Sonia Fuertes Ledesma. Educadora Social. Comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona
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Etapa 6, València, 4/mayo/2022 Facultad Filosofía y C. de la Educación, UV Mesa Coloquio La dignidad de las/los profesionales de la Educación Social, desde el Tercer Sector |
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Es siempre un placer poder asistir a Congresos como el que nos ocupa, el VIII Congreso Estatal de Educación Social, que da cuenta del compromiso sostenido y el interés por continuar avanzando en el lugar que entendemos ha de ocupar la profesión.
Estamos pues ante una excelente oportunidad para compartir conocimiento y generar propuestas que nos permitan promover la defensa de los derechos de las personas desde una lógica comunitaria y de transformación. Desde esta perspectiva, la educación social y otras disciplinas que configuran el marco de la acción social juegan un papel crucial en la construcción de otro futuro compartido. Constituyen una promesa de una sociedad más justa, si se dotan de las condiciones y el reconocimiento que requieren. Parafraseando el conocido informe Delors, la educación encierra un tesoro.
Me permitirán que sitúe mi participación en este Congreso desde mi formación profesional y experiencia como educadora social a lo largo de más de treinta años. He tenido la oportunidad de ejercer como educadora y en puestos de dirección en diversos ámbitos (especialmente en el ámbito de las adicciones y de la ejecución penal), he desarrollado también tareas como docente en distintos cursos así como en el grado de educación social de la UOC y también he estado vinculada a organizaciones de segundo y tercer nivel del tercer sector social, como ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) y la Taula del Tercer sector social. Finalmente, el encargo que ocupo en la actualidad es comisionada de acción social del área de Derechos Sociales, Feminismos, LGTBI y Justicia Global del ayuntamiento de Barcelona.
Desde este marco intentaré avanzar algunas cuestiones en torno a lo que considero que es (o debiera ser) dignificar la profesión así como algunas reflexiones en torno al contexto actual y el rol que la administración pública debiera jugar al respecto. Aportaré algunas experiencias que entiendo como buenas prácticas del ayuntamiento de Barcelona con el ánimo de dibujar posibles orientaciones de futuro.
El siglo XXI se caracteriza, entre otros factores, por la velocidad de los tiempos, la interconexión, la interdependencia global y podríamos decir la dificultad para situarse en un contexto cambiante.
La sociedad líquida de Bauman, que apuntaba ya la disolución del vínculo social y la importancia de situar este tema de manera central en la comunidad, se ha visto superada por diversos factores, entre ellos y de manera reciente la irrupción de la pandemia mundial generada por el covid, con efectos en el malestar emocional de las personas y la economía. Desde esta mirada, podríamos decir que el carácter volátil que los tiempos apuntan más a una naturaleza gaseosa que líquida.
Por otra parte, acontecimientos recientes como la guerra de Ucrania en el corazón de Europa han hecho resurgir algunos fantasmas del pasado generando más incertidumbre y repercutiendo (de nuevo) en la economía. A este conflicto podríamos sumar otros, quizá más lejanos geográficamente, pero que entrañan también mucho sufrimiento y generan éxodos de personas en busca de paz. O situaciones de pobreza, algunas de ellas directamente vinculadas a la emergencia climática. O de rechazo y persecución por características personales o elecciones individuales, no solo ideológicas.
En este contexto, el universo virtual, la infoxicación y la proliferación de fake-news promueven una permanente sospecha ante la dificultad para leer los acontecimientos con la consiguiente pérdida de confianza hacia las instituciones. Este es, sin duda, un riesgo para nuestras democracias.
Y, finalmente, en un contexto más cercano, las cifras sobre pobreza y desigualdad, desde una mirada interseccional, nos muestran unos datos que deben ser no solo objeto de reflexión sino también vector de orientación ineludible en la construcción de políticas sociales. El impacto en las personas migradas, muchas de ellas vulnerabilizadas por su situación de irregularidad administrativa, o en las mujeres y las unidades familiares monomarentales, se recoge en la mayor parte de los informes. La precariedad de la ocupación, que no siempre garantiza la autonomía de las personas y las dificultades de acceso a una vivienda digna son factores que también inciden directamente. Una tormenta perfecta, señalaba la Fundación Foessa en la presentación de su último informe en Barcelona. Probablemente solo combatiendo los discursos individualistas que ponen énfasis en las características personales y entendiendo que se trata de una cuestión colectiva que guarda relación con un modelo injusto podremos empezar a revertir algunas de estas situaciones.
El significado de dignidad nos remite a una condición, aquella que posee la persona digna. Esta primera condición no es baladí puesto que apunta a un cierto carácter de provisión, podemos ofrecer las condiciones para dignificar algo. Desde esa perspectiva, observamos cómo últimamente digno/a es un calificativo que en acción social se utiliza de forma frecuente para hablar, por ejemplo, de un salario digno o una vivienda digna, apuntando así hacia una mayor exigencia en aquello que necesitamos para vivir. No se trata únicamente de disponer de una ocupación retribuida o de un techo. Se trata de poder sostener un proyecto vital en condiciones, no en precario.
¿Y cómo definir el adjetivo digno/a? Si recurrimos al diccionario, en sus primeras acepciones encontraremos que es digno/a aquel que es merecedor/a de algo o bien será considerado digno/a algo que corresponde y es proporcionado al mérito y condición de alguien o algo.
Situaremos en este punto nuestra reflexión, ¿son las condiciones de desarrollo profesional de la educación social en este momento dignas? ¿Son proporcionales al mérito? Y, en el caso que nos ocupa, ¿el no dotar la función educativa de las condiciones que se requieren no apunta a un menoscabo de la misma?
No vamos a desarrollar aquí las supuestas confusiones en torno a la educación social y su función, en ocasiones desvirtuada de la mano de las lógicas del control social o de las prácticas más asistencialistas (en una versión edulcorada del propio control). Pero sí podemos apuntar aquello que la educación social debiera ser y que, entre otras cosas, guarda relación la noción de anti-destino como práctica que posibilita la redistribución social de las herencias culturales: traspaso, recreación, circulación, acrecentamiento, pérdida, transformación… Particulares recorridos en los que se tejen, destejen, entretejen, diversos registros de olvido y recuerdo; y en cuyos anudamientos se abren y bifurcan futuros que no son pre─decibles sino, para utilizar las palabras de Hannah Arendt, sólo decibles a posteriori.
Es una práctica que apunta por tanto a cuestionar y modificar el destino social que supuestamente tenemos asignado, proporcionando herramientas a las personas desde una mirada que contempla también a la comunidad y a las condiciones que hacen posible esas bifurcaciones, esas elecciones. La idea de redistribución es una idea que interpela directamente el modelo.
Se trata por tanto de un encargo ambicioso y diríamos que necesario en términos de justicia social. Un encargo que requiere de unas condiciones para su desarrollo que básicamente pivotan en torno al reconocimiento de la función profesional. Y en este punto hemos de alertar de la excesiva romantización en torno al compromiso que el conjunto de profesionales sostiene. Utilizar el compromiso con la profesión con una devaluación de sus condiciones de reconocimiento forma parte del problema. Podemos afirmar que sí, que habitualmente existe un componente que guarda relación con una cierta vocación de servicio o de ayuda. Pero en ningún caso podemos inferir de este un plus que puede ser restado del salario en la medida que se percibe un supuesto salario emocional. Es importante denunciar la perversión de esta idea.
Es evidente que las administraciones juegan un papel importante que permite situar los niveles de exigencia de las condiciones de desarrollo de la función profesional favoreciendo su reconocimiento en diversas direcciones, desde la propia definición de la función, la formación y las competencias asociadas a otras condiciones, entre ellas las retributivas. Desde el lugar que ocupan pueden favorecer un cambio y consolidar aspectos susceptibles de mejora, detentando un liderazgo al poder diseñar las condiciones de desarrollo de muchas de las actuaciones donde intervienen educadores/as sociales. Por el contrario pueden optar por una indefinición de las condiciones posibilitando así que esta dignificación necesaria resulte más difícil. Posiblemente es la administración quien tiene, desde esta perspectiva, mayores posibilidades de incidencia y quien debiera contribuir a una clara ordenación del ámbito que nos ocupa, velando por ese reconocimiento de la profesión.
El recorrido de mejora es amplio si lo comparamos a otros sistemas como el educativo o el sanitario, y muy especialmente a este último. Probablemente porque todavía hoy los derechos sociales no gozan de la misma consideración que el derecho a la salud, por ejemplo.
En el marco de los programas que se realizan desde la administración y que no obedecen a una colaboración público-social, podemos observar diferencias notables en relación a la definición de funciones, el encaje en los equipos de trabajo, las posibilidades de participación y el acceso a formación y supervisión, por citar algunos. Hemos de poder avanzar hacia una mejora de todos estos aspectos asimilándonos a otros sistemas.
Ahora bien, probablemente donde encontramos mayores dificultades es en el marco de la colaboración público-social. En primer lugar porque debiéramos reflexionar de manera rigurosa sobre la externalización de los servicios, en qué servicios resulta conveniente y cuáles serán los mecanismos de evaluación que conviene incorporar. Poder debatir en torno al sentido y significado de lo público nos puede ayudar a evitar los maximalismos y dotarnos de matices.
Y en esta reflexión es importante subrayar que el precio no puede ser el único criterio si abogamos por la calidad y la mejora de las condiciones retributivas, aspectos estrechamente vinculados en la práctica. La calidad de las propuestas técnicas, dotadas de los recursos necesarios, ha de ser el principal aspecto a valorar.
Por otra parte, todavía hoy no siempre se establecen claramente los convenios de aplicación o las ratios que deben cumplirse en determinados servicios, por ejemplo. Situaciones que resultan impensables en otros ámbitos se dan de forma reiterada en el marco de la contratación pública cuando se trata de acción social. Así, por ejemplo, se redactan pliegos de condiciones sin especificar cuál será el convenio de aplicación, con todos los efectos que esta indefinición comporta.
Otro aspecto que debiera darse por superado es el intrusismo profesional desde otras figuras profesionales que a su vez sufren también la precariedad del ámbito. Así, desde el psicólogo o psicóloga que ocupa una plaza de educador/a social y que la propia institución en ocasiones justifica (“formalmente no disponemos de atención psicológica pero hay un educador/a que es psicólogo/a”) a la persona que ha cursado un grado superior en integración social y que de manera habitual encontramos ejerciendo funciones que sobrepasan a las que su formación apunta. Por citar algunas.
Lo sorprendente es también la aparente docilidad con la que se ha aceptado esta deriva desde el colectivo profesional, y aquí encontramos uno de los retos. Ser capaces de fortalecer los colegios profesionales y buscar las alianzas con otros agentes sociales es urgente para denunciar y operar cambios en esta dirección. Por dignidad profesional. Por profundo respeto a la función que esta detenta.
El Ayuntamiento de Barcelona. Desde el Ayuntamiento de Barcelona decidimos realizar una actualización en torno al marco de la acción socioeducativa en el contexto de servicios sociales en el año 2010 ya que los documentos previos databan de 1995 y requerían de un nuevo abordaje que permitiera adaptarnos al contexto del momento.
Así, se inició un proceso participativo que, recogiendo las aportaciones de documentos previos elaborados también por la organización, como el Educador social de atención primaria polivalente en el Ayuntamiento de Barcelona de 1995 y la Acción socioeducativa en los servicios sociales de atención primaria del ayuntamiento de Barcelona, del año 2001. Las conclusiones de este proceso fueron recogidas en un documento, La acción socioeducativa en el marco de los servicios sociales básicos del Ayuntamiento de Barcelona, que permitió definir funciones, competencias y desarrollo profesional entendiendo por este las posibilidades de recibir supervisión, formación y estrategias colectivas de generación de saber. Es un documento de trabajo amplio, que recoge asimismo circuitos, indicadores y uso de herramientas y que permite sentar las bases para generar consensos y legitimar la aportación profesional. Entendemos que esta es una buena práctica a considerar, no solo porque establece las condiciones para el desarrollo profesional sino también porque es fruto de un proceso participado, en el que se recogieron las aportaciones de educadores y educadoras.
Ahora bien, creemos que es de interés señalar cuando menos dos buenas prácticas más: la participación de los educadores/as sociales en las escuelas y los diversos programas que se realizan en medio abierto, como los diferentes servicios de espacio público o el programa A partir de la calle.
En el primer caso se trata de una experiencia que ha de ponerse en relación al Plan contra la segregación escolar y que parte del supuesto que el diálogo entre sistemas y la incorporación de educadores/as sociales en la institución educativa permite abordar algunas cuestiones (como el absentismo o las relaciones en el aula, por ejemplo) con una mayor riqueza de actuaciones, yendo más allá de su mera participación en comisiones de trabajo. La apuesta es pasar del equipo docente al equipo educativo, buscando asimismo la imbricación en el territorio, la obertura a la comunidad, desde la proximidad. Es una experiencia que cuenta con la participación del Instituto Municipal de Servicios Sociales, el Plan de Barrios y el Consorcio de Educación. Como apunte de futuro y en aras de una mayor normalización de la intervención de la educación social en el ámbito sería deseable que estas figuras se integraran en los equipos educativos sin necesidad de ser mediatizadas por los servicios sociales.
Por otra parte, los programas que se realizan en el espacio público y entre los que podemos destacar el programa A partir de la calle dirigido a jóvenes entre 12 y 25 años, sitúan de nuevo la acción comunitaria y la interrelación entre instituciones como factores clave en la consecución de los objetivos marcados, desde una mirada educativa.
En el momento de finalizar la redacción de esta comunicación es 1 de mayo, día del internacional de los trabajadores y trabajadoras. Un día de reivindicación y denuncia.
Con este motivo el Colegio de Educadoras y educadores sociales de Cataluña ha publicado un manifiesto donde pone de relieve la necesidad de poner sobre la mesa algunas cuestiones como el exceso de jornadas parciales o la necesidad de actualización de convenio de acción social poniendo en relación esa falta de cuidado hacia la profesión con una falta de priorización de los derechos sociales, una conexión que resulta evidente.
Son por tanto numerosos los retos a enfrentar. A lo largo de este texto hemos presentado ya algunos, vinculados a la participación, las condiciones laborales, las alianzas y la necesidad de impulsar los colegios profesionales. Otros, como el acceso a lugares de dirección, la promoción de la innovación, la producción escrita o la investigación no han podido desarrollarse y nos quedarán pendientes para otra ocasión no sin antes alertar sobre la excesiva fragmentación de los discursos en torno a la educación social y la necesidad de promover una mirada crítica en torno a las diversas prácticas, con una especial atención a las aportaciones que la filosofía y la ética pueden hacernos. En este punto probablemente conviene una dosis de autocrítica, es mucha la tarea a acometer.
En todo caso, lo que sí parece es que debemos promover espacios de incidencia para situar la profesión en el lugar que creemos que merece, por su función de defensa de derechos y de promoción de vínculo social. Pero no solo. También porque todos los que la conocemos sabemos que con ella se abre un universo de posibilidades, de resignificación de la historia particular y colectiva, de inflexión y cambio. Y eso es sin duda, parte del tesoro que la educación, y la educación social, encierran.
