y con el entorno. En definitiva, conocer las condiciones que permitan a los padres y a los hijos ejercer sus responsabilidades tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social.
Los cambios en las estructuras y en las relaciones familiares, y los estilos de vida adolescentes emergentes en una sociedad marcada por el consumo, la competitividad y el individualismo, pueden conducir a la ruptura de vínculos entre algunos adolescentes y su comunidad. Esta situación puede conducir a algunos niños y jóvenes a procesos de exclusión social.
Prevenir, a partir de tener una visión actualizada y precisa de las causas, de la evolución y de la realidad de los problemas que pueden afectar a la población más débil -la infancia y la adolescencia-, es el primer paso para gozar de unas políticas sociales de infancia de calidad.
Trabajar el nivel preventivo de situaciones que se pueden complicar e, incluso, deteriorarse y no recuperarse, es pensar en los sujetos como en primeras personas.
Una sociedad tan cambiante como la nuestra debe revisar y adecuar permanentemente su política social. Este hecho requiere una cimentación basada en la detección de las necesidades emergentes, así como en la prevención y planificación de las actuaciones más eficaces para satisfacerlas.
Las administraciones públicas deben garantizar a la ciudadanía unos niveles de vida óptimos, especialmente a los colectivos más vulnerables. En este sentido, la educación es un elemento clave para el cambio personal y social. Es un instrumento para el cambio en una sociedad en constante cambio. La educación de las personas se da en diferentes contextos y al lo largo de su ciclo vital.
Investigaciones relacionadas con la desigualdad social afirman que los verdaderos obstáculos para la igualdad de oportunidades se pueden sintetizar en tres ámbitos, que son los siguientes: la familia, la escuela y el entorno.
Porque una realidad sea susceptible de cambio, más que un análisis detallado, requiere la predisposición y la implicación de aquellos grupos que realmente pueden modificar las situaciones que genera la desigualdad de oportunidades.
Esta realidad, que no es nueva, se va manifestando a lo largo de los años tanto por parte del sector profesional como por diferentes expertos en estos temas. Uno de los objetivos principales de cualquier proyecto debería ser conseguir la participación de los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su edad y condición; poner en marcha actuaciones preventivas, de integración y solidarias utilizando como ejes principales la coordinación, la colaboración y la cooperación entre los diferentes agentes de la comunidad.
“La verdadera ciudadanía se aprende, y se experimenta en el vecindario, con la familia, en la vida asociativa, en el municipio y, por supuesto, en la escuela y en los centros de formación y siempre mediante el ejercicio cotidiano -en cualquiera de estos ámbitos- de nuestros derechos y libertades” (Mayor Zaragoza, F., 2002).
El reto para la consecución de un mayor nivel de igualdad consiste en incrementar la capacidad de los individuos y las sociedades para reducir la vulnerabilidad ante la pobreza y promover la autonomía de las personas. En la actualidad, se intentan identificar, sobre todo, los procesos a partir de los cuales algunas personas o sectores de la sociedad llegan a no tener el acceso a los recursos más esenciales.
La exclusión social sería el término para describir cualquier transformación del medio social que tenga como efecto limitar a cualquier grupo social el acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas.
En este sentido, Parra y Tortosa (2002) definen la exclusión social como “el conjunto de procesos estructurales, pautas ideológicas y culturales, tendencias sociales y mecanismos que producen el empobrecimiento personal o colectivo”. Sen (2000) destaca que la primera aportación del concepto de exclusión social es insistir sobre el funcionamiento relacional de los factores que producen la pobreza. La segunda aportación destaca que, dentro de esta perspectiva, la pobreza no se entiende como un proceso que tiene su origen en el comportamiento del individuo, sino en procesos sociales más amplios: en la interrelación interpersonal o en las oportunidades. Por ejemplo, el mercado laboral, los servicios públicos, las políticas sociales o la misma ordenación de la economía mundial.
Pero a pesar de estas definiciones, que sin duda marcan un cambio de perspectiva en la comprensión de las situaciones que generan desigualdad de oportunidades, no podemos olvidar que la exclusión social afecta a personas que, entre otras cosas, pueden sufrir mayor mortalidad, carencia de bienes básicos (vivienda, alimentos), menores oportunidades de desarrollo educativo, falta de participación en las instituciones sociales, paro o trabajo precario, etc.
Doyal y Gough (1994) señalan que para la satisfacción de las necesidades personales hace falta que el individuo sea autónomo, es decir, que tenga capacidad de tomar decisiones informadas sobre qué hacer y cómo llevarlo a cabo. Por descontado, disponer de medios económicos será un mecanismo para asegurar la autonomía personal, pero también poseer un determinado nivel de conocimientos y participar de un entorno social que permita actuar libremente y expresar las opiniones personales.
Desde una perspectiva pedagógica, de intervención socioeducativa, la exclusión social es el proceso de separación respecto a las posibilidades económicas, políticas y/o culturales derivadas de la vinculación social. La exclusión social equivale a la separación o privación de los canales que posibilitan sentirse miembro de una comunidad. La exclusión social y el proceso de marginación se dan cuando hay una serie de rupturas con vínculos económicos, territoriales, residenciales y/o sociopolíticos que se van autoalimentando (Petrus; Panchón; Gallego, 2002).
En los últimos años se ha producido un avance importante en materia de lucha contra la exclusión social con la movilización de recursos por parte de organismos públicos y privados. De alguna manera, se pretende seguir las recomendaciones de diferentes organismos internacionales (Diamantopoulou, A., 2001) que intentan advertir de cómo algunos cambios estructurales en la sociedad, a pesar de ser positivos para la mayoría, podrían crear nuevos riesgos de pobreza y de exclusión social para los grupos especialmente vulnerables si no se desarrollan estrategias adecuadas.
Estos cambios hacen referencia a la transformación del mercado laboral resultante de la globalización y del crecimiento tan rápido de la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación; los cambios demográficos caracterizados por el aumento de la edad de vida y la reducción de la tasa de natalidad; una tendencia creciente a la diversidad étnica, cultural y religiosa; el cambio en la estructura de los hogares a causa del aumento de las separaciones familiares y una desaparición progresiva del carácter institucional de la vida familiar y la evolución del papel de los hombres y de las mujeres.
Por lo tanto, plantearse la calidad de vida de los niños como criterio fundamental, desde una perspectiva global e integradora de la infancia como grupo social, nos lleva a estudiar esta realidad, detectar tendencias, reconocer las nuevas necesidades y buscar recursos.
En la actualidad se constata la gran transformación de las familias y la necesidad de políticas de apoyo (1).
Asimismo, se constata que la infancia cada vez es más vulnerable y que aumenta la infancia excluida, como consecuencia de aspectos que hemos presentado anteriormente.
En cuanto a la educación, debe destacarse uno de los problemas fundamentales de la escolarización: la insuficiencia de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años(2). En cuanto a la financiación educativa se refiere, en Catalunya es insuficiente. Catalunya, junto con Navarra y el País Vasco, es una de las comunidades autónomas que destina más dinero público a financiar el sector privado de la enseñanza. Se detecta una creciente dualización o especialización social de los centros docentes basándose en la capacidad económica de las familias. La aportación de las familias al gasto educativo es muy importante(3). Crece el malestar docente y se detecta un incremento preocupante de la violencia, más verbal que física, entre el alumnado de los centros escolares.
Una parte significativa de la población de entre 16 y 19 años desea incorporarse al mercado laboral. En los últimos cinco años la ocupación de este sector de la población ha crecido en Catalunya en valores absolutos y en porcentaje(4); la contratación, está marcada por el dominio de la temporalidad que, en esta franja de edad, es un 7,8% superior al conjunto de la población.
El mercado laboral, además de proporcionar un trabajo, también es la forma de acceso a cualquier tipo de ventajas sociales, de conseguir un mayor prestigio y de muchas otras cosas.
Cuando se habla de cuáles son las condiciones de salud de la infancia, se puede manifestar que los principales problemas de salud de los niños y, sobre todo, de los adolescentes, tienen una relación estrecha con las formas y estilos de vida de una sociedad como la nuestra. Se debe destacar que a partir de los 15 años, los menores tienen una gran accidentalidad en la carretera, que pasa a ser el espacio de una gran parte de los accidentes. En la provincia de Barcelona, de todas las defunciones por causas externas, el porcentaje de las provocadas por accidentes de vehículos de motor en la franja de edad de 15 a 24 años es de un 61%. El consumo de alcohol, sobre todo a lo largo del fin de semana, es un factor asociado a esta accidentalidad viaria en los adolescentes y jóvenes. Un sector importante de la población adolescente tiene unos hábitos alimentarios poco disciplinados. Aproximadamente un 30% de los adolescentes barceloneses no desayunan todos los días, el 41% de niñas y el 10% de niños adolescentes dicen haber hecho dieta alguna vez. Un problema emergente son las enfermedades mentales y los estados depresivos en los adolescentes. Un 17% de niñas y un 6% de niños en esta etapa del ciclo vital manifiestan tener sentimientos intensos o muy intensos de tristeza.
En relación con qué uso hacen del tiempo libre, se puede decir que de la infancia y la juventud se dispone de información relativa a actividades educativas institucionalizadas en tiempo no escolar, en la práctica deportiva, en el asociacionismo y en el voluntariado juvenil. Crece la importancia cuantitativa del sector del ocio organizado, que asume funciones que se derivan de los nuevos cambios sociales(5). Buena parte de los niños y niñas de Barcelona dedican su jornada no escolar a la realización de actividades educativas institucionalizadas, entre las que destacan la práctica deportiva, las actividades de tipo académico y las de tipo artístico. La proporción más elevada de niños y adolescentes que practican algún deporte se concentra en la franja de los 6 a los 12 años. Los niños se inclinan por la práctica del fútbol y las niñas por la gimnasia de mantenimiento y la natación recreativa(6). Si nos centramos en los recursos municipales dedicados al ocio infantil y adolescente de Barcelona, observamos que se localizan mayoritariamente en los distritos menos acomodados. La población que hace actividades de voluntariado es muy baja en esta edad.
Se está produciendo una profunda transformación en las vías de comunicación entre los adolescentes y jóvenes y la sociedad. Para esta generación, el consumo tiene un papel primordial en la construcción de las identidades. Sus hábitos de consumo se orientan a la utilización de productos y lenguajes provistos por el mercado masivo. Buscan diferenciarse a partir de sus gustos musicales, la vestimenta, el lenguaje, los lugares de encuentro y de reunión, el piercing, los tatuajes. Los menores utilizan los bienes y las actividades del consumo para construir su identidad personal. Igual que los adultos, son grandes consumidores de televisión, aunque la miren menos tiempo. Estar con los amigos es central en el ocio adolescente y juvenil, especialmente los fines de semana. El consumo de nuevas tecnologías digitales es más alto entre adolescentes y jóvenes que entre adultos. En el año 2001 se calcula que el 46,6% de adolescentes entre 12 y 16 años de Barcelona utilizan Internet.
Finalmente queremos destacar algunos aspectos relacionados con las desigualdades y la infancia en riesgo. Tal como hemos remarcado anteriormente, como consecuencia de las importantes transformaciones que afectan a nuestra sociedad en los terrenos económico, social y familiar, están apareciendo nuevas realidades y demandas que son difícilmente asumibles por las tradicionales políticas públicas actuales. Con relación a la pobreza infantil, la polarización social se proyecta sobre familias con hijos e hijas menores de edad(7). El Estado español, junto con el Reino Unido e Irlanda, es uno de los países de la Unión Europea con uno de los porcentajes más elevados de pobreza infantil y también uno de los que presentan unos diferenciales más grandes entre la tasa de pobreza de la población general y la infantil.
Aumenta el número general de usuarios atendidos por los servicios sociales de atención primaria (SSAP). A pesar de la bajada de la población catalana menor de 18 años, el número de usuarios menores de edad atendidos por los servicios de atención primaria aumenta por encima del incremento de usuarios en general(8). Ciutat Vella es el distrito de Barcelona con más demandas a los SSAP, pero el incremento es más grande en los distritos de Sants y el Eixample.
En Barcelona, las demandas más frecuentes a los servicios sociales son por problemas laborales y de viviendas; éstas se han incrementado durante los años 1998 y 1999.
Respecto a los niños y adolescentes, se incrementan las demandas relacionadas con la falta de recursos educativos y el fracaso escolar y, sobre todo, las relacionadas con problemas de ámbito personal y de relación familiar, conflicto social y enfermedad mental.
Los menores bajo medidas de protección han aumentado en un 20% entre el año 2000 (5.085 niños y niñas) y el año 2001 (5.548). En el año 2001 había en Catalunya 43 equipos de atención a la infancia y adolescencia (EAIA), que atendían un total de 10.085 casos. Las listas de espera para atender a los menores en situación de riesgo social todavía mantienen cifras altas. En 1999 había en Catalunya 3.384 menores en espera de resolver su situación de protección: unos 1.843 en estudio por parte de los EAIA, unos 1.418 menores en situación de espera de estudio y 123 en espera de centro.
La incapacidad educativa y relacional de las familias, seguida de las drogodependencias y las conductas inadecuadas, constituyen las principales causas de ingreso de menores en centros residenciales.
En Catalunya, el número de menores estimado que podrían sufrir maltratos en el año 2000, era de unos 5.000, que representan un 18% de la población catalana de esta edad. De estos, un 73% corresponde a negligencias, un 39% a maltrato psíquico y un 15% a maltrato físico.
Un 75% del conjunto de profesionales de los servicios de atención primaria y especializada cree que faltan recursos para dar una respuesta adecuada a las problemáticas que reciben, y que hay poca coordinación entre los diferentes servicios.
En el año 2001 en Catalunya pasaron per justicia juvenil 5.243 menores entre 14 y 18 años, cifra que representa un incremento del 33% respecto al año 2000.
Los especialistas en infancia y legislación destacan la necesidad de que se cumpla la normativa legal vigente en esta materia. Resaltan la urgencia de refundir en un mismo texto las diferentes normativas promulgadas con relación a la protección de menores, ahora muy dispersa. Alertan sobre la tendencia a hacer modificaciones legislativas respecto a problemáticas que responden más a una falta de planificación y de recursos. Insisten en que se tengan más en cuenta las normativas y recomendaciones institucionales como las de la última cumbre sobre la Convención de Derechos del Niño.
1 En el Estado español, el gasto en prestaciones monetarias para las familias disminuye entre 1980 y 1997. Pasa del 0,47% al 0,22% del PIB. Las prestaciones económicas en servicios para las familias para hijos menores de 15 años son las más bajas de la UE.
2 En esta etapa, en Catalunya las plazas del sector privado (alrededor del 65%) doblan las del sector público (35%). En Barcelona, aproximadamente 1.800 niños se quedan sin plaza cada año en la escuela pública de la ciudad, mayoritariamente municipal, que sólo puede satisfacer el 44% de la demanda expresada.
3 Durante el curso 1997-1998, las AMPA de Catalunya aportaron alrededor de mil millones de pesetas para financiar equipamientos, adquirir material y promover actividades educativas como salidas, colonias, etc.
4 Por género, las mujeres evidencian una situación más crítica respecto a la ocupación masculina. De los jóvenes ocupados, el 61,8% son hombres y el 38,2% son mujeres.
5 Por ejemplo: suplencia, refuerzo, complemento de otras instituciones educativas como la escuela y la familia. Custodia infantil, a causa de la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, en la disfuncionalidad de los horarios y calendarios laborales y escolares, etc.
6 La dotación de espacios deportivos en Barcelona varía en cada distrito. Los distritos más bien dotados en infraestructura deportiva son el de Sarrià-Sant Gervasi, seguido de los de Horta-Guinardó, las Corts y Sants-Montjuïc; el distrito menos dotado es el de Ciutat Vella.
7 En 1996 se calcula que en Catalunya hay unos 105.000 menores de 16 años pobres, que representan el 11% de la población catalana de esta edad. De estos, aproximadamente el 50% (unos 60.000 menores) sufren una pobreza extrema (hogares pobres con un gasto equivalente inferior a 40.000 pesetas anuales).
8 En Barcelona han pasado de 22.535 en 1996 a 32.523 en 1999 (incremento de casi el 50%).
