Redacción
La revista Profesiones, en su número 174, páginas 48-49, julio – agosto de 2018, publica una entrevista a Lourdes Menacho Vega, Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), que reproducimos en estas páginas.
Todos los seres humanos hemos vivido en la etapa de la infancia nuestro propio proceso de adaptación a la escuela, los que contamos con el privilegio de acceder a la educación a través de un sistema público, dónde la equidad ha sido un pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades.
En las relaciones humanas surgen conflictos y en la etapa escolar se manifiestan con nuestras compañeras y nuestros compañeros de clase, resolviéndolos, a veces, sin necesidad de la intervención de la persona adulta, del/la profesor/a ni de las madres o los padres.
En la sociedad actual conviven diversos entornos familiares, algunos donde existe un acusado proteccionismo en la crianza y otros en los que hay excesiva permisividad, ambos modelos potencian o aminoran la capacidad y las competencias de las niñas y los niños para relacionarse en el espacio físico y en el virtual.
El conflicto es algo inherente al ser humano, no hay relación sin conflicto de intereses, la cuestión está en cómo enfrentarse a ellos para resolverlos sin dañar ni ser dañado, canalizando las emociones y los sentimientos que se generan en la interacción entre iguales.
Desde hace unos años, en el ámbito escolar, nos estamos enfrentado a nuevas problemáticas que han pasado de darse exclusivamente en el patio de la escuela a potenciarse en el espacio virtual a través de los medios sociales, ¿qué se ha transformado en los modelos de parentalidad, modelos de sociedad y medios de comunicación para llegar a esta situación?
La violencia que se genera se muestra a través de medios sociales e influye sustancialmente en el desarrollo (dibujos animados, videojuegos, series, películas, canciones). Las referencias en la resolución de los conflictos son escasas y prevalece el uso de la agresión verbal y física para afrontar las diferencias que surgen en la convivencia. Desde temprana edad las niñas y los niños visualizan escenas violentas en multitud de imágenes televisivas.
La cuestión se centra en cómo se afronta el conflicto y qué herramientas facilitamos al alumnado para solucionar esas situaciones de una forma pacífica y reparadora, y qué profesionales necesita el sistema educativo para acompañar estos procesos de aprendizaje de convivencia.
La catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba, Rosario Ortega, define el bullying como «un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales».
El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada, tanto en el aula, como a través de las redes sociales. El ciberbullying o ciberacoso es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales.
Es evidente que el acoso escolar, en cualquiera de sus formas, es un problema complejo que precisa una intervención profesional y plural capaz de abordar con garantías de éxito el proceso de intervención educativa. En este sentido, las educadoras y los educadores sociales nos sumamos a la colaboración con el resto de agentes de la comunidad educativa para construir respuestas específicas que trabajen con todas las partes implicadas. Se trata de un trabajo de prevención, evaluación, mediación y seguimiento de medidas y acuerdos que requieren de una acción con un claro componente socioeducativo y, para todo ello, es necesaria la integración de los educadores y las educadoras sociales en las comunidades educativas para garantizar una educación de calidad, que proporcione espacios seguros y de convivencia positiva.
Nos encontramos ante una escuela cambiante en la que emergen nuevas necesidades de trabajo educativo relacionadas con la participación, la mediación y la resolución de conflictos, la equidad como vía para garantizar el éxito y la promoción educativa y, finalmente, el desarrollo de la ciudadanía.
El profesorado asume una gran carga de tareas y exigencias y ejerce una valiosa labor, que debe ser preservada y apoyada con el trabajo colaborativo de nuevos/as profesionales, ampliamente formados/as en intervención educativa sobre problemas sociales, que los acompañen en el desarrollo de la función docente.
El Plan Estratégico de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación destaca el enfoque inclusivo que permite alcanzar la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción y aconseja dirigir los esfuerzos a contrarrestar las barreras y las relaciones de poder que todavía predominan en la sociedad y que los contextos socio-educativos reproducen. De esta forma se previenen los acosos hacía estudiantes pertenecientes a grupos en riesgo. (i.e. personas LGBTIQ+, inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, otros).
La convivencia en la escuela requiere la atención y la participación de todas las personas que forman la comunidad educativa, y su implicación en la detección, prevención y denuncia de situaciones que pueden generar problemas de convivencia, la plena atención es fundamental para detectar y prevenir situaciones de riesgo. Por ello, otro de los objetivos del Plan es aumentar el conocimiento y las capacidades de los diferentes actores escolares (profesorado y otros profesionales del centro, familias y otras personas de la comunidad, y alumnado) así como de perfiles especializados, para la prevención y detección de incidentes de violencia escolar.
José Antonio Marina en el Libro Blanco sobre la profesión docente recomienda la integración de Educadoras y Educadores Sociales en los Centros Educativos. Se trata por tanto de profesionales capaces de ofrecer respuestas socioeducativas a problemas sociales que se manifiestan en los centros educativos y a la inversa, a problemas educativos (acoso escolar, abandono educativo, fracaso, falta de integración en el aula) que tienen una incidencia en la sociedad: exclusión social, baja autoestima, empleos precarios, estigmatización y segregación, conductas de riesgo.
Actualmente existen cinco comunidades autónomas en las que se han incorporado educadores/as sociales en el sistema educativo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (2002), Extremadura (2002), Andalucía (2007-2008), Baleares (2018), Canarias (2018). Son comunidades autónomas con realidades educativas diferentes que han impulsado la incorporación de las educadoras y los educadores sociales a los centros educativos y entendemos esta actuación como una herramienta de prevención social, y de promoción educativa.
Se trata de una respuesta que ayuda a construir un sistema educativo plural, que integre y entienda la diversidad como una riqueza inherente a las personas y a los centros educativos y que, por tanto, ayude a la promoción de los/ as alumnos/as con independencia de sus características personales y sociales. En este recorrido se destaca la buena acogida y valoración de estos/as profesionales por parte de todos/as los/as integrantes de la comunidad educativa y sirve como ejemplo significativo para ilustrar estas ideas de construcción de una escuela que fomente la integración, la participación y la cultura de la paz.
La escuela del siglo XXI, insertada en una sociedad cambiante y con una mayor concienciación de los problemas sociales que inevitablemente se reflejan en los centros educativos, debe contar con educadoras y educadores sociales e integrarlas/os en los centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de programas socioeducativos que permitan hacer del derecho a la educación una realidad y una experiencia plenamente enriquecedora avanzando hacia una sociedad más justa y cohesionada para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana tal y como se recoge en el Artículo 27 de la Constitución Española”.
