RECURSOS.

Contribución presentada en el apartado de contribuciones como comunicaciones, análisis, ensayos, investigaciones, en el VIII Congreso Estatal de Educación Social, con realización en streaming en distintas sedes (Madrid, Cuenca, Canarias, País Vasco, Valencia, Murcia, Valladolid, Sevilla), de 31 de marzo al 2 de junio de 2022.
Artículo publicado en el nº 33 de la Revista RES, Revista de Educación Social.
Autoría: Marcos Javier Barriga Ávila.

Con la presente contribución trato de revisar las disposiciones normativas que la Junta de Extremadura viene articulando para dar cobertura al derecho a la atención educativa de chicos y chicas de menos de 18 años, sujetos a una medida judicial, sea privativa de libertad o no, por la comisión de un hecho delictivo o de varios. Esta atención socioeducativa es contemplada en dicha normativa para los denominados menores infractores. El último estudio desarrollado en España por parte de la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pone de manifiesto la mayor incidencia de medidas judiciales notificadas y ejecutadas como la Libertad Vigilada o las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, por encima del resto y, sobre todo, por encima de la más restrictivas como las medidas de internamiento.
El Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales “Vicente Marcelo Nessi”, es un edificio compuesto por módulos de convivencia. El Instituto de Educación Secundaria “San José”, está ubicado a poca distancia del mismo y cuenta con una unidad educativa destinada a los y las adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida de internamiento en el régimen cerrado, dentro del CCJM.
Quiero destacar que la ley educativa extremeña, LEEx, o el “Decreto 228/2014, de 14 de octubre”, que regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, incluyen al alumnado sujeto a medidas judiciales formando parte del aquel que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
Los y las educadores/as sociales que desarrollan su labor en el sistema educativo extremeño, llevan dos décadas siendo profesionales clave en la detección y prevención de las situaciones educativas desfavorables, así como en la promoción de la participación social dentro de los propios centros educativos de estos alumnos y alumnas de cara a su adquisición de competencias sociales, en colaboración con las familias.