Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales tras consultar el Informe sobre Centros de Protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social emitido por el Defensor del Pueblo, manifestamos:
En primer lugar, nuestro más absoluto rechazo hacia las prácticas atentatorias a los derechos de los menores que se describen en el informe y que se han publicado en los medios de comunicación.
En este aspecto compartimos la idea de que se abra una investigación y que se depuren responsabilidades en los Centros y en las personas, tanto directivos como técnicos implicados en estas prácticas anti-educativas y traumáticas para los y las menores. Como Consejo General vamos a instar a los Colegios que forman parte de nuestra organización que abran una investigación en lo referido a la actuación de los Educadoras sociales en dichos centros.
Nos parece lamentable que se puedan producir estas situaciones en nuestros días, pero creemos que responde a una acumulación de errores, que se están produciendo por la descoordinación existente en este sector, y la falta de apuesta de las administraciones por este ámbito.
Desde esta Entidad, que representa en estos momentos a los diez Colegios autonómicos existentes en el Estado, pretendemos destacar los siguientes aspectos, que apuntamos como posibles causas a la situación que su informe describe, sin que en ningún momento dicho análisis pueda ser justificación para práctica lesiva alguna.
Así exponemos las siguientes anomalías que venimos detectando desde hace ya algún tiempo:
– En primer lugar, la protección de los niños y niñas es responsabilidad de la Administración Pública, la cual tiene que garantizar unos servicios de atención a la infancia de calidad. Le corresponde garantizar esta cuestión tanto en los servicios públicos de gestión directa como en los que hayan sido adjudicados a entidades privadas. Por este motivo se tiene que disponer de mecanismos de inspección y evaluación, así como de acreditación y selección de posibles adjudicatarios para que no se den situaciones tan graves como las que se mencionan en este informe y las que se han expuesto en los diferentes medios de comunicación. Sin estas garantías, y una dotación presupuestaria suficiente hemos podido comprobar los límites donde nunca se habría de haber llegado.
– No existe estructura organizativa común, ni existen modelos ni protocolos comunes, en los centros. Dichos protocolos de actuación han sido solicitados por los Educadores/as Sociales a las diferentes Administraciones desde hace tiempo. Los protocolos de actuación, en la mayoría de los casos se dejan en manos de las entidades privadas a las que se les concede el servicio. Creemos que deberían existir unos protocolos de actuación y normativas marco comunes para estos centros, a nivel autonómico o estatal, según sea el nivel de competencias en el territorio, con posibilidad de adaptación al contexto del Centro en particular.
– Creemos que el perfil profesional del Educador/a Social es el más adecuado para el desarrollo de esta tarea. La existencia de Colegios profesionales permitiría un control de las actuaciones adaptadas a unos principios éticos como los que en nuestros colegios tenemos (acompañamos copia de nuestro código deontológico).
Contratar al profesional más adecuado es algo que se incumple sistemáticamente en la mayoría de las autonomías desde el momento en que trabajan personas sin titulación universitaria o con titulaciones no adecuadas. En muchas ocasiones nos encontramos que solicitan perfiles de personal de seguridad para realizar labores supuestamente “educativas”.
• Contamos con la edición de unos documentos profesionalizadores, donde se desarrolla un catálogo de Funciones y Competencias de la educadora y educador social, así como un Código Deontológico, para nuestra profesión, donde no tendrían cabida ninguna de las prácticas detectadas en su informe. (Estos documentos han sido aprobados por consenso de todos los Colegios de Educadoras y educadores del Estado).
– Aunque no pretendemos asumir labores que no son especificas de los Colegios profesionales, consideramos básico que se analicen las condiciones laborales y perfiles profesionales de las personas contratadas en los centros, así como la permanencia de los equipos educativos.
Podría ser un indicador más para llegar a entender otra parte de esta
lamentable situación.
– Otro aspecto a destacar es la supervisión tan precaria que existe desde la Administración, con estos Centros. Como decíamos anteriormente, se deben establecer canales de comunicación y de recogida de información desde la Administración con la Dirección, pero también estableciendo vías directas de información con los educadores/as sociales, y por supuesto, lo mismo con los propios menores. Así mismo la Administración debe poner los medios, a través de la supervisión y control de los recursos cara a que, en estos Centros tengamos cada vez actuaciones de más calidad con los menores, verdaderos protagonistas y con derecho a estos recursos.
Probablemente existen muchas más causas que justifiquen la situación que se está produciendo, pero desde aquí apuntamos las que ya venimos detectando y denunciando en las diferentes Administraciones, y esperamos que esta situación que se acaba de descubrir sea el punto de partida para su solución.
Con este escrito y a modo de resumen, pretendemos manifestar nuestra más absoluta repulsa del procedimiento de estos centros y de las personas que participaban de estas prácticas, y por otro lado aportar alguna posible solución para que estos chicos y chicas puedan recibir una educación de calidad, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, independientemente de sus circunstancias personales. Así mismo queremos dejar constancia de los muchos profesionales que están dedicando sus máximos esfuerzos a la educación de estos menores y que están quedando en entredicho por las informaciones que se están dando en los medios de comunicación.
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