Alberto Fernández de Sanmamed, Predidente del CGCEES
Las mareas representan la fuerza del mar, esa fuerza incansable que trae una y otra vez aires nuevos a las orillas, de esa misma manera las mareas de los colores naranja, blanca, verde, lila son movimientos ciudadanos que incansablemente están defendiendo el Estado de Bienestar.
Dicen que el color naranja es símbolo de entusiasmo, ese entusiasmo que como profesionales tenemos por el trabajo que hacemos; porque somos los primeros conocedores de su importancia en una sociedad justa y solidaria. Defendemos una sociedad que apueste por la ciudadanía y no por los mercados o por el capital, una sociedad justa que ofrezca las mismas oportunidades a todas las personas, sea cual sea su género, procedencia, edad, etc., y una sociedad solidaria que cuide de los que tienen menos oportunidades, de sus niños, de sus mayores, etc. Por eso estamos organizándonos en MAREAS y la nuestra es NARANJA.
Ese es el sentido de significarnos públicamente con estas camisetas y chapas que nos identifican con ese movimiento.
Como no podría ser de otra manera este movimiento se configura de una manera abierta a la que se van sumando no solo los profesionales, entidades que trabajan en los Servicios sociales, asociaciones de usuarios y la ciudadanía en general. Es un movimiento también inclusivo que solicita el apoyo y la participación de todos en la defensa de UN DERECHO de la ciudadanía.
La Marea Naranja se manifiesta bajo formas y actuaciones muy diferentes en todo el Estado, Aragón, Andalucía, Euskadi, La Rioja y tantos otros sitios, donde profesionales de diversos campos y población en general estamos visibilizando la situación de que las medidas que se están tomando están destruyendo el Estado de Bienestar, como se pudo ver en la gran manifestación que tuvo lugar en Madrid en Septiembre y en la multitud de actos y presentaciones muy diferentes que están teniendo lugar en todo el Estado.
Los recortes justificados en aras de ese nuevo “dios” de la contención del déficit no pueden significar cambiar la obligatoriedad de los diferentes gobiernos (central, autonómico y local) de asumir unos servicios de calidad y apostar por un simple asistencialismo que repare las cada vez mayores injusticias. Como profesionales tenemos la obligación de ser la voz de “los sin voz”, de los cada vez más excluidos, como aprobamos en “La Declaración de Valencia” asumida por toda la profesión en el Congreso celebrado el pasado año.
Las medidas que se están tomando significan un retroceso de más de 30 años en un sistema de servicios sociales aun muy incipiente que se estaba construyendo. El Estado dedicaba, antes de esta mal llamada crisis, mucho menos que la media europea (con una diferencia de más de siete puntos del PIB) al sistema de Servicios Sociales, lo que indica que este NO ES el causante de la situación sino, en todo caso, serían otras las políticas que han llevado al despilfarro las puestas en marcha por nuestras y nuestros gobernantes. Y si este no es el motivo de la situación, está claro que NO ES aquí donde tenemos que recortar.
Como profesionales sabemos que esta política de recortes en asistencia y sobre todo en prevención en aspectos tan sensibles, llevarán sin duda a situaciones que exigirán una gran inversión humana y económica en un muy corto plazo. En esto parece que nuestros políticos no están demostrando mucha inteligencia, a menos que pensemos mal y que lleguemos a la conclusión de que igual lo que se esconde detrás de esto es que quieran desmontar el aún precario sistema público para después algunos puedan lucrase también con la atención a los más desfavorecidos.
Los recortes afectan a todos los ámbitos, los Servicios sociales de base, a los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, los de las zonas rurales, que ven como se recortan partida tras partida para atender a niños, mayores, mujeres maltratadas, etc. Pero también a los servicios sociales especializados el trabajo en prevención de la drogadicción, en menores en situación de riesgo, para personas con discapacidad, etc., llegando incluso a entidades que trabajan en cooperación internacional, a los inmigrantes que tanto han hecho por la economía del Estado en los años “de bonanza” y que ahora son tratados como “non gratos” o simplemente no necesarios. Y ¿qué decir de la casi ya desmontada ley de la dependencia?.
La lista sería interminable y como profesionales lo vivimos todos los días, llegando a ver las consecuencias que tienen en las mujeres y hombres del Estado. Es por esto por lo que el Consejo General de Colegios de educadoras y Educadores quiere implicarse de forma activa en este movimiento de la Marea Naranja, como unos profesionales más y acompañando a todas y todos los que se quieran sumar. Sólo tenemos un objetivo defender el sistema público de Servicios sociales.
El objetivo es tan importante que no queremos ni podemos dar ningún paso atrás: denunciaremos las veces que sea necesario, aunque nuestra voz no tenga muchas veces la repercusión mediática esperada, continuaremos diciendo una y otra vez que el sistema de Servicios sociales es viable y es un derecho irrenunciable de la ciudadanía.
Tenemos y asumimos esta obligación porque simplemente las personas y los colectivos con los que trabajamos lo merecen.
