Fernando Fantova Azcoaga. Consultor Social. País Vasco
Se sugiere que el compromiso político de la educación social con la justicia quizá requiere, en este momento, de pasos que, temporalmente, alejen momentáneamente a la disciplina y profesión de eso que se busca, trayectos contraintuitivos que aparentemente sean contradictorios con aquello que decimos perseguir. Por ejemplo:
It is suggested that the political commitment of social education with justice perhaps requires, at this time, steps that, temporarily, momentarily distance the discipline and profession from what is sought, counterintuitive paths that are apparently contradictory with what we claim to pursue. For example:
Etapa 4, Bilbao, 27/abril/2022 Universidad de Deusto, DEUSTO Mesa Coloquio El compromiso de la Educación Social con la Acción de las Políticas Sociales. Justicia Social |
Soy un educador social habilitado que, en más de cuarenta años de participación en procesos de intervención social en España (también en Latinoamérica) y en redes y comunidades de conocimiento del ámbito de las políticas sociales, he podido ir analizando, con mis sesgos y limitaciones, nuestro mundo de la educación social.
Agradezco la oportunidad de compartir algunas reflexiones en una mesa sobre el compromiso político de la educación social con la justicia y, básicamente, quiero decir que me parece que ese compromiso político de (o desde) esta disciplina y profesión quizá requiere, en este momento, de pasos que, temporalmente, nos alejen momentáneamente de eso que buscamos. Trayectos contraintuitivos que aparentemente sean contradictorios con aquello que decimos perseguir.
Me pregunto, entonces, si para impulsar, en nuestro país, una educación social comprometida políticamente con la justicia no será necesario, previamente, en cierta medida:
1. Construir una mayor autonomía de la educación social como disciplina y profesión respecto de los ideales y las mediaciones políticas.
Según el primero de los trayectos paradójicos que propongo, en este momento, posiblemente, a la educación social le interesaría, más bien, afianzarse como disciplina con mayor aporte científico y como profesión más reconocida socialmente como tal.
Por su origen, esta actividad, la educación social, tiene, seguramente, mucho de conocimiento ético (valores) y práctico (saber hacer) y menos, proporcionalmente, de conocimiento científico y tecnológico. Y, posiblemente, sea interesante ir modificando dichas proporciones, especialmente en un momento en el que, recientemente, se ha conseguido que los estudios de educación social sean de grado y que puedan dar paso, directamente, a estudios de doctorado, con el consiguiente contenido de investigación científica y, a partir de ésta, de mayor desarrollo técnico o tecnológico.
Tal como lo veo, en la medida en que las disciplinas y profesiones son percibidas como útiles por parte de la ciudadanía van institucionalizándose, van adquiriendo autonomía como instituciones, como saberes constituidos y, en su seno, se incrementa la pluralidad ideológica, es decir, se va viendo que, entre las educadoras y educadores sociales (como entre las personas profesionales de la arquitectura, de la medicina o del derecho) cabe un pluralismo ideológico o político similar al que existe en el conjunto de la sociedad.
Entiendo que la educación social (como área de conocimientos o como colectivo profesional) no es (ni puede ni debe ser) neutral desde el punto de vista ideológico y político. Entiendo que menos aún lo son (ni pueden ni deben serlo) las educadoras y educadores sociales, pero, en este momento, posiblemente, la prioridad sea, más bien, construir esa mayor autonomía institucional acogedora de una mayor pluralidad ideológica y política para, desde ellas, lograr nuevas formas más sinérgicas y potentes de compromiso político colectivo e individual.
Abrazar y visibilizar compromisos políticos, apuestas morales, opciones ideológicas o posicionamientos éticos desde la actual configuración disciplinar y profesional es, quizá, un atajo demasiado tentador. Desde mi punto de vista, ahora, es prioritario ser más disciplina científica, ser más tecnología de intervención, dado que de compromiso político y, especialmente, de carga ideológica vamos más pertrechadas, a mi entender.
En segundo lugar, me refería a la asociación de ideas que hay en nuestras mentes y en muchas mentes entre educación social y dedicación a colectivos poblacionales que, tradicionalmente, han sido percibidos, construidos, denominados y tratados como colectivos vulnerables o portadores de necesidades especiales a los ojos de las preocupaciones sociales y las políticas públicas. No parece aventurado decir que la educación social (y las educadoras y educadores sociales) nos inscribimos en una tradición (que podríamos denominar samaritana o de Señor Lobo, según los gustos) de hacernos cargo de personas portadoras de condiciones o etiquetas que reflejan situaciones o procesos de discriminación o exclusión social.
Ahora bien, el desarrollo del Estado de bienestar y la sociedad del conocimiento ha hecho plausible la idea de intervenciones o políticas especializadas universales, de las que pueden beneficiarse todas las personas. La actual comprensión del enfoque de derechos nos hace ver que todas las personas tenemos las mismas necesidades y se nos deben garantizar los mismos derechos (la atención sanitaria, la vivienda, la alimentación y así sucesivamente), de suerte que la diversidad (de género, generacional, funcional o cultural) se percibe, cada vez más, como un reto transversal para dichas políticas e intervenciones universales.
En ese contexto, las profesiones y disciplinas, seguramente, se ven interpeladas en cuanto a su capacidad de identificar las necesidades o los bienes de los que se ocupan en clave de universalidad y especialización. La pregunta que se traslada a la arquitecta, al enfermero, al policía o a la educadora social es: ¿En qué puede usted ayudarme? ¿A qué necesidad (que cualquier persona puede presentar) sabe usted dar respuesta? ¿Cuál es ese bien valioso para cualquier persona que usted sabe proteger y promover?
Lógicamente, cada persona, en diferentes circunstancias y momentos de su ciclo vital necesitará en mayor o menor medida del arquitecto, la enfermera, la policía o el educador social. Pero todas estas profesionales y profesiones, todas estas disciplinas o áreas de conocimiento se ven abocadas a identificar su valor añadido en términos de una necesidad o bien apreciable, en principio, por y para todas las personas, universalmente.
Sabemos, claro, que existen determinantes sociales estructurales que hacen más probable la aparición de ciertas necesidades de atención. Sabemos que hay injusticias sociales, inmoralidades sociales, inequidades políticas, malas políticas que hacen que determinadas necesidades de recibir atención (por parte de un enfermero, una arquitecta, un policía o una educadora social) se incrementen. Pero ello no nos debe hacer olvidar el valor de la universalidad, valor moral y político.
El compromiso de la educación social (y de las educadoras y educadores sociales) con las víctimas individuales y colectivas de las injusticias sociales está más que acreditado, posiblemente. Quizá, por tanto, lo que toque ahora sea subrayar lo que la educación social tiene como aportación específica al ser humano, a cualquier persona. Si no, corre el riesgo de quedarse en un hacerse cargo de la persona tratada injustamente que incluso puede convertirse en forma de control social y, en el extremo, de colaboración involuntaria en los mecanismos mediante los que se produce esa propia injusticia.
En tercer lugar me refería a la vis transversal y transformadora de la educación social y propongo, estratégicamente, compensarla con una apuesta estratégica, en este momento, por la incardinación de la educación en los servicios sociales y por la colaboración, generosa (si se permite la expresión) de la educación social en la construcción de los sistemas públicos de servicios sociales como un nuevo pilar fundamental en los modelos de bienestar o protección social.
Evidentemente, las educadoras y educadores sociales están presentes (y pueden y deben estar presentes) en otros ámbitos sectoriales (como la educación, la justicia, la cultura o la vivienda) y trabajar transversalmente en claves comunitarias, de igualdad, de diversidad o de convivencia. Sin embargo, posiblemente, el espacio social en el que, en mayor medida, se juega, hoy y aquí, el futuro de la educación social es el de los servicios sociales.
Considero que nuestros servicios sociales están en un momento crítico de encrucijada estratégica. En buena hora, entiendo, apostaron por ser un pilar universal más (como la sanidad o la educación) pero corren el riesgo de romperse en ese trayecto, tensionados por fuerzas que quieren que vuelvan a (o que no abandonen) la condición de última red integral para determinados colectivos poblacionales en situaciones de complejidad más o menos generalizada en cuanto a sus necesidades de atención. Esto se ha acentuado más, si cabe, en este último tiempo pandémico y bélico.
En ese contexto, a mi entender, una de las pocas bazas que tienen los servicios sociales para universalizarse y dedicarse a la intervención social (y no a necesidades que corresponden a otros ámbitos de actividad o pilares del bienestar) está en sus profesionales y en la capacidad de las y los profesionales de la intervención social (educadoras sociales y otros) de fortalecer y visibilizar los cuidados, apoyos y actuaciones valiosas que la intervención social y los servicios sociales pueden ofrecer a esta sociedad.
Lo que pasa es que transformar unos servicios sociales notablemente asistencialistas, burocratizados y arrinconados nos exige, posiblemente, pagar el precio de renunciar (en algunos momentos y en cierta medida) a la capacidad transformadora y a la incidencia visible que la educación social puede tener en dinámicas más intersectoriales y transversales, más directa y claramente comunitarias y políticas.
Es lógico que la educación social quiera visibilizarse y tener impacto en el mayor número de espacios y desde los más diversos posicionamientos y es incierto el futuro de nuestros sistemas públicos de servicios sociales, ámbito en el que, además, otra disciplina y profesión (el trabajo social) llegó primero y pugna por ser considerada la profesión (e incluso la disciplina) de referencia, pero considero que sería un error que la educación social se desgastara en pugnas corporativistas que debilitaran la intervención social como actividad compartida por varias áreas de conocimiento y los servicios sociales realmente existentes como ámbito sectorial en la que ésta se realiza en mayor medida.
Se trataría, quizá, de no renunciar a medio plazo a la visibilidad, transversalidad e impacto transformador de la educación social, apostando a corto plazo por la construcción del espacio compartido de la intervención social en el proceso de reconversión sectorial de los servicios sociales realmente existentes como parte del sistema institucional establecido.
Éstas son, pues, las paradójicas estrategias que me atrevo a proponer:
Honestamente, creo que, para un área de conocimiento, para una comunidad profesional, si quiere obtener un impacto real, si quiere ejercer su compromiso político con la justicia social (que, necesariamente, es un compromiso con las víctimas pasadas, actuales y futuras de las injusticias sociales), no hay atajos y, por el contrario, lo que sí hay son este tipo de caminos extraños o trayectos paradójicos.
No por ser menos científicos vamos a ser más políticos. No por ser menos universales vamos a beneficiar más a las víctimas de la injusticia estructural. No necesariamente por tener más maniobrabilidad como profesionales o como profesión vamos a ser más eficaces en la transformación sostenible.
Como educadoras y educadores sociales sabemos muy bien que los procesos de transformación no son lineales y simples y que, frecuentemente, exigen retrocesos y rodeos, comportan decisiones cuya lógica no es fácil de advertir a primera vista. Algo de esto quería compartir en esta intervención. Claro que aspiro a una disciplina y una profesión de calado político, comprometida con la justicia social y eficaz en la defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que los ven más conculcados. Pero quizá lo que toca hoy es, más bien, fortalecer el músculo y la identidad de carácter científico, universal y estructural, para después (y también mientras tanto y siempre) potenciar nuestra capacidad e impacto de carácter político, ético y transformador.
Artículos propios en los que encontrar fundamentos, desarrollos y referencias. Se abren clicando en el título:
¿Tendrán futuro nuestros servicios sociales después de la pandemia de la covid-19?
Los agentes en la transformación de los servicios sociales (2019).
La definición y colaboración de las profesiones de la intervención social (2018).
Construyendo la intervención social (2018).
Educación social y políticas sociales: marco conceptual y estratégico (2015)
Fernando Fantova Azcoaga. fernando@fantova.net