Elena Gelabert, educadora social y periodista.
El jueves 9 de octubre de este pasado año tuvo lugar en el campus Mundet de la Universidad de Barcelona la I Jornada de Derechos Humanos Y Educación Social. Bajo el titulo Pensando entre ruinas: de la reflexión a la acción y al compromiso social, el encuentro reunió a varios profesionales del campo social y educativo para explicar sus experiencias sobre el propio terreno de acción en el cual trabajan, ahondando en los retos, dificultades y esperanzas de éxito con los que luchan día a día, y que intentan superar desde una mirada basada en los derechos fundamentales.
Presentaron la jornada Anna Escofet, decana de la Facultad de Pedagogía; Paulino Carnicero, jefe del departamento de Didáctica y Organización Educativa y Ana Yuste, jefa del departamento de Teoría e Historia de la Educación. A continuación, y aprovechando la ocasión, se hizo la presentación del libro Drets Humans i Educació Social, cuya selección de artículos revela la necesidad de tomar especial atención a los derechos humanos en el hacer educativo, sobretodo en un contexto social e histórico tan delicado como en el que nos encontramos. Jordi Usurriaga, Alejandra Montané, Mónica Gijón, Gabi Sanz y Francesc Martínez fueron algunos de los autores del libro que se encargaron de desgranar sus reflexiones acerca de la publicación y sus contenidos.
El profesor Federico Mayor Zaragoza inauguró la tanda de conferencias y mesas redondas del día con palabras de agradecimiento para quienes desempeñan un papel educativo entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Zaragoza es doctor en farmacia, catedrático en bioquímica, y a lo largo de su carrera laboral ha desempeñado varios cargos políticos como ministro de educación, diputado del parlamento o consejero del presidente de gobierno; también ha ejercido como director general adjunto de la UNESCO y es el creador de la fundación Cultura de Paz. En su discurso, de talante histórico, fue recorriendo la cronología de los acontecimientos sociales que nos han llevado a ir ganando -y también perdiendo- derechos. “La historia de la humanidad es la historia del silencio y la sumisión. Hemos sido súbditos, no ciudadanos” sentenció Mayor Zaragoza. Una historia que, sin embargo, cuenta con tantas y tantas personas creadoras, únicas, llenas de capacidades y con ganas de un mundo mejor para todos. Estas personas han permitido la existencia de derechos sociales, la existencia de la democracia, del acceso a la educación, de la posibilidad de expresarse libremente. Pero, es cierto, también él reconocía que queda mucho por hacer. Habrá mucho camino por recorrer mientras los privilegiados teman al cambio para no perder sus comodidades, mientras no se vea en el otro sus posibilidades de ofrecer algo grande al mundo, mientras no se sea capaz de respetar algo tan básico pero tan fundamental como son los derechos humanos. Federico Mayor Zaragoza explicaba sobre esta declaración de inspiración roosveltiana, aprobada el 1948, que ya en su inicio se mostraba un cambio de paradigma: “nosotros, los pueblos hemos resuelto evitar a nuestros hijos el horror de la guerra”. El profesor resaltaba con entusiasmo la importancia de nombrarse a ellos mismos como “los pueblos”, no como los estados o el poder; exaltaba la noble causa de querer terminar con la antigua máxima latina si vis pace parabellum (si quieres la paz prepara la guerra) y empezar a construir una paz para las futuras generaciones.
Hubo palabras de recuerdo para Nelson Mandela, al que conoció y a quien considera como un gran referente, “Mandela decía: la gran responsabilidad de cada generación es la que viene, esta nueva generación tiene que ser nuestro gran compromiso”. Y esto es lo que dice el principio de la carta de los Derechos Humanos.
De ahí que en este traspaso generacional, la educación se convierta en pilar fundamental para el éxito social. Y no cualquier educación: aquella que es universal, que se adapta a las necesidades de sus educandos, aquella que permite hacer hombres y mujeres que deciden por sí mismos y en libertad: “los son los que son libres y responsables, los que actúan en virtud de sus propios pensamientos y no hacen caso de dictados de los demás, ni de imposiciones”.
A raíz de una experiencia educativa que vivió en Burkina Faso, donde una profesora le planteó si no sería mejor que la UNESCO escuchara a los maestros locales en vez de venir a dar consejos sobre educación en África, el profesor Mayor Zaragoza se dio cuenta de cuáles eran los verdaderos agente educativos por quienes había que dejarse asesorar. A partir de aquí creó A la escucha d África, proyecto que desarrolló en otros continentes después de comprobar su buen hacer. Porque el éxito reside en esto, en hablar menos y escuchar más:
“Esto es lo que tenemos que hacer… a vosotros, los que trabajáis con los sectores más vulnerables de la sociedad, os tenemos que escuchar y después hacer lo que nos decís. Porque sois los grandes receptores y por lo tanto los grandes transmisores de lo que tiene que ser un proceso educativo”.
A modo de conclusión, Mayor Zaragoza recalcó la necesidad de incluir en nuestras reflexiones a los otros con un sentido de responsabilidad y madurez, con el objetivo de generar el cambio y poder acercarnos cada vez más a aquellos valores perdidos que defienden los derechos humanos:
“Hay que hacer evolución, que no revolución. La diferencia entre las dos es una “r”, la “r” de responsabilidad. Una responsabilidad para ser capaces de decir a los que siempre quieren hacer lo mismo que ayer, a aquellos a los que quieren mantener los privilegios, que hay que evolucionar, que es a lo que nos ha llevado la naturaleza. […] Ante la situación desesperanzadora, con falta de valores y violación de los derechos humanos, debemos seguir pensando que, como decía Martí i Pol, todo está por hacer y todo es posible”.
La segunda charla estuvo a cargo de Michela Albarello, directora de la Fundació Pau i Solidaritat, de CCOO, quien planteó una reflexión crítica sobre los derechos humanos laborales acompañada de escalofriantes datos y de una contundente denuncia de las terribles condiciones laborales a las que se ven sometidos trabajadores en todo el mundo, con el beneplácito de empresas, gobiernos y otras instituciones. Inició su discurso exponiendo varias experiencias sobre vulneración de derechos humanos laborales a nivel mundial, entre ellas el lamentable caso de Qatar y la FIFA como ejemplo de las absurdas e injustas formas de valorar el trabajo humano. En un país donde están prohibidos los sindicatos y los obreros se han convertido en verdaderos esclavos al borde constante de la muerte, la FIFA se planteó la falta de idoneidad de Qatar como sede del mundial, no en base a las constantes violaciones de derechos que este país inflige a sus ciudadanos sino por las alta temperaturas que podrían perjudicar a la comodidad de sus jugadores.
A raíz de estas consideraciones, Albarello hizo una inquietante relación entre lo que se gana y lo que se vale:
“En un mundial, el valor medio económico de un jugador es de 8.765.102 euros; no es lo que ganan, es lo que valen… Me pregunto: si un trabajador migrante empleado en el sector de la construcción en Qatar gana (cuando le pagan…) 220 dólares, ¿Cuál es su valor?”
Lo más grave de toda esta situación es el desamparo absoluto en el cual se encuentran estas personas, ya que los mismos estamentos de poder son los primeros que promueven y gratifican el abuso:
“Hay una intencionalidad ideológica en querer aislar y a atomizar a los trabajadores y trabajadoras en sus reivindicaciones, en querer desligarlos de la acción colectiva (y organizada, añadiría yo) que es la única que puede dar una respuesta efectiva a los ataques del capitalismo neoliberal. En el informe Doing business que el Banco Mundial saca cada año desde 2002, los países más aconsejados para realizar negocios, son aquellos donde se permite más desvalorar las normas laborales. Ganan los países donde no se observan las normas internacionales y donde la normativa laboral es escasa.”
Pero no todo está perdido, en estos contextos de desesperanza siempre hay quienes intentan poner voz a los eternos olvidados: la Confederación Sindical Internacional (CSI) representa a trabajadores en 161 países y cuenta con 325 organizaciones afiliadas para hacer presión en las esferas políticas, mejorar y fortalecer los derechos de los trabajadores, para mejorar la comunicación con los empresarios y para investigar y obtener datos objetivos sobre la situación laboral a nivel global.
En estas circunstancias laborales tan desoladoras en las cuales todos nos encontramos inmersos y de las que todos nos debemos responsabilizar, Michela Albarello dejó claro que la educación tiene un importante papel a jugar partir de la convicción de que los derechos laborales son imprescindibles para labrar el camino hacia la dignidad de todo ser humano; y que a pesar de que sean considerados derechos de segunda generación, forman parte indiscutible de los Derechos Humanos y deben ser abordados y defendidos con el mismo ahínco:
“Si la Educación Social quiere generar contextos educativos y acciones mediadoras y educativas que posibiliten: la incorporación del sujeto a la circulación social y la promoción cultural y social de las personas para que vivan una vida digna, debería tener presente que los Derechos Laborales (trabajo digno, salario suficiente, no discriminación, etc…), son Derechos Humanos. Sólo así podrá devenir, sociopolíticamente, un Derecho de ciudadanía de las personas”.
Seguidamente, Quim Pons ofreció una ponencia sobre la complicada situación actual en la que se encuentran muchos inmigrantes dentro de los Centros de Internamiento (CIES) que hay en España. Pons trabaja desde hace años en la Fundació Migra Studium, una entidad que lucha por la dignidad y los derechos de las personas migradas más vulnerables. Pons relató con desánimo que actualmente hay unas 2500 personas internas en los 8 centros que tiene el estado español, personas que, sin motivo alguno, son tratadas como delincuentes mientras están a la espera de saber si serán enviadas de nuevo a sus países de origen. La ley define estos espacios como “establecimientos cerrados de carácter no penitenciario donde se cierra de forma preventiva a personas que se encuentran en nuestro país sin necesaria autorización administrativa de residencia”, pero Pons asegura que ya desde la intercepción se cometen actos abusivos contra estas personas, que culminan con su cierre en los CIES, centros que cobijan multitud de dramas humanos apartados de la mirada de la sociedad. La mayoría de ellos son parados en plena calle y detenidos según una identificación a partir de rasgos fenotípicos – proceso identificativo de muy dudosa legalidad-, o son retenidos en redadas masivas, o son conducidos a los CIES tras haber pagado ya su condena en la cárcel en el caso de haber cometido algún delito. El delito que los aúna a todos es el de ser inmigrantes, el de ser indocumentados, el de ser objeto de rechazo y miedo por parte de la sociedad que debería acogerlos. Y una vez allí dentro…
“… es una inmensa sala de espera incomunicada con el exterior donde el tiempo pasa lentamente, donde no hay nada más que hacer que esperar sin saber bien por qué estás allí, para qué, hasta cuando… son prisiones para inmigrantes indocumentados, con privaciones que afectan a los derechos fundamentales de la persona”.
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Los trabajadores de Migra Studium trabajan para ofrecerles información sobre su situación, sus derechos; denuncian la falta de tiempo con la que avisan a los internos de que serán deportados, sin dar conocimiento ni oportunidad a sus familias a despedirse, o ir a recibirlo en sus países de origen; luchan para que el análisis social que hace el juez para decidir si una persona es expulsable, o no, se haga previamente al internamiento y así evitar el sufrimiento del más del 45% de las personas que son encerradas en los Cies por un periodo mínimo de un mes y que luego no acaban siendo deportadas. “Estos centros están criminalizando el rostro de la pobreza en las personas que se encuentran en nuestro país sin autorización administrativa de residencia” afirmaba Pons, y aseguraba que se han encontrado con continuos casos de personas que están siendo encerradas y evaluadas a pesar de contar con mucho arraigo social, con toda la familia aquí incluso con menores a cargo, personas con residencia de larga duración, que están recibiendo una prestación social, mujeres embarazadas las cuales pueden poner en riesgo su salud o la de su hijo, menores de edad… Ante esta situación Quim Pons y sus compañeros no están solos en la tarea de acompañar a los migrantes internados en los CIES, y ya desde hace un tiempo otras entidades y plataformas como SOS Racismo o Tanquem els CIES se han unido con la Fundación Migra Studium para conseguir que estos centros de vulneración de los derechos humanos desaparezcan. Es un trabajo codo a codo al lado de los más vulnerables, pero también es un agotador trabajo de denuncia social, de concienciación ciudadana, de responsabilidad común: “el inmigrante, cuando llega, se da cuenta que no sólo hay las fronteras físicas sino también unas fronteras invisibles que generamos todos con nuestras actitudes…”. La lucha es ardua, pero perseverantes, siguen en el camino.
Ahondando más en el drama de la persona migrante, le tocó el turno a la periodista, activista e investigadora Helena Maleno, quien confrontó al auditorio explicando el infierno que viven tantos hombres y mujeres en tránsito, en la frontera sur de Europa. Allí rige la ley del más fuerte y se ha barrido cualquier atisbo de derechos humanos bajo un discurso de conflictos. Los migrantes dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en simples peones para las disputas entre estados. Maleno trabaja en Tánger -en primera línea de fuego- en una plataforma de activistas llamada Ca-minando Fronteras, que trata de defender y dignificar el tránsito de estas personas. Personas quienes vienen buscando unas oportunidades que las democracias europeas aseguran que deben ser para todos, para luego ser empujados al vacío en un país que dice ser justo pero no lo es. No sólo España y el reino de Marruecos juegan a ser dioses: las entidades que trabajan en estas zonas están denunciado que la violencia en los espacios fronterizos ha aumentado, y esto ha ocurrido bajo directrices de los estados de la Unión Europea. Este hecho se ve favorecido por la falta de reglamento internacional – porque ya interesa de esta forma- y promueve de forma alarmante las devoluciones en caliente; según Helena Maleno
“… las negociaciones políticas que inciden en los derechos humanos de los ciudadanos no tienen fundamento teniendo en cuenta que en la frontera sur no rigen ni las leyes nacionales ni los convenios internacionales, rigen los acuerdos bilaterales entre el reino de Marruecos, la Unión Europea y el estado español”.
La activista manifestó tácitamente que detrás de estas estrategias bélicas contra los migrantes también hay intereses económicos, como el encargo a empresas para material de protección, artefactos de guerra, cuchillas para la construcción de vallas, etc.; de esta forma, se ha iniciado la guerra del miedo contra aquellos que osan tratar de cruzar fronteras y la falta de protocolos, la militarización sin control y las acciones antidisturbios pasan a ser avaladas por el estado. Con todo, ha habido un aumento de torturas, de tratos inhumanos y degradantes, incluso con los cuerpos sin vida de personas. Se ha negado el auxilio a las personas vivas y el derecho a velar el cuerpo de los que han encontrado la muerte en el camino. Es por esto que uno de los trabajos de la plataforma Ca-minando Fronteras es visitar las morgues, reconocer a los muertos e intentar reagrupar a las familias de los países de origen de esas víctimas.
Por otra parte, otro aspecto que destacaba Helena Maleno es el tema del género: si en el caso de un hombre migrante su vida carece de valor, no se puede decir lo mismo de las mujeres en tránsito, aunque en este caso su valor es económico: ellas sí son aceptadas como futura mercancía, básicamente para la explotación sexual en distintos mercados de la Unión Europea. Ya en su viaje hacia los países de destino han tenido que vivir situaciones de abuso sexual, que deciden no verbalizar y sufrir en silencio para no ser estigmatizadas en sus lugares de origen.
Maleno aseguró que son muchas las decisiones e informaciones que son negadas a los ciudadanos y que tenemos derecho a saber, que la frontera sur ha pasado de ser un problema –que hay que resolverlo-, a un conflicto – que debe ser ganado a toda costa. Es una guerra donde todos los derechos se ven vulnerados y donde sólo hay un bando en actitud violenta. Aquel que tiene el poder y se sabe ganador. La periodista quiso dejar claro un mensaje:
“Esta no es nuestra guerra, nosotros queremos que la frontera sur deje de ser un espacio de violencia para convertirse en un espacio de acceso a derechos”.
Las jornadas concluyeron con el testimonio de la trabajadora social y pedagoga Rosa Cendón, que trabaja desde hace 20 años acompañando a mujeres en situación de trata con las hermanas Adoratrices en Sicar Cat. Ellas iniciaron este proyecto el año 2002 a petición expresa de la policía nacional, que debía hacer redadas y se encontraba con que no sabían qué hacer con las mujeres a las cuales sacaban de contextos de trata en una situación de vulnerabilidad absoluta.
Gran experta en la trata en España, Cendón puso sobre la mesa el concepto de esclavos y esclavas del s.XXI. No sólo son mujeres, ni son todas inmigrantes, ni todas –aunque la mayor parte- son destinadas a comercio sexual, también se dan explotaciones para fines laborales, de mendicidad, de tráfico de órganos etc. El contexto que envuelve esta realidad es sensible y complejo, y hay muchos agentes implicados. Es necesario diferenciar entre el tráfico y la trata, ya que pueden existir en una misma situación pero no es condición obligatoria; si bien en el tráfico hay un cruce de fronteras ilegal y se convierte en un delito contra el estado pero no siempre existe una situación de coacción y explotación hacia la persona traficada; en el caso de la trata –que sí puede incluir el tráfico- se dan una (o las tres) situaciones de acción –captación, transporte, traslado y acogida-, medio – coacción, secuestro, engaño, fraude, abuso de poder- y/o finalidad -someter a una persona a explotación donde la persona pasa de ser un sujeto a un objeto que genera un lucro a terceros.
En el caso de la prostitución Rosa Cendón aclaraba que hay muchos tipos de prostituciones y que no todas las mujeres son víctimas, ya que hay personas que deciden hacerlo de forma voluntaria y libre, y algunas lo hacen como estrategia de supervivencia pero sin ser obligadas a ello. Esto sí, ante la trata su postura era firme:
“… lo que es más justo es individualizar cada caso, saber en qué situación se encuentra. En el caso de las mujeres en situación de trata tenemos que tener claro que es un delito, más allá de nuestra opinión sobre la existencia de la prostitución”.
Teniendo en cuenta lo delicado del tema, en Barcelona se le suma la normativa municipal – que no es muy distinta a cómo se plantea en otras ciudades- que empeora la situación de estas mujeres:
“… con la ordenanza municipal, lo que se consigue es que, criminalizándolas, sean empujadas a espacios cerrados donde sean más vulnerables y haya menos control y se pueda tener menos acceso a ellas por parte de las entidades que trabajan para defenderlas y acompañarlas, favoreciendo así su invisibilidad y su desprotección”.
Hay un marco legal que, cuando empezaron en el 2002 era muy precario, casi inexistente, basado básicamente en el protocolo de Palermo, que se ha ido desarrollando y que a pesar de no ser el óptimo es el paraguas que ampara a los trabajadores para acompañar a las víctimas y para intentar cambiar las lógicas internacionales, estatales y autonómicas que a menudo entran en conflicto entre sí. Estas miras son muy cortas, y a menudo no protegen a las personas más vulnerables porque el problema afecta mayoritariamente a migrantes que son concebidas como víctimas de segunda. Cendón avisó de la importancia de conocer estas complejidades a la hora de trabajar como educadores puesto que son el marco en el que deberán lidiar día a día:
“Desde lo social nos falta empoderarnos más en cuanto a incidencia política y debemos hacerlo porque es desde donde podemos hablar; hay que aprovechar las fisuras que unos aprovechan para traficar, nosotras podemos usarlas para construir este camino de derechos para todas las personas”.
Remarcó otros retos que deben asumir los profesionales: la importancia de dar voz pública a la víctima, porque ellas no tienen la fuerza, condiciones e infraestructura para erigirse como un lobby; escuchar cuáles son sus necesidades más allá de las que el profesional cree que tiene; denunciar paradojas e injusticias:
“… las sacamos de contextos de explotación para meterlas en contextos de precariedad, decidiendo sus prioridades: una persona que ha pasado por situaciones tan difíciles, que no tiene nada… quizás lo prioritario no sean los papeles… sino una vivienda, necesidades básicas, apoyo psicológico… se habla de que las rescatan, pero que pasa luego con ellas?”
Finalmente, para acabar jornada, se hizo un llamamiento abogando por un cambio de mirada social, dejando de ver a las personas migrantes como víctimas, para verlas como ciudadanas de derecho y merecedoras de todo aquello que un día el pueblo decidió que debía estar al alcance de todos: los derechos humanos.
