Carlos Sánchez-Valverde. Educador Social.
Éste es el segundo de los documentos que se presentaron en el IV Congreso Estatal del Educador/a Social. [Ver Ideologías, cultura política y educación social y Cultura Política y Educación Social. Dos realidades condenadas a entenderse]
Hago esta intervención a modo de expresión de “una opinión sobre la cuestión a debate desde la práctica profesional”. Es decir desde mi experiencia práctica de más de 25 años como educador social.
Y la hago sin ánimo de presentarla de manera contrastada o contrastante con el acercamiento académico de mi compañero de mesa y de labores de coordinación de este grupo.
Mi aportación quiere compartir con vosotros algunas de las ideas que el tema ha ido sugiriéndome a lo largo de los años y como podréis observar, no quiere ofrece recetas o explicaciones definitivas, sino facilitar procesos de reflexión, desde la duda individual y colectiva, que nos hagan integrar juntos algunos conceptos y la conciencia de algunos retos.
Espero poder conseguirlo y así poder dar cumplimiento al encargo que he recibido de la organización.
Resulta abrumadora la escasa reflexión, sobre las cuestiones ideológicas vinculadas directamente con la práctica de la educación social, que hacen los propios educadores y educadoras y que hace aparentar muchas veces que la labor realizada es, o debe ser, necesariamente neutral.
Con todo, los componentes culturales, ideológicos y sociopolíticos están siempre presentes en nuestra práctica. Y más aún si queremos ejercer nuestra profesión desde principios críticos y reflexivos, orientados a mejoras que tomen como soporte los procesos de cambio social.
Desde esta constatación afirmo que es a la recuperación de la presencia y puesta en valor de estos componentes a lo que debe dedicarse esencialmente este grupo de trabajo, tomando como referencia conceptos por un lado, como neutralidad, imparcialidad, intencionalidad, etc., que tienen que ver con la naturaleza del encargo social que desarrollamos, con la consideración social de nuestra profesión y con el ámbito-espacio social de nuestra actuación, que es un ámbito en le que los derechos individuales no son exigibles aún.
La neutralidad, la asepsia de las profesiones es una derivación más de la pretendida neutralidad de la ciencia y de las técnicas, ideas que surgen como afirmaciones positivistas, a mediados del siglo XIX, tratando de separar la interpretación de la realidad (y los instrumentos para hacerlo) de la realidad misma. La práctica y la experiencia histórica nos han demostrado que ciencia y técnica no pueden entenderse al margen del momento histórico en que nacen y de su uso social.
En la misma medida, las profesiones se inscriben en momentos y espacios geográficos y temporales que las invisten desde el uso que de ellas se hace. Nuestra acción profesional está siempre inscrita dentro de un momento, de un encargo social, de una contraprestación “pagada” para cumplir una determinada función.
La tensión entre ese encargo, y la naturaleza de nuestra acción (lo que de verdad define nuestra intervención profesional), forma parte de lo cotidiano y se resuelve, a veces, desde la invocación a determinadas normas externas (objetivas) en forma de códigos deontológicos, o similares… No podemos ir en contra del respeto a los derechos humanos, por ejemplo.
Pero otras veces, se resuelven en el ámbito de lo personal y de lo subjetivo. En esa “soledad de corredor de fondo” que ocupa muchos de los momentos de nuestra intervención profesional. Resulta entonces muy difícil sustraerse a su influencia, sea por lo desdibujado de la función, por lo difuso del espacio de intervención, etc.
Es fácil detectar el encargo oculto cuando el mandato es tan evidente como el de “no quiero salir en los periódicos”, que algunos políticos nos espetan en algunas de sus relaciones con nosotros(1).
Pero, es ya un poco más complejo descubrirlo, porque tendríamos que pararnos a pensarlo, en otros procesos solapados. Así descubriríamos y comprobaríamos cuanto de contenido de “mero control social” tiene el trabajar en sistemas informáticos, que además de facilitar la gestión de los datos a los profesionales, sirven también, desde rutinas ocultas, para el control social, no tan sólo a efectos estadísticos, y para la identificación y clasificación de las personas con las que trabajamos. La poca atención que ponemos, tantas veces, en respetar la identidad de aquellas personas con las que trabajamos siempre me ha llamado la atención.
O en otro orden de cosas, ¿os imagináis que en nuestra intervención tuviéramos la posibilidad de que se nos denunciara por “omisión de ayuda”, como sucede en otras profesiones (sanitarias o educativas…)?.
Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con situaciones de verdadera necesidad en las que se nos dice “que debemos derivar o no intervenir por falta de presupuesto” o porque, la persona afectada no es “ciudadano de pleno derecho”…
¿A quién nos debemos? ¿A la situación y a las personas que necesitan de nuestra actuación?, o ¿a los márgenes fijados por los planes de los políticos de turno?, que son en definitiva quienes nos pagan.
Desde este punto de partida, ya dilemático en sí mismo, quiero plantearos para que sirvan al debate, un grupo de “dicotomías” paradójicas sacadas de nuestra práctica cotidiana y que actuarían a modo de descriptores de la situación actual, sirviendo además para conducir vuestra participación.
Y ya al final, os planteo algunas propuestas desde mi posición ideológica personal.
La discusión entre necesidad y demanda en la acción social es una fuente viva de diferenciación de la definición de los planes de actuación política desde los 80. Algunos hasta recordamos interminables debates en el seno de las instituciones en las que trabajábamos, sobre la translación a nuestro ámbito de intervención de teorías, aportadas desde otras disciplinas (como la de la transferencia y la contra-transferencia), o sobre la fidelización y “salvaguarda de nuestra posición profesional” desde intervenciones realizadas desde una “demanda” y a poder ser bajo “un contrato de servicio entre las partes”. Y cómo en función de estas teorías se construían y aún hoy se construyen, planes de actuación, supuestamente profesionales, técnicos, asépticos y neutrales.
Hoy sabemos que eran amaños. Que eran formas de disimular otras prioridades políticas. Legítimas, ¿cómo no? Pero tomadas en el ámbito de lo político y no “derivadas desde lo teórico-técnico”
Otra manifestación de esas dicotomías paradójicas que se nos presentan en la práctica diaria tiene que ver con la tensión entre derechos y prestaciones. Es decir, entre aquello que debería estar asegurado y las regulaciones de acceso al disfrute de esos derechos.
Sí, porque aunque nuestra Constitución en su capítulo III (artículos 39 y siguientes), enumera toda una serie de derechos (reparto equitativo de las rentas, previsión y seguridad social, pensiones, vejez digna, pleno empleo, vivienda, etc.), cuando llega la hora de disfrutarlos, nos encontramos con que la regulación de las prestaciones derivadas, excluyen a muchas personas… Y a nosotros, las más de las veces, nos toca hacer de mensajeros de la respuesta a esa demanda y a esa necesidad.
Hay derechos que son exigibles individualmente, porque son universales, como la educación, la sanidad… o la libertad de culto, cátedra, etc.
Pero si tú pides una vivienda digna, amparándote en la Constitución, recibes la respuesta de que “no tienes ese derecho”.
Después hemos ido descubriendo como nuestra Constitución, en el capítulo siguiente, el IV (art. 53), fija derechos de primera y derechos de segunda (o expectativas de derecho). Y que los derechos “sociales”, son de segunda división.
Pero la causalidad ha querido también que algunas de las expectativas de derecho contemplada en el capítulo III, la sanidad, haya llegado a ser “por voluntad política” derecho universal.
Es decir, que poder, si se quiere, se puede.
Para mí este ejemplo contiene una doble enseñanza: de un lado, recupera el valor de la acción política, como herramienta PURA de cambio de la realidad; y por otro, demuestra lo discutible de la recurrencia a lo inviolable de algunas de nuestras normas básicas de convivencia.
Un paso más en esta dirección, y una línea de pensamiento que se está imponiendo sutilmente (primero desde el lento lanzamiento de las palabras y de los conceptos, que poco a poco van calando y generando estados de opinión, y que luego se trasladan a lo ideológico y a lo político y social) es la relacionada con la diferenciación de diferentes tipos de ciudadanos y, como consecuencia, de diferentes tipos de derechos.
Bajo un ropaje de modernidad se nos habla de la nueva ciudadanía. Y la idea suena bien. Pero, sobretodo aquellos que trabajáis con colectivos sensibles (inmigrantes, refugiados, etc.) sabréis cual es el verdadero sentido de esa dicotomía: saltarse el principio de universalidad para todas las personas que viven en nuestro país de algunos de los derechos.
No sólo derechos de primera o de segunda: también ciudadanos de primera o de segunda.
Podríamos hablar de otras dicotomías (prevención – paliación; etc.) pero el panorama ya queda suficientemente dibujado con estas.
Todo ello tiene que ver con que el modelo actual parte de una concepción selectiva, reactiva y asistencial. Está configurado como un sistema que “interpreta”, desde una posición patriarcal, lo que el otro necesita y facilita el acceso a su consecución, como una concesión tecnocrática.
Es un sistema marcado por la “mercantilización” de muchas de las medidas sociales que ahora están en vigor (relacionadas con la presencia o no de las personas en el mercado de trabajo y la facilitación de su acceso al mismo).
Se trata de un modelo que se inscribe en una fase de la democracia de funcionamientos diferidos y representativos, donde la capacidad de resolver, en su caso, los conflictos que en ella se generan, se concede a las instituciones.
Los nuevos retos que se presentan en este comienzo de siglo pasan ineludiblemente por una renovación democrática que construya una nueva cultura, una nueva manera de hacer y de entender la política y lo social. Hemos de transitar hacia una articulación en la que las personas y sus organizaciones, recuperen el protagonismo en la formulación y en la solución de sus necesidades, desde la participación. Un sistema en el que nadie interprete, ni siquiera patriarcalmente, lo que el otro necesita sino que facilite el acceso a su consecución como ejercicio de un derecho personal de ciudadanía inalienable.
El signo de los nuevos tiempos ha de pasar por devolver a los ciudadanos la palabra y la capacidad de decidir sobre qué es lo que quieren, en un sistema de democracia más directa y participativa, así como la capacidad de resolver, en su caso, los conflictos que en ella se generan.
La acción social se ha basar en la garantía de la autonomía y en el respeto de los derechos individuales de ciudadanía. Entendamos como propuestas de ese nuevo modelo, planteamientos tan innovadores como la de la “Renta Básica Universal” (sobre los que deberemos acabar teniendo una opinión), que conceden a los educadores y educadoras sociales, como agentes privilegiados, un claro contenido protagonista al ser quienes accionan para tratar de estimular los procesos derivados de adquisición de recursos “de autonomía” individuales, grupales y sociales.
Los valores de esa nueva cultura vienen marcados por: el protagonismo de los actores, la intervención centrada en el proceso, acercamiento desde actitudes empáticas, la búsqueda del consenso… y todo ello dentro de un contexto relacional y social que se sabe investido por “el conflicto”. Y se manifiestan asimismo en el nuevo protagonismo de acercamientos como el de la mediación.
Una cultura basada en la construcción colectiva del saber, en la que todas las opiniones son válidas y aportan… Una cultura de “código abierto”, participativa, sin apropiaciones de los resultados… Y en la que las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías son impresionantes, como vehículos comunicativos que posibilitan la participación.
Y tomado de Paulo Freire…
“en el conflicto entre el poderoso y el oprimido, no intervenir no significa asumir una posición neutra,
significa ponerse del lado del poderoso”
(1) Hay una anécdota muy repetida que he compartido con muchos educadores y educadoras a lo largo de estos años. La del político que declara sin empaques que: ”cuando tiene un problema contrata a un educador y le sale más barato que un policía”, para que se lo resuelva, claro.
