Dr. Jordi Solé Blanch. Pedagogo en el EAIA Supracomarcal del Baix Penedès i l’Alt Camp. Profesor Asociado del Departamento de Pedagogía de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona.
En este artículo realizamos algunas reflexiones a partir de nuestra experiencia en el trabajo comunitario con jóvenes residentes en urbanizaciones de una amplia zona rural de la comarca del Baix Penedès en Catalunya. A partir del encargo político que recibimos los educadores sociales de “hacer algo” con la población juvenil de dichas urbanizaciones, proponemos abrir un debate que cuestione les decisiones centrales del Estado más allá de la lógica de la prioridades y de la lógica de la exclusión en las que se fundamentan los discursos políticos actuales. La insuficiencia de los análisis se manifiesta en el tipo de soluciones propuestas en el trabajo con la comunidad. Es por ello que debemos reconceptualizar la posición que nos han asignado en el desarrollo de las políticas sociales y cuestionar la eficacia de unas prácticas que se inscriben en la doble realidad de lo local y lo global.
El llamado trabajo con la comunidad cada vez es más difícil de describir y de pensar. Las visiones “políticas” propagan una imagen demasiado simplista, cuando no mitificada, por la “ilusión redentora” de la acción social y educativa, que el compromiso honesto con la realidad nos obliga a reemplazar por análisis mucho más críticos y complejos.
Nuestro esfuerzo por comprender parte de la experiencia vivida como educador social en los servicios sociales de atención primaria de una amplia zona rural que incluía diez municipios del interior de la comarca del Baix Penedès en Catalunya. Hacemos referencia, por lo tanto, a un territorio que empieza a conocerse como el cuarto cinturón de Barcelona, que ha visto duplicar su población en los últimos diez años. Esta explosión demográfica ha venido acompañada de un fuerte y mal planificado desarrollo urbanístico en el que son fáciles de apreciar los signos de la especulación inmobiliaria: por la saturación de la costa, en nombre del desarrollo turístico, y del interior, mediante la urbanización no siempre controlada de las “parcelas” donde muchos trabajadores de la periferia de Barcelona construyeron sus segundas residencias en terrenos municipales apartados de los centros urbanos.
Tradicionalmente, la acción social en esta zona la absorbía sobre todo la atención a los ancianos. En la actualidad, el nuevo “perfil” de los usuarios, tal y como se define desde el ámbito profesional, lo constituyen estos ciudadanos “desplazados” que han visto cumplir sus sueños “pequeño-burgueses” de las viviendas unifamiliares cuyo estilo de vida sigue siendo, sin embargo, urbano y de barrio. Mientras la fisonomía de estos municipios ha cambiado por completo, en sus calles, en sus escuelas, en los bares o en las dependencias municipales, se respira la fractura social de siempre, la mutua desconfianza entre las familias autóctonas y las recién llegadas que, en el caso de Catalunya, se acentúa por la cuestión “simbólica” e “indentitaria” de la lengua.
Así las cosas, las autoridades políticas de estos municipios piensan que tienen el reto de construir la cohesión social a través de la asistencia social y el trabajo comunitario. Cuando trabajaba de educador social de dichos municipios recogía las siguientes notas de campo: “a los educadores nos asignan los grupos de adolescentes y a las trabajadoras sociales, a los ancianos, a las mujeres desempleadas y a las mujeres inmigrantes”. Conscientes de la repentina heterogeneidad social de sus municipios, los políticos creen que “hay que hacer algo”. “Yo me pregunto para qué, qué debemos organizar, qué se supone que les hace falta, ¿a qué mito sobre la comunidad debo responder? No saben qué decirme. Tan sólo piensan en vagas actividades de entretenimiento… ¿qué es lo que los regidores de estos municipios no pueden soportar? ¿Darse cuenta del hastío de los adolescentes, del aislamiento de los inmigrantes, del ‘estilo de vida urbano’ de los recién llegados a un pueblo sin alicientes ni centros comerciales? Difícil encargo que adivinar y demasiada soledad para llevarlo a cabo”. Con este artículo trataré de aportar algunas reflexiones sobre estas experiencias en nuestro trabajo comunitario con jóvenes residentes en urbanizaciones de un amplio territorio rural.
En la medida en que los servicios sociales son gestionados por las corporaciones locales, se impone la lógica de las prioridades, de la inmediatez de los logros una vez se han “detectados” los problemas sociales. Esta exigencia se hace especialmente evidente en el caso de los educadores sociales cuando los responsables políticos obligan a priorizar el trabajo con los jóvenes más molestos de los municipios. El problema viene de lejos y sigue siendo el mismo cuando rememoramos cierto cine norteamericano de los años cincuenta que tan bien mitificaría a los “rebeldes sin causa”. El estereotipo de esa juventud apática, desamparada y violenta mantiene sus rasgos fundamentales si la observamos desde las representaciones mediáticas actuales.
Sin necesidad de referirnos a los casos más extremos, la clase política y la sociedad en general muestran su preocupación por los jóvenes que matan el tiempo fumando “petardos” en las calles, haciendo carreras con sus motos o venerando sus coches tuneados. En cualquier caso, se impone la “necesidad de hacer algo”, de “ofrecer algún tipo de alternativa”, y el educador social se presenta como el “recurso” capaz de empatizar por sí solo con los problemas de esa juventud, sea porque se percibe próxima la identificación generacional, sea porque conoce los códigos y lenguajes de comunicación juvenil que le permitirán integrarse en los grupos y ofrecer alternativas.
Extraño encargo si no se quiere ver en él un claro “mandato de control”. Sin embargo, el solo hecho de creer que se hace algo porque se ha enviado a los educadores al parque, se convierte en una excusa eficaz que impide cuestionar las decisiones políticas verdaderamente importantes y que ocupan los lugares centrales del Estado. El agobio de aquellos jóvenes y que puntualmente estalla en actos vandálicos tiene mucho que ver con el modelo municipal por el que han apostado los políticos del territorio.
El encargo político descrito anteriormente responde a una doble demanda social. Por un lado, los habitantes de los antiguos centros urbanos han visto que sus municipios han duplicado o triplicado su población en pocos años y lo han hecho con personas sin ningún interés por “integrarse”. Su discurso sobre la integración se refiere tanto a un “antiguo orden perturbado” como a la distancia entre dos mundos inconciliables. Hay algo más que el “miedo al extraño”. Se sufre ante lo que es percibido como una “invasión” y los hijos de estos nuevos residentes constituyen el elemento “más ruidoso y visible” de esta “ocupación”. Por otro lado, los nuevos residentes se sienten “marginados” por unas autoridades políticas que quieren sus impuestos pero que no retornan con la dotación de equipamientos y servicios básicos (asfaltado de calles, centros de salud, escuelas, etc.). Llegaron allí por las posibilidades de acceso a viviendas dignas y se encontraron con un entorno “vacío” y “desangelado”. Las víctimas de este espacio urbano sin “medios” ni “alternativas” son, sobre todo, sus hijos. Ellos son los que pasan la mayor parte de su tiempo libre deambulando en el “vacío” de aquellas calles. Sus padres se sienten, entonces, “interpelados”: “¿Dónde hemos venido?” “¿Qué tenemos nosotros que ver con esto?”, y no saben qué responder.
Los jóvenes de las urbanizaciones, sus formas de ocupar las calles y los espacios públicos, el ruido de sus motos, los actos vandálicos y el desprecio por el mobiliario urbano, representan una amenaza tanto para la población autóctona como para el mundo adulto del que provienen. Los primeros ven en ellos la definitiva desaparición del “estilo de vida rural”, portador de unos supuestos valores éticos que poco tienen que ver con las formas de vida urbanas. Los segundos adquieren conciencia de un cierto fracaso. Sus hijos sienten la misma necesidad que ellos de pertenecer a algo. Cara y cruz de la misma moneda. El valor que otorgan a sus casas, encerradas tras muros y vallas llenas de cipreses, evidencia un déficit social difícil de disimular.
La urbanización del territorio rural catalán ha ofrecido una doble “oportunidad” tanto a los habitantes de las degradadas periferias suburbanas como a las familias y parejas jóvenes de clase media que huyen de la saturación de los centros urbanos en busca de “tranquilidad” e “independencia”. Sin embargo, el surgimiento de una nueva generación de barrios residenciales evidencia la incapacidad de generar valores urbanos esenciales como la vida comunitaria, la integración del individuo con su entorno o la identificación de las personas con su lugar de residencia. Los diferentes grupos de jóvenes de este tipo de urbanizaciones sólo constituyen el elemento más visible de la desconexión entre las calles y las vidas de las personas.
Tanto los responsables políticos como los ciudadanos que han demandado este modelo residencial no saben qué hacer con sus urbanizaciones. Pero los profesionales del campo social y educativo no podemos limitarnos a señalar la presencia de un colectivo y denunciar el riesgo de exclusión social al que está expuesto si no se piensa qué tipo de comunidad queremos construir con esos modelos residenciales.
Las políticas sociales y el trabajo con la comunidad deben superar la lógica de la exclusión. Hablar en términos de exclusión simplifica el problema y no cuestiona las causas de los desajustes sociales. Los excluidos permiten gestionar una categoría social. La estrategia es antigua: definiendo el tipo de exclusión y clasificando a los excluidos no tenemos por qué hacer frente a las causas que originan las desigualdades. Se plantean, entonces, intervenciones sectoriales de acuerdo a la clasificación de los usuarios según las “problemáticas de exclusión”, lo que facilita, sin duda, la gestión social según categorías (Castel, 2004). Entonces los profesionales de lo social pensamos y proponemos respuestas técnicas que favorezcan la inserción, estableciendo itinerarios a los que poder ligar a los usuarios.
Las respuestas técnicas, por meritorias que sean, se limitan a intervenir sobre los problemas relativamente limitados de los individuos categorizados como “excluidos”. En nuestro caso, los jóvenes de las “urbas”. En ningún caso su intervención intenta controlar los procesos desencadenantes de tal exclusión. Esto exigiría el tratamiento político y las respuestas no se encontrarían en el territorio.
En la medida en que actuamos sobre las consecuencias, debemos preguntarnos por las causas que generan esos procesos de exclusión y cuáles podrían ser las políticas sociales más efectivas para reducirlas, neutralizarlas, abolirlas. Pensar tan sólo en las mejores prácticas y las respuestas técnicas puede favorecer el surgimiento de campos ocupacionales de los que los profesionales podemos beneficiarnos. Este es el tipo de política que da forma a un trabajo comunitario donde la iniciativa social privada genera sus servicios. Los “excluidos” generan un “mercado” de “usuarios/clientes” al que sólo puede darse respuesta desde el “concierto” con entidades y el “partenariado social”.
Los profesionales del campo social trabajamos inmersos en las lógicas antes enunciadas. Si además lo hacemos en comunidades pequeñas, ni se puede evitar la “ansiedad política” de las prioridades y la urgencia, ni se deja de ver a los colectivos “señalados”. Sin embargo, es necesario un análisis global, en nuestro caso, que sitúe los factores estructurales que hay detrás del “comportamiento problemático” que se señalaba en los grupos de jóvenes de las urbanizaciones.
Nuestro ejercicio profesional conlleva tantas paradojas en las configuraciones de lo social que debemos reconceptualizar la posición que nos han asignado en el desarrollo de las políticas sociales. Parte del debate se inscribe en la doble realidad de lo local y lo global. Las prácticas de la educación social se incardinan en lo local pero su eficacia depende de lo global (Núñez, 2002).
La realidad social se recorta según categorías administrativas (los “jóvenes”, las “urbanizaciones”, las “periferias”, etc.) que no son necesariamente pertinentes desde un punto de vista sociológico, pero constituyen un marco cómodo y comprensible para los dirigentes políticos, para proponer soluciones (Champagne, 1999).
La insuficiencia de los análisis se manifiesta, sobre todo, en el tipo de soluciones propuestas, que se mantienen en gran medida en la superficie de las cosas. El trabajo que los educadores sociales realizamos con la comunidad advierte sobre el tipo de análisis que deberíamos realizar.
En primer lugar, la inscripción de grupos sociales en el espacio: ¿quién llega a las urbanizaciones? ¿Qué encontramos en el origen de su éxodo?.
En segundo lugar, habría que examinar el modo de reproducción social y las trayectorias de los individuos que ocupan esos espacios. En el caso de las urbanizaciones, hemos conocido a muchas familias que han invertido toda una vida de trabajo en hacer de su parcela la ilusión de una ‘patria’ perdida. “Aquellas macetas llevan tierra de mi pueblo”, nos decía la abuela de un muchacho con el que trabajamos. Otras han huido de la incomodad de tener que vivir en pisos demasiado pequeños una vez se han jubilado. Con la venta de su piso han arrastrado a sus propios hijos y a sus familias a la viviendas unifamiliares adquiridas, un movimiento tribal que deja sin resolver el problema del espacio pero que les permite estar juntos.
En tercer lugar, habría que medir los efectos, sobre dichos grupos, de las políticas públicas referidas al mercado inmobiliario, el sistema de formación y el mercado de empleo. Proponemos aquí seguir las reflexiones de Bourdieu (1999) para establecer la debida serie de relaciones causales que se hallan en el centro de la experiencia de aquellos adolescentes que tratamos: la sensación de estar encadenados a un lugar sin expectativas que les prohíbe el acceso al trabajo, al ocio, a los bienes de consumo, etc.; y, más profundamente, la experiencia inexorablemente reiterada del fracaso, en principio en la escuela y luego en el mercado laboral, que veda o desalienta toda provisión razonable de futuro. “Estos jóvenes a quienes la falta de capital cultural condena a un fracaso escolar casi seguro se encuentran, a menudo hasta una edad relativamente avanzada, en condiciones de existencia idóneas, pese a todo, para elevar sus aspiraciones: al separarlos provisionalmente de las actividades productivas y apartarlos del mundo del trabajo, la escuela rompe el ciclo ‘natural’ de la reproducción obrera, fundado en la adaptación anticipada a las posiciones sociales dominadas, y los inclina al rechazo del trabajo manual, sobre todo en fábrica, y de la condición obrera; los insta a rechazar el único futuro que les resulta accesible sin garantizarles en absoluto el futuro que parece prometer y al cual les enseña a renunciar, definitivamente, por el efecto de destino de sus veredictos.” (Bourdieu, 1999: 164). Sin duda, la eficacia de estos mecanismos queda reforzada en la experiencia de vida de esos jóvenes de las urbanizaciones al disfrutar de una comodidad “pequeño-burguesa” en casa que no les permite plantear otro modelo vital.
Basta con escuchar un poco a los que trabajan “sobre el terreno” para descubrir que las soluciones no se encuentran en el territorio a pesar de un buen trabajo con la comunidad, sencillamente porque las causas de los problemas no están en las urbanizaciones, sino en otra parte, a menudo en el corazón mismo del Estado.
