Roberto García-Montero (Peñascal Kooperatiba)
Se realiza un análisis sobre la estrecha relación existente entre la inserción laboral y la inserción social. Se aborda la influencia que tiene el nivel de formación y de cualificación en la empleabilidad, así como su situación actual en la Unión Europea y en España, observando cuáles son las tendencias de evolución más relevantes en ese sentido. A continuación se analiza la coyuntura de crisis actual a nivel económico y sistémico y su influencia en la situación contemporánea, identificando el grupo que cuenta con mayor riesgo de exclusión social, el colectivo juvenil que abandona el sistema educativo sin la cualificación suficiente. Se constata el grado de conciencia de la gravedad del problema por parte de organismos supranacionales, como la Comisión Europea, a tenor de sus iniciativas, recomendaciones y exigencias para sus estados miembros. Por último el texto recoge y valora, mediante un formato de discusión y reflexiones, algunas de las iniciativas más destacables a nivel comunitario, estatal, autonómico y privado en los últimos años, relativas al ámbito del estudio planteado, puesto que la amplitud del problema exige de una actuación que involucre a múltiples y diversos agentes, entre los cuáles el mundo de la educación social es parte importante en ellos.
El ser humano es un ser social, precisa de otros individuos para vivir en plenitud. Esa necesidad hace que la humanidad precise organizarse en estructuras sociales que hagan que cada uno de sus miembros pueda funcionar sin problemas según las normas establecidas en la sociedad donde se encuentran.
En la sociedad contemporánea el trabajo, en su vertiente profesional, juega un papel clave en la socialización de los individuos. La sociedad actual no se concibe sin una actividad profesional por parte de la mayoría de sus miembros adultos (Weller, 2007). El sistema actual ha profesionalizado el trabajo al hacer que cada individuo se especialice en la realización de unas tareas concretas con el nivel de eficiencia suficiente que la sociedad demanda. Así, para que el conjunto de la sociedad funcione adecuadamente, es necesario que haya sujetos activos suficientes realizando cada una de aquellas tareas que son precisas para dicha sociedad. En este sistema la sociedad recompensa a cada individuo por esa especialización y le retribuye de manera que pueda solventar sus necesidades personales. Esta es, teóricamente, una buena organización. Sin embargo, ocurre que la práctica ofrece dificultades y disfunciones en el sistema por el cual los miembros de una sociedad desarrollan su lugar en la misma de un modo satisfactorio para todas y todos. Todas las tareas no son retribuidas por igual, ni las apetencias y vocaciones de cada individuo coinciden con el número de oportunidades existentes. Además, la especialización de cada individuo requiere una inversión formativa que acarrea un coste. También las capacidades y oportunidades de cada persona para hacer frente a esa formación son completamente diferentes. Todas estas cuestiones provocan, como no puede ser de otro modo, algunas frustraciones o insatisfacciones cuando no se logran las metas individuales en el ajuste entre oportunidades de empleo y recorrido personal para lograrlos.
La integración en la estructura social pasa por disponer de estabilidad en la obtención de recursos económicos suficientes por medios lícitos, de modo que las necesidades personales puedan ser satisfechas en un sistema económico de cambio a través del dinero. En este sistema el empleo es un elemento clave para la integración social de cada individuo. Normalmente, la inserción social y la inserción laboral están relacionadas en grado tan alto que suele ser extraño que se dé la una sin la otra.
El alejamiento de cualquiera de estas tres condiciones conlleva dificultades en la integración social de un individuo. Por eso un empleo estable que genere de modo continuado los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades de un individuo, realizado dentro del marco legislativo que regula el funcionamiento de una sociedad, es un elemento que facilita enormemente la integración social de dicho individuo.
A pesar de esta estrecha relación entre empleo e integración social, esta no está garantizada exclusivamente por el ámbito laboral. El ajuste social en el ámbito de las relaciones personales (familiar, amistades, relaciones funcionales, …) es fundamental para el bienestar individual y para una satisfactoria integración social. Pero las dificultades y la problemática relacionada con el empleo llevan aparejadas dificultades sociales, en la inmensa mayoría de las ocasiones.
En este escenario el papel que juegan la formación y la cualificación profesional en la inserción social de cada uno de los individuos miembros de la sociedad es un elemento primordial. Por eso, el fracaso en los itinerarios formativos diseñados para cualificar a los jóvenes para el desarrollo de su futura vida profesional es vivido como un fracaso que perturba su futura inserción social.
Esta relación entre formación y empleo es evidente. A mayor nivel formativo existen mayores probabilidades de obtener un empleo. Como puede observarse en la Figura 1 la tasa de empleo de la población de la Unión Europea (UE) que ha alcanzado un nivel de estudios superiores alcanza el 83.7%. Este índice se reduce en cerca de diez puntos porcentuales en el caso de la población con nivel de estudios secundarios postobligatorios y decrece hasta una tasa del 52.6% para la población que se encuentra por debajo de esos niveles formativos.
Además, las previsiones de empleo en función del nivel de cualificación, atendiendo a la evolución del empleo desde el año 2000 en la UE, muestran que los trabajos de niveles bajos de cualificación están decreciendo a pasos agigantados (se ven reducidos a la mitad en un periodo de veinte años). Se mantienen estables, proporcionalmente sobre el global, los empleos que requieren un nivel medio de cualificación, y crecen aquellos que requieren un alto nivel de cualificación (Figura 2).
Estas previsiones también se ven reforzadas en estudios a menor escala realizados por los propios agentes contratadores, como por ejemplo el reciente estudio realizado por la Confederación Empresarial Vasca (Confebask). En él se apunta la previsión de que en el año 2016 únicamente el 12% de contrataciones correspondan a puestos para los que se requieran estudios inferiores a la enseñanza secundaria postobligatoria (bachillerato o ciclos formativos de Grado Medio) (Confebask, 2015).
Las cifras mencionadas dan una idea de la dimensión que alcanza el hecho de que un individuo no disponga de un nivel de cualificación suficiente. Esa situación le predispone para tener un bajo nivel de probabilidades en el futuro de alcanzar un empleo. Esta es una situación que progresa en esa dirección de manera imparable. Por ello, aquellos jóvenes que hoy en día no alcancen un nivel formativo mínimo ven complicado mantener una inserción social de garantías. Tendrán muchas probabilidades de verse en una situación comprometida en su futuro. Tienen muchas posibilidades de tener dificultades en su itinerario vital, debido a los problemas que tendrán para alcanzar una situación laboral de ciertas garantías.
Si a eso le añadimos, el hecho de que en España la tasa de paro de la población menor de 25 años alcanza un nivel del 46.5% en el primer trimestre de 2016 (Gobierno de España, 2016), está claro que existe un problema social alarmante con aquellos jóvenes con los que el sistema educativo no consigue que logren alcanzar cuando menos un nivel formativo de enseñanza secundaria postobligatoria. Esta tasa en España era del 21.9% en el año 2014, prácticamente el doble que la tasa de la UE-28, que es del 11.2% (Eurostat, 2016b).
El grado de preocupación sobre este hecho es tal que la Comisión Europea ha tomado la iniciativa para desarrollar un plan de choque. En abril de 2013 la Comisión elaboró unos principios para el desarrollo en cada estado miembro de la UE de un Plan Nacional de Garantía Juvenil. En nuestro país se ha concretado en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, desarrollada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Comisión Europea, 2013). Pero conscientes de la magnitud del problema la Comisión está preparando una nueva iniciativa conocida, de momento, como Garantía de Competencias y Conocimientos (Skills Guarantee), cuyo objetivo principal es promover el aumento de los niveles de competencia y la relevancia de las mismas en la población adulta de baja cualificación (Comisión Europea, 2016). En este caso la intención de la Comisión no es crear nuevas medidas o actuaciones sino mejorar la implementación de varias de las ya existentes mediante dos opciones principales:
En los próximos meses veremos en los países miembros una serie de actuaciones que van en la línea de esta iniciativa de la Comisión Europea.
En España, el problema es especialmente acuciante, por cuanto se ha visto complicado o potenciado con un ciclo económico muy negativo a nivel mundial, que ha afectado duramente al empleo y a las condiciones laborales del mismo. Este escenario ha provocado una crisis, no sólo económica, sino que está afectando a la mayor parte de los ámbitos sociales (políticos, sanitarios, educativos…).
A todo ello se suma otra crisis que venía emergiendo en las últimas décadas y que está asociada al sistema que la sociedad había desarrollado para cualificar a sus individuos para insertarse en el mercado de trabajo. Esta crisis es provocada por la rapidez vertiginosa de los cambios tecnológicos. Hay una relación directa entre la vigencia de la formación y la obsolescencia de la tecnología en que se basa dicha formación. Hasta hace poco la formación que los jóvenes adquirían en los sistemas educativos antes de su acceso al mundo adulto del trabajo mantenía una vigencia muy grande, que en términos generales garantizaba su vigencia hasta el final de su vida laboral, con cambios poco significativos. Sin embargo, la rapidez de los cambios tecnológicos producidos en las últimas décadas está siendo tal, que está provocando que jóvenes formados hace quince años hayan visto como su cualificación quedaba obsoleta debido a dichos cambios. Esto obliga a variar necesariamente el modelo de formación de los individuos de la sociedad, que necesitan formarse continuamente si no quieren verse en riesgo de exclusión del mercado laboral.
Todo ello está provocando una crisis del modelo mediante el cual la sociedad incorporaba a los jóvenes al mundo laboral. De hecho ahora hay gran cantidad de jóvenes en España que se han formado, alcanzando altos niveles de cualificación. Han cumplido con su parte de la obligación. Sin embargo, la sociedad no puede garantizarles un empleo estable acorde a sus expectativas. Es verdad que tienen más probabilidades de obtener uno que los jóvenes con bajo nivel de cualificación, pero las altas tasas de desempleo, unidas a la precariedad laboral y a la rápida obsolescencia tecnológica prevista, hacen que las perspectivas futuras de las nuevas generaciones contengan altas dosis de frustración (Zubero, 2009).
Hace un par de décadas se podía afirmar que estudiar y obtener éxitos en el mundo académico garantizaba una mejor situación para el empleo. No hace tanto que conseguir que los hijos de una familia llegaran a la universidad y lograran una titulación proporcionaba éxito y tranquilidad. Eso suponía para ellos un futuro mejor, un empleo bien remunerado y estable. Aquellos otros que “no valían para estudiar” iban a trabajar para contribuir a la economía familiar desde edades más tempranas.
Hoy esto ha cambiado mucho. El vertiginoso desarrollo tecnológico ha provocado la necesidad constante de recualificación de la sociedad. La crisis económica de los últimos años ha provocado grandes tasas de desempleo y un aumento de la inestabilidad laboral a todos los niveles (Caravaca, 2005).
Ahora bien, lo que está claro es que si la situación es “invernal” para la juventud con un nivel alto de cualificación, el problema alcanza tintes de “glaciación” cuando hablamos de los jóvenes sin un nivel mínimo de estudios ni cualificación profesional. Está claro dónde han de volcarse los principales esfuerzos si quieren evitarse graves situaciones de exclusión y segregación en nuestra sociedad, pensando en el presente, pero sobre todo intentando hacer un futuro mejor para todas y todos los individuos.
Queda patente que la problemática juvenil relacionada con bajos niveles formativos y de cualificación comporta una situación de riesgo de exclusión laboral muy elevado y ello conlleva altas probabilidades de exclusión en la sociedad contemporánea.
Es evidente que los organismos administrativos, desde el nivel europeo hasta el nivel local, son conscientes de la gravedad de este problema y están impulsando políticas que mejoren la situación, aunque aún está por ver la eficacia de las políticas implantadas o a implantar en los próximos años, así como sus consecuencias a medio y largo plazo en la lucha contra esta problemática.
En este sentido, la Comisión Europea está promoviendo grandes iniciativas (Garantía juvenil, Garantía de Competencias y del conocimiento), que tienen reflejo en líneas estratégicas y recomendaciones a todos los estados miembros y que orientan fondos financiadores de actuaciones que siguen estas directrices. Paralelamente está marcando una serie de objetivos a lograr en todos los países para mejorar los índices relacionados con esta problemática. Entre los objetivos planteados a comienzos del siglo XXI, la UE se propuso que para 2010 el 85% de los jóvenes comunitarios (18-24 años) acabase estudios secundarios postobligatorios (bachillerato, ciclos formativos de grado medio o programas equivalentes). Objetivo que se tornó más ambicioso posteriormente, con un objetivo formal corregido hasta el 90%. Se pretendía alcanzar una tasa de abandono temprano de la educación y la formación no superior al 10%. Conforme se fue acercando la fecha planteada se hizo evidente la imposibilidad de lograr ese objetivo. Actualmente se ha trasladado a un plazo temporal más largo, situándose en el horizonte del año 2020 (Comisión Europea, 2009). Hoy en día el objetivo marcado para España en ese horizonte se sitúa en una tasa del 15%.
Se observa como diferentes niveles y organismos de las administraciones públicas intentan luchar en los últimos años contra esta problemática. El Gobierno español, por ejemplo, cuenta con un Plan específico para la reducción del abandono educativo temprano (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014). Por otra parte, a nivel estatal la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha traído la aparición de la FP Básica, que ha situado una respuesta dentro del sistema educativo reglado (al menos formalmente) para aquellos jóvenes que terminaban la etapa de escolaridad obligatoria sin la titulación académica mínima. El impacto educativo y social de este nivel está por evaluar en los próximos años ya que la primera promoción de alumnado de estas enseñanzas termina en el curso 2015/2016. Sin embargo hay un dato evidente que influye en las estadísticas. Al situarse en un nivel de enseñanza secundaria postobligatoria aquellos jóvenes que alcancen el título de FP Básica estarán contribuyendo a reducir la tasa de abandono educativo temprano en España, cosa que no sucedía en la etapa anterior con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs), programas que no otorgaban un título académico, ni tenían el mismo valor y efectos académicos ni laborales.
A este tipo de enseñanza, dadas las competencias en materia educativa de las distintas comunidades autónomas se suman iniciativas de formación no regladas promovidas por ocho Gobiernos Autonómicos (Tabla 1), que han promovido legislación propia para dar cobertura a iniciativas de formación reguladas para luchar contra la falta de formación de los jóvenes con menores niveles de cualificación.
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También hay que destacar el esfuerzo hecho en materia reguladora por comunidades como Euskadi para posibilitar que la amplia red de centros y profesionales especializados desde hace décadas en el trabajo con estos colectivos juveniles pueda hacerse cargo de la FP Básica. Esto ha permitido conservar, en gran medida, la experiencia y las metodologías que estaban ofreciendo resultados positivos en este campo (Gobierno Vasco, 2015). En este sentido, esta comunidad es un referente interesante a tener en cuenta ya que tiene los mejores resultados educativos, en cuanto a tasas globales, del conjunto del Estado Español. Sus niveles educativos son incluso mejores que la media de la UE, además de contar con una tasa de desempleo juvenil sensiblemente menor que la media nacional.
En lo relativo a iniciativas no dependientes de organismos públicos en este campo, es destacable por lo que supone de novedad, la reciente creación de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad. Esta entidad pretende agrupar, no sólo a escuelas, sino a distintos tipos de agentes que pueden formar parte activa en la mejora de las actuaciones para el colectivo juvenil con mayor riesgo de exclusión asociado a la baja cualificación. Entre sus posibles socios contempla además de a las propias escuelas, otros tales como: agentes del mundo académico e investigador, agentes del ámbito educativo, agentes del ámbito social, empresas y los propios jóvenes que participan o han participado en escuelas de estas características. Esta iniciativa es reseñable por cuanto entiende que la solución a este problema implica a agentes de diversos campos de actuación que deben de disponer de un foro con el reconocimiento y la entidad suficiente como para definir, a nivel nacional e internacional, conclusiones de peso que lleven a desarrollar un modelo de actuación específico y flexible, legitimado y reconocido (e2oespana.org, 2015).
Así pues, tras todo lo observado, se puede concluir que existe un gran problema relacionado con la inserción laboral de la población juvenil. Problema que es más grave en los sectores de población con bajo nivel de cualificación. Dicho problema es percibido con la gravedad suficiente por la mayoría de instituciones públicas y se están llevando a cabo políticas públicas, orientadas desde la Comisión Europea para hacer frente al mismo, implicando a distintos niveles de la administración. La gravedad deriva del hecho de que los problemas de inserción laboral están relacionados con problemas de inserción social de los individuos que los sufren.
El problema tiene la amplitud suficiente como para abarcar distintos aspectos relacionados con el funcionamiento social por lo que es necesaria la implicación de una gran variedad de agentes (sociales, educativos, económicos, etc.) para poder afrontar con garantías la búsqueda y la articulación de soluciones y alternativas. El papel de los educadores sociales, al igual que el de otros agentes, es imprescindible en esta tarea.
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