José Antonio Muñoz Rico, Educador Social. Magdalena Gelabert Horrach, Educadora Social
A partir de los datos desvelados por la evaluación del Programa de Orientación Laboral para Adolescentes en situación de conflicto social (PILA), analizamos la conveniencia de incrementar los procesos de acompañamiento en su transición al mundo laboral. Nuestro objetivo es el de visibilizar la problemática de la incorporación a la vida adulta de jóvenes en situación de conflicto social y, sobre todo, transferir conocimientos a la hora de abordar la intervención socioeducativa especializada, dirigida a un importante subconjunto de la población joven que manifiesta poderosas carencias socioemocionales, altamente incapacitantes.
Entre otras mejoras, proponemos la incorporación de una metodología de trabajo con apoyo dirigida a adolescentes con características específicas y dificultades que van más allá del cumplimiento de una medida judicial. El trabajo con apoyo, es una metodología centrada en la persona, una metodología individualizada, que ha demostrado buenos resultados.
Los rasgos generales que a través de la literatura conocemos sobre jóvenes en situación de conflicto social, se centran particularmente en sus características formativas, si bien es cierto que el riesgo indiscutible de exclusión social, estaría asociado a la prevalencia de su bajo nivel educativo, elevado porcentaje de abandono escolar prematuro, en comparación con la población general (Boada y Casas, 2010), no es menos cierto que la salud mental de estos jóvenes, es un hándicap a superar.
Cuando intentamos comprender las respuestas inadaptadas en la adolescencia, debemos priorizar el estudio de eventos traumáticos y que afectan a diferentes ámbitos del desarrollo (Miller et al., 2011, Ford, et al., 2012), las condiciones y nivel educativo del hogar, los ingresos familiares inestables y el entorno comunitario degradado, son determinantes en la desregulación emocional y la conducta no adaptativa.
En contraposición a la abundante información sobre la protección de la infancia, son pocos los estudios que informan sobre la realidad de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad bajo la protección de la administración y que realizan un proceso de incorporación al mundo laboral. La ausencia de estos datos justifica el análisis de los programas de orientación y transición al mundo profesional, pues es la vía que garantiza su derecho al ejercicio de la ciudadanía. Desde la intervención especializada, podemos construir una nueva realidad y un futuro predecible que nos obliga a prevenir (Urra, 2004).
A partir de esta realidad, poyamos nuestro análisis en los resultados de una evaluación programa de orientación laboral para adolescentes en situación de conflicto social (en adelante PILA) y realizamos una propuesta de mejora, en concreto, proponemos una metodología de trabajo con apoyo para jóvenes que presentan importantes carencias socioemocionales, carencias que entendemos como altamente discapacitantes.
La adolescencia es una etapa de transición y son muchas las teorías criminológicas dirigidas a explicar el dinamismo del comportamiento antisocial en esta etapa. Para Videra y Reigal (2013) es un intervalo de extrema inestabilidad donde se consolida la identidad, garantizar el éxito de este proceso de adaptación y prevenir la violencia juvenil supone proveer al individuo de recursos afectivos, para vincularse con el entorno (Sampson y Laub, 1993) y de virtudes sociales, que además, poseen valores éticos y un valor monetario tangible (Amiano, 2006).
La necesidad de atender el considerable aumento de menores que cumplen medidas judiciales, supone un reto importante para los profesionales que desarrollan su actividad al amparo de la Ley 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor (LORRPM). Se trata de menores que en muchos casos, presentan graves problemas de desorganización conductual.
En primer lugar, creemos conveniente situar tecnológicamente el objeto de estudio, llamaremos jóvenes en situación de conflicto social a aquellos menores que cumplen o han cumplido medidas judiciales, sujetos a la ley de la responsabilidad penal de los menores. Esta norma viene marcada en los países de nuestro entorno, por legislaciones específicas que abordan la responsabilidad de los menores de edad ante las conductas delictivas y hablaremos de incorporación a la vida adulta, al proceso que permite al joven, no sólo encontrar si no, mantener un puesto de trabajo que le permita desvincularse económicamente de su familia y crear un proyecto de vida individual.
Por lo que respecta a la transición hacia la vida adulta, que implica necesariamente la incorporación al mundo laboral, podríamos trazar cierto paralelismo con los jóvenes que han sido tutelados por la administración. Al igual que los jóvenes, que han sido acogidos en centros de protección, los menores que cumplen o han cumplido medidas judiciales tienen que realizar este proceso de forma más acelerada que el resto de la población joven, ambos grupos comparten importantes dificultades a la hora de conseguir y mantener un empleo, sin olvidar que un porcentaje elevado, presentan bajos logros educativos, problemas de salud física y mental.
El trabajo con apoyo, es una metodología centrada en las necesidades individuales, entiende que, los resultados de la inserción laboral mejoran cuando se implica a las empresas en el proceso, se trata de aproximar ambas realidades la realidad de la empresa y la del trabajador con necesidades educativas especiales, pues el desconocimiento de esta realidad, resta oportunidades a ambas partes (Garau, 2014).
Por lo general, la respuesta a la alarma social de los delitos cometidos por menores, tiende a focalizar las intervenciones en el síntoma, ignorando las causas, sin cuestionar que el fracaso en la aplicación de programas socioeducativos no hace más que cronificar el problema.
El objetivo principal de este trabajo, es aproximarnos a la realidad de un colectivo que arrastra importantes carencias y que difícilmente podrán ser abordadas si no pueden acceder al mundo laboral que les proporcione, al igual que al resto de la población, la suficiente independencia económica que favorezca el sentimiento de utilidad social y contribuya a mejorar su autoestima que el reconocimiento social proporciona.
Argumentar la necesidad de incorporar la metodología de trabajo con apoyo para los programas de orientación laboral en entornos de especial conflictividad para jóvenes infractores.
Partimos de la base de que la orientación laboral per se, no es suficiente para adolescentes que manifiestan conductas inadaptadas, que comparten con las personas con discapacidad intelectual y física o enfermedad mental, una discapacidad socioemocional que dificulta su incorporación al mundo laboral con garantías.
Para ello nos basamos en la palabras de Serra (2014), cuando asegura que: buscar y conseguir un trabajo remunerado, constituye para el conjunto de la población, pero especialmente para las personas con especiales dificultades, una de las tareas más decisivas y problemáticas, los que nos dedicamos a la inserción laboral de colectivos vulnerables, sabemos que el trabajo con apoyo es una metodología que hace posible esta incorporación al mundo laboral ordinario, se trata de un modelo cuyo hilo conductor es la existencia de un marco referencial centrado en la persona, en su itinerario profesional, con el objetivo de conseguir y mantener un puesto de trabajo mediante la prestación de soporte (Serra, 2014).
Los programas de orientación laboral para menores que cumplen o han cumplido una medida judicial de reforma son decisivos. El objetivo prioritario es facilitar el acceso a una experiencia laboral satisfactoria. En este caso nos planteamos apoyarnos en una evaluación del Programa PILA realizada en el año 2013 para identificar sus fortalezas y puntos débiles, en definitiva realizar propuestas de mejora para adaptarlo a la realidad, en la medida de que esto sea posible.
Conviene remarcar que la evaluación y análisis del programa PILA, se realizó dentro del marco de referencia del Informe Belmont (1979), cuyos principios éticos contemplan el derecho a la protección de los seres humanos en la investigación y que posteriormente fue ampliado por Beauchamp y Childress (1979). Estos investigadores recogen cuatro principios fundamentales (Molina, 2011), que servirán posteriormente como base de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005): Principio de autonomía; Principio de beneficencia; Principio de no maleficencia (Primum non nocere); Principio de justicia.
Ya nadie discute que trabajar con criterios de rigurosidad y plantear mejoras que apoyen la intervención socioeducativa exige evaluar el impacto de éstas intervenciones.
En análisis previo de PILA, se analizaron en profundidad los efectos de una atención socioeducativa especializada, dirigida a dar una respuesta ajustada a las necesidades formativas de un grupo con especiales características y con necesidades educativas especiales, y que esta actuación fue altamente valorada por los sujetos de la atención. Nos pareció altamente positiva la orientación filosófica del programa, sin embargo, observamos la ausencia de criterios orientados a identificar factores característicos de las intervenciones basadas en la evidencia, prácticas de planificación que sugieren el examen de la validez externa, sumamente importantes para el desarrollo de pruebas acerca de “lo que funciona” (Mears, Cochran, Greenman, Bhati y Greenwald, 2011), y esenciales en el desarrollo de sistemas de garantía de calidad, y sin las cuales la intervención podría estar afectando negativamente, en lugar de mejorar los resultados (Grol y Wensing, 2004).
La escasa bibliografía dificulto el análisis, sin embargo, identificamos algunos programas de acompañamiento hacia la vida adulta a través de la incorporación al mundo laboral realizados en EEUU, donde la formación laboral y las competencias laborales son una variable más de la atención integral para jóvenes transgresores. Cabe destacar que la normativa en este país difiere mucho, tanto en ideología como en la metodología, de la que rige en el nuestro, pero nos ha permitido establecer un marco comparativo de referencia.
Los resultados de nuestra evaluación, cualitativa, determinaron como principal punto fuerte del programa, una marcada sentido salutogénico, basada en la prevención del malestar emocional. Especialmente, quedó patente el esmero y cuidado de la salud mental y el bienestar de los jóvenes como paso previo al inicio de la formación. Sin embargo, este proceso debería protocolizarse pues mantiene una marcada tendencia artesanal, que debemos profesionalizar, pues se trata de un servicio sumamente importante que permite al joven encontrar y mantener un puesto de trabajo[1]
La necesidad de facilitar a los menores espacios familiares resilientes no pudo analizarse pues no se contemplan como base terapéutica, siendo para el equipo investigador, un factor determinante en el éxito de la intervención.
El análisis de la literatura demuestra que existen experiencias prometedoras que podrían compensar las carencias del programa PILA. Cohen et al. (1990) analizan cómo los menores infractores y los jóvenes que residen en los hospitales psiquiátricos comparten perfiles comportamentales y emocionales, la salud mental de los adolescentes es un factor decisivo. A tenor de este análisis sabemos que inculcar hábitos relacionales de comunicación, valores y sentimiento de grupo, mejora y refuerza los aprendizajes. Sin embargo, también se han observado las ventajas de la implicación de adultos de referencia a la hora de adquirir rutinas y pautas normativas, como la incorporación de hábitos saludables para llevar a cabo actividades de la vida diaria.
Sería necesario adecuar el programa PILA para potenciar y poner en valor factores decisivos del desarrollo personal adaptativo, especialmente en colectivos con necesidades y carencias personales, familiares, sociales y comunitarias.
PILA, nos muestra cómo, a través de una metodología individualizada, se proporciona apoyo y se dota al menor de estrategias vitales a la hora de iniciar un proyecto de futuro, fomentando su implicación y participación activa.
Sin menoscabo de la intencionalidad y la implicación de todos los profesionales que intervienen en la iniciativa, exponemos críticamente nuestras propuestas de mejora
La evaluación del programa PILA arrojó resultados prometedores, sin embargo debería incorporarse un seguimiento a largo plazo de los efectos producidos, priorizar e incidir en habilidades socioemocionales y competencias académicas básicas, el fracaso escolar y bajo nivel educativo de los participantes, obliga a realizar acciones especialmente dirigidas a compensar estas carencias. El programa ganaría en calidad, si se realizara un diagnóstico previo y detallado de cada caso pues se trata de un subgrupo de población, con necesidades formativas especiales.
Proporcionar espacios de resiliencia en el que implicar a las familias, es la gran asignatura pendiente pues muchos de ellos, deben volver a entornos poco estructurados.
Por lo que respecta a la coyuntura económica que sitúa a los chicos en una situación de extrema vulnerabilidad, conocemos cuáles son sus características primordiales y sabemos que son víctimas de un sistema económico poco sensible tanto por su condición de jóvenes en conflicto como por su condición de población juvenil que soporta más del doble del porcentaje de paro en comparación con el conjunto de la población activa y con deseos de trabajar por lo que consideramos de vital interés cinco niveles básicos de intervención:
Los procesos de inserción sociolaboral del programa trabajan en base a que los jóvenes adquieran habilidades y capacidades que les capaciten para la vida adulta y que les permita ser lo más autónomos posible. Por otra parte, los jóvenes que residen en centros, bajo medidas de privación de libertad participan en la generalización y adquisición de competencias socioemocionales, reflejadas en el proyecto educativo de centro, esto les da ventaja a al ahora de acceder al sistema laboral ordinario, sobre los jóvenes que cumplen medidas en régimen abierto, en su entorno familiar, no cuentan con programas específicos dirigidos a las familias donde trabajar las competencias parentales que posibiliten prestar ayuda a sus hijos.
En este punto nos parece acertado afirmar que se precisa incluir cláusulas sociales en los pliegos de contratación que las administración realizan con empresas, un enfoque basado en las necesidades de protección que incentivara la contratación de colectivos vulnerables, empresas de inserción con capacidad para acoger a chicos con dificultades a la hora de acceder a un empleo ordinario y dirigido a garantizar el acceso al mundo laboral con garantías de éxito.
“Tendrán la consideración de empresa de inserción aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario” (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015).
La participación de los jóvenes en este tipo de empresas posibilitaría la práctica de seguimientos, una tutorización que garantizaría el alcance de las actitudes, competencias y habilidades necesarias para ejercer y crear un proyecto de vida conducente a la autonomía personal.
Otra posibilidad sería el empleo con apoyo tal como reza el Real Decreto 870/2007:
“Se entiende por empleo con apoyo el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, en empresas del mercado ordinario de trabajo y en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes”.
Los chicos en riesgo, dificultad y conflicto social que cumplen medidas judiciales, manifiestan de forma recurrente, dificultades adaptativas, máxime cuando el contexto es percibido como hostil, esta falta de habilidades podríamos tildarla como una disfuncionalidad incapacitante, por tanto les convierte en “discapacitados sociales”, si partimos de este enfoque, con el convencimiento de que son un subgrupo con especiales dificultades, no es descabellado presumir que precisan de los mismos recursos de adaptación laboral, acompañamiento y protección, que aquellos jóvenes con discapacidad intelectual, física o sensorial para los cuales, ya nadie discute su necesidad de empleo protegido.
A fin de que los procesos socioeducativos sean lo más eficaces posible, debería plantearse la formación desde una perspectiva sistematizada, atendiendo a las necesidades especiales, partiendo de sus situaciones educativas y personales. Todo ello para dotar a los jóvenes de una formación educativa personalizada y una atención integral progresiva que promueva cambios significativos en su proceso de adquisición de autonomía para la incorporación a la vida adulta.
Por otra parte, dentro de la complejidad de la situación actual el programa debería orientarse hacia la participación real, esto supone dar voz a los jóvenes para participar en cualquiera de las fases de planificación del programa, hacerles partícipes de cuantas cuestiones se planteen en el diseño, ejecución y evaluación del mismo, lo que redundaría en la salud organizacional favoreciendo un clima positivo y de crecimiento.
Para lograr este objetivo son vitales los aprendizajes afectivos, herramientas para la convivencia que permiten integrar valores colectivos, como el respeto a la vida, a los seres vivos, a los derechos humanos, así como el fomento de la tolerancia y la solidaridad que supone ser consciente y capaz de controlar la conducta.
Creemos que los modelos socioeducativos, sobre los que deberían fundamentarse, deberían pivotar sobre relaciones afectivas y emocionales sanas y positivas, enmarcadas en la inteligencia emocional capaz de consolidar un clima de comunicación regida por la escucha activa, el respeto y la empatía, adecuándolo naturalmente a las fases de desarrollo en la que se encuentre cada joven.
Es tarea de los profesionales estimular la autorregulación y el desarrollo durante la primera juventud, planteando retos adecuados, dando soporte y reconociendo los méritos y los éxitos mediante un discurso inductivo que permita la integración de las normas necesarias de convivencia, en definitiva, es tarea del profesional facilitar la modulación emocional y conductual adecuada a cada contexto.
El enfoque basado en la competencia emocional ha demostrado ser una plataforma adecuada para fomentar la participación de los chicos en sus procesos personales antes, durante y al finalizar su etapa en el programa.
En primer lugar, el programa necesita conseguir una repercusión social que le permita nuevos retos de futuro, apostando por una atención profesionalizada dirigida a ampliar una red de empresas socialmente sostenibles.
En segundo lugar, la adaptación a la realidad impone dotar presupuestariamente una red de viviendas que posibilite a los jóvenes que se desinternen, y no pueden o no quieren volver con sus familiares, un alojamiento alternativo tutelado.
En ocasiones el núcleo familiar permanece en la órbita del joven y es por ello de vital importancia su implicación, se trataría de una intervención guiada por principios de complicidad en la que podamos sentar las bases de relaciones reparadoras o fortalecerlas si ya se iniciaron antes, formen parte de su proceso personal y lleguen a ser referentes positivos.
La participación activa en los recursos comunitarios que el entorno ofrece, posibilitará a los jóvenes, ser sujetos activos y beneficiarse de las mismas oportunidades que el resto de jóvenes de su edad. Las entidades públicas y privadas ofrecen actividades deportivas, culturales, recreativas que posibilitan la interacción entre personas que conviven en un espacio geográfico determinado y son un recurso extremadamente positivo en los procesos resilientes.
Ya nadie puede discutir que las actuaciones basadas en la evidencia afianzan la atención socioeducativa especializada y multidimensional que justifican la implicación de los recursos comunitarios. Bajo esta premisa, proponemos una perspectiva salutogénica, centrada en los recursos para el impulso de buenas prácticas, frente al binomio tradicional de protección-prevención, que posibilita generar cambios en el continuo malestar-bienestar (Lindström, Eriksson, 2011). Esta perspectiva justifica incremento de redes de intervención socioeducativa, con capacidad para la construcción de conocimiento grupal y transdisciplinar (Anaya, 2014).
Los principios y valores del trabajo con apoyo surgen en Estados Unidos en la década de los 70 del siglo pasado, una metodología que no solo consiguió que personas con discapacidad accedieran a un puesto de trabajo, sino que lo mantuvieran a lo largo del tiempo. A finales de los 80 el modelo llega a Europa, muchas organizaciones que trabajan con personas que padecen alguna discapacidad, asumen este modelo al abrigo de programas específicos y financiados por la Unión Europea.
Solo el conocimiento basado en la evidencia podrá garantizar la mejora de la calidad de vida de las personas, este posicionamiento metodológico dirigido a la producción de saberes invita a no pensar por cuenta propia (Comas, 2014) ya que estar bien informados nos permite tener cierto sentimiento de control (Reddemann, 2003) y garantizar la dignidad de las trayectorias vitales. En este sentido podemos compartir la idea que Prados y Cladera (2014), preparadores laborales del Consell de Mallorca, ponen de manifiesto a la hora de establecer el perfil del orientador laboral, entienden que el acceso a un puesto de trabajo, permite desarrollar un conjunto de habilidades manuales, intelectuales y emocionales que convierten a la persona en un sujeto productivo, siendo el trabajo productivo una actividad básica del ser humano y la vía hacia la autonomía y la autorrealización. Sin embargo, la inserción sociolaboral no es una tarea fácil, nuestro sistema económico, caduco e insolidario, arroja a muchos jóvenes que cumplen, o han cumplido una medida judicial de privación de libertad a las dificultades sumamente importantes a la hora de acceder y mantener un puesto de trabajo. Sin olvidar que el paro en la población juvenil alcanza cifras escalofriantes, debemos tener en cuenta que es un problema multidimensional, podemos asegurar que también es consecuencia de un inadecuado abordaje a la hora de proporcionar un espacio adaptado a un colectivo con características especiales.
Las funciones del orientador laboral implican un abanico de funciones orientadas a atender las especiales características del colectivo con el que desarrolla su actividad, asesor, mediador, instructor, coordinador, orientador mentor y negociador. El orientador laboral debe ser capaz de dirigir sus esfuerzos a crear redes, a tender puentes de entendimiento entre demandantes y empresarios, sobre todo entre futuros compañeros de trabajo, siendo él mismo un catalizador de cambio entre las partes, cambio basado en el respeto y en el firme deseo de sobreponerse a un clima plagado de dificultades, que en gran medida, dependerá de su pericia para establecer vínculos entre el joven y sus compañeros de trabajo. Poner en juego habilidades comunicativas y de comunicación listas para ser imitadas en todo momento, en ello radica la importancia de esta figura en las que sobresalen la paciencia, empatía y flexibilidad como garantes de la calidad de la intervención.
También necesita adquirir habilidades estratégicas, de marketing, disciplina y grandes dosis de creatividad para desplazar todo el esfuerzo hacia una relación de ayuda que favorezca la plena emancipación, animando al joven a que asuma, en la medida de lo posible, la responsabilidad de sus planes sociolaborales. La calidad de la relación, es un indicador a tener en cuenta, pues supone un factor protector importante (Prados y Cladera, 2014).
Si bien el programa PILA poco a poco llega a más jóvenes y proporciona de forma paulatina el aumento de inserciones en el mundo laboral, pues está dirigido a dar respuesta a una problemática compleja, no podemos dejar de lado, que su finalidad primordial, es la de facilitar el acceso a una experiencia laboral satisfactoria, con todo lo que ello conlleva. Es en este punto donde detectamos la necesidad de incorporar mejoras, proporcionar el acceso a una experiencia satisfactoria no parece una tarea fácil.
Un factor determinante del éxito radica en la atención individualizada, proporcionando apoyo y fomentando las estrategias necesarias para iniciar un proyecto de futuro, a través de la implicación y participación activa de los destinatarios. Por otra parte, conviene destacar que el programa adolece de cierto consenso en cuanto a su coherencia interna, nada casual pues, la penetración global de los servicios basados en la evidencia en el marco de la programación dirigida a la atención de menores con conductas no normativas sigue siendo bastante escasa (Lipsey, Wilson y Cothern, 2000), esto implica el replanteamiento de los objetivos, las expectativas y la adaptación de criterios individualizados sujetos a las necesidades individuales y a los profesionales de referencia. Conviene tener en cuenta que la práctica basada en la evidencia por sí sola no es suficiente para alcanzar el logro de los objetivos, cuando los programas no están debidamente adaptados al colectivo diana.
Un punto fuerte es la alta preparación y dominio de los responsables técnicos (educadores sociales) en la aplicación del programa, sin embargo consideramos imprescindible una metodología basada en la evidencia o en la persecución de la misma, hemos detectado que no se atiende a criterios científicos tanto en la aplicación como en el análisis de las necesidades de intervención, no todos los programas son efectivos y la seguridad de la eficacia, efectividad y eficiencia nos la otorgará, sin ningún género de dudas la aplicación de programas validados o encaminados hacia su validación (Grol y Wensing, 2004).
Por lo que respecta a la coyuntura económica que sitúa a los chicos en una situación de extrema vulnerabilidad, conocemos cuáles son sus características primordiales y sabemos que son víctimas de un sistema económico poco sensible, tanto por su condición de jóvenes en conflicto, como por su condición de población juvenil que soporta más del doble del porcentaje de paro en comparación con el conjunto de la población activa y con deseos de trabajar.
La revisión documental nos ha permitido observar que existen experiencias prometedoras que podrían compensar las carencias del programa PILA. Numerosos estudios, avalan las similitudes que presentan los menores protegidos por la administración pública, con adolescentes infractores. De este análisis se desprende la importancia de infundir hábitos relacionales, de comunicación, valores y sentimiento de grupo, pues éstos, mejoran y refuerzan los aprendizajes. La adquisición de rutinas y pautas de estudio y adquirir hábitos saludables y pautas a la hora de llevar a cabo las actividades de la vida diaria, son tareas en las que también se observan mejoras si se implica a las familias. Estos datos son extremadamente útiles para aportar informaciones que permitirán ajustar la implementación del programa.
Nos hemos acercado a la realidad de un grupo particular de jóvenes, que presentan perfiles desfavorables en materia de participación en diversas esferas institucionales y manifiestan un mayor escepticismo acerca de los beneficios que le reporta el esfuerzo personal (Filgueira, 1998), situándoles en una situación de extrema vulnerabilidad. Estos factores deben ser determinantes en el diseño y aplicación de un programa de intervención socioeducativa, dirigido a la emancipación e incorporación a la vida adulta y al mercado laboral.
Para compensar este entramado de dificultades proponemos una metodología individualizada, que considere a la persona como motor principal del engranaje, el trabajo con apoyo. Se trata de una metodología específica, basada en evidencias, para la inserción laboral de personas con altas dificultades sociales, físicas y emocionales, una propuesta que trabaja en ambos niveles, tanto con la persona demandante como con el tejido empresarial.
El apoyo debe proporcionarse, antes, durante y después de la obtención de una oportunidad de contratación y debe incluir, no solo el soporte socioemocional hacia el trabajador, sino también al empresario, que debe disponer del pilar del preparador laboral como eje central de este complicado engranaje.
Este proceso tiene un marcado carácter de acompañamiento ya sea hacia una ocupación de calidad o bien dirigida a mejorar el itinerario formativo-laboral que exige tiempo y dedicación por parte de las administraciones. Está especialmente dirigido a aquel colectivo, que sin una intervención individualizada y persistente, presentan graves dificultades para acceder y mantener o promocionarse dentro del mercado laboral. En este sentido, el trabajo con apoyo, no es sólo una fórmula de inserción laboral, sino que representa toda una filosofía y una forma de entender y atender las dificultades individuales (Serra, 2014).
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[1] Estas propuestas se presentaron en el VII Congreso de educación social celebrado en Sevilla el 21, 22 y 23 de mayo de 2016.
