Jordi Mena. Educador social y antropólogo. Responsable de seguimiento y evaluación municipal de la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Concejal del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès.
Este escrito no tiene otra intención que aportar unas breves reflexiones, fruto de mi práctica profesional y dedicación cívica, en que la relación entre política y praxis educativa siempre han ido de la mano; desde mis inicios como educador comunitario en el barrio del Carmel; coordinador de educadores en Barcelona, pasando por trabajos más técnicos en el Ayuntamiento de Barcelona como director de un centro cívico en un barrio como Baró de Viver, hasta jefe de zona en el distrito de Sant Andreu o jefe de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Más adelante, en cargos técnicos de dirección que no estaban relacionados directamente con la intervención social. Otras actividades paralelas han sido la responsabilidad de una ONG de trabajo con inmigrantes y refugiados a lo largo de los años, y mi experiencia como concejal, en gobierno y oposición durante seis años, en mi ciudad de residencia, Cerdanyola del Vallès.
Antes de empezar, me gustaría hacer una distinción entre política y políticas. En un sentido amplio, entendemos por política aquello que tiene que ver con las relaciones entre los ciudadanos; pero se trata de un concepto demasiado impreciso ya que implica que todos somos políticos y que todos hacemos política, sea cual sea nuestra actividad. Por lo tanto, sería más preciso decir que las relaciones siempre acaban siendo relaciones de poder y que, en su vertiente política, quedan marcadas y condicionadas por los gobiernos que gestionan el espacio público, en forma de partidos políticos y procesos electorales. No obstante, la gestión del espacio público no sólo queda en sus manos, sino que también la ciudadanía, individual o asociativamente, organiza las voluntades políticas.
Aparte de regirnos por las leyes que establece el Parlamento y por las administraciones que las gestionan, la realidad social es algo omnímodo como para tener una norma que lo englobe todo. Podríamos decir que la Constitución y el Estatuto marcan unas directrices generales, pero que más allá están las políticas que establecen las pautas y normas en los diversos aspectos de nuestra vida en común: políticas sociales, económicas, de vivienda, etc.
A pesar de tratarse de un tema excesivamente amplio y profundo, querría señalar que es necesario ver la educación social como un marco teórico que influye en los procedimientos de acción política.
Personalmente, creo que cuanto más democrática y respetuosa con la autonomía de las personas es la acción política, más se ajusta a los postulados finales de la educación social. También querría plantear otra cuestión, de la cual me atrevo a hablar con más conocimiento, que es la relación de la acción política con los educadores y educadoras; su rol, sus funciones y sus prácticas, así como el papel que hacen las personas que ejercen profesionalmente la educación social en la configuración de las políticas públicas. En el fondo estaremos hablando de la relación existente entre políticos y técnicos, entendiendo a los profesionales de la educación como técnicos.
Antes de pensar sobre nosotros mismos como profesionales de la educación social, puede ser más esclarecedor empezar conceptualizando brevemente el rol de los políticos.
En algunos casos, la percepción inmediata que la gente que trabaja en la Administración pública en intervención social tiene de los políticos, es que ellos son los responsables de que tengamos más o menos recursos; los que quieren salir en las fotos; a los que debemos adecuar muchas veces nuestros ritmos de trabajo según sus calendarios; de los que sufrimos sus peleas y que, en ocasiones, nos hacen perder un tiempo precioso para nuestro trabajo. Para aquel que hace una reflexión más teórica desde el mundo universitario, los políticos son los que han de tomar decisiones sin conocer muy a fondo el tema que tratan, que alargan muchas veces las decisiones sin demasiado sentido, o que nos hacen trabajar para después aprovechar solamente una parte de nuestro importante trabajo reflexivo cuando nos lo piden. Y así podríamos seguir en muchos otros ámbitos.
Pero no debemos perder nunca de vista una cualidad muy singular: son los representantes de la voluntad popular, con más o menos gracias según los casos, y aquí sí que depende mucho de las personas con las que nos cruzamos. Sin embargo, se trata siempre de los representantes de esta voluntad popular. Esto les da una autoridad absolutamente legítima que nosotros debemos respetar (otra cuestión es que, como ciudadanos y quizás también como educadoras y educadores, estemos de acuerdo con ellos).
La función de los políticos es establecer qué, por qué, para qué y con qué debemos trabajar. En otras palabras, son los que definen las políticas públicas.
Por supuesto asumen también otras funciones en un sistema democrático (saber escuchar a todo el mundo, saber comunicar, negociar en el partido y en los órganos de gobierno y oposición…), pero en este análisis, estas funciones no tienen una importancia primordial.
Son los responsables políticos a quienes toca definir qué política específica hay que seguir. Esta formulación puede venir nutrida y conformada de muchas y diferentes maneras: por capacidad propia y directa de este responsable o para recoger la información necesaria de expertos o colaboradores en la mayoría de las ocasiones. En cualquier caso, quien decide en última instancia su formulación y, por lo tanto, es el responsable, es un político determinado.
Es esta instancia política la que tendrá que justificar esta decisión con un diagnóstico, una lectura de la realidad determinada, objeto de la aplicación de esta política, donde habrá identificado una necesidad concreta. Que explique por qué quiere hacerse algo y, en general, a partir de qué demanda surge.
En coherencia con lo anteriormente expuesto, es lógico esperar que se haga explícito lo que se quiere conseguir con esta directriz política; cuáles son los objetivos que quieren conseguirse con estas actuaciones, y cómo se espera que quede transformada esta situación específica de la realidad, abordada por esta política en particular.
Finalmente, sería necesario saber qué parte de los recursos públicos se ponen en juego en la aplicación de esta determinada política. Hay quien dice, y yo estoy de acuerdo, que lo que no queda recogido en los presupuestos de una administración (la que sea) es que no existe, es sólo humo, es discurso. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿qué proporción de recursos económicos, que incluye tanto los gastos como los recursos humanos y técnicos, se destina para hacer determinadas actuaciones?.
Estas funciones básicas, unidas a la toma de decisiones, son las que configuran el rol de la política. Es decir, de los políticos. Como también lo son, en otro nivel, el liderazgo y las interlocuciones.
Dicho esto, los más veteranos sabemos que muchas veces hay políticos a los que les encanta hacer de técnicos, es decir, les encanta definir cómo deben realizarse las actuaciones específicas. Y esta función, obviamente, no es la suya. Como también que en muchos casos (y cada vez menos) la definición de las políticas las hemos realizado técnicos. A mi entender, esta situación se explica más por la historia reciente de reconquista de la democracia (en términos históricos, veintitantos años no son tantos, aunque para muchos sea el conjunto de su vida adulta) y por el largo vacío de los 40 años de la noche franquista. A veces esta confusión también ha podido hacer pensar a alguien que los técnicos, en la medida en que elaboran propuestas, deben cumplir esta función, que conduce a una especie de tentación tecnocrática que también confunde los papeles. Sin embargo, la decisión de hacerse, de sancionarse, siempre es una función política y de los políticos.
Es importante identificar dónde realizamos nuestra práctica profesional para identificar cuál es nuestra relación con la generación de políticas.
Según el tipo, el carácter o el ámbito de esta relación educativa, hacemos un abordaje u otro hacia las políticas. Lo analizaremos de una manera un poco más esquematizada.
El tipo de relación educativa puede ser directa e indirecta con los sujetos susceptibles de llevar a cabo nuestra acción educativa.
Cuando esta relación es directa, al estar en primera línea de una relación educativa, somos profesionales de primer orden para poder leer y analizar la realidad social en que nos movemos técnicamente. Somos privilegiados en facilitar la información (nuestra principal herramienta de trabajo, catalizada en forma de conocimientos) que, en forma de necesidades o demandas, se genera en el transcurso de nuestra práctica educativa. Suministramos el material del que se nutren los diagnósticos de trabajo que han de dar pie a la elaboración de hipótesis que acabarán siendo políticas.
Cuando esta relación es indirecta, porque trabajamos en ámbitos más unidos a la gestión o al conocimiento, facilitamos la capacidad de establecer objetivos, contextualizando y procesando la información disponible, contrastándola con visiones más teóricas o hipotéticas.
También se puede definir según el carácter de esta acción educativa, ya sea de aspecto más preventivo, o de intervención directa.
En el primer caso, si hacemos intervención directa, también el carácter de nuestra información es más caliente, más mediatizado, más sintomático. En el segundo caso, la relación con las políticas es de cariz más estratégico, de facilitar información para las definiciones en los objetivos a medio y largo plazo.
Finalmente, el hecho de que nuestra intervención se haga dentro o fuera de las administraciones públicas, influirá en el talante de esta intervención con relación a las políticas.
Desde las propias administraciones, la información tiene un carácter más institucional, por tanto más jerárquico y donde las relaciones de poder organizacionales tienen un peso mayor. Para decirlo claramente, la intensidad de la información es más caliente y directa, pero su peso e influencia es más discrecional, por su condición de obligatoria.
Desde fuera, la información es de más difícil acceso, pero cuando se produce, suele estar más regulado: consejos asesores, comisiones de seguimiento, etc.
A todo lo que he expuesto anteriormente hay que añadir un elemento que escapa a la dimensión más esquemática y breve de este análisis. Se trata de la contextualización de todo lo anterior en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos entenderlo en el despliegue relativamente reciente de las políticas de bienestar tanto en España como en Catalunya, tanto desde el punto de vista cualitativo (enfoque, conceptualización, orientación…), como cuantitativo (alcance, recursos, ámbitos…).
Por todas las razones y los argumentos citados hasta ahora, de una manera u otra, en nuestra acción educativa estamos permanentemente proporcionando información para la elaboración de políticas a quienes corresponde hacerlo.
¿Requiere nuestra obligación profesional que seamos conscientes del marco sociopolítico en que se inserta nuestra actividad laboral y que contribuyamos mediante nuestra actividad profesional, a la superación de los desequilibrios económicos, sociales o culturales que se sufren? Pues sí y no. Sí, en la medida en que tenemos la obligación de expresar y dar a conocer las causas y los obstáculos producidos por determinadas situaciones que influyen y condicionan el objeto de nuestro trabajo. No, en la medida en que si estamos dentro de las estructuras de una administración pública, por ejemplo, nuestra actividad ha de orientarse a los objetivos de la planificación que los políticos del gobierno, sea cual sea el partido que gobierne, tienen definidos: decir lo que vemos y pensamos, según nuestros conocimientos y de acuerdo con el rol que ostentamos, y realizar los encargos institucionales que nos han encomendado.
Tan incorrecto sería mantener una postura de fuerza, porque nosotros sí que entendemos la realidad y tenemos la verdad -posición absolutamente dogmática- acompañada de soluciones técnicas (postura tecnoburocrática opuesta a una visión más democrática), como aceptar ciega o resignadamente cualquier encargo que recibamos, que sería una postura poco profesional y técnica, que asumiría un rol conformista, acrítico y de viejo funcionario de la peor tradición.
Pero estoy convencido de que hoy, los profesionales de la educación social tenemos un marco idóneo para influir en la definición y elaboración de las políticas, tanto las relacionadas directamente con nosotros y nuestra acción, como también las de carácter más indirecto.
Y hacerlo de la manera que más fuerza y más intensidad tiene: la fórmula colectiva.
Efectivamente, como ya habrán acertado la mayoría de los lectores, esta fórmula es posible si utilizamos la herramienta que muchas educadoras y muchos educadores a lo largo de bastantes años hemos ido construyendo con no pocas dificultades: nuestro colegio profesional.
Sí, ya lo sé, no es ningún invento ni novedad. Lo estamos haciendo desde el inicio de nuestra actividad común, diseñando y trabajando en comisiones de trabajo específicas, participando en jornadas y seminarios, organizando nuestros congresos, participando en mesas con otros colectivos profesionales… Definiendo propuestas, elaborando argumentaciones, buscando complicidades…
Pero es que ésta es la actividad más noble y más importante que se debe hacer desde el Colegio: defender el interés general y el interés público de nuestra actividad educativa. Esta es la única garantía que también nos permitirá defender nuestros intereses propios y personales. Hacerlo al revés tan solo nos llevaría a un encierro corporativista, en el que nosotros somos nuestro propio ombligo, y perderíamos la capacidad de influir en la construcción de políticas públicas. Únicamente se nos consultaría cuando se creyera que somos susceptibles de organizar algún conflicto social, en la definición de alguna política, y se nos quisiera neutralizar.
Porque la voluntad de influir en la definición de políticas no tan solo es absolutamente lícita –ya que recoge las ambiciones y aspiraciones de muchos y muchas educadores y educadoras que dimos origen a la realidad tan notable del que hoy es el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya- sino que, además, es absolutamente necesario. Esto es lo único que nos garantizará la legitimidad ante la sociedad y ante el colectivo de los políticos.
No olvidemos nunca que cualquier organización se crea para resolver alguna necesidad social. Cuando no dan respuesta a ninguna necesidad, envejecen y se convierten en un estorbo. Y ninguna organización se mantiene teniendo como clientes a sus propios participantes si quiere perdurar e influir en su entorno; es decir, si quiere hacer política.
