Lorena Delgado Magro, Psicóloga Clínica (1)
El acogimiento residencial sigue cumpliendo una función esencial y por ahora insustituible en la protección de niños y adolescentes en situación de desamparo. Existen muchas dificultades y retos por alcanzar desde los distintos ámbitos: el propio sistema de protección, educación y salud. La necesidad de atención de problemas emergentes ha provocado una gran crisis e importantes cambios en la estructura y objetivos de los hogares de acogida. Existen muy pocos estudios en España que muestren la verdadera prevalencia de los problemas de salud mental y su adaptación escolar así como escasos programas dirigidos a esta población en riesgo de exclusión.
The residential care continues to play a vital role in the protection of children and adolescents who have suffered abuse. There are many difficulties and challenges to achieve from the different areas: system protection, education and health. The need for attention to emerging problems has caused a major crisis and major changes in the structure and objectives of foster homes. There are very few studies in Spain that show the true prevalence of mental health problems and school adjustment and few programs for this population at risk of exclusion.
La protección de menores hace referencia a la suma de medidas tendentes a promocionar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de los cuales son titulares los menores de edad. El acogimiento residencial es una medida de protección que adopta la entidad pública competente como forma de ejercicio de guarda del menor. Se trata de una medida cuya finalidad es ofrecer una atención integral en un entorno residencial a niños, niñas y adolescentes cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia. No se trata de un fenómeno nuevo en nuestra sociedad, habiendo experimentado una constante trasformación y adaptación en su tipología, objetivos y legislación (Del Valle y Casas, 2002).
Dentro de Europa la prevalencia del cuidado residencial frente a otras medidas de protección es muy variable y en nuestro país era prácticamente la única opción antes de la reforma legislativa de 1987 de protección del menor. El modelo tradicional existente de instituciones con gran número de plazas residenciales fue cambiando a hogares con un menor número de plazas, produciéndose durante la transición un intenso debate sobre el papel del cuidado residencial. El modelo de atención especializado que surgió a partir de los años 90 en la red de protección a la infancia también ha sido implantado de manera muy desigual en las diferentes comunidades autónomas (Bravo y del Valle, 2009).
En nuestro país el acogimiento residencial sigue cumpliendo una función esencial en la protección de niños/as, y adolescentes, en situación de desamparo siendo la medida de protección más utilizada (Del valle y Casas, 2002). La función que cumple en la actualidad esta medida protectora difícilmente puede ser cubierta por otras alternativas familiares dado el escaso desarrollo de programas de acogimiento familiar que no vengan determinados por el apoyo dentro del propio seno familiar (López, Bravo y Valle, 2010).
Existe una gran variabilidad en las condiciones de estas instituciones en Europa (Sellik, 1998) y entre distintas Comunidades Autónomas en España pero se dan algunos factores comunes como pueden ser: mayor reglamentación, mayor aislamiento, una ratio educador/niño desfavorable, falta de apoyo psicológico para los cuidadores y pobre estimulación.
En la evolución actual y nuevas tendencias del acogimiento Residencial se incluye el cambio del modelo asistencial a otro más educativo, la disminución del número de niños acogidos en residencias, disminución del tiempo de estancia, el aumento de la edad promedio de los niños acogidos en residencias, cambios en los aspectos arquitectónicos y ubicación de las instituciones, exigencia de unas condiciones mínimas por las administraciones competentes, reducción del tamaño, utilización de recursos comunitarios, y la diversificación de recursos residenciales.
Los hogares de protección están pensados como recursos de transición, o incluso de emergencia, para aquellos casos que requieren un tiempo de evaluación, de recuperación de sus familias o de preparación para una incorporación a una nueva familia. En ningún caso fueron concebidos caso como lugares para crecer y desarrollarse durante largos intervalos de tiempo. No se quiere indicar con esto que se deba limitar al máximo y a toda costa el tiempo de estancia en centros residenciales (debe existir un tiempo razonable para que los programas residenciales tengan efecto) pero si es ciertamente necesario reflexionar sobre una excesiva aplicación de esta medida por la ausencia en la práctica de otras opciones. Debemos poder valorar en qué casos puede ser más favorable el empleo de dicha medida de protección frente a otras, así como incrementar las oportunidades de acceso de estos niños a los diferentes recursos de protección posibles (Martín y Rodríguez, 2007). También debemos tener en cuenta que para algunos niños/as y adolescentes las instituciones deberán convertirse en lugares de vida donde poder tener otra oportunidad distinta a la marcada por el destino familiar.
El acogimiento familiar que se planteó como la gran alternativa para aquellos niños que tuvieran que ser separados de sus familias todavía no ha recibido el impulso necesario (López, Bravo y Del Valle, 2010). Pese a que existe suficiente acuerdo en que los niños más pequeños deben estar en acogimiento familiar y no residencial, de nada sirve si las comunidades no otorgan el suficiente apoyo para desarrollar esta idea y no existen familias disponibles. Por otro lado se dan diferencias muy notables en la práctica del acogimiento familiar a través de las distintas comunidades autónomas tanto en la remuneración que las familias perciben como en la preferencia de una determinada tipología del acogimiento frente a otra.
Las funciones básicas de la residencia están estrechamente relacionadas, o incluso podríamos decir que derivan del tipo de intervención que se quiere llevar a cabo con cada niño o niña desde el sistema de protección. El papel de las residencias es cooperar a la consecución del objetivo del plan de intervención protectora. También tienen la función de rehabilitar déficit y trastornos, ya que los niños y jóvenes en acogimiento residencial presentan con más frecuencia y gravedad este tipo de problemas. En estos casos el tiempo de acogimiento residencial debe convertirse en tiempo de tratamiento y superación de esos problemas, lo que servirá para una mejor finalidad de su caso.
Con el paso del tiempo se hace más evidente la existencia de un perfil de niños en acogimiento residencial de larga estancia, indefinida o hacia la independencia, compuesto por los niños de edades más avanzadas, que presentan un perfil más problemático en relación a su salud por discapacidad (especialmente intelectual), problemas conductuales y bajo rendimiento escolar (Bravo Arteaga, 2009). El tipo de tratamientos recibidos durante su estancia en la residencia mayoritariamente corresponde a servicios médicos y especialmente de tipo psicológico o psiquiátrico. Se trata en su mayoría de procesos que se detectaron tempranamente, pero que por algún motivo se han estancado en etapas posteriores (López, del Valle, Boada y Bravo, 2010).
Cuando cumplen la mayoría de edad, los adolescentes que viven en una institución (como cualquier chico/a de 18 años) tienen grandes dificultades para ser autónomos fuera del sistema de protección. Si a estas dificultades se le suman problemas de salud mental y/o discapacidad intelectual los problemas para estos chicos/as se incrementan, poniendo a los profesionales en la disyuntiva entre la certificación de una incapacitación o la desprotección absoluta.
Pese a la relevancia del tema y al alto riesgo de exclusión social que tienen los niños y adolescentes acogidos en una institución (Casas y Boada, 2009), existen escasos estudios que hayan utilizado métodos de análisis contrastados a nivel internacional y nacional para conocer la problemática conductual y emocional de estos adolescentes (Delgado, Fornieles, Brun-Gasca y Costas, 2012; Fernández-Molina, del Valle, Fuentes-Rebollo, Bernedo-Muñoz y Bravo-Arteaga, 2011). Dada la escasa investigación existente sobre el tema y al reducido número de programas orientados a la inclusión específicos para la población tutelada consideramos necesario continuar avanzando en el conocimiento de los problemas que presenta este colectivo.
El ajuste escolar como un paso previo a la integración social posterior es otro de los retos pendientes de los programas de acogimiento residencial. Aunque el éxito en la educación es un factor crucial que determina los estilos de vida adultos e inserción social (Jackson y Martín, 1998), es de destacar que no existen datos sistemáticos ni estadísticos oficiales sobre el nivel educativo alcanzado por estos niños y adolescentes en el sistema educativo español. La invisibilidad estadística en la que se encuentran los niños y niñas tutelados bajo el paradigma de la normalización afecta también al ámbito educativo. En una revisión de los estudios realizados en España (Casas, Montserrat-Boada, y Malo, 2010) se señala que los niños tutelados presentan más problemas de rendimiento académico, obtienen menos graduados en la ESO y que menos de un 6% llegan a cursar estudios universitarios. Al mismo tiempo es un hecho conocido que los jóvenes tutelados abandonan la escuela prematuramente cuando llegan a la edad adulta y deben emanciparse mucho antes que los jóvenes de su edad y dejar de estudiar (Boada y Casas, 2009).
Panchón, Fernández del Valle, Vizcarro, Llapart y Martín (1999) indicaban que el 69% de los niños tutelados en el momento del ingreso tenía un nivel de escolarización que no correspondía a su edad y en el 54% su nivel de motivación era bajo, debido a los largos periodos de absentismo escolar que habían tenido. Por otro lado estos niños tutelados son percibidos cómo más conflictivos y menos integrados en la escuela, tanto por sus iguales como por los profesores (Martín y Dávila, 2008).
En suma, la situación escolar de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección se conoce relativamente poco. Se pone de manifiesto, cómo durante décadas, el tema escolar no ha sido prioritario para la mayoría de los sistemas de protección europeos. A la vez, la mayoría de sistemas educativos no identifican a estos chicos y chicas como un colectivo con necesidades específicas. Esto ha provocado un doble discurso: para los profesionales y responsables de protección, el tema escolar es responsabilidad de la escuela; para los responsables y profesionales del sistema educativo, las necesidades de estos niños y niñas son responsabilidad de los servicios de protección. A ello hay que añadir la invisibilidad estadística, que ha contribuido a que no hubiera debate social ni se implementaran programas desde ninguna de las dos instancias. La situación constituye un reto urgente por la desigualdad de oportunidades educativas, que supone un alto riesgo de exclusión social para muchos de los jóvenes procedentes del sistema de protección social a la infancia.
La puesta en marcha de actuaciones encaminadas a establecer unas condiciones suficientes en la familia de origen para posibilitar el retorno definitivo del menor implica una apuesta por la movilización de recursos que actualmente parecen limitados y de escasa flexibilidad. Si para algunos casos determinados se pretende la reunificación familiar tras el paso por un acogimiento residencial, será necesario disponer de los programas de apoyo que esas familias necesitan para lograr el cambio y recuperar las funciones parentales. Esto implica la movilización de una serie de recursos que estarán en función de la problemática presentada por la familia. Uno de estos recursos posibles podría ser la creación de equipos técnicos que realicen su intervención in situ durante los permisos de visitas, en el propio núcleo familiar y el desarrollo de programas para familias monoparentales o padres con enfermedad mental.
El tratar de mantener a un niño en su misma comunidad aun cuando deba dejar el domicilio familiar para ingresar en una residencia, evitaría los sentimientos de desarraigo, la pérdida del grupo de amigos del barrio y los frecuentes cambios de centro escolar. En este sentido estarían también los cambios de institución por edad debido a los diferentes perfiles y edades que acogen las instituciones.
La sobrecarga del sistema de protección ha hecho que muchas de las funciones de control y supervisión parental recaigan en los educadores de las instituciones. Estos suman a la difícil tarea de educar, nuevas demandas que les confrontan a una cierta ambivalencia en sus funciones educativas y exponen a mayor estrés laboral.
Sería conveniente establecer límites legales en el acogimiento residencial por debajo de una edad límite, crear marcos temporales de actuación así como responsables técnicos de coordinar las distintas medidas protectoras.
El modelo actual normalizador, alejado de la antigua “institución de menores”, parece limitado para acoger a todos aquellos niños y niñas que requieren de una acogida temporal. La creación una mayor red de centros terapéuticos especializados en menores con distintas problemáticas: trastornos de comportamiento, enfermedad mental y el incremento en la colaboración interdisciplinar entre personal sanitario y educativo parece ser otro de los retos del sistema de protección. El desarrollo de los programas de colaboración entre Servicios Sanitarios y Centros Residenciales permitiría un mejor tratamiento institucional de estos chicos especialmente vulnerables.
Es cierto que una de las virtudes del modelo de acogimiento familiar en España es la permanencia y estabilidad, pero deberíamos ser capaces de desarrollar otros tipos de acogimiento temporal, con mayor número de familias disponibles. Se hace necesaria la implementación de cambios legislativos que favorezcan la adopción nacional y el acogimiento familiar para aquellos niños en los que no es posible un retorno con la familia de origen.
Existen muchos factores de protección en el acogimiento familiar pero también se dan muchos factores de riesgo. Los apoyos que estas familias reciben no están a la altura de sus dificultades y necesidades siendo apremiante cambiar el modelo de intervención. Se dan carencias no sólo económicas o materiales, sino también de recursos y competencias que incluya la formación para los acogedores. Es necesario definir en qué debe consistir la fase de seguimiento y qué tipos de apoyos son necesarios.
La existencia de programas de inclusión social para niños tutelados tendrían efectos tanto en su ajuste a la escuela como en la posterior integración social. Los trastornos del comportamiento constituyen un problema importante dentro del sistema de protección de la infancia y adolescencia pero también para el sistema educativo. Aquellas políticas que favorezcan la inserción de programas para realizar un trabajo de cooperación, podrían tener efectos preventivos sobre la retroalimentación de percepciones negativas entre profesores y alumnos. También el desarrollo de experiencias ya existentes basadas en la asignación de recursos educativos alternativos a la enseñanza tradicional, para alumnos con retrasos en los aprendizajes y/o problemas conductuales podrían tener un efecto mediador sobre estos problemas.
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1.- La correspondencia relacionada con este artículo debe ser dirigida a Lorena Delgado. Psicóloga Clínica. Sagrat Cor Servicios de Salud Mental. CSMIJ Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil. C/ Puig del Ravell, 10-08760 Martorell- Barcelona. Spain. Tel 93 774 21 08 Fax 93 776 95 23. Cell. (+34) 605 275882. ldelgado@ambitcp.catsalut.net
