Alberto Fernández de Sanmamed Santos, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales
La recientísimamente aprobada DECLARACION DE VALENCIA, documento de referencia consensuado por nuestra profesión en el último congreso estatal celebrado en mayo de este año, planteaba que en este tiempo con un porvenir que parece incierto, lleno de discursos fatalistas, que muchas veces se nos presentan como los únicos posibles, otras soluciones son posibles para aumentar el bienestar de las personas. Y estas soluciones se basan en la importancia de apostar de forma decidida por LA EDUCACION.
En estos momentos todos los profesionales del campo social estamos obligados a buscar soluciones alternativas a las que se están dando desde las políticas públicas, unas propuestas que se basen en la dignidad, las capacidades y fortalezas de las personas y que rompan con la concepción imperante de que no es posible continuar apostando por políticas socioeducativas de calidad.
Renunciar a continuar apostando firmemente por una sociedad con más educación y con una educación que llegue a todos los estamentos sociales, incluidos los más desfavorecidos, a todos los tramos de población, desde la infancia a las personas mayores (no olvidemos que estamos en el año internacional del envejecimiento activo) podría ser uno de los mayores errores que como sociedad pudiéramos cometer.
Decía Derek Bok, abogado y Educador, “Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la Ignorancia”, no intentemos pues engañarnos si no apostamos, incluso recortamos las políticas educativas y sociales esto traerá consecuencias a medio y largo plazo que traerán costes mucho más elevados, no solo económicos sino sociales.
Las políticas públicas deben permitir e impulsar que todas y todos los ciudadanos participen en la vida social, la ciudadanía tiene que ser consciente de sus propios derechos y de sus responsabilidades reales en la construcción de del Estado de Bienestar que tiene que ser posible y desde luego, el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales considera que es sin ningún lugar a dudas viable. La ciudadanía, a través del acceso a la educación, se tiene que implicar activamente en la creación de las condiciones sociales, educativas, económicas, participativas, necesarias para que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.
Los profesionales de la Educación Social en estrecha colaboración con otros profesionales de los ámbitos sociales y educativos venimos de apostar como establece la Declaración mencionada anteriormente por establecer un Contrato Social para trabajar y fomentar una educación social de calidad, entendida como derecho de ciudadanía, para lograr un mundo más justo y solidario, en la implicación en este contrato deben estar todas las instituciones, organizaciones y entidades sociales y educativas y muy especialmente las administraciones públicas, local, autonómica y estatal que muy al contrario de lo que se está haciendo que es implementar políticas generadoras de cada vez mas desigualdades, pobreza y sufrimiento, tienen que ser garantes del acceso de toda la ciudadanía a los bienes culturales, educativos y sociales propios de una sociedad avanzada.
Decía la prestigiosa pedagoga Graciela Frigerio, que acaba de estar presente en nuestro congreso de Valencia, “Hay educadores dispuestos a desafiar las profecías del fracaso, con vocación, con fuerza y entusiasmo”. Este es el reto desafiar las profecías de fracaso que se ciernen sobre nuestra sociedad por las políticas impuestas con una apuesta por la denuncia, la búsqueda de soluciones alternativas y el ofrecimiento de colaboraciones estables y positivas.
Los Colegios de Educadoras y Educadores Sociales estamos pues ante este reto, como organizaciones representativas de unas y unos profesionales implicados tenemos que buscar estas soluciones y establecer vías de colaboración para su implementación, sin olvidar por supuesto la obligación que tenemos de denuncia de políticas injustas, asumiendo la voz de esos colectivos y personas con las que trabajamos, que muchas veces no pueden llegar a los medios y que sufren especialmente por un sistema injusto. En esta situación de profunda crisis económica, empobrecedora y amenazante, especialmente con las personas con más dificultades económicas, educativas y culturales, las organizaciones profesionales estamos convencidas de que otra realidad es factible, de que otras políticas son posibles y deseables y por tanto aportamos y reivindicamos una clara opción por la acción constructiva de una sociedad centrada en los derechos básicos de las personas, una sociedad que apueste por la educación y los derechos sociales.
Una sociedad con acceso de toda la ciudadanía a unas políticas educativas de calidad es una sociedad mucho más libre, la educación no es en ningún caso un gasto es invertir en la ciudadanía y por tanto invertir para tener ciudadanos más implicados en su futuro y por tanto ciudadanos más libres, como decía Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.
En el momento actual la profesión de educador social y, en general, las profesiones sociales tienen y tendrán en el futuro inmediato uno de los papeles fundamentales en la nueva época en la que ha entrado la sociedad actual.
