La Renta Básica como instrumento de lucha por la justicia social. Implicaciones para el mundo de la educación

Introducción

Es bien conocido que la pobreza y la exclusión social son problemas sociales cuya base no reside en la escasa capacidad de nuestras sociedades para generar riqueza, sino en los deficientes mecanismos y sistemas para su justa y equitativa redistribución social.

Problemas de redistribución cuya solución no está en la puesta en marcha de medidas técnicas – no se han implementado las estrategias impositivas adecuadas, o no se ha garantizado la transparencia y buena gobernanza en el sector público, o no se ha asumido por parte del mundo empresarial los instrumentos de responsabilidad social corporativa, etc.-. Sino que encuentran su origen en las propias contradicciones del funcionamiento del sistema capitalista (Harvey, 2013; Piketty, 2014), contradicciones que han sido exacerbadas bajo el formato neoliberal que el capitalismo ha asumido desde los años 80 en todo el mundo. Cada vez se crea más riqueza, pero esta se concentra cada vez en menos manos, valga como ejemplo que en España el número de millonarios ha aumentado en más de 70 % desde el inicio de la crisis de 2008. Según Chacel (2017), no solamente hay un mayor número de grandes fortunas, sino que el volumen de riqueza que acumulan ha ido aumentado constantemente en los últimos 6 años. Mientras que al mismo tiempo la desigualdad, la precariedad y la pobreza se mantienen o incluso aumentan, por ejemplo, en España el riesgo de pobreza es de un 22% y un 15% de trabajadores son pobres. En los años más duros de la crisis la tasa de pobreza rozó el 30%. En todo el mundo, casi 3000 millones de personas sobreviven con 2$ al día (Díez Gutiérrez, 2018).

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Es por tanto necesario un cambio revolucionario que transforme la sociedad, no a través de cambios o reformas superficiales de carácter cosmético, sino mediante propuestas que aboguen por una transformación radical y profunda de la sociedad.

La educación, una educación crítica y emancipatoria, es un instrumento necesario en la lucha por una sociedad inclusiva, justa e igualitaria, puesto que esa educación fomenta el desarrollo de valores pro-sociales y solidarios en la persona, a la vez que contribuye a entender el mundo del trabajo como un espacio donde poder devolver a la sociedad lo que esta ha invertido previamente en la formación de las personas. Es decir, dar utilidad social y significatividad personal a los puestos de trabajo, de modo que estos no sean simples medios a través de los cuales acceder a la esfera del consumo y contribuyan al desarrollo y crecimiento personal.

Sin embargo, la educación ni es el único instrumento ni en sí misma es suficiente para la transformación social. Tiene que ir acompañada de otras iniciativas transformadoras las cuales, actuando en red, conformen una estrategia de cambio social que contribuya a avanzar hacia una sociedad más justa. Me refiero a que, partiendo de las propias contradicciones del orden social hegemónico, se vayan generando los espacios, las experiencias y las prácticas que puedan contribuir a sembrar las semillas de un nuevo orden social dentro de las grietas del viejo orden social dominante.

Así, partiendo de la precariedad, la pobreza, la desigualdad y la marginación ha surgido con renovado interés en los últimos años, la propuesta de la Renta Básica como instrumento de transformación social. En las siguientes líneas me propongo desarrollar esta propuesta y qué implicaciones puede tener para el mundo de la educación y para la lucha por la justicia social.

¿Qué es la Renta Básica?

La Renta Básica es una medida que busca superar las limitaciones de las prestaciones de lucha contra la pobreza, como puedan ser las rentas mínimas de inserción, las ayudas de emergencia social o los subsidios por desempleo. No se restringe a paliar asistencialmente la pobreza, sino que puede considerarse un instrumento para la transformación social. No es una herramienta de lucha contra la pobreza, sino que es un instrumento de lucha por la justicia social.

La RB es una prestación económica de carácter periódico otorgada a la ciudadanía por el Estado como parte de los derechos de ciudadanía social, al igual que ocurre con educación, la sanidad, etc. En otras palabras, el estado se responsabiliza de que cada persona tenga derecho a una vida digna, por el hecho de ser ciudadano. Es una propuesta que aparece inicialmente en el mundo académico durante los años 80 y en donde destaca el artículo de Philippe van Parijs y de Robert Van der Veen A capitalist road to communism, publicado en 1986 el mismo año en que se fundó la Red Global de Renta Básica (B.I.E.N.). En el ámbito español (Rodríguez Fernández y Díez Gutiérrez, 2018) se comienza a debatir esta propuesta en la década de los 90 fundamentalmente con las aportaciones de los economistas Raventós (1999) y de Iglesias Fernández (1998 y 2002). A lo largo de las décadas siguientes ha ido ganando espacio tanto en el debate político como público y especialmente en el movimiento social reivindicativo, en donde movimientos sociales de protesta como el 15-M u Occupy Wall Street asumieron esta medida entre sus diversas reivindicaciones. Fruto de este interés, han ido apareciendo varios estudios -algunos promovidos por administraciones públicas e instituciones financieras, otros promovidos por iniciativas comunitarias de base[3], que exploran la viabilidad técnico-económica de esta propuesta, así como diferentes experiencias piloto, en donde destaca la iniciativa puesta en marcha por el gobierno finlandés en el periodo 2017-18 para estudiar los efectos de la implantación de un sistema de renta básica en el país (Standing, 2018).

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La Renta Básica (Raventós, 1999 e Iglesias Fernández, 2002) en su concepción genérica se caracteriza por los siguientes elementos estructurales:

• Es individual, pues se otorga a la persona y no a la unidad familiar como ocurre con las prestaciones económicas de lucha contra la pobreza. Es por tanto un derecho de carácter individual.
• Por otra parte, es universal e incondicional dirigiéndose a toda la ciudadanía, no únicamente a colectivos en riesgo, y se entiende como un derecho social independiente de la situación social, laboral, económica, etc. de la persona. Desvinculándose su percepción de la obligatoriedad de participar activamente en las actividades y cursos de formación establecidos en el itinerario individualizado de inserción social.
• Por último, es suficiente al dar respuesta a las necesidades sociales y vitales básicas pues su cuantía se sitúa por encima del umbral de la pobreza. Los programas de ingresos mínimos no ofrecen una cuantía superior al umbral de pobreza y por ello no permiten dar respuestas a necesidades sociales tan básicas como el alojamiento. La cuantía media de la Renta Mínima de Inserción en España es de 435€, en muchos casos simplemente el alquiler de una vivienda ya supera ampliamente esa cuantía y es que los programas de lucha contra la pobreza son un simple parche dirigidos más bien a evitar la revuelta social (Rodríguez Fernández, 2016). Un pequeño peaje que el capitalismo paga para poder seguir legitimándose como orden social dominante.

La Renta Básica como instrumento de transformación social

La primera y más obvia de las potencialidades para el cambio social radical es que la puesta en marcha de una Renta Básica contribuiría poderosamente a la erradicación de la pobreza derivada de la falta de ingresos económicos (Rodríguez Fernández, 2016). Este instrumento implica una redistribución de la riqueza con un alcance mucho mayor que el conseguido por los programas de ingresos mínimos, que se dirigen únicamente a sectores sociales marginados y excluidos del mercado laboral. La Renta Básica es una propuesta dirigida al conjunto de la ciudadanía, no es una medida caritativa y paternalista dirigida a las personas pobres, es universal y no conlleva el estigma social de las “ayudas para pobres”.

La segunda de las posibilidades se centra en reestablecer el equilibrio de fuerzas entre el mundo del capital y el mundo del trabajo, al fortalecer la posición social de los trabajadores de cara a las negociaciones laborales (Standing, 2013). De esta forma, se potenciaría la mejora de las condiciones laborales y se reduciría la precariedad, al existir un colchón económico que permitiera al trabajador tener mayor libertad y capacidad de negociación para escoger los puestos de trabajo (Rodríguez Fernández, 2020). Pasaríamos del modelo draconiano actual de “o lo tomas o lo dejas” a un modelo en el que el trabajador podría exigir unas condiciones de trabajo justas y dignas.

Una tercera potencialidad de la Renta Básica es que se reduciría significativamente el papel de las estructuras burocráticas típicas de los programas de transferencias condicionadas. Al ser una prestación universal e incondicional no sería necesario el aparataje burocrático dirigido -al menos formalmente- a la supervisión y valoración de las condiciones de las personas solicitantes. Vinculada a esta potencialidad, se abrirían nuevas oportunidades y espacios para que los profesionales de lo social (educadores, trabajadores, psicólogos…) no solamente pudieran dedicar más tiempo al trabajo socioeducativo directo, sino que además éste pudiera tener un mayor componente de transformación y movilización social. Siguiendo a Gil y Candedo (2019), la labor de estos profesionales, en el contexto de una Renta Básica no desaparecería, sino que se redefiniría hacia formas basadas en el trabajo social de carácter comunitario y preventivo, alejándose del marco burocrático actual de control, supervisión y gestión de recursos (Rodríguez Fernández, 2016 y 2018). En otras palabras, dejarían de “contar pobres” –elaborar informes, estadísticas, perfiles de exclusión, etc.- y de “gestionar la marginalidad” –controlar si las personas cumplen o no los compromisos establecidos en sus itinerarios de inserción, si acuden o no a las citas con los profesionales, etc.-. En esta concepción tecnocrática y burocrática del trabajo social y educativo con las personas empobrecidas, subyace una profunda concepción paternalista que infantiliza a personas adultas empobrecidas y marginadas y que hace que un porcentaje significativo de potenciales beneficiarios de estas prestaciones no las soliciten (Bargain, Immervoll y Viitamäki, 2012).

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Otro de los objetivos que se relacionan con la implantación de la RB es el fomento de la participación ciudadana y de formas de organización basadas en el cooperativismo y municipalismo (Wright, 2001). En este sentido, favorece el desarrollo de iniciativas emprendedoras, al garantizar un colchón económico que permita el desarrollo de proyectos innovadores y que en el contexto económico actual tienen que afrontar grandes dificultades para su puesta en marcha: incertidumbre en relación con su éxito futuro, su posible rentabilidad o la dificultad para acceder a financiación por parte de las entidades bancarias. Así, la Renta Básica favorecería la puesta en marcha de proyectos personales novedosos y con posible potencialidad significativa para el propio sujeto, es decir, un verdadero emprendimiento. Algo muy diferente del que se promueve hoy en día bajo el marco del neoliberalismo, en donde tanto el estado como el mundo empresarial no asumen su responsabilidad a la hora de crear puestos de trabajo y la trasladan a la propia persona, quien es la que se tiene que buscar la vida a través de la iniciativa emprendedora. Una figura la del emprendedor muy útil para el neoliberalismo, porque precariza, individualiza y debilita aún más la posición social del trabajador (Standing, 2013).

Implicaciones para la educación

Desde el marco que ofrece la Renta Básica, el mundo de la educación cuestiona los principios del Capital humano (Becker, 1964). Para esta teoría, toda educación es concebida como formación para la inserción laboral y como un subsistema del tejido productivo dirigido a proveer las habilidades profesionales solicitadas por el mundo empresarial.

Al romper con el sometimiento a las necesidades del tejido empresarial y con la centralidad del fomento de la empleabilidad como instrumento de activación laboral, la educación se abre a espacios en donde sería más factible poder trabajar contenidos de relevancia político-social que sirvan para poner sobre la mesa las falsedades y las tergiversaciones de la ideología dominante, que sirvan para analizar la utilidad social de los diferentes puestos de trabajo y que fomenten otro tipo de valores diferentes a los defendidos por el pensamiento neoliberal y que se sustenten en el apoyo mutuo y la solidaridad. Es decir, a potenciar el valor de uso social de la educación.

Una educación inclusiva dirigida a la transformación social debería incluir contenidos y metodologías didácticas que fomenten la reflexión crítica sobre aquellas cuestiones que nos afectan directamente a las personas implicadas en la acción educativa, tanto educadores como educandos. Así, el origen y las consecuencias de la precariedad laboral, la utilidad social de los oficios para los que se está formando, el impacto medioambiental que estos puedan tener, la privatización de la educación y otros servicios públicos, entre otros aspectos y contenidos que sean de relevancia social para las personas participantes y para la propia comunidad donde se desarrolla la acción educativa (Rodríguez Fernández, 2013). Planteamientos que son secundarios para la óptica del pensamiento neoliberal, con su énfasis en la empleabilidad y en la transmisión de competencias profesionales.

Pero también bajo el marco de una Renta Básica, la educación asumiría plenamente el principio de “la educación a lo largo de toda la vida”, no desde el punto de vista del capital humano, que nos aboca al consumismo educativo para aumentar las credenciales formativas en la lucha individual por los escasos y precarios puestos de trabajo, sino como una actividad humanista de disfrute y de desarrollo personal. Adquirir más conocimientos y saberes, compartir y discutir lo que uno sabe con más personas, por el mero placer y disfrute de enseñar y de aprender.

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La Renta Básica contribuye a deshacer uno de los principales problemas que ha generado el discurso neoliberal en educación y es el del desequilibrio entre valor de uso y valor de cambio de la educación. Uno de los pilares teóricos del discurso neoliberal en educación es el de las teorías del capital humano, las cuales han contribuido por un parte a devaluar las credenciales formativas –ya que cada vez es necesario tener más titulaciones para poder acceder a un puesto de trabajo que cada vez es más precario-; y por otra parte, a considerar que la educación es un mero medio con el cual obtener algo a cambio, perdiendo de referencia los aprendizajes o el disfrute personal que se pueda conseguir y cayendo en la espiral del consumismo educativo.

Piensen que el problema de nuestras sociedades, no es que la juventud o los trabajadores estén mal o poco formados para las necesidades del tejido productivo –como argumenta la teoría del capital humano, de ahí su énfasis en la formación continuada, en el modelo por competencias y en la búsqueda de sintonía entre los sistemas educativos y las necesidades empresariales-; sino que el problema actual es la inexistencia de puestos de trabajo disponibles. En el capitalismo neoliberal las vías para aumentar las tasas de rentabilidad no pasan necesariamente por aumentar el volumen de puestos de trabajo, sino por aumentar la rentabilidad a través de la explotación laboral, a través de la automatización del trabajo y en definitiva a través de la generación de un “ejército de reserva” que contribuya a disciplinar y a precarizar aún más a la clase trabajadora (Harvey, 2013).

Pensemos que, según EUROSTAT (2018) en Europa hay un 2% de puestos de trabajo vacantes, en España un mísero 0,8%, prácticamente no hay puestos de trabajo disponibles. La tasa de desempleo en Europa es del 10% aproximadamente, en España ronda el 17% y en la población menor de 25 años supera el 50%. ¿Cómo es posible entonces que la educación por sí misma contribuya a generar en el mercado de trabajo los suficientes puestos de trabajo para poder absorber a toda esta población trabajadora excedente? Es una tarea imposible, que nos aboca al consumismo educativo, a la competitividad individual por los escasos puestos de trabajo disponibles y a la precarización de las condiciones laborales: o lo tomas o lo dejas…

En ese sentido, la Renta Básica se muestra como un mecanismo especialmente potente a la hora de equilibrar la balanza entre el Capital y el Trabajo y a la hora de reducir la supremacía del ideario neoliberal de la empleabilidad y la mercantilización de la educación.

Conclusiones

Los efectos de las políticas neoliberal, que llevan implementándose desde los años 80 en todo el mundo con mayor o menor resistencia, son constatables en los siguientes aspectos:

• Aumento de las desigualdades en todo el mundo, a pesar del crecimiento económico y de la mayor capacidad para generar riqueza y productividad.
• Degradación y erosión del empleo como instrumento privilegiado de inserción social y de acceso a los derechos de ciudadanía.
• Devaluación y pérdida de sentido de la educación. La educación tiene cada vez menos valor de uso –no forma para lograr ciudadanos responsables y con capacidad para leer críticamente los problemas que nos rodean-, pero también tiene cada vez menos valor de cambio en términos de acceso al mercado laboral. Este doble movimiento aboca al conjunto de la población al consumismo educativo y a la competitividad por los cada vez más escasos y precarios puestos de trabajo disponibles.

Ante este tipo de problemáticas han ido surgiendo diferentes propuestas transformadoras –decrecimiento, trabajo garantizado, etc.- entre las que cabe destacar la Renta Básica. Esta propuesta, partiendo de las propias problemáticas que el capitalismo neoliberal genera, establece los espacios y las prácticas que permiten pensar alternativas y movernos hacia el logro de una sociedad inclusiva y justa para todos. La educación, bajo esta propuesta, se abriría a nuevos horizontes y dejaría de ser rehén de los principios neoliberales del capital humano y de la empleabilidad, actuando como un vector más en la estrategia hacia una sociedad más igualitaria.

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