En la mañana del día 6 de mayo, se celebró una reunión de las presidencias de los diversos Colegios Profesionales con Unión Profesional (UP), organización que aglutina a la mayoría de los Consejos Generales de las diferentes profesiones, para, entre otros temas, analizar la evolución de la pandemia y aportaciones profesionales.
Por parte del Consejo General de Colegios de Educadoras Sociales (CGCEES). asistió Lourdes Menacho, Presidenta, cuya información y nota de la reunión adjuntamos:
“Lourdes Menacho Vega, presidenta del CGCEES, el pasado 6 de mayo ha participado en la reunión convocada por la Unión Profesional a través de videoconferencia. Se han compartido diversas cuestiones sobre la situación actual y se ha puesto en común la perspectiva de cada una de las profesiones, y del conjunto de UP, para afrontar las nuevas realidades que deja el Covid-19.
Desde nuestro Consejo General hemos planteado la prioridad de combatir el edadismo o discriminación por razón de edad. La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de educar a todas las edades en nuevos valores sobre la vejez y la diversidad de las personas adultas mayores. Se ha subrayado la necesidad de replantear el modelo de cuidados desde el pleno ejercicio de derechos y responsabilidades de toda la ciudadanía.
Planteamos la necesidad de humanizar los modelos de servicios de atención sociosanitaria, revisando su normativa, las condiciones y los sistemas públicos de control de la externalización de servicios residenciales (centros de acogida, residencias de personas mayores, de personas con diversidad funcional, etc.). Esta es una tarea urgente. También se ha recalcado la importancia de otros servicios socioeducativos y comunitarios de promoción de la autonomía, la participación y la prevención de la dependencia. La contratación de las y los profesionales es insuficiente en número y cualificación para responder con dignidad a las necesidades y expectativas de vida de las personas que atienden. La precariedad daña a las y los profesionales, al utilizar el criterio de menor coste, menos personal e inferior cualificación.
Son necesarios sistemas de inspección eficaces y operativos, que sean garantes de protección y de la calidad de los servicios y programas de intervención social y educativa. La externalización de los servicios no puede suponer una reducción del coste económico de la administración a costa de los derechos de las y los profesionales y los derechos de la ciudadanía.
La educación es un derecho a lo largo de la vida. No se puede reducir al sistema educativo-académico de un país. La educación en la responsabilidad de contribuir y participar en el espacio comunitario, y en valores fundamentales para el avance de las sociedades y la superación de las crisis, debe ser permanente.
Es necesario reforzar y blindar los sistemas públicos de servicios sociales, educación, sanidad, y pensiones con normativas universales de equidad. Incrementar las contrataciones para la construcción de equipos interdisciplinares que garanticen los derechos de las y los profesionales, necesarios para ofrecer unos servicios éticamente dignos desde el modelo centrado en la persona y de calidad para la toda ciudadanía.”
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