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Etapa 5, Madrid, 30/abril/2022
Residencia Universitaria Tagaste
Ética transversal a la Educación Social. El compromiso de los/las profesionales
Taller participativo / Coloquio
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Daniel Rubio Merino. [1]
La necesidad de las comisiones y comités de ética y deontología
El desarrollo de mi participación en este foro se va a centrar en la creación del Comité de Ética y Deontología del CGCEES, desde la perspectiva con que partimos, para llegar a un final concreto: alentar, impulsar y dotar, en la medida de lo posible, en todos los territorios, en todos los Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales del estado, la creación o el desarrollo de Comisiones o Comités de Ética y Deontología, compartir saberes, reflexión y aportar conocimiento práctico a la profesión de la educación social.
En qué consiste la propuesta
Colegio profesional, Código deontológico y Comisión de ética y deontología forman una triada coherente y necesaria para la profesión de Educación Social.
Los colegios profesionales tratan de asegurar a la ciudadanía unos servicios de calidad, respaldados por el buen hacer de sus profesionales, arropados por conocimientos, habilidades y una práctica avalada por su compromiso ético y deontológico. En su momento, se generó la necesidad de dotarse de un código deontológico que orientara a las y los profesionales de la educación social en el desarrollo de su trabajo.
Daniel Rubio Merino.
La ética profesional es uno de los mayores intereses de los colegios y por esta razón estos se preocupan por elaborar y plasmar por escrito un código deontológico de principios y normas que cumpla las funciones de orientar la práctica profesional, promocionar el reconocimiento social, defender los intereses de los profesionales, aumentar la calidad de las intervenciones y defender los derechos de la ciudadanía en el momento de prestarles un servicio.
Ahora bien, más allá de la conveniencia de que los profesionales conozcan el código deontológico de su profesión, es necesario desarrollar otras estructuras complementarias que realmente ayuden a gestionar los conflictos de valor. Al no existir dichas estructuras, a menudo se ha tendido a substituir la deontología profesional por la ética personal y el sentido común.
La posesión de un código deontológico –como en el caso de las educadoras y educadores sociales- suele ser motivo de satisfacción para los profesionales de una profesión, les da prestancia y realce en el conjunto de las profesiones y ante los usuarios; es una garantía de calidad de los servicios.
La necesidad de asegurar la divulgación, el conocimiento, la orientación de la práctica profesional de la educación social hacia principios y normas éticos y deontológicos profesionales compete a los colegios y a los propios educadores y educadoras, y el dotarse de comisiones de ética y deontología lo hace posible.
Sin embargo, la experiencia nos dice que los Códigos deontológicos (y también la ética) pueden ser letra muerta si no existen otras infraestructuras éticas complementarias que los vinculen con la realidad compleja y dinámica en la que se encuentran sumidos las y los profesionales en el día a día de su práctica.
Actualmente, el trabajo interprofesional pone en evidencia que los equipos interdisciplinarios no pueden abordar los conflictos de valor desde la mirada parcial de los posibles códigos deontológicos de las profesiones participantes y que es necesario avanzar hacia la construcción de elementos que incorporen la mirada ética, la mirada técnico-científica de las diferentes profesiones o áreas de conocimiento y la mirada jurídico-administrativa que regula las actividades.
Estas necesidades organizativas de los colegios, aun entendiendo que colegio, código y Comité son elementos paralelos de la misma realidad, han partido de la idea de que a las educadoras y educadores se les presupone per se el pedigrí ético profesional, demorando la creación de sus comisiones, debilitando el arraigo ético y deontológico profesional y desnortando, hasta cierto punto, la impronta crítica y constructiva de la profesión.
Constatamos que la gran mayoría de los colegios de educadoras y educadores sociales que se han ido creando en distintas autonomías del Estado, no poseían un Comité o Comisión de Ética Profesional. También se constata que no hay una idea compartida ni sistematizada sobre cómo entender la dimensión ética de la práctica profesional en el conjunto de la profesión.
Dada la importancia de la ética para cualquier profesión -pero en especial para la educación social, porque trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, los ámbitos donde desarrolla su labor y las condiciones de su trabajo- se propuso al CGCEES la creación de su propio Comité de Ética y Deontología Profesional. Lo que ya es una realidad.
La finalidad de dicho Comité es construir unas directrices básicas para todo el colectivo profesional que sirvan para impulsar una cultura ética compartida. Y, a su vez, que sirva de encuentro y apoyo allí donde todavía no exista comisión o para fortalecer sus funciones si esta ya ha sido creada. En definitiva, que desarrolle una dinámica de trabajo cohesionado entre todos los territorios que permita ir construyendo una cultura profesional caracterizada por su reflexión y hacer éticos.
Fundamentación de la propuesta
En general, se afirma que la práctica totalidad de los Colegios profesionales pertenecientes a diversas profesiones acepta sin lugar a duda como funciones:
- Promover el reconocimiento social y profesional de la profesión correspondiente.
- Ordenar el ejercicio profesional en cualquiera de sus formas y modalidades.
- Velar por que la actividad profesional se adecúe a los intereses de la ciudadanía.
- Defender los intereses profesionales de las personas colegiadas.
- Promover sistemas de calidad de las intervenciones profesionales (las buenas prácticas).
- Velar por la promoción de la cultura ética en la profesión y el respeto a los derechos de la ciudadanía.
- Proponer y poner al día un código deontológico para la práctica profesional de la profesión.
- Clarificar el posicionamiento ético de la profesión ante situaciones controvertidas que afectan a todo el colectivo profesional.
Daniel Rubio Merino.
Para cumplir con estas funciones, los Colegios crean comisiones internas específicas y una de estas –quizás de las más importantes- es la de ética y deontología profesional a la que se le asignan objetivos como son ayudar y apoyar a los y las profesionales en su labor en el momento de hacer frente a situaciones complejas desde el punto de vista ético, dar a conocer o divulgar el código deontológico propio y facilitar su uso y, en definitiva, promover el reconocimiento social de la profesión y la protección de las personas “usuarias” y de los y las profesionales.
Nos encontramos en contextos sociales muy complejos en los que hoy más que nunca estamos obligados a ser responsables no sólo de hacer bien nuestro trabajo, sino de estar alerta ante las políticas sociales que se intentan poner en marcha y que no siempre abogan por contribuir al desarrollo e inclusión social.
El desarrollo de la dimensión ética de la profesión supone trabajar en diferentes líneas de actuación que se complementan entre ellas. Algunas pueden ser:
- Revisión del código deontológico para adecuarlo a la situación del momento. Esta revisión puede incorporar una dimensión normativa, en el supuesto que algún día fuera obligatoria la colegiación, su marco de implementación quedaría se centraría en aquellas situaciones consideradas como negligencias cometidas por las personas o equipos. También su adecuación al desarrollo de la profesión y de la sociedad.
- Vinculación de los aspectos técnico-científicos de los diferentes ámbitos con la dimensión ética de la acción profesional. Las distintas comisiones de los colegios profesionales que están trabajando en temas propios de su especialidad, pueden comenzar a pensar en la construcción de criterios técnicos de cada ámbito que permitan hacer posteriores contextualizaciones de los elementos éticos del código deontológico en cada uno de ellos. Sin estos criterios técnicos se hace muy difícil concretar posteriormente qué significa una buena práctica o cuáles son los límites éticos de una determinada intervención.
- Estructuración de trabajos colaborativos con profesiones próximas a la educación social que participan en los mismos casos. Como ya se ha indicado anteriormente, si se acepta que actualmente cada vez se trabaja más en red desde la interdisciplinariedad, conviene revisar el concepto de equipo. Este no puede limitarse a ser el conjunto de personas que trabajan juntas en un servicio o entidad, sino que ha de convertirse en el conjunto de personas que trabajan juntas en la gestión de un caso, con una mirada que abra la puerta a la interdisciplinariedad y al trabajo conjunto, también desde la perspectiva ética de los mismos.
- Definición de las infraestructuras éticas y la forma de construirlas. Si se acepta que la ética es una construcción dialogada y que entra en juego cuando la norma o los criterios establecidos no son suficientes para resolver una situación de conflicto, entonces es necesario disponer de mecanismos para una gestión racional, sistemática y justa. La profesión ha de dotarse de sistemas públicos compartidos para la gestión de sus conflictos de valor. Aunque la vivencia del conflicto siempre es subjetiva, su tratamiento debe poder ser colegiado para asegurar que la respuesta que se da a una determinada problemática sea la más imparcial y, a la vez, para quitar presión al profesional que sufre el conflicto (estrés moral). La profesión no puede ejercerse únicamente desde el sentido moral privado de cada una de las personas que la configuran; tiene que haber un posicionamiento colectivo por parte de todos los profesionales que de una forma u otra participan en el conflicto.
Estas infraestructuras éticas que posibilitan la reflexión-acción como mínimo han de tener tres grandes elementos:
- Espacios específicos de debate para crear contenidos y respuestas.
- Un método de deliberación estructurado para aplicar en estos espacios.
- Materiales técnicos o asesoramiento experto que aporten contenidos e informaciones respecto de las temáticas propias que son la fuente de los conflictos.
Sin estos elementos, es muy difícil tomar decisiones que sean justas para la persona atendida y satisfactorias para el profesional que las tiene que tomar.
Objetivos de la propuesta
Partiendo de todos estos antecedentes, el Comité de Ética y Deontología del CGCEES se propone asumir los siguientes objetivos:
- Definir la orientación y el sentido que ha de tener este Comité en relación con el conjunto del colectivo profesional: cuáles son sus funciones, quién la compone, etc.
- Generar conocimiento operativo e infraestructuras éticas para el abordaje efectivo de los conflictos éticos en la práctica profesional.
- Construir un sistema de coordinación y apoyo a los distintos colegios profesionales en relación con el posicionamiento ético de la profesión.
- Animar a la creación de la Comisión o Comité de Ética y Deontología propia de cada colegio o asociación.
- Revitalizar esta Comisión o Comité en el caso de haber sido creado y estar inoperante.
- Idear una hoja de ruta de apoyo entre las diversas Comisiones para cumplir objetivos como, por ejemplo, trabajar conjuntamente con la universidad para desarrollar e implementar la ética en la educación social; desarrollar estrategias sistematizadas de deliberación y toma de decisiones como forma de apoyo a los profesionales; elaborar criterios para la construcción de infraestructuras éticas en los equipos que den mayor autonomía y capacitación a los profesionales; desarrollar una mirada amplia de la ética profesional, o divulgar el Código deontológico del educador y la educadora social.
- Establecer canales de colaboración con las entidades del Tercer Sector e instituciones vinculadas a la acción social, así como otras comisiones o comités de ética y deontología de otras profesiones con las que habitualmente trabajamos dentro de los equipos interdisciplinarios o que estén relacionadas con lo social de algún modo (trabajo social, psicología, abogacía, periodismo…).
- Apoyar la formación permanente en ética y deontológica de los profesionales (formas y procedimientos concretos).
- Desarrollar encuentros y puestas en común de procesos de reflexión que den respuesta a planteamientos a nivel estatal donde compartir trabajos realizados en los diferentes territorios.
Conclusión de la propuesta
Que los colegios profesionales posibiliten la existencia de sus Comités y Comisiones de Ética y Deontología permite que la profesión y sus profesionales tengan un soporte de construcción continua, de fortalecimiento y garantías de calidad del trabajo que ofertan a la ciudadanía. De ahí su necesidad. Carecer de ellas hace que los colegios subsistan desde un empuje inicial, pero la inercia se pierde con el tiempo y aboca a las profesiones a decrecer, ser endogámicas y a desaparecer. Perdemos vitalidad y dejamos de ser un referente en el acompañamiento socioeducativo a la ciudadanía.
Taller participativo / coloquio: Ética transversal a la Educación Social. El compromiso de los/las profesionales.
Por ello, al hablar de retos, tendremos que tantearnos la ropa y ver cómo hay carencias que no sólo generan un freno en el desarrollo profesional, en el desarrollo de los Colegios Profesionales, sino que también repercuten del mismo modo en el desarrollo de sus Comisiones o Comités de Ética y Deontología Profesional. Estos déficits transversales tienen que ver con la participación de las educadoras y educadores sociales en estos foros, con el desarrollo del espíritu crítico y el compromiso político de la profesión con la justicia social.
Retos actuales a tener en cuenta en la intervención socio-educativa y que tienen que tener cabida en el Código Deontológico de la Educación Social. Líneas de trabajo para impulsar la reflexión sobre la ética y deontología profesional y promocionar las comisiones de ética y deontología en los Colegios Profesionales
Como ya se ha indicado, en la actualidad se ha abierto un proceso de actualización del Código Deontológico. Son varios los elementos que se tienen que tener en cuenta y ya hay varias propuestas en este sentido: desde la inclusión de un apartado donde quede constancia de la misión, visión y valores de la Educación Social, hasta la redacción de nuevos principios deontológicos como, por ejemplo, el principio de respeto a las educadoras y educadores que desarrollan la acción socio-educativa.
El Código Deontológico resultante de este proceso reflexivo tendrá que hacer frente a los retos actuales que, de una u otra forma, influyen en la tarea educativa y que inundan el modo de convivencia ciudadana porque afectan al modelo de vida actual basado en las políticas neoliberales.
Estos retos son globales y afectan a todas las profesiones. Además modifican la promoción de los derechos humanos y, por tanto, el principio deontológico fundamental del Código.
Entre estos retos podemos entresacar[2]:
- La crisis ecológica (ambiental, energética, climática).¿Cómo afecta la crisis ecológica en la intervención socio-educativa? ¿Qué valores ecológicos se establecen en el proyecto educativo? ¿Cómo se transmiten dichos valores? La crisis ecológica no sólo afecta a los valores a transmitir; sino que, también, se manifiesta en un modo de vida concreto que afecta al organismo (contaminación, auge de alergias, dificultades en la alimentación…) y, así mismo, a la calidad climatológica (inundaciones, sequía, tornados…). Todo ello no afecta a todos por igual, las personas más vulnerables son las que están más en riesgo y la intervención socio-educativa tiene que estar presente en estos colectivos. Por tanto, la crisis ecológica no afecta de pleno al desarrollo del Código Deontológico. Se ven afectados, al menos, los principios de respeto a los Derechos Humanos, del respeto al sujeto de la acción socio-educativa y el principio de justicia social.
- La explosión demográfica y las migraciones. Cada vez más la cuestión de las migraciones se plantea como un problema de difícil solución. Es una sociedad centrada en sí misma, la aceptación de la persona diferente es complicada, seguramente, no tanto por sus diferencias étnicas (que también..); sino, más bien porque pertenecen al grupo de los “excluidos sociales”. Es distinto llegar en patera o en un avión en clase turista en busca de trabajo que llegar con recursos económicos y/o familiares y no estar en ese grupo de personas vulnerables. La guerra en Ucrania nos enseña que somos acogedores hacia esta población (que está bien); pero, no lo somos tanto si vienen de África, América del Sur o Siria. Todas las migraciones son un reto para la Educación Social. Es una realidad que afecta, también, a la intervención socio-educativa y el Código Deontológico se ve interpelado, así mismo, en sus principios de respeto a los Derechos Humanos, respeto a los sujetos de la acción socio-educativa, justicia social y participación comunitaria.
- La cuestión tecnológica y la inteligencia artificial. ¿Cómo afecta la cuestión tecnológica a la intervención socio-educativa? En un mundo tecnológico donde todas las personas, independientemente de su condición, tienen acceso a un Smartphone, donde la mayor parte de las relaciones humanas se establecen desde la distancia que facilitan estos dispositivos, donde se fomenta, cada vez más, el individualismo como valor, donde las imágenes confunden la realidad con la ficción, donde la era de la posverdad se hace patente y el relativismo moral hace gala de su falta de responsabilidad respecto a la otra persona, ¿qué hacer? La sensación de fracaso ético en esta situación nos debe hacer repensar la tarea educativa. Para la Educación Social supone un reto educativo y, también, político, en el sentido de reflexionar sobre el tipo de convivencia ciudadana que queremos construir y el Código Deontológico se ve afectado, en este caso, en casi todos los principios deontológicos.
- El déficit creciente en la creación de ciudadanía. Unido al anterior reto, observamos un déficit creciente en la creación de ciudadanía. En otras palabras, la falta de educación cívica hace que desaparezca el diálogo en beneficio de explosiones emocionales y, en ocasiones, violentas. ¿Cómo afecta esta situación a la intervención socio-educativa? ¿Cómo educar en el diálogo y en actitudes cívicas? Observamos que esta falta de civismo se ve alimentada por los medios de comunicación y por determinados partidos políticos, cuyos mensajes, en vez de alentar a la escucha de las opiniones diferentes, van dirigidos a la emocionalidad de las personas con el objetivo de la manipulación interesada. Nada más. Como educadoras y educadores sociales, también, estamos afectados de este déficit y, por tanto, constituye uno de los principales retos educativos que tenemos que afrontar en la actualidad y el Código Deontológico debiera recoger este reto en forma explícita a través de un principio de creación de ciudadanía.
Estos retos profesionales se ven afectados a su vez por un contexto social, donde destacamos tres elementos a tener en cuenta:
- La cuestión de género. La desigualdad existente. La profesión de Educación Social es, eminentemente, femenina; sin embargo, la desigualdad es permanente. No es raro, aún, leer en algún anuncio publicitario como alguna empresa solicita “educadores-hombres”, dado que el ámbito solicitante “necesita de la fuerza física de contención”. No cabe duda que es necesario seguir trabajando para que la perspectiva feminista esté presente en la intervención socio-educativa. En este sentido, la mirada feminista se necesita en todos los aspectos de la vida de la persona. No se trata de un problema comparativo de lo que puede hacer uno u otra; ni siquiera pensar que somos, ambos, igualitarios en las oportunidades. Estamos tan mediatizados por la “universalidad privilegiada machista y patriarcal”, que tarde o temprano asomará nuestra identidad blanca/masculina/hetero…, no existe una universalidad neutral, como tampoco una ética neutral o una educación neutral. Se necesitan establecer unas reglas más justas acerca de cómo tienen que interactuar los dos sexos. La cuestión de fondo se juega en los resultados y, por tanto, es necesario que esta mirada esté presente en el proyecto educativo, en el tipo de persona que queremos construir, en la convivencia ciudadana que deseamos promocionar.
- La influencia de la comunicación. El predominio de los medios de comunicación en nuestras formas de pensar, en nuestros modelos de vida, en nuestra forma de comportarnos, es evidente. Como hemos indicado, los mensajes que transmiten la mayor parte de los medios, juegan con las emociones de las personas, anulando el pensamiento crítico y confundiendo la realidad con la ficción, lo cual redunda en un relativismo moral que hace peligrar los valores basados en el respeto a los derechos humanos que se pretenden defender. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es el poder…, puede afirmarse que la crisis del hecho profesional tiene mucho que ver con el predominio cultural de la sociedad del espectáculo y de la transparencia. Hay una simbiosis entre espectáculo, transparencia y comunicación. En este contexto, se necesita un tiempo para la reflexión en la intervención socio-educativa y no dejarse llevar por las emociones, que se deben aceptar y saber transmitir, pero siempre dentro de unas reglas de racionalidad.
- La realidad de las instituciones profesionales o colegios. Los colegios profesionales deberían ser una garantía pública de que sus colegiados y colegiadas están al corriente de sus obligaciones de desarrollo profesional continuo y de sus obligaciones deontológicas. La responsabilidad pertenece, por tanto, a los y las colegiadas y a la propia Junta de Gobierno de dicha entidad. Por un lado, la responsabilidad del profesional de la Educación Social debe partir de su triple compromiso: compromiso con el saber y el conocimiento que le sitúa en un modo de formación permanente, su compromiso con las personas, tanto con las que trabaja, como con sus propios compañeros y compañeras de trabajo y compromiso en hacer las cosas lo mejor posible. En este sentido, esta responsabilidad le debe obligar a colegiarse. El Colegio profesional es el espacio donde se puede dedicar tiempo a la reflexión, a la colaboración y cooperación para que nuestra profesión siga progresando. Por otra parte, las Juntas de Gobiernos deben ofrecer este espacio como una garantía pública de calidad de las intervenciones y, en nuestro caso, donde no es obligatoria la colegiación es necesario estar presente, de forma más continuada, en las entidades, en los medios de comunicación, en la Universidad. Es tal la importancia de los Colegios Profesionales que, sin ellos, estaríamos expuestos a un modelo educativo basado en valores individualistas y competitivos y, por tanto, correría un riesgo mucho mayor nuestra identidad profesional de educadores y educadoras sociales.
