Ramón López. Profesor de la Universidad de Valencia.
Éste es el primero de los documentos que se presentaron en el IV Congreso Estatal del Educador/a Social. [Ver Ideologías, cultura política y educación social y El encargo vivido desde la práctica profesional: una experiencia y algunas propuestas]
El título del grupo de trabajo invita a reflexionar sobre las posibles y necesarias relaciones que deben establecerse entre el terreno de lo ideológico, la cultura política y la práctica profesional del educador social. Y es que parece más que evidente la creciente necesidad de que los educadores sociales integren en su capacitación herramientas capaces de valorar la circunstancia ideológica que rodea la intervención pedagógica o la importante dimensión política de su trabajo. La “cultura política”, entendida como el conjunto de conocimientos, actitudes, prácticas y contenidos que posibilitan una reflexión permanente e inacabada -no exenta de conflictos y dificultades- sobre los valores que deben orientar sus intervenciones de cambio o transformación social, debe conectarse -a modo de estrechas relaciones sinérgicas- con la propia construcción del “ser” educador social.
Nos proponemos contribuir a llenar de contenido el sentido político de la educación social, diferenciando la política, como conocimiento teórico y reflexión ideológica de los valores que deben guiar dicha intervención, de las políticas, estrategias de acción o herramientas prácticas de trabajo que posibilitan la implementación en la realidad social de los valores ideológicos defendidos. No hay, o no debe haber, política sin políticas, ni políticas que no construyan una determinada política; es en esta coherencia, lejos de “falsas” neutralidades, donde reside buena parte del sentido político de la educación social. La realidad actual nos muestra demasiados casos donde una determinada jerarquización de valores ideológicos es traicionada por la elección de unas políticas o estrategias de acción inadecuadas, que acaban por transformar la realidad en una dirección radicalmente contraria a los principios defendidos.
Así pues, en el marco de entender la educación como una herramienta al servicio de la convivencia democrática, los profesionales de la educación social están llamados a reflexionar sobre las posibilidades de las políticas socioeducativas como “programas de acción”: formar capacidades o habilidades sociales, dinamizar los recursos existentes en aras a la universalización del bienestar, generar oportunidades para la igualdad de todos los ciudadanos, animar a los colectivos excluidos o más desfavorecidos, fortalecer la cohesión social o vertebrar compromisos cívicos, deberán ser -entre otros- los descriptores ideológicos y/o sus objetivos básicos; la defensa de la libertad, la aspiración a mayores cotas de igualdad, la justicia y el pluralismo político, como valores superiores de esa convivencia, las guías referenciales de la reflexión política. Ambos planos, ideal y real, conocimiento teórico y actividad práctica, en estrecha simbiosis, son igualmente necesarios para el dominio y comprensión de una cultura política adecuada.
Y desde esta mirada política de la educación social que proponemos, nos sentimos interpelados a aproximamos a algunos de los retos de futuro planteados en el inicio del Tercer Milenio. La complejidad de las sociedades actuales en constante proceso de cambio, fuertemente tecnologizadas y globalizadas, pueden haber superado -así lo creemos nosotros- los tradicionales ámbitos de intervención socioeducativa (educación permanente de adultos, formación laboral, educación especializada y animación sociocultural y pedagogía del tiempo libre), reclamando de los educadores sociales una mayor participación en los tres espacios básicos del desarrollo humano sostenible: la equidad social, la competitividad económica y la ciudadanía política.
La superación de la cultura de las necesidades para transitar hacia un modelo de necesidad de la cultura, en una clara apuesta por generalizar la cultura del bienestar, debe ser uno de los desafíos fundamentales de la educación social, superando así el asistencialismo de viejos modelos de políticas sociales, que deben entender la participación imprescindible del elemento educativo como una garantía de futuro de dichas prestaciones; de otro lado, estamos llamados a colaborar en la necesidad de repensar el concepto de exclusión social en el marco de la revolución tecnológica (TIC) y su tendencia a profundizar en la llamada “brecha digital” o sociedades fragmentadas, cada vez más duales y con mayor separación entre info-ricos (integrados) e info-pobres (excluidos); finalmente, otro de los desafíos irrenunciable para las políticas socioeducativas, cuando no para la educación en general, pasa por plantearnos la contribución de los procesos socioeducativos a la consolidación de un renovado espíritu de ciudadanía, donde seamos capaces de asumir un papel decisivo en la imperiosa búsqueda de equilibrio entre la construcción de la identidad y la gestión de la diversidad.
Sirvan estas breves líneas para animar al debate reflexivo sobre alguno de los retos propuestos y alentar el trabajo de los asistentes al IV Congreso Estatal del/a Educador/a Social.
