Éste fue el título que reunió el trabajo de más de 40 educadoras y educadores sociales en el IV Congreso Estatal del Educador/a Social. En este artículo os acercamos los resultados de su trabajo.
La dinámica de trabajo de los grupos se organizó con la presencia de dos coordinadores–dinamizadores en cada grupo. Uno procedente del campo teórico-universitario y, el otro, del mundo de la práctica.
En primer lugar, podréis leer las conclusiones del trabajo del grupo. Más adelante encontraréis los distintos enlaces que llevan a los documentos/presentaciones presentados por ambos dinamizadores, que sirvieron para centrar la discusión.
Presentamos aquí un viejo trabajo recuperado y actualizado, dada su validez en lo fundamental. En él, se presentan de manera muy introductoria, algunos elementos de carácter histórico, ideológico, político, social.. etc, que nos ayudan a entender y organizar el transcurso de las diferentes etapas y modelos de acción social en el mundo occidental.
En el presente artículo me limito a plasmar ordenadamente una serie de sugerencias de diferentes compañeros que creo que recogen el posicionamiento de la Junta de Gobierno del CEESC sobre las políticas sociales. Quiero agradecer las aportaciones de Jordi Navarro, Enric Lletjós, Carlos Sánchez-Valverde, y los consejos, intercambio de opiniones y la disponibilidad de Toni Julià.
En las siguientes líneas queremos reflexionar entorno a algunas ideas que nos parecen centrales para, desde la cotidianidad, articular prácticas concretas en la línea de promover ciudadanía, desde distintos espacios de trabajo, de desarrollo e implementación de políticas sociales.
Desde nuestras prácticas concretas hemos encontrado un común denominador a distintos intentos de generar procesos de participación comunitaria, como estrategia para la transformación de territorios y barrios vulnerables; la necesidad de generar una cultura de colaboración entre distintos agentes de un territorio basada en el respeto y la confianza. Cómo construir procesos de trabajo conjunto y compartido es nuestra principal (pre)ocupación.
A menudo, cuando los ciudadanos y los diferentes profesionales abordan la cuestión de los maltratos que sufren diferentes sujetos en nuestra sociedad, ponemos el acento en los maltratos infligidos directamente por unas personas sobre otras y obviamos, a mi parecer, los maltratos institucionales: un olvido de gran envergadura y gravedad.
Generalmente se asocia el maltrato con el contexto familiar y/o doméstico, pero es evidente que, además de este ámbito, los sujetos se desarrollan en diferentes ámbitos o espacios vitales. Es cierto que la incidencia y el predominio de maltratos son mayores en la familia y que la gravedad del daño es, igualmente más importante cuando tiene la familia como escenario. Sin embargo, eso no tiene que justificar el olvido o la falta de atención al maltrato sufrido, por ejemplo, en la escuela, en los centros sanitarios, en el juzgado o en la red de servicios sociales, aunque la responsabilidad es cualitativa y cuantitativamente diferente en estos casos.
Cuando el Estado, la Administración pública o cualquier institución asumen, de una forma o otra, la responsabilidad de una intervención con cualquier sujeto, implícitamente se está diciendo que se es capaz de atender mejor y respetando sus derechos. Por este motivo, las instituciones no pueden permitir el abuso y han de trabajar cotidianamente para evitar cualquier tipo de maltrato. Tanto es así que la eficacia en esta labor puede ser considerada como uno de los indicadores más poderosos de la calidad de la atención que la institución presta.
Este escrito no tiene otra intención que aportar unas breves reflexiones, fruto de mi práctica profesional y dedicación cívica, en que la relación entre política y praxis educativa siempre han ido de la mano; desde mis inicios como educador comunitario en el barrio del Carmel; coordinador de educadores en Barcelona, pasando por trabajos más técnicos en el Ayuntamiento de Barcelona como director de un centro cívico en un barrio como Baró de Viver, hasta jefe de zona en el distrito de Sant Andreu o jefe de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Más adelante, en cargos técnicos de dirección que no estaban relacionados directamente con la intervención social. Otras actividades paralelas han sido la responsabilidad de una ONG de trabajo con inmigrantes y refugiados a lo largo de los años, y mi experiencia como concejal, en gobierno y oposición durante seis años, en mi ciudad de residencia, Cerdanyola del Vallès.
Este informe justifica la existencia de un régimen latinomediterráneo de asistencia social diferenciado de otros modelos de Estado del Bienestar, y la pertenencia de España y Catalunya a este régimen. En él se analiza la Política de Servicios Sociales en Catalunya y su posición relativa con relación a otras comunidades autónomas del país. La conclusión principal es que está por debajo de la media española en más indicadores que por encima, y que es necesaria una gran apuesta política para superar esta situación.
El informe se centra en la tensión entre una creciente limitación del compromiso público y unas expectativas de gestión democrática amenazadas por la inexistencia de un derecho a los servicios sociales. En la dimensión substantiva (intensidad y cobertura de los servicios, concepción de la ciudadanía, familismo, colectivos vulnerables) destaca el carácter residual y asistencialista de este tipo de política y la fuerte presencia de la iniciativa social, la mercantil y de las mujeres en la prestación de los servicios. En la dimensión operativa (organización, provisión y gestión de los servicios) queda reflejado un tipo de organización que resulta ser más fragmentada que descentralizada y con grandes déficits de coordinación entre niveles intra e intersectoriales.
El envejecimiento demográfico de la Unión Europea se ha visto incrementado en los últimos veinte años. Y será, en el 2050, la región más envejecida del planeta. Ante tal panorama, se articulan acciones sociales que pretenden favorecer la vejez como una etapa más de la vida, llena de posibilidades y retos, entre los que se encuentra el de la autonomía.
Abordar este tema es fundamental para los educadores sociales, a fin de mejorar su actuación, tanto con las personas mayores dependientes como con las familias (los cuidadores y cuidadoras). Se abre un nuevo escenario laboral en el que los educadores sociales aportan valor añadido al sector sanitario y asistencial.
En este artículo realizamos algunas reflexiones a partir de nuestra experiencia en el trabajo comunitario con jóvenes residentes en urbanizaciones de una amplia zona rural de la comarca del Baix Penedès en Catalunya. A partir del encargo político que recibimos los educadores sociales de “hacer algo” con la población juvenil de dichas urbanizaciones, proponemos abrir un debate que cuestione les decisiones centrales del Estado más allá de la lógica de la prioridades y de la lógica de la exclusión en las que se fundamentan los discursos políticos actuales. La insuficiencia de los análisis se manifiesta en el tipo de soluciones propuestas en el trabajo con la comunidad. Es por ello que debemos reconceptualizar la posición que nos han asignado en el desarrollo de las políticas sociales y cuestionar la eficacia de unas prácticas que se inscriben en la doble realidad de lo local y lo global.
Mayo 2007.
RES, Revista de Educación Social, es una publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES)
Este número está dedicado a la Educación social y la Política, dos realidades estrechamente ligadas que debemos abordar desde una perspectiva de análisis profesional.
Es evidente que los componentes culturales, ideológicos y sociopolíticos están siempre presentes en la educación social y que si queremos ejercer nuestra profesión con calidad, buscando procesos de cambio social, debemos incorporar la reflexión sobre la política institucional vinculada directamente con la práctica diaria.
Tenemos que reflexionar críticamente sobre cómo debemos abordar la relación de la educación social con la política, en cómo nos afecta en los distintos ámbitos en los que trabajamos, en cómo podremos intervenir para proponer soluciones, asumiendo que tenemos el derecho y el deber de hacer política y que ejerciendo la profesión de educador social estamos haciendo política.
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