Jesús Otaño Maiza. Educador Social. Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales
Comparecencia en el Senado, ante la Comisión Especial sobre las nuevas formas de exclusión social consecuencia del fuerte incremento del desempleo, el 12 Abril 2010, en representación del Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales.
En primer lugar, quiero agradecer en mi nombre y en el del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales a la Presidenta de esta Comisión especial Doña María Jesús Sainz García, por la invitación a participar en la misma, al grupo político que lo ha propuesto, así como al resto de ustedes por dedicar este tiempo a escucharnos.
Recogemos con placer este encargo pues, para nosotros, es especialmente importante participar con las administraciones y, en este caso, nuevamente, con la administración del estado a través de esta Comisión, ya que, de alguna manera, también contribuye a nuestra visibilización como colectivo profesional que desarrollamos nuestra tarea con la ciudadanía y, en particular, directamente con aquellos sectores que más dificultades experimentan en su vida cotidiana en respuesta a sus necesidades sociales y educativas.
El CGCEES agrupa a más de 12.000 profesionales de la Educación Social en el estado, que están adscritos a los trece Colegios Profesionales que, en sus respectivas Comunidades Autónomas, están representando al colectivo, así como, en las tres Asociaciones Profesionales que están aún en proceso de conformar su Colegio. Les aportamos entre la documentación, la relación de Colegios Profesionales que forman parte del Consejo General.
También les aportamos una pequeña publicación de nuestros documentos profesionales aprobados y consensuados en la que, señalamos la Definición de la Educación Social, nuestro Código Deontológico, así como el Catálogo de Funciones y Competencias que nos ayuda a presentar y, más aún, a orientar y centrar cada vez más nuestro espacio profesional. Añadimos en la documentación un pequeño borrador, en el que hasta el momento estamos trabajando sobre los Ámbitos de Intervención en los que desarrollamos nuestra labor profesional.
Me gustaría señalar antes de empezar, que hacemos nuestra aportación a la Comisión desde cierta humildad. Ya que nuestra reflexión y nuestras propuestas vienen de las variables que nos construyen como profesionales de lo socioeducativo, y generan análisis propios derivados de nuestro “hacer” profesional y que se plantean con el ánimo de colaborar en una pretensión de corresponsabilidad de todos y de todas en respuesta ante las situaciones de dificultad y de vulnerabilidad social. Es decir, tenemos poco que aportar, no más que lo que pudiera decir cualquier otro ciudadano informado al respecto, en lo referente a una de las consecuencias directas de la crisis, que es el descenso de la oferta de empleo, sujeto a coordenadas de análisis que se nos escapan de nuestra preparación profesional y serían más propias de las reflexiones de otros expertos, y con ello, con el descenso de la oferta, el aumento del número de personas desempleadas que llega a las cotas tan preocupantes, hace mucho, en este país.
Así mismo, también hacemos nuestra aportación desde la autoridad que nos brinda el conocimiento exhaustivo, de primera mano, de las situaciones y de las personas que sufren procesos de exclusión, conocimiento derivado de nuestra labor cotidiana desde la cercanía, disponibilidad y relación con las mismas, gran parte de las cuales son las usuarias principales de nuestros servicios. Por lo que, en este aspecto, sí que nos vemos más capacitados para poder aportar, en tanto en cuanto, podemos aventurar cuáles son los procesos que tienen mayores posibilidades para que las personas sean incorporadas y se incorporen y estén incluidas socialmente.
En este orden de cosas, esperamos que nuestra exposición permita contribuir a las, seguro, interesantes aportaciones de las personas expertas que me han precedido en anteriores comparecencias y a las que me seguirán.
El nombre de la Comisión describe, claramente, de lo que estamos hablando, la exclusión social como fenómeno que parece inherente al modelo económico y social en el que viene sujeta la llamada sociedad del bienestar y, así mismo, en su descripción se nos llama la atención sobre el aumento de personas que, en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, entran en los círculos de peligro de sufrir procesos de exclusión. Van a permitirme, no obstante, sin menoscabo de la solidaridad que merece cualquiera de las situaciones de exclusión de cualquiera de las personas y, en su justo término deben ser reconocidas y abordadas, desarrollar mi intervención partiendo de la idea de que la exclusión social de parte de la población es de carácter estructural ya existía antes de esta crisis económica y seríamos poco respetuosos y, nuevamente injustos, con las personas que están y se sienten excluidas antes de ahora (muchas de ellas nacen y mueren en dicha situación) si nos limitáramos, únicamente, a aquellos grupos y colectivos que entran en esos círculos de riesgo dada la situación económica actual.
Hay un elemento esencial que nos conduce a las reflexiones que pretendemos compartir hoy con ustedes y es todo lo que conlleva la llamada cuestión social, que no es otra cosa que la que se desprende de un planteamiento subjetivo de desarrollo de los derechos sociales y la responsabilidad social en todas y cada una de las personas que viven en un territorio Este aspecto es, a nuestro entender, sólo analizable en clave de justicia social. La cuestión social tiene que ver con la autonomía de las personas, y ésta ha de venir desde la satisfacción de los derechos básicos, incluido el empleo, pero también de la socialización que a la especie humana nos es propia e inherente en esencia. En este orden de cosas, es posible que tengamos que hacer todos y todas una severa autocrítica en el abordaje de la misma.
En principio, la cuestión social es un concepto global, quizás hayamos caído en entenderla como una serie de múltiples problemas fragmentados. Esta visión, sin duda, lleva a no analizar las dificultades de las personas desde la raíz, es decir, lleva a fragmentar la realidad de tal manera que “el árbol (en este caso los árboles) no deja ver el bosque” y, lo que es peor, lleva a establecer una percepción no ajustada, y, a veces hasta negativa, de aquella parte de la ciudadanía que reclama derechos sociales que la normativa y orientación internacional nos exige y por ello vincula. Me estoy refiriendo a los derechos básicos de las personas, la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo, la paz, etc. Es un hecho, igualmente, que, en muchos casos, este desajuste lleva, incluso, en el abordaje de estas situaciones, a la responsabilización a las personas de su propia vulnerabilidad social.
La crítica que propongo, nos lleva a tener que enmendar los inadecuados modos y maneras de enfocar las dificultades de las personas que vienen acompañando la mirada desde las administraciones, los servicios y los agentes que desarrollamos la tarea de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas. De alguna manera, ésta son vistas desde una perspectiva problematizadora de lo vulnerable, de la dificultad, estableciendo una larga lista de problemáticas sociales que han sido respondidas de manera especializada, es decir, un problema una respuesta (y no siempre). En cualquier caso, lejos de una respuesta integral y global que permita el avance de todas las personas con mayores o menores dificultades hacia la participación social y el desarrollo pleno de la ciudadanía, y, de este modo, responda desde el análisis más real al carácter estructural y global de la propia cuestión social.
Creo que este camino está por hacer, aunque quizás, de modo incipiente, empieza a atisbar por algún lado. Igualmente, creo que es responsabilidad de los y las agentes sociales que trabajamos por el bienestar de las personas llamar la atención sobre todo ello. En nuestra tarea cotidiana debemos seguir interpelando la realidad y los conflictos que se generan e incidir de modo decidido y comprometido por la transformación social a partir de la mejora de los contextos y del propio entorno que hacen a las personas vulnerables y las sitúan “fuera”.
Si bien, naturalmente, todo ello debe ir acompañado de la sintonía con las propias administraciones con las que trabajamos (a nivel técnico y político), es necesaria una visión común de las situaciones de vulnerabilidad y del análisis de la exclusión social ajustada y consensuada entre la parte legislativa, la ejecutiva y la operativa que “toca” a las personas.
No obstante dicho todo ello, debemos reconocer avances en este sentido y éstos se darán, en tanto en cuanto, cumplamos con nuestra responsabilidad en la reflexión profunda del análisis de las situaciones, a partir de la visibilización de la injusticia de las, demasiadas veces, duras realidades que presenciamos (y, de alguna manera, compartimos) y aportando la pasión necesaria en el quehacer cotidiano hacia el cambio; todo lo que nos hace posible observar y operar sobre la realidad desde nuestro espacio de acción privilegiado, en contacto con la misma y con las personas que, estando “fuera”, sufren de estos procesos de exclusión.
En cualquier caso, entiendo como requisito poner una mirada optimista ante el futuro, aunque sin una gota de autocomplacencia y sin bajar la guardia del componente crítico que nos exige la transferencia siempre del conocimiento de la realidad a las administraciones que gobiernan y que tienen, en última instancia la responsabilidad del devenir de la ciudadanía.
Tampoco quisiera que percibieran en esta reflexión ni un ápice de ingenuidad, un análisis muy básico de la sociedad en la que vivimos con un modelo socioeconómico que maximiza el desarrollo económico y el beneficio, construye estructuras económicas y sociales injustas y, en sí mismo, generadoras de exclusión. En este tren siempre en marcha, parte de la ciudadanía está montada, y, otra parte se quedó en la estación, alguna sube y baja del mismo y otros caen en el trayecto, e, incluso, dentro del tren, algunos están en primera y otros viajan en los vagones de atrás, y, sólo unos pocos lo conducen. La cuestión es si el límite nos limita y nos lleva a la resignación o, sin embargo, hacemos lo posible para avanzar, pero, eso sí, todo lo posible.
No hay claros indicadores para señalar dónde situar la situación de exclusión, sin embargo, desde una orientación de visión más general y, superando la estrictamente economicista, las personas podemos estar “dentro” (integración social), en el límite (espacio de precariedad, riesgo o vulnerabilidad social) o “fuera” (exclusión social). Sin embargo, algunos elementos nos acercan a objetivar sobre cuándo se está incluido y cuándo no.
La escasez o inexistencia de ingresos económicos, la carencia de vivienda digna, el desempleo o, el empleo precario, son variables bastante objetivas que fotografían esta situación, pero, también las enfermedades, las dependencias, y las deficientes relaciones sociales, son componentes sustanciales que, así como las anteriores generan aislamiento, estigmatización y, en definitiva, discriminación social. Y nadie está en ninguna de estas situaciones porque quiere.
Podemos desde esta base sintetizar tres grandes elementos que nos acercan a delimitar las fronteras entre la inclusión y la exclusión social.
En este orden de cosas, podemos afirmar que la exclusión no es, necesariamente, sinónimo de pobreza, ni siquiera la integración laboral es, en muchas ocasiones, sinónimo de inclusión social.
El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España señala que: “… La cuestión social se transforma y adquiere una naturaleza nueva en las actuales sociedades tecnológicamente avanzadas…La exclusión va más allá: implica fracturas en el tejido social y la ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración…”
El avance de nuestra sociedad del bienestar, en respuesta a una radiografía ajustada del análisis de la realidad social, requiere partir del reconocimiento de que los diferentes Sistemas de Servicios, propios de nuestras sociedades, no atienden a la universalidad de la población y, de hecho, no están diseñados para todas las personas. De aquí, que sea necesario enfocar de nuevo y recomponer la oferta de nuestros servicios hacia una atención garantista y universal para su disfrute por parte de toda la ciudadanía. Es aquí donde nos acercamos a la respuesta no sólo a las tradicionales bolsas de exclusión social, que en el avance no podemos olvidar, sino también a aquellas nuevas situaciones que surgen a partir de la nueva sociedad post-industrial o tecnológica y, que en la dura coyuntura económica actual, generan que muchas personas caigan hacia fuera a partir de la pérdida del trabajo, muchas veces desde una situación laboral ya precaria que, en este momento, está afectando a una parte muy considerable de la ciudadanía.
Al final de la intervención señalaré algunas propuestas que pretenden ser aportaciones al desarrollo de esta comisión, pero como avanzadilla quiero citar, en este momento, y en esta línea, la necesidad de redefinir los sistemas de servicios y, con ello, las políticas relacionadas con los servicios sociales y con el empleo, es el tiempo de descompartimentar la atención, romper con la inercia histórica de que los servicios sociales se refieren a la exclusión social y los de empleo a la incorporación laboral, si estamos de acuerdo en que el desempleo o la precariedad laboral son situaciones que conllevan un riesgo de exclusión social, ambos servicios deberían plantear su oferta de modo conjunto.
Así pues, las personas desempleadas como colectivo vulnerable y en riesgo de exclusión social se añaden a importantes grupos de población que, tradicionalmente, han sido considerados como tales. Es obvio que exclusión es un término que, en su radicalidad, para quien vive en esa situación no puede someterse a una graduación (alta, media o baja) que sería engañosa, es decir, cada uno vive su drama en toda su intensidad, y así debe reconocerse, pero, aunque sea de modo explicativo, habría que señalar dos grandes grupos de personas excluidas, para ello utilizo como referencia colectivos que vienen definidos por la Comunidad Europea en sus documentos y reflexiones en torno a la vulnerabilidad social, sin entrar en lo acertado o no de estos perfiles.
De una parte, estarían aquellos que, desde unas muy objetivas carencias y dificultades forman parte de los colectivos de grandes excluidos, a los que, quiero hacer mención y no olvidar, las personas sin techo, las nómadas, las drogodependientes y, en esta categoría estarían también las personas ex-reclusas. Por otra, estarían los que podrían situarse en un segundo nivel de exclusión, obviamente, abarcan un mayor numero de personas, serían las personas discapacitadas, las que padecen una enfermedad mental, aquellas que no tienen formación, las pertenecientes a minorías étnicas, las inmigrantes y las personas desempleadas. En estos grupos se sitúan tanto niños, niñas y adolescentes, personas adultas y personas mayores a las que la desprotección generada por su situación vital que los sitúa en ese grado de vulnerabilidad, se añade la limitada respuesta por parte de los sistemas de protección social que no llega a ni tan siquiera paliar, en muchos casos, su situación y, mucho menos, posibilitar su incorporación y participación social. Así mismo, esta situación afecta tanto a mujeres y hombres, aunque es obvio que con mayor crudeza en el caso de las mujeres, siendo conocidas por todos las razones en donde habría que enmarcar esta situación, que nos exige continuar avanzando en un largo camino por la igualdad total.
Si bien es cierto que, las más de las veces, muchas personas se encuentran en varias de estas situaciones, es decir, las personas inmigrantes han recibido el azote de la crisis con mayor fuerza que la población autóctona y han pasado a engrosar las listas del desempleo al perder sus empleos anteriores muy precarios en la mayoría de los casos; así mismo, las posibilidades de incorporación laboral de las personas ex-reclusas son, especialmente pequeñas, así como las de las que han tenido o tienen algún problema de dependencia; son muchas, así mismo, las personas con alguna discapacidad que no acceden al mundo laboral, ni siquiera al que puede llamarse protegido; la población gitana, casi siempre con escasa formación y capacitación tiene así mismo, escasas posibilidades de acceso al empleo. Todo ello, nos lleva a poder afirmar que no son válidas o, al menos no nos llevan a la finalidad última de la no exclusión cualquier planteamiento que no tenga en cuenta la integralidad y huya de propuestas estandarizadas y especializadas en colectivos concretos.
Pongamos sólo como un ejemplo, para acercar de una manera gráfica la situación real de una persona cualquiera, imaginemos una mujer, con cargas familiares, que llegó hace tres años a este país, se ha quedado hace cuatro meses sin el trabajo muy precario en el que estaba, y tiene muy escasa formación, serían muchas las situaciones que podríamos presentar en este sentido, la gran pregunta es ¿cómo responder con éxito a estas situaciones?
Es la hora de proponer una intervención integral y educativa y es desde este modelo de intervención desde donde podemos aportar los y las Educadoras Sociales, los y las profesionales de la intervención socioeducativa.
Definimos, como pueden ver en los materiales que les hemos aportado, la Educación Social, en primer lugar, como un derecho de la ciudadanía, la Educación Social genera contextos y acciones que posibilitan, de un lado, la incorporación de las personas en las redes sociales desarrollando su sociabilidad y, de otro, la promoción cultural y social de cara a adquirir bienes que amplíen las perspectivas educativas, laborales, de ocio y de participación social.
La intervención socioeducativa, así mismo, desde un precepto comunitario, establece marcos de trabajo educativos y relacionales con las personas con la intención de acompañar su proceso de desarrollo hacia una mayor maduración social y la consecución de su autonomía personal lo que se materializa en la mejora de sus condiciones de vida, la adaptación de los diferentes contextos de su entorno más inmediato y, de este modo, la superación de sus dificultades.
Quiero resaltar en este punto de la exposición que nuestro hacer profesional bascula en tres conceptos fundamentales, por un lado, la relación educativa, el acompañamiento que pasa por fases diferentes para que adquiera toda su dimensión como potencial espacio de ayuda, partiendo de la acogida inicial, la construcción de referencia y vínculo con las personas y alcanzar el grado ascendente que debe tener la misma para ser de verdad un agente proactivo y promotor del cambio en las situaciones de las personas.
Por otro lado, es concepto sustancial, la intencionalidad educativa que ha de lograr la finalidad última de la intervención que no es otra que alcanzar el grado adecuado de autonomía de las persona a través de su empoderamiento y, de este modo, y, en relación al tema que nos ocupa su incorporación y su participación social. Por último, el tercer concepto básico es el del proceso educativo que es en el que vamos a pararnos un poco más.
Como es fácil de entender, para el desarrollo de la intervención es necesario tiempo y tiempo en el tiempo de vida de las personas. Si circunscribimos este marco general en la preocupación respecto al empleo que hoy nos reúne, es claro que para la incorporación laboral, independientemente de que haya oferta o no, en la mayor parte de las personas con dificultades de acceso, hace falta tiempo y las administraciones y los poderes públicos deben contemplarlo y reconocerlo y, así mismo, generar recursos para poder desarrollar estos procesos que, a veces, son muy dilatados en el tiempo.
Los procesos educativos se sitúan desde el punto de partida de cada una de las personas, punto que viene condicionado por diversos factores, sus historias personales y los diferentes elementos individuales que hacen de cada proceso uno diferente. En este sentido, los procesos educativos deben ser estrictamente personalizados.
Así mismo, los procesos deben ser continuados, constantes, desde lo próximo y lo cotidiano, de este modo, adquieren toda su fuerza significativa, y deben, igualmente, atender la integralidad de la persona, no son procesos “curativos” en la línea de lo que antes comentábamos de los errores en que a menudo hemos caído al problematizar las dificultades y fragmentarlas. De este modo, el proceso permite toda la dimensión relacional que hemos comentado hace un momento y finaliza con al consecución del cambio deseado, en este caso la inclusión, la incorporación social o la incorporación al mundo laboral.
En cualquier caso, es importante señalar que cualquier proceso ya sea de incorporación laboral, en particular, como de incorporación social en general, debe centrarse en la persona, no resulta exitoso para todas las personas desde ofertas y formatos estándar de atención que, y, en muchos casos, no sirven ya que en un molde concreto no pueden entrar todas las personas y situaciones concretas.
Igualmente, el proceso educativo exige un trabajo profesional con la comunidad y con el resto de recursos y servicios, éste es un aspecto fundamental, pues de otra manera, exigiríamos esfuerzos a las personas que quedarían abortados ante la no flexibilidad ni apertura de las diferentes redes de apoyo social existentes, léase, diferentes recursos y sistemas de servicios y redes de apoyo espontáneas.
En la situación concreta que nos ocupa y, de cara a avanzar en relación a las situaciones de exclusión social, una propuesta clara sería la de la puesta en marcha de Itinerarios de Inclusión, que no serían más que Proyectos Socioeducativos Individuales cuya finalidad sería salir de la situación excluyente y pasar a un grado razonable de incorporación social.
Tomo prestado del contenido del Documento “Bizkaia por la inclusión activa” (desarrollado por el Departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia, en el que nuestro Colegio de Educadores del País Vasco participó) algunos elementos determinantes para el éxito de cualquier itinerario de inclusión que será facilitadores en el resultado final. Por una parte, deben ser personalizados, en los que la persona es la protagonista del proceso; por otro lado, ya se ha dicho, deben realizarse desde un enfoque global y hacia la integralidad de la persona; igualmente, se realizan de modo copartícipe con ella; es un proceso gradual, requiere evaluaciones y ajustes en el camino; así mismo, se adaptan a los ritmos de las personas. Del mismo modo, se utilizan espacios grupales que permiten al propio grupo ser fuente de contraste y de aprendizajes; se tiene en cuenta el entorno y la participación de la persona en el mismo y, ha de utilizar los recursos y servicios normalizados existentes (para lo cual, es fundamental el trabajo coordinado con los mismos por parte del agente educador.
Todo lo dicho pretende ser una propuesta de trabajo que, sin duda, exige de voluntades desde los poderes públicos, las administraciones y los y las agentes que desarrollamos los servicios de atención a las personas en riesgo o en procesos de exclusión social, en dos aspectos importantes, de un lado, un nuevo enfoque de observación de las dificultades sociales y, de otro, un aumento de recursos, seguramente, en los sistemas de atención.
Para terminar me gustaría cerrar mi intervención con una serie de propuestas de carácter más general, que, a nuestro modo de ver, pueden facilitar un mayor ajuste de respuesta a las dificultades que hemos ido señalando a lo largo de la intervención:
En primer lugar, dar el paso para poder entender a los Servicios Sociales como cuarto pilar de la Sociedad del Bienestar, de este modo, se uniría al sistema educativo, al sistema de salud y al de la seguridad social. Todo ello vendría unido a un planteamiento transversal de lucha contra la exclusión social, es decir, el sistema de los servicios sociales trabajaría en un primer nivel, “codo con codo” con el sistema de empleo, aspecto que ya he avanzado con anterioridad, pero, estableciendo planes de incorporación laboral que han de tener en cuenta una perspectiva procesual y, como hemos adelantado antes, socioeducativa para alcanzar su finalidad última que es la de la consecución del puesto de trabajo que, como ya se ha dicho, requiere de la adquisición de una preparación más en la línea del desarrollo personal y un mayor empoderamiento de cara a la autonomía de la persona.
Es claro que ello requeriría de una clara mejora en la atención a las personas, en su formación y en la coordinación con las agencias contratadoras y el mundo de la oferta de empleo en general.
En un siguiente nivel dentro de la transversalidad señalada, requiere de planteamientos de erradicación de la exclusión compartidos con el resto de sistemas de servicios a partir de un trabajo intersectorial, aquí me refiero al sistema educativo, el sistema sanitario, cultural, el responsable de la vivienda y otros implicados. Todo ello desde una óptica corresponsable y coordinada de acción frente a la exclusión social.
En este sentido, se haría necesario reflexionar desde los poderes públicos hacia un horizonte que tienda a un gran Pacto de Estado en relación con la exclusión social que sea una garantía de futuro y que, reconociendo los parámetros del modelo socioeconómico y sus consecuencias, ponga especial atención en todas las personas, aminorando al máximo la vulnerabilidad y el riesgo social al que aboca la rigidez del sistema.
En segundo lugar, hablaría de Refuerzo de la atención desde los servicios sociales y la acción social en general, a partir de la construcción de Itinerarios de Inclusión con las personas citadas anteriormente, que se apoyen en proyectos individuales centrados en la persona que presenta dificultades de incorporación en la agenda que marca la dinámica y la participación social, sean estas las dificultades que sean, es decir, no sólo las relacionadas con la incorporación laboral. Hacer impecables estos procesos de inclusión requiere de la puesta en marcha, a su vez de procesos de acompañamiento social y educativo que estén claramente referenciados y dirigidos por un solo profesional que, a partir de su propias herramientas profesionales, sea la guía y, junto con la persona atendida, marque la hoja de ruta para alcanzar la ajustada respuesta a su necesidad, siendo este profesional el que coordine, medie y ponga en relación a las personas con el resto de los servicios.
Por su parte, seguirá siendo necesario por parte de los servicios sociales la puesta en marcha de los dispositivos necesarios de lucha contra la exclusión de carácter puntual, es decir, equipamientos y servicios de respuesta urgente a las distintas situaciones que se presenten en la línea del amplio abanico de dificultades que pueden enmarcarse en la línea de la vulnerabilidad y el riesgo social.
En un tercer bloque, situaría las Garantías. Por un lado se deben garantizar los ingresos suficientes para la vida en dignidad, en este sentido, la garantía de ingresos debe ser universalizada y debe llegar a todos y cada uno de los ciudadanos que, por sus propios medios no son capaces de alcanzarlos.
Igualmente, deberían garantizarse, como ya he comentado antes, por parte de cada uno de los sistemas de servicios la aplicación de políticas inclusivas, que, de este modo velen por la no generación de exclusión desde sus propuestas, es decir, auténticos Planes en Política Sectorial no generadores de situaciones de exclusión, de nuevo, el sistema educativo y el sanitario, las políticas culturales, el sistema de empleo, el sistema de vivienda, todas ellas responsables de áreas que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía, han de promover desde las mismas la participación de todas las personas e incorporar a todas ellas en sus propuestas haciéndolas más flexibles y acordes a las distintas situaciones sociales.
Por otra parte, y sería una cuarta propuesta, las administraciones deben mejorar en la promoción de las redes de apoyo y de participación, desde una perspectiva comunitaria que permita el desarrollo local, tanto urbano como rural, hacia la ciudadanía en toda su dimensión. Es un tema, como digo, de perspectiva, exige reconocer la potencia que la propia comunidad tiene en su seno, pero que debe ser fomentada y acompañada por lo público. Este aspecto supone la devolución del protagonismo a la propia comunidad y, a la vez, el reparto de responsabilidades de cara a cierta autonomía de las pequeñas sociedades en sus territorios. No obstante, esto no debe confundirse con un mero trabajo de observación por parte de las administraciones, ni mucho menos, una delegación de sus responsabilidades en los ciudadanos, sino que exige, por su parte, de una labor de activación de esos recursos comunitarios que llevan a espacios de vida acogedores, solidarios y saludables.
Es todo, quiero agradecerles su atención y espero que el discurso haya mantenido la coherencia pretendida y haya estado centrado en sus preocupaciones y aporte algo al trabajo que están desarrollando desde está comisión.
Muchas Gracias.
