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Renta Básica y Educación Social: hacia un nuevo paradigma en los servicios sociales

Basic Income and Social Education: towards a new paradigm in social services

Autoría:

Rodrigo Gil, Graduado en Educación Social por la Universidade da Coruña. Miembro del Colectivo Renda Básica da Coruña. Mariló Candedo. Profesora de Pedagogía Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña. Miembro del Colectivo Renda Básica da Coruña

Resumen

La Renta Básica emerge como una idea que adquiere cada vez más relevancia en el debate público debido al nuevo y complejo escenario socioeconómico en el que nos encontramos como sociedad. La posible implantación de una Renta Básica modificaría numerosos aspectos relacionados con la pobreza y la exclusión social, así como también el funcionamiento de aquellos recursos del Estado del Bienestar disponibles para luchar contra la desigualdad.

Para la realización de esta investigación,1 además de una revisión bibliográfica y documental basada en textos académicos y libros relacionados con las temáticas a investigar que acercara las referencias conceptuales y procedimentales precisas para poder desarrollar los objetivos, se obtuvo información relevante sobre el trabajo de la Educación Social en el ámbito de los servicios sociales a través de entrevistas a informantes clave.

Para poder llevar a cabo la investigación, se estableció como instrumento de recogida de información la entrevista semiestructurada en profundidad, con preguntas semiabiertas referentes a las temáticas objeto de análisis: pobreza y exclusión social, educación social, servicios sociales y Renta Básica.

A través de este trabajo se busca hacer un acercamiento a esta idea y cómo su implantación modificaría el modelo de intervención social de los servicios sociales, y más concretamente, la labor de la Educación Social dentro de estos.

De este trabajo se obtienen resultados que hacen referencia a la necesidad de un cambio de modelo de intervención en los servicios sociales. También se extrae la conclusión de la necesidad de repensar la labor de la educación social dentro del sistema de protección social. Por último, se valora la implantación de una Renta Básica como positiva ya que supondría un cambio de modelo en la intervención social y permite a las educadoras y educadores sociales centrarse en el trabajo comunitario y de prevención.

Abstract

Basic Income has emerged as idea that is gaining more and more relevance in public debate, as a result of the new and complex socioeconomic scenario we now find ourselves occupying as a society. The possible implementation of a Basic Income would modify numerous aspects related to poverty and social exclusion, as well as the operation of those welfare state resources available to fight against inequality.

This investigation began with a bibliographic and documentary review of academic texts and books related to the research topic, in order to provide the conceptual and procedural references necessary to address the research objectives. Then relevant information was obtained concerning the work of Social Education in the area of social services through interviews conducted with key informants. In order to carry out the research, the in-depth semi-structured interview was established as the data collection instrument, with semi-open questions referring to the subjects under analysis: poverty and social exclusion, social education, social services, and Basic Income.

Though this project, we aim to explore this idea and the ways in which its implementation would modify the social services intervention model and, more specifically, the work of Social Education within these processes.

Data obtained through this research indicate a need to change the intervention model of social services. They also point to the conclusion that we need to rethink the work of social education within the social protection system. Finally, the implementation of a Basic Income can be seen as a positive step, since it would mean a change to the social intervention system and permit social educators to focus on community and prevention work.

Introducción

Los autores de este artículo son activistas a favor de la Renta Básica, formando parte del Colectivo Renda Básica da Coruña. Es por este motivo que a través de este trabajo buscan poder aportar una visión novedosa sobre la Educación Social en el supuesto de la implantación de una Renta Básica incondicional, universal, individual y suficiente a toda la población.

La Renta Básica (en adelante, RB) es una herramienta necesaria para abordar los grandes retos que debe afrontar la sociedad, tanto para garantizar la existencia material de la población ante un presente y un futuro muy condicionado por las desigualdades y la destrucción del empleo, así como para convertir la Educación Social en una profesión de transformación social, superando el asistencialismo y paternalismo en el que en la actualidad se encuentra. La RB no es la única medida necesaria, ya que debe ser una política más dentro de un Estado del Bienestar fortalecido que dé respuesta a los retos sociales que tenemos por delante en la Europa del S. XXI.

Para la elaboración de este trabajo la pregunta de investigación fue la siguiente: ¿qué efectos tendría la Renta Básica sobre la labor de la educación social en el ámbito de los servicios sociales?

Partiendo de esta cuestión se formulan los siguientes objetivos:

  • Objetivo general
    • Analizar los efectos de la implantación de una RB sobre la labor de la educación social en el ámbito de los servicios sociales.
  • Objetivos específicos
    • Identificar el perfil de las personas usuarias de los programas socioeducativos vinculados a servicios sociales.
    • Conocer cómo afecta la falta de recursos económicos de las personas usuarias al modelo de trabajo en los servicios sociales y al desempeño profesional de las educadoras sociales.
    • Analizar las características de la RB como derecho social y su incidencia en colectivos especialmente vulnerables: mujeres, familia e infancia, personas con diversidad funcional, personas con problemas de salud mental y personas en situación de pobreza.
    • Conocer en qué aspectos a implantación de la Renta Básica puede facilitar un cambio cara un modelo de servicios sociales más inclusivo.

La justificación teórica de este trabajo gira en torno a tres ejes: Renta Básica, Educación Social y exclusión social. Estos ejes siempre se enmarcan dentro del ámbito de trabajo de los servicios sociales.

Renta Básica y Educación Social

Siguiendo lo expuesto por la Asociación Internacional de Educadores Sociales (2005), el trabajo profesional de las educadoras y los educadores sociales se basa en valores humanistas y democráticos. La igualdad y el respeto hacia todas las personas, la atención a las necesidades de cada individuo, el respeto y protección del derecho de las personas a la privacidad y a la autonomía deben ser características presentes en las y los profesionales de la educación social.

Cada una de estas características nombradas por la Asociación Internacional de Educadores Sociales tiene relación con las características y objetivos de la Renta Básica que se define a continuación.

La RB es una de las propuestas de carácter social que con más fuerza entraron en el debate público en los últimos años. A pesar de que es una propuesta que lleva siendo estudiada durante los últimos cuarenta años, el desconocimiento sobre esta es amplio. Por este motivo, hace falta definir la Renta Básica según lo expresado por la Red Renta Básica, sección oficial de la Basic Income Earth Network (BIEN) en el Reino de España (Casassas, 2017, en Arcarons, Raventós y Torrens, 2017):

La Renta Básica es un ingreso pagado por el Estado la cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditada/la, incluso se no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración se es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de en qué puedan consistir otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva. (p.8)

La RB tiene una serie de características defendidas por la BIEN y que cita Standing (2017, en García, 2017). La primera característica de la RB es que sea, tal y como lo expresa el término, básica. Debe ser una transferencia corriente que permita a las personas sobrevivir, facilitando el acceso a alimentación, vivienda, formación y cuidados médicos. Debe ser una renta que asegure a las personas una participación efectiva en la sociedad.

La segunda característica de la RB es la universalidad. Es pagada a toda la ciudadanía, independientemente de la existencia de otra fuente de ingresos. La ciudadanía es entendida como los derechos que ostenta una persona por residir o ser nacional de un determinado lugar. Como señala Standing (2017), la universalidad de la RB es una cuestión política que debe ser decidida a través de medios democráticos.

La individualidad es otra de las características que señala la BIEN. La RB es abonada a los individuos y no a los hogares, con el objetivo de no discriminar a las personas según su situación familiar. Esto último ocurre con la mayor parte de las prestaciones condicionadas en tanto que se toma como referencia la llamada unidad familiar o de convivencia. La individualidad de la RB significa uniformidad. Siendo esto así, la igualdad debe ser entendida en términos equitativos de nivel de vida.

La siguiente característica de la RB debe ser la incondicionalidad. Esta característica supone que será pagada independientemente de los ingresos, lo que implica no tener que comprobar requisitos personales, económicos y familiares. De esta manera, las personas no tendrían que probar su situación de pobreza y no se condicionará el uso que se hace del dinero.

Por último, debe ser abonada de manera regular, ya que se trata de un pago periódico. Cabe resaltar que estas cantidades serían pagadas de una forma automática, normalmente, eliminando los innumerables trámites burocráticos que caracterizan el sistema actual de protección social.

La Renta Básica aparece como un mecanismo que, dadas las condiciones socioeconómicas del nuevo siglo, marcadas por la desigualdad y la precariedad, sería capaz de garantizar al conjunto de la ciudadanía la existencia material (Raventós, 2007).

Siguiendo con lo expuesto por Raventós (2012), la RB aumentaría la libertad de la ciudadanía; haría a las personas en situación de pobreza más independientes, más capaces para hacer sentir su voz; de resistir más articuladamente los procesos de desposesión que tienen lugar en todas partes en nombre de la globalización y de la supuesta lucha contra la crisis. Posibilitaría que no tuvieran que vivir con el permiso de otros.

La incondicionalidad de la RB permite superar el gran problema que supone la llamada “trampa de la pobreza”. Este concepto hace referencia al desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues esto implicaría la pérdida de un subsidio condicionado como pueden ser las Rentas Mínimas de Inserción. Tal y como indican Arcarons, Raventós y Torrens (2017), sustituir una prestación monetaria por un salario bajo resultante de una ocupación precaria y alienante no parece la más sensata de las opciones, razón por la cual no pocas personas prefieren no buscar o aceptar esos empleos o hacerlo en la esfera de la economía sumergida. En cambio, un subsidio incondicional como la RB funciona como un suelo, nunca como un techo: llevar a cabo trabajo remunerado no implica la pérdida de la prestación, con lo que el desincentivo a la actividad desaparece.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la RB se revela como un mecanismo preventivo de la pobreza y la exclusión, no como una solución cuando ya el problema de la exclusión social es una realidad. Además, esta puede actuar ante la destrucción y precarización del empleo que estamos presenciando en la actualidad.

Respecto al reconocimiento del trabajo y la feminización de la pobreza, la RB emerge como una herramienta de empoderamiento de la mujer. Según Berbel (2011), la Renta Básica es una buena fórmula para combatir la discriminación laboral, salarial y social ya que aborda directamente el problema de la feminización de la pobreza al conceder a cada mujer, independientemente de su clase social, edad, raza y origen, un ingreso propio.

Además, la RB otorga una seguridad material a todas las mujeres, que tradicionalmente carecieron de ella, facilitándoles un requisito básico para la independencia; pero especialmente a aquellas que pertenecen a colectivos con menos recursos, más dificultades económicas y mayor riesgo de exclusión social, a las que dota de cierta autonomía respecto a la familia. Las mujeres responsables de familias monoparentales -mayoría en el colectivo en riesgo de pobreza- resultarían especialmente beneficiadas con la implantación de una RB. Tal y como dice Alabao (2019), renta es autonomía. En el caso de las mujeres, disponer de recursos implica menor dependencia respecto de los hombres: más posibilidades de salir de una situación de violencia machista en la relación de pareja, por ejemplo, o de no tener que soportar trabajos mal remunerados o abusos sexuales en el ámbito laboral por miedo a ser despedida.

La RB reduce la precariedad en el empleo, al dotar de más posibilidades de elegir a la mujer trabajadora, aumentando su poder de negociación con el empleador (Raventós, 2007, en Berbel, 2011). Una Renta Básica contribuiría a una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, pero desde la perspectiva de una mayor protección para la mujer trabajadora.

Y teniendo en cuenta el espíritu transformador de la RB, esta contribuye a paliar una clamorosa injusticia social: la no valoración (ni remuneración) del trabajo doméstico y de cuidado de personas dependientes, lo que se realiza en el hogar, en el ámbito privado, mayoritariamente por mujeres. A su vez, esta permite el desarrollo de proyectos personales, sean de tipo creativo o empresarial, al reducir la ansiedad por la supervivencia y al disminuir el riesgo ante una posible elección equivocada.

La Educación Social en la actualidad ha sufrido un cambio de paradigma. Arola, Carrasco y Méndez-Ulrich (2013) indican que en el pasado las problemáticas sociales recibían una respuesta orientada bajo el paradigma de la beneficencia, la caridad o la simple asistencia (inspiradas por la moral religiosa imperante), cuya voluntad era dar al otro aquello que no tenía. Actualmente, se habla de derechos, educación, autonomía o empoderamiento, siendo el objetivo de la Educación Social llevar a cabo una tarea socioeducativa orientada a conseguir que sea la propia persona la que cambie el rumbo de su vida, y sea partícipe de las redes sociales y comunitarias.

De la misma forma que la RB busca reivindicar y transformar la realidad, en la Educación Social late un decidido afán reivindicativo (Caride, 2002) que tiene como objetivo cohesionar a las personas y sociedades alrededor de iniciativas y valores que promuevan una mejora significativa del bienestar colectivo y, por extensión, de todas aquellas circunstancias que posibiliten su participación en la construcción de una ciudadanía más inclusiva, plural y crítica. Esta educación debe hacerse en, con, por y para la sociedad. El autor coincide con Adela Cortina (1998, en Caride, 2002) en la necesidad de revitalizar las profesiones, recordando cuáles son sus fines legítimos y que hábitos es preciso desarrollar para alcanzarlos. Es por este motivo que la RB puede permitir encontrar un nuevo sentido a la profesión al desligarla del asistencialismo y paternalismo en el que se encuentra el sistema de protección social actual.

Es necesario comprender qué funciones desarrolla la Educación Social en el Estado del Bienestar, y para esto Varela (2011) indica que las funciones generales de la Educación Social en los servicios sociales son la provisión de recursos y el acercamiento a los servicios disponibles, haciendo hincapié en aquellas personas con dificultad de acceso y/o información para que ejerzan sus derechos sociales y se eviten situaciones no deseadas como el denominado “efecto mateo”, donde aquellas personas con más información y capacidades son las que presentan más demandas y obtienen más recursos (Rondón, 2004).

La labor de la Educación Social se encuentra dentro del que Sánchez (2014) llama “Nueva Gestión Pública”. Esta tiene un efecto directo en los profesionales, que cada vez cuentan con menos tiempo para dedicar a la relación con las personas que atienden y más papeles para llenar. Siguiendo lo expuesto por este autor, la burocracia inhibe el acto y, a su vez, expone efectos muy notables de mortificación en el deseo de los educadores. Hace referencia al síndrome del burn out como una de las consecuencias de este modelo de gestión de lo social. El lugar que los educadores y educadoras sociales pasan a ocupar deriva, cada vez más, en una suerte de gestoras y gestores del riesgo, encargados ahora de revisar, aplicar y evaluar a los sujetos en función de los protocolos estandarizados y el procesamiento informático de los datos (Sánchez, 2014). Tal y como explica este autor, la relación asistencial está en proceso de cambio, y la ciudadanía desconfía notablemente de las instituciones sanitarias y los servicios sociales, a los que cada vez les suponen más control y menos saber sobre lo que les ocurre.

Romans, Petrus y Trilla (2000) indican que la Educación Social no debe ser una mera e inconsciente colaboradora de la reproducción de los valores que una sociedad consumista, individualizadora y ajena a los problemas de los demás nos quiere imponer; sino la provocadora de alternativas que permitan, a través del trabajo conjunto y solidario, la consecución de mejoras tanto en procesos individuales como comunitarios. Estos autores ponen en valor el papel de la Educación Social como transformadora de la realidad social.

Ayerbe (1995, en Romans, Petrus y Trilla, 2000) cuestiona el papel transformador al cual hacen referencia estos autores, y expresa que la Educación Social puede convertirse en una especie de colchón, de suavizador, de las contradicciones existentes en el seno de la sociedad, camuflando y ocultando las desigualdades e injusticias sociales, intentando simplemente adaptar al individuo a las coordenadas sociales existentes.

Según explica Caride (2017), debemos poner la educación al servicio de una nueva arquitectura social, que dé respuesta a procesos de cambio y transformación emergentes, desde sus realidades locales hasta el mundo globalizado; una tarea que obliga a un pensar y hacer educativo comprometido con los derechos cívicos y una adecuada gestión de los recursos sociales y ambientales, a favor del “bien común” y de los “bienes comunes” de los que dispone la Humanidad para satisfacer sus necesidades presentes y futuras.

No hay atajos para itinerarios tan complicados (Caride, 2012, en Caride, 2017). Es por este motivo, que la RB puede suponer uno de los motores hacia la justicia y la igualdad que precisa esta profesión.

Como hilo vertebrador a todo el expuesto anteriormente, se encuentra la exclusión social. Esta es inherente al sistema actual, que da sentido a una parte importante del trabajo de la Educación Social y que justifica, solo en parte, la existencia y la implantación de una Renta Básica.

Laparra et al. (2007) definen la exclusión social como un proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la precariedad o vulnerabilidad hasta las situaciones de exclusión más graves. Son situaciones en las que se produce un proceso de acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos (laboral, formativo, sociosanitario, económico, relacional y habitacional) por una parte y de limitación de oportunidades de acceso a los mecanismos de protección, por el otro (Subirats et al. 2004, en Laparra et al. 2007).

Según estos autores, el concepto de exclusión permite incluir tres aspectos claves de esta concepción de las situaciones de dificultad: su naturaleza procesual, su origen estructural y su carácter multidimensional.

Para conocer los efectos de la pobreza en las personas, debemos resaltar que la falta de ingresos es entendida como una dimensión importante de la exclusión, y esta es una situación que acumula dificultades en otros ámbitos. Tal y como expresan Laparra y Pérez (2008), la pobreza económica se constituye en un posible camino hacia la exclusión social, dependiendo de su intensidad y de su duración, pero es preciso subrayar que no se trata del único camino posible. En este sentido, Subirats (2004, en Reglero, 2014) coincide en considerar que no toda exclusión social surge de la carencia de recursos económicos, aunque matiza que la realidad demuestra que las personas que padecen dichas carencias, presentan más posibilidades de entrar en el proceso de exclusión en otras áreas de sus vidas.

Uno de los efectos de la exclusión social es la aporofobia. La Renta Básica, como herramienta de tipo económico y la Educación Social, como profesión de intervención en la realidad social, son necesarias en la lucha contra la aporofobia. Este término creado por Adela Cortina (2000, en Cortina, 2017) tiene el siguiente significado:

Dícese del odio, repugnancia o hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado. Resulta urgente poner nombre al rechazo al pobre, al desamparado, por esa actitud tiene una fuerza en la vida social que es aún mayor precisamente porque actúa desde el anonimato. (p. 24)

En la actualidad, la aporofobia está fuertemente ligada al precariado. Según expresa Standing (2011), el precariado no es una clase para sí, en parte porque está en guerra consigo mismo. Los conflictos relacionados con la aporofobia surgen cada vez con más frecuencia, asociados al auge de la extrema derecha en todo el mundo, y más concretamente en Europa y España, por cercanía.

Otro de sus efectos es la escasez, que según Mullainathan y Shafir (2013), es tener menos de lo que se percibe como necesario. La escasez captura nuestra atención y entorpece la habilidad de concentrarnos en otras cosas. Cuando intentamos hacer otras cosas, la “visión de túnel” de la escasez nos hace volver a caer en ella. La escasez en un aspecto de la vida significa menos atención, y por lo tanto menos habilidades cognitivas. La escasez genera perturbaciones internas, término común en las ciencias cognitivas y en la neurociencia. Muchos estudios documentan el profundo efecto de los pensamientos internos en la función cognitiva general.

Siguiendo con lo expresado por estos autores, estos utilizan el término “ancho de banda” para expresar las capacidades cognitivas del ser humano para la vida diaria. El ancho de banda mide la capacidad de cálculo, la habilidad de prestar atención, de tomar buenas decisiones y de resistir las tentaciones. El ancho de banda tiene dos componentes relacionados con la función mental que recogen en su obra:

  • Capacidad cognitiva: son los mecanismos psicológicos propios de nuestra habilidad para resolver problemas, retener información, razonar con lógica, etc. El más prominente en esta categoría es la inteligencia fluida, la habilidad de pensar y razonar en abstracto y resolver problemas independientemente de cualquier aprendizaje o experiencia específicos.
  • Control ejecutivo: la habilidad de manejar actividades cognitivas, como planificación, atención, acción de iniciación e inhibición, y control de impulsos. Determina la capacidad de concentración, de desplazar la atención, retener algo en la memoria y efectuar múltiples tareas, y de supervisión.

Para poder conocer el contexto en el que trabajan las y los profesionales de la Educación Social, es necesario conocer ciertos datos sobre la realidad en el Reino de España.

Existe un grupo social importante que no cuenta con el apoyo de la familia o las amistades, lo que no le permite tener el mismo nivel de protección que otros hogares. Solo la mitad de los hogares bajo el umbral de pobreza contarían con familia y amigos que respondieran ante la necesidad de ayuda.

Los efectos de esta crisis aún se siguen notando en los altos niveles de riesgo de pobreza y exclusión. Estos datos son recogidos por la Unión Europea para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de inclusión social propuestos en la Estrategia EU2020. El indicador empleado es el AROPE (at risk of poverty and/or exclusion). Este hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Debido a la complejidad de la elaboración de los estudios sobre pobreza y exclusión, la última publicación con información relevante es el informe que elaboró EAPN (2018) sobre la situación de la pobreza en España entre 2008 y 2017. Según este informe, en el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % de la población residente en España, está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social.

Metodología

Relacionado con la elaboración tanto del marco teórico cuanto con el diseño y desarrollo de la parte empírica, fue preciso acometer una tarea de revisión bibliográfica y documental basada en textos académicos y libros relacionados con las temáticas a investigar que acercara las referencias conceptuales y procedimentales precisas para poder desarrollar los objetivos propuestos. Las fuentes bibliográficas fueron seleccionadas por la relevancia de los autores y autoras en lo que respecta al análisis de la RB en general y a su incidencia desde diversas perspectivas como la de género, la salud mental, la exclusión social y los servicios sociales.

Además, con la pretensión de conocer diferentes situaciones asociadas al desempeño profesional de las profesionales de la educación social en el ámbito de los Servicios Sociales, así como sus impresiones y expectativas respecto a los cambios que en su trabajo supondría la implementación de la Renta Básica se tomaron distintas decisiones que se encuadran en el desarrollo de una metodología cualitativa.

Para poder llevar a cabo la investigación, se estableció como instrumento de recogida de información la entrevista semiestructurada en profundidad, con preguntas semiabiertas. Las preguntas de las entrevistas se referían las temáticas objeto de análisis, si bien, adaptándolas a las circunstancias del perfil de la persona informante, por lo que las preguntas comunes eran las referentes a las temáticas objeto de investigación y el resto de preguntas eran adaptadas al perfil profesional de la persona informante clave.

Se establecieron tres perfiles de informantes clave que proporcionarían información de conjunto sobre el trabajo educativo-social en el ámbito de los servicios sociales:

1. Profesionales del ámbito social que trabajan en servicios sociales comunitarios, específicos o en recursos concretos asociados a estos. Bajo este criterio fueron seleccionadas cuatro personas, tres educadoras sociales y un trabajador social.

2. Profesionales que gestionan servicios sociales, con experiencia en la toma de decisiones en el diseño y aplicaciones de políticas concretas en este ámbito: con este perfil se escogió un informante clave.

3. Profesionales con cierta trayectoria de investigación en el ámbito de los servicios sociales desde una perspectiva pedagógico-social. Con este perfil se seleccionó una persona.

Como se puede observar en estos perfiles, la intención era garantizar tres visiones diferentes: profesionales de atención directa, profesionales con responsabilidad en gestión y especialistas de la investigación.

Los perfiles participantes son los siguientes:

  • Educadora 1, educadora social del Ayuntamiento de Teo, trabaja principalmente con dos perfiles de usuarias: familias que arrastran las dificultades de manera crónica y generacional y familias con dificultades en la convivencia, sobre todo en la relación padres/madres e hijos/as. Dentro de estas también se dan situaciones de absentismo escolar y acogimientos familiares, entre otras.
  • Educadora 2, educadora social en un ente autonómico de inclusión social, trabaja con personas con un déficit grave de recursos económicos y en situación de desempleo, así como con aquellas que presentan factores de exclusión que suponen especiales dificultades de integración social y laboral.
  • Educadora 3, miembro de la directiva del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, trabajó con personas sin hogar y personas migrantes, siendo ambas experiencias en servicios municipales.
  • Trabajador Social 1, trabajador social en el servicio de inserción laboral de la Fundación Els Tres Turons, trabaja con personas que presentan problemas de salud mental.
  • Gestor 1, coordinador del proyecto B-Mincome del Ajuntament de Barcelona, trabaja con usuarias y usuarios con expediente abierto en Servicios Sociales, con personas que pidieron y cumplieron los requisitos de la ayuda para niños o adolescentes de 0 a 16 años del 2017, personas que participaron en el programa Làbora, así como con usuarios o usuarias del Servicio de Inserción Social (SEIS).
  • Investigadora 1, profesora e investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela, no trabaja directamente con personas usuarias de servicios sociales pero centra su investigación en el funcionamiento de los servicios sociales.

Para el análisis de las entrevistas se procedió a una categorización y codificación de la información obtenida, procediendo desde un modelo mixto (deductivo y emergente). En el apartado de resultados se presentan las categorías establecidas.

Resultados

Finalizada esta investigación y considerando tanto los aspectos más conceptuales abordados a través de la revisión bibliográfica, como la información obtenida a través de las entrevistas a informantes clave, entendemos que los resultados obtenidos están en línea con los objetivos que motivan este TFG.

Finalmente destacamos las siguientes conclusiones:

  • El sistema actual de servicios sociales no responde a las necesidades de la población ni refleja las funciones que debería desarrollar una educadora o educador social.
  • El actual modelo de servicios sociales se caracteriza por la saturación de los mismos, lo cual revierte en un mal servicio a la ciudadanía debido al exceso de carga de trabajo en las profesionales. Las educadoras y educadores muestran, por lo general, malas condiciones laborales debido a la temporalidad de las contrataciones. Por último, la infrafinanciación es una de las causas del mal funcionamiento de los servicios sociales, que redunda en la falta de medios humanos.
  • El modelo de rentas condicionadas de los gobiernos autonómicos, y especialmente el de la Xunta de Galicia a través de la RISGA, no funciona ya que no es capaz de dar respuesta a las necesidades de la población en situación de pobreza. La estigmatización, culpabilización y arbitrariedad son características del actual modelo de intervención social.
  • Se destaca la necesidad de repensar la labor de la Educación Social, haciendo autocrítica sobre el funcionamiento de la profesión en los servicios sociales y fuera de estos. Es necesario el establecimiento de relaciones profesionales para compartir conocimiento y generar noticias dinámicas que huyan del asistencialismo y paternalismo del modelo actual de intervención social en los servicios sociales.
  • La RB mejoraría el funcionamiento de los servicios sociales y el desempeño de las profesionales que forman parte de ellos, ya que elimina la razón de ser del asistencialismo y paternalismo del sistema que suponen el acceso a los servicios socias como suplicantes de ayuda a cambio de un sometimiento y control de la administración. Esto permitiría que las profesionales, y más concretamente las educadoras y educadores sociales, centren su trabajo en el ámbito comunitario, bajo la perspectiva de la prevención.
  • La existencia de la RB facilitaría esta reorientación del trabajo de los servicios sociales en el ámbito comunitario, centrándose en otras cuestiones como la promoción de hábitos de vida saludables, hacer hincapié en la animación sociocultural, entre otros. Son muy destacables los efectos positivos que tendría la RB sobre la población, y especialmente sobre las personas usuarias de servicios sociales en situación de pobreza y exclusión social, ya que elimina la pobreza, por lo menos a nivel estadístico. Es labor de la Educación Social ocuparse de la pobreza que no es económica y que tanto afecta a la sociedad.
  • Existe un gran desconocimiento sobre las características de la RB, tanto en el colectivo de la Educación Social y otras profesiones presentes en los servicios sociales o entidades privadas, como en la sociedad en general. A su vez, se evidencian ciertos perjuicios sobre la RB como la atribución de “parasitismo” de las personas usuarias de servicios sociales o el desincentivo al trabajo que supondría haber asegurado un ingreso mensual de forma incondicional; visiones estereotipadas que son cuestionadas y desmontadas con los testimonios de las informantes clave.
  • La implantación de una RB supondría el cambio del modelo de intervención social y permitiría desarrollar la profesión de la Educación Social tal y como expresa la definición del CEESG (2008), convirtiéndose en un derecho de ciudadanía que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.

 


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​Para contactar

Rodrigo Gil, email: rgilcedillo@gmail.com

Mariló Candedo, email: marilo.candedo@gmail.com

1 El presente artículo es un resumen del Trabajo de Fin de Grado “Renta Básica y Educación Social: hacia un nuevo paradigma en los servicios sociales”, realizado para la obtención del título de Grado en Educación Social en la Universidade da Coruña.