Estefanía Muñoz Galván. Ana Belén Riquelme Sánchez. Educadoras Sociales. Fundación Diagrama Intervención Psicosocial
La Constitución Española (CE)[1] reconoce el derecho al trabajo en el Título 1, Capitulo 11, Sección 2a, dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos en su art. 35. 1 “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho del trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.
El trabajo diario que se realiza en el ámbito de la Inserción Sociolaboral desde Fundación Diagrama permite conocer una realidad que se torna a menudo más difícil de enfrentar, sobre todo si nos encontramos con colectivos en situación de riesgo de exclusión social con dificultades para encontrar un trabajo de calidad, cualificado y de condiciones dignas. Es ahí donde la labor de los gobiernos, de las entidades sociales y de los equipos multidisciplinares de profesionales tiene especial cabida y donde se deben aunar esfuerzos y coordinarse para dar respuestas eficaces a este tipo de colectivos.
En Fundación Diagrama, se desarrollan programas para dar respuesta a esta situación a través de Itinerarios Individualizados de Inserción y donde la labor de la Educadora y del Educador Social cobra en este ámbito especial importancia por ser la persona referente de cada caso y quien acompaña durante todo el Itinerario Individualizado de Inserción.
Vidal y Ortega (2003:9) afirman que
“el conocimiento sobre la realidad de la inserción laboral es un medio crucial para la protección de los jóvenes y por ello debe articularse expresamente una línea estratégica de optimización de los sistemas de información tanto en el ámbito local y autonómico de la Administración y entidades civiles como en el ámbito general de España”.
En ese sentido, desde el Instituto Nacional de Estadísticas se ofrecen datos relativos a la Encuesta de Población Activa (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 2016) de todos los trimestres del año. En lo que llevamos de 2016, los datos del primer trimestre sitúan la tasa de paro española en el 21%, lo que supone una décima más que en el trimestre anterior. Tal como queda recogido en nota de prensa publicada por la EPA, la tasa de paro masculina se sitúa en el 19,45%, mientras que la femenina se incrementa hasta el 22,78%. Por edad, los indicadores de paro más altos se sitúan entre los menores de 16 a 20 años con datos que ascienden al 64,1% y entre las personas jóvenes de 21 a 25 años situándose la tasa de paro en un 46,5%.
El conocimiento de la realidad en este ámbito y los datos arrojados por la EPA, han hecho que la inserción sociolaboral se haya convertido en un asunto prioritario dentro de la política económica de los gobiernos (que desarrollan planes a nivel nacional, autonómico y local) y en uno de los focos de acción principales de las entidades sociales, como lo es Fundación Diagrama.
Siguiendo a Bisquerra (1992), citado en Pelayo (2012:18):
“La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores para su realización, desde las características que presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad”.
Por su parte, Fournet et alt. (1993), citado en Echeverría (1997:87), define la inserción como:
“La entrada en la vida activa (marca el cambio de utilización del tiempo por parte del individuo) y la definición correlativa de un proyecto de vida (entendido como un conjunto de actos racionales, finalizados y ordenados en unos plazos). Este proyecto de vida engloba el proyecto profesional, la profesión a ejercer que contribuye al desarrollo completo de la persona”.
Sin embargo, la creación del proyecto de vida supone una dificultad cuando las personas se encuentran en situación de desventaja social y/o personal, en situación de exclusión social y/o riesgo de padecerla, lo que les hace más vulnerables respecto al resto de la población española a la hora de la creación de un proyecto profesional y, por ende, de insertarse en el mundo sociolaboral.
Autores como Olmos (2011), establecen cinco dimensiones con indicadores de exclusión social que influyen en la inserción laboral de toda persona: dimensión institucional, dimensión educativa, dimensión económica, dimensión salud y dimensión familiar. Los indicadores de riesgo de exclusión social de estas dimensiones influyen en las metadimensiones “social” y “laboral” a lo hora de desarrollar un proyecto de vida autónomo.
Por otro lado, es importante destacar que para la inserción de una persona en el mundo sociolaboral, es indispensable que ésta desarrolle y domine alguna de las competencias básicas que requiere el funcionamiento de una persona adulta en cuanto a sus diferentes áreas se refiere. Schalock (2009:26-28), establece cinco dimensiones del funcionamiento humano, que en nuestro caso, toda persona debería también desarrollar para una próspera inserción laboral: dimensión habilidad intelectual, dimensión comportamiento adaptativo, dimensión participación, dimensión salud, y dimensión contexto.
El presente artículo se centra en la inserción sociolaboral del colectivo de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, debido a que es el grupo que presenta la mayor tasa de paro en la actualidad y debido al largo recorrido y experiencia que Fundación Diagrama posee desarrollando acciones de este tipo.
Se hablará del modelo de inserción que utiliza la entidad para crear las condiciones favorables en el proceso de inserción mediante la búsqueda de empleo y de formación con objeto de evitar la creación de una bolsa de pobreza y exclusión social crónica y de difícil ajuste.
Los programas de Inserción Sociolaboral que se desarrollan en Fundación Diagrama surgen con el fin de favorecer la inclusión social, formativa y laboral de jóvenes de 16 a 30 años en situación de riesgo de exclusión social.
Pero para ofrecer un perfil sobre las características generales de este colectivo, definiremos en primer término qué entendemos por situación de exclusión social o riesgo de padecerla.
Atendiendo a la definición de Hernández (2008) citada por Agost y Martín (2012:132):
“La exclusión social se define como un proceso mediante el cual los individuos o los grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven, como los obstáculos que encuentran determinadas personas para participar plenamente en la vida social, viéndose privadas de una o varias opciones consideradas fundamentales para el desarrollo humano”.
Asimismo, y siguiendo a Agost (2004), entre los mecanismos estructurales de producción de la exclusión se encuentran entre otros factores el deterioro de las estructuras familiares, la evolución y las rupturas del sistema de valores, la tendencia a la fragmentación social y la evolución de los fenómenos migratorios.
En este sentido, un alto porcentaje de las personas jóvenes con las que la Fundación trabaja y que siguen un itinerario de inserción socio laboral han sufrido a lo largo de su vida algún momento de desestructuración familiar, vivenciando procesos de desprotección y/o de cumplimiento de medidas judiciales, no han tenido referentes positivos en la infancia y/o adolescencia, son personas con una larga trayectoria migratoria, etc. Estas circunstancias hacen que en muchos casos hayan tenido más factores de riesgo que de protección/compensación, lo que les ha podido llevar a una situación de riesgo de exclusión social.
Así y, en relación con la definición anterior, tal y como señalan Brunet, Pizz y Valls (2013:649):
“La exclusión para la Comunidades Europeas (1994), no significa únicamente ingresos insuficientes. Excede la participación en el mundo del trabajo, se manifiesta en ámbitos como la vivienda, la educación, la salud, el acceso a los servicios, y no únicamente concierne a los individuos que han tenido graves dificultades, sino también a los grupos sometidos a la discriminación, a la segregación o al debilitamiento de las formas tradicionales de las relaciones sociales”.
Centrándonos en el ámbito de las personas de 16 a 30 años, Brunet, Pizz y Valls (2013:659) afirman que para los jóvenes en situación de exclusión social o riesgo de padecerla:
“Sus experiencias familiares, formativas, laborales, materiales y relacionales están marcadas por la recurrente aparición de episodios negativos. Ello se traduce en experiencias personales como dificultades de adaptación a los requisitos del sistema educativo, imposibilidad de planificar una carrera laboral en positivo (vocacional, creativa, estable, etcétera), incapacidad de acceder a determinados bienes materiales y simbólicos, impedimentos para lograr una autonomía económica, etc. Esto se debe a la imposibilidad de participar en la sociedad de manera positiva y con reconocimiento por parte del entorno, lo que repercute en la construcción de identidades sociales frágiles y fuertes sentimientos de inferioridad, lo que depende no sólo de su situación de exclusión social, sino también de sus marcos de referencias colectivas”.
Lasheras y Pérez (2014), defienden que las vulnerabilidades estructurales, que nacen de factores como el sexo, la etnia y la desigualdad intergrupal, interactúan con las dinámicas del ciclo de vida para situar en mayor riesgo a determinados grupos de personas, entre los que también se encuentran los y las jóvenes. Los grupos de jóvenes más afectados son:
a. Jóvenes sin ocupación fuera del sistema educativo: la desvinculación del espacio formativo y la exclusión del espacio laboral.
b. Hogares de jóvenes recién emancipados los y las jóvenes de entre 16 y 24 años son el colectivo con una menor autonomía residencial y el que lidera el progresivo incremento de la dependencia familiar: sólo el 7,2 % de las personas menores de 25 años residen actualmente fuera de su hogar de origen. También debe destacarse una significativamente mayor tasa de emancipación entre las mujeres de 16 a 29 años (26,8 %), frente a los hombres de la misma edad (17,5 %)
c. Jóvenes que viven en hogares excluidos: casi un 26 % de las personas jóvenes de entre 16 y 24 años de familias excluidas no han alcanzado el graduado escolar o la ESO, y el 47,2 % tienen solo esa cualificación.
De todo lo anterior, destacamos que cuando hablamos de jóvenes en situación de exclusión social o riesgo de padecerla, nos estamos refiriendo no sólo a aquellas personas que presentan las características y problemáticas propias de la población juvenil y su momento evolutivo en general: indefinición vocacional, inmadurez personal, indecisión, etc., sino que además, a éstos condicionantes habría que añadirle otras dificultades sociales y factores de riesgo asociados tales como: ambiente sociofamiliar desestructurado, falta de recursos económicos, déficits cognitivos, carencia o escasas habilidades sociales y hábitos laborales, ausencia o bajo nivel de formación y de cualificación profesional, etc. 
Esto hace que nos encontremos ante un colectivo expuesto no sólo a la exclusión en el proceso de inserción laboral sino también en riesgo social, que necesita un apoyo más individualizado y personalizado, con el fin de acercarlo a recursos normalizados, ya sean formativos, educativos, prelaborales, etc., de su comunidad, utilizando un método de trabajo de carácter personalizado, basado en la motivación, la atención individualizada, el apoyo y el seguimiento exhaustivo.
Otros factores que intervienen en la situación de riesgo de exclusión de estas personas jóvenes suele ser que tengan abierto un expediente en Servicios Sociales, que hayan estado sometidos a alguna medida administrativa de Protección de Menores y/o Judicial de internamiento o en medio abierto.
La metodología de intervención para la inserción sociolaboral ha sufrido transformaciones motivadas por la necesidad de adaptarse a nuevos retos y a complejas problemáticas laborales que han ido surgiendo a lo largo de los años.
Debido a los altos niveles de desempleo juvenil, la precariedad de ciertos empleos, las dificultades de inserción laboral y de reciclaje profesional de ciertos colectivos, así como los cambios tecnológicos y organizativos en las empresas y en los requerimientos específicos en cuanto a competencias y a perfiles profesionales demandados se requiere intervenciones cada vez más eficaces e innovadoras.
Urbán (1997), refiere la existencia de tres modelos de intervención en orientación laboral en función de las formas de acercarse e intervenir con las personas en búsqueda de empleo. Estos tres modelos podrían denominarse: Didáctico, de Asesoramiento y Centrado en los Recursos.
Por su parte, Carmona y Martínez (2005) establecen un modelo de intervención socioeducativa centrado en la inserción laboral de jóvenes en situación de exclusión social comprendido en tres fases: la fase formativa, fase de prácticas, y por último la fase de inserción.
Siguiendo estos modelos, la Educadora y el Educador Social trabajan la Inserción Sociolaboral mediante la atención individualizada y personalizada, encaminada a la inserción formativa y/o laboral de las personas jóvenes, utilizando los recursos del entorno, en coordinación con las entidades públicas y privadas que participan en el proceso de intervención emprendido con cada participante.
La metodología utilizada en los itinerarios de inserción individualizados parte de los principios de atención integral, intervención individualizada, voluntariedad y compromiso, autonomía, asesoramiento, participación, coordinación, igualdad, acompañamiento y tutorización.
La derivación o contacto de la persona usuaria con la Educadora y el Educador Social y cualquier otra/o profesional de la inserción sociolaboral comienza en el proceso de recepción que tiene lugar con la llegada al Servicio por parte de la persona usuaria. El objetivo en esta primera fase es informar sobre el itinerario, los servicios y recursos que se le ofrece, la metodología de trabajo y su implicación como parte activa del proceso asumiendo la responsabilidad del compromiso. Además, tendrá lugar una primera valoración para conocer las necesidades, motivos, razones y expectativas de cada joven en particular.
La participación de cada joven en las actividades del servicio debe realizarse siempre en función de un proceso de evaluación en el que se analizan las necesidades concretas que presenta.
En este sentido, en la fase de valoración inicial, las y los profesionales de la Educación Social realizan una entrevista semiestructurada de carácter ocupacional, vocacional y formativo-laboral, en donde se analiza la situación inicial y las expectativas que la persona usuaria tiene frente al empleo, para proceder a realizar el diagnóstico completo. Una vez realizada la entrevista se pasa un cuestionario del que se haya comprobado su eficacia y validez de modo científico, tal como el cuestionario EXPLORA.
Este diagnóstico nos proporciona un mejor conocimiento de cada joven, lo que permite identificar y cubrir mejor sus necesidades, definiendo un proceso de orientación adecuado.
El diseño del itinerario se realiza conjuntamente entre la persona joven y el/la Educador/a Social, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico inicial. En primer lugar, se establece un contrato de compromiso que ha de firmar el/la joven, lo que supone que la participación es voluntaria y por tanto que está motivado para iniciar el diseño del itinerario.
Los objetivos, las actuaciones para alcanzarlos, y la metodología a seguir, estará siempre consensuada entre Educador/a Social y joven, con objeto de hacer partícipe activo a la persona beneficiaria, de implicarle desde el inicio para que comience a tomar decisiones apoyándose en los criterios de su referente.
El desarrollo del itinerario tendrá como base una metodología ecléctica centrada en los modelos didácticos, de asesoramiento y centrados en los recursos, combinándolos con el modelo de tutoría individualizada y apoyada por la atención grupal. La atención individualizada trata de compaginar el apoyo psicosocial con la atención grupal a través del desarrollo de talleres en grupos que faciliten conocimientos y habilidades para acceder al mercado laboral.
La Educadora y el Educador Social a través de las tutorías individualizadas aprovechan los momentos clave para establecer vínculo profesional y la relación de ayuda con cada joven, con objeto de fortalecer la motivación durante el itinerario, dotarle de herramientas que favorezcan su capacitación personal y profesional, de analizar los progresos alcanzados y realizar un seguimiento de la planificación del proceso de inserción.
El seguimiento realizado por la Educadora y/o el Educador Social del caso servirá para ir evaluando el proceso de cada itinerario individualizado de inserción. En esta evaluación se comprueba si la persona usuaria cumple con los objetivos propuestos ya sean formativos y/o laborales y se evalúa si sería conveniente realizar modificaciones en el planteamiento inicial del itinerario. Asimismo, se realiza una evaluación final para comprobar el grado de consecución de los objetivos establecidos en el Itinerario Individualizado de Inserción.
Tal como referíamos en el punto 2.2 cada itinerario es individualizado por lo que según las necesidades que se detecten -ya sean formativas o laborales- la persona beneficiaria formará parte de unas actividades u otras.
En ese caso, la Educadora y/o el Educador Social propondrán el desarrollo de las actividades que se desarrollarán, que pueden ser:
Durante el Itinerario la Educadora o el Educador Social ofrecerán a través de entrevistas individualizadas o mediante talleres grupales toda aquella información, orientación y asesoramiento que cada caso requiera atendiendo a las necesidades tanto individuales como grupales.
En el caso concreto de la orientación, las y los profesionales de la Educación Social diseñan y desarrollan talleres en pequeños grupos donde se trabaja la capacitación formativa, laboral y la orientación vocacional.
Asimismo ofrecen información y asesoramiento sobre toda la red de recursos académicos, formativos, prelaborales, ocupacionales y laborales que existen en la comunidad, ya que la principal herramienta para el acceso a todos los recursos es el saber de la existencia de los mismos, por ello se hace imprescindible la orientación hacia ellos y el asesoramiento sobre cuáles son los más adecuados y necesarios para satisfacer las demandas y favorecer el proceso de inserción social y laboral.
La inserción supone participar en un proceso de duración variable, no impuesto sino compartido, y que implica necesariamente un compromiso por ambas partes, en el que la Educadora o el Educador Social ofrecen una serie de herramientas y recursos que tratan de favorecer la motivación del/la joven mediante su ayuda y apoyo.
Tal como afirma Guerrero (2005) el Itinerario,
“Permite a la persona en riesgo de exclusión social ocupar un empleo en el mercado de trabajo, facilitando su incorporación al empleo a través de un conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos de apoyo a justados a las necesidades de cada persona”.
En este sentido las y los profesionales de la Educación Social tienen en el ámbito de la inserción la responsabilidad de, entre otras, identificar expectativas y carencias formativas, laborales y personales, ayudar a definir el perfil vocacional de la persona beneficiaria, fomentar la motivación propiciando el autoconocimiento para ajustar el Itinerario a las posibilidades reales del mercado.
En cuanto a la preparación de los jóvenes para desarrollar una búsqueda activa de empleo, se desarrollan diferentes talleres dirigidos a dotar a éstos de herramientas y hábitos necesarios para iniciar su proceso de búsqueda de empleo. Entre los talleres que se desarrollan desde Fundación Diagrama, encontramos: Técnicas de búsqueda activa de empleo; Taller de entrevistas de trabajo; Taller de Informática; Participación en los Talleres de la Plataforma de Formación del Joven de la que dispone Fundación Diagrama, Taller de apoyo a la formación externa para quienes cursen estudios reglados.
Numerosos estudios y autores han definido y descrito las funciones que corresponden la figura de la Educadora y del Educador Social en el proceso de la inserción sociolaboral. Entre ellos, destacan las aportaciones realizadas por Azara Fustero y Mazo Ferraz (2010) y Alzamora (2004).
Azara y Mazo (2010:45) enumeran las funciones de las y los profesionales de la Educación Social en relación a diferentes ámbitos de actuación y entre ellos el ámbito relacionado con la inserción sociolaboral. Así, entre sus funciones dentro de este campo de intervención se encuentran las de:
“Realizar talleres de inserción sociolaboral, formar para la búsqueda de empleo, realizar itinerarios integrados de inserción laboral, fomentar la búsqueda activa de empleo, realizar intermediación laboral con las empresas, realizar talleres grupales, etc.”
Por su parte, Alzamora (2004) indica que la Educadora y el Educador Social realizan entre otras, las funciones de “orientación profesional, trabajando los hábitos requeridos para la integración social y laboral de los jóvenes”.
Estas aportaciones indican que las y los profesionales de la Educación Social en el ámbito de la inserción sociolaboral se encargan de realizar no sólo el diagnóstico inicial, el diseño y desarrollo del Itinerario Individualizado de Inserción Sociolaboral, sino que además, se trabajan pautas, habilidades y hábitos laborales para asegurar la eficaz inserción sociolaboral del caso.
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La Educadora y el Educador Social dan voz a la persona usuaria implicada en el proceso y establecen conjuntamente las pautas a seguir para lograr la inserción tanto en el ámbito formativo (en caso que se estime oportuno por ambas partes) como en el ámbito del mercado laboral, acompañándole en la búsqueda exhaustiva de recursos formativos y laborales de acuerdo a sus expectativas y a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial.
Para ello, además de llevar a cabo una intervención individualizada durante todo el proceso, realiza funciones de programación, diseño y desarrollo de talleres grupales ya que parte de la inserción sociolaboral es fruto de la formación en habilidades sociales, de empleabilidad, de búsqueda activa de empleo, de motivación, de autoconocimiento, etc., que servirá a las personas usuarias en su futura trayectoria profesional.
En relación a lo anterior, tal como afirma Alzamora (2004), el trabajo de las Educadoras y los Educadores Sociales:
“Tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a avanzar en su proceso de socialización y desarrollo personal, centrando sus actuaciones en la mejora de habilidades y hábitos necesarios para conseguir una auténtica integración social y laboral”.
Por otro lado, otra de las funciones que siempre se cumplen en la profesión en el ámbito de la inserción sociolaboral consiste en realizar el seguimiento de todas las actuaciones desarrolladas con cada caso dejando constancia de ello tanto en el diario de seguimiento como en la elaboración de informes (con datos cualitativos y cuantitativos) que se realizan mensual y anualmente.
De acuerdo con Ballester, Orta, Oliver y March (2004:2-3):
“El trabajo en red se ha convertido en algo imprescindible. El sistema reticular de las redes es apto para una gran variedad de actividades puesto que presentan una estructura democrática horizontal y suficientemente flexible para adaptarse a un entorno comunitario caracterizado por el aumento de los actores y de las posibilidades de interacción. Las redes pueden ser muy diversas, pero en cualquier caso están formadas por recursos (servicios, entidades, etc.) que entran en relación”.
En este sentido, resulta de capital importancia destacar la función de coordinación con otras entidades, organismos e instituciones que realiza la Educadora y el Educador Social con el fin de crear una red de colaboración que propicie la participación de las y los jóvenes en diferentes actividades que ayuden a mejorar su perfil de empleabilidad.
Es muy importante el rol de “referente positivo” que desempeña y la función de motivación que realiza cuando establece el vínculo para que no abandonen el Itinerario, y continúen el proceso de inserción hasta conseguir la meta pactada entre ambas partes.
Por último, otra de las funciones de la Educadora y del Educador Social es la prospección empresarial y la intermediación laboral, para dar a conocer la existencia de programas de inserción laboral que coordine, teniendo la posibilidad de contratación de usuarios que están en proceso de búsqueda de empleo. También es necesario, en el caso de contratación, un seguimiento continuo de la evolución de la persona contratada dentro de la empresa.
De acuerdo con Ballester, Orte, Oliver y March (2004:2):
“Se puede decir que lo trabajado en red es el trabajo sistemático de colaboración y complementación entre los recursos locales de un ámbito territorial. Es más que la coordinación (intercambio de información), es una articulación comunitaria: colaborar de forma estable y sistemática, por evitar duplicidades, competencia entre recursos, descoordinación y potenciar el trabajo en conjunto”.
En este sentido la inserción sociolaboral de las personas jóvenes dependerá en alto grado del trabajo en red que realice la Educadora y el Educador Social con los distintos agentes educativos, sociales y laborales del territorio en el que viva la persona usuaria, así como del compromiso comunitario y del propio entorno social en que se desarrolle el itinerario. Por lo que debe organizar los Programas de Inserción como un sistema en RED, caracterizado por la interacción de los servicios y recursos a los que accede cada usuario/a.
Este sistema se adapta a la situación y necesidades de cada joven con el propósito de desarrollar un sistema de motivación, formación y orientación específico que facilite la clarificación de su situación personal y desarrollo de un itinerario profesional. La comunicación y coordinación con entidades públicas, del tercer sector y recursos educativos-formativos es necesaria para coordinar las actuaciones a realizar dentro del Itinerario Individualizado de los/as usuarios/as.
En este sentido son funciones de la Educadora y del Educador Social mantener una comunicación y coordinación continuada con aquellos recursos sociales y educativos-formativos de referencia para el/a joven, de cara a consensuar líneas de intervención y trabajar conjuntamente en respuesta a objetivos comunes.
La reducción del desempleo juvenil constituye uno de los retos más importantes para el periodo de programación 2014-2020 y debe afrontarse tanto desde las instituciones públicas nacionales y comunitarias, como desde la propia ciudadanía de la Unión Europea. El éxito en la resolución de este problema dependerá, en gran parte, del apoyo y coordinación de todas las organizaciones y sectores implicados, y de la participación de la iniciativa privada en el diseño, la adopción y puesta en marcha de las medidas oportunas. Como respuesta a la Recomendación del Consejo relativa a la implantación de la Garantía Juvenil,[2] el 19 de diciembre de 2013 el Gobierno de España presentó a la CE el Plan Nacional de Garantía Juvenil.[3]
Este Plan, que se encuentra alineado con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven,[4] recoge un catálogo común de actuaciones que serán desarrolladas por los organismos intermedios del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)[5] y tendrán como objetivo la disminución del desempleo juvenil. La Iniciativa de Empleo Juvenil representa uno de los instrumentos financieros más importantes para el desarrollo de la Garantía Juvenil en España y se instrumentará a través de este Programa Operativo.
El proceso de destrucción de empleo que se inició en España en 2007 ha incidido de forma especialmente negativa en la tasa de desempleo juvenil. Este último representa un problema estructural en España, que se ha agravado con la crisis y que afecta a la situación de la población más joven y al crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo. Dentro del colectivo de jóvenes, los menores de 30 años representan uno de los grupos de población que más se ha visto afectado por la situación de crisis económica.
Así, se pone de manifiesto la grave situación laboral en la que se encuentra la población joven en España, que puede tener como consecuencia una fuerte desconexión del mercado de trabajo y de exclusión social a largo plazo. Respecto a este colectivo, si bien es cierto que la crisis ha afectado más negativamente a sectores masculinos, las mujeres tienen aún una posición más vulnerable, pues son ellas quienes sufren mayor temporalidad y acceden en mayor medida a trabajos a tiempo parcial.
Respecto a la cualificación, aun cuando existe una fuerte heterogeneidad entre los jóvenes del colectivo destinatario de este Programa Operativo, es posible identificar tres grandes “subgrupos” en función del nivel de cualificación:
Además, dentro de este colectivo de jóvenes, merece una atención especial el subgrupo de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social. Se prestará especial atención a los colectivos más desfavorecidos, especialmente las personas jóvenes con discapacidad, la población gitana o las personas inmigrantes.
Respecto a las medidas, en España se ha optado por instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) a través de un eje prioritario dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, el Eje 5, concretamente la Prioridad de Inversión 8.2 “La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes sin trabajo y no integrados en los sistema de educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la garantía juvenil”.
El catálogo único de actuaciones diseñado en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el que se enmarcarán prioritariamente las actuaciones desarrolladas con la cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil, se articula en torno a cuatro líneas de actuación principales:
Como conclusión principal nos gustaría destacar la importante labor que realizan las Educadoras y los Educadores Sociales dentro del ámbito de la inserción formativo, social y laboral, ya que no sólo desarrolla un itinerario, sino que crea un vínculo y motivación con la persona usuaria, hecho que garantiza el éxito del proceso de intervención en un alto porcentaje de los casos.
Asimismo conviene destacar que las y los profesionales de la Educación Social requieren de un conocimiento exhaustivo de las políticas de inclusión que existen tanto a nivel nacional como europeo para poder dar respuestas realistas a las necesidades de las personas atendidas. Asimismo, es importante que conozca la red de recursos comunitarios (educativos, sociales, formativos, laborales, culturales) con objeto de poder ofrecer un extenso y amplio abanico de posibilidades y herramientas a las personas jóvenes en situación de exclusión social o riesgo de padecerla.
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También creemos substancial incidir en el importante papel que desempeñan las Administraciones Públicas y las Entidades dedicadas al ámbito Social, quienes aúnan esfuerzos para dar continuidad a los Programas de Inserción, mediante la creación de Planes de Inclusión que se operativizan en Programas y Proyectos a nivel autonómico y local con objeto de afrontar la difícil situación por la que pasan un numeroso grupo de jóvenes en España.
Por último, nos gustaría mencionar que la labor de la Educadora y del Educador Social se quedaría muy “pobre” y carente de distintos puntos de vista si no se trabajase desde un Equipo Multidisciplinar, por lo que una intervención integral dentro de este tipo de Programas requiere de la visión, la implicación y la participación de todos aquellos profesionales que trabajan a diario con cada caso.
Desde Fundación Diagrama se trabaja en esta línea con objeto de ofrecer una atención integral en todos los casos y se da prioridad y especial importancia a la figura de las Educadoras y de los Educadores Sociales.
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[1] ESPAÑA (1978). Constitución Española. BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978. Cortes Generales.
[2] UNIÓN EUROPEA (2013). Recomendaciones del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. Diario Oficial de la Unión Europea, C 120. Consejo de la Unión Europea.
[3] ESPAÑA (2013a). Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España. Madrid: Ministerio de empleo y seguridad social, Gobierno de España.
[4] ESPAÑA (2013b). Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013/2016. Madrid: Ministerio de empleo y seguridad social, Gobierno de España.
[5] ESPAÑA (2014). Programa Operativo Empleo Juvenil (POEJ). Madrid: Ministerio de empleo y seguridad social, Gobierno de España.
