El diario El Mundo, en su edición del 30 de octubre de 2023, publica el siguiente artículo que reproducimos:
La figura creada por el Gobierno para proteger a los niños del acoso y los abusos fracasa en su implantación
La ONG Educo denuncia falta de formación, disparidad normativa, perfil poco claro y ausencia de incentivos
“Una alumna de 2º de la ESO se intentó suicidar el curso pasado en un instituto público de Madrid. Sentada en la última fila del aula durante la clase de Inglés, trató de cortarse las venas. La profesora, alarmada, llamó corriendo a la coordinadora de bienestar para que interviniera, pero a ésta le dio un ataque de ansiedad al saber lo que había ocurrido. Se quedó completamente bloqueada y no supo cómo actuar. “Se trataba de una profesora interina de Física, recién llegada al instituto. Era el primer año que daba clase y se encontró con eso nada más llegar. O estás muy preparado o no sabes cómo reaccionar”, cuenta Rocío Díaz Conde, responsable nacional de Acción Social del sindicato CSIF.
Este caso muestra la falta de recursos de la escuela para ayudar a sus alumnos. La nueva figura del coordinador de bienestar y protección, creada por el Gobierno en colegios e institutos para proteger a los estudiantes del malestar, el acoso y los abusos, está resultando “un fracaso”, según la comunidad educativa. Un estudio que ha publicado este lunes la ONG Educo denuncia de que el desarrollo normativo de la legislación estatal realizado por los gobiernos autonómicos resulta “irregular” e “insuficiente” y que “la puesta en práctica es aún peor”. ¿Por qué?
“Esta figura ya nació desnaturalizada” porque “el Gobierno no reguló muy bien qué era lo que tenía que hacer”, explica Paula San Pedro, coautora del informe y coordinadora de Incidencia Política de Educo. Dice que el Ejecutivo dejó todo a merced de las CCAA, que, a su vez, pasaron la responsabilidad a los centros educativos. Estos son “el último eslabón de la cadena y han recibido toda la carga”. “Los colegios han dicho que no pueden hacer mucho porque no tienen recursos”, advierte.
“La figura está mal diseñada y no se ha puesto en marcha de manera adecuada. Es imposible que sea eficiente. Nadie sabe muy bien qué hace y no hay referentes en los centros educativos. No va a tener capacidad de dar respuesta para los fenómenos que se están produciendo en las aulas”, añade San Pedro.
MÁS VIOLENCIA
Desde 2019 se ha producido un incremento del 40% en las notificaciones de violencia contra niños y adolescentes. España es ya el país europeo con mayor proporción de menores de 10 a 19 años que sufren algún problema de salud mental (el 21%, frente al 16% de la media europea).
Según la Fundación Anar, desde 2008 se ha registrado un aumento del 300% de los casos de abusos sexuales a menores. El informe del Defensor del Pueblo sobre las víctimas de pederastia en la Iglesia sostiene que el 15,5% de los encuestados que refirieron abusos los padecieron en el ámbito educativo (el 5,9%, en colegios religiosos y el 9,6%, en centros laicos). Además, el 29,5% de la infancia ha sido víctima de bullying en el entorno escolar. Hay que remontarse a 1991 para encontrar tantos suicidios entre menores de 10 a 14 años.
En este contexto escolar tan complicado, el Gobierno decidió crear la figura del coordinador de bienestar y protección, recogida en la Lomloe de 2020 y en la Ley de Protección a la Infancia de 2021. Su objetivo era proteger a los alumnos del acoso, de los abusos y de los trastornos de salud mental, así como convertir a los centros educativos en espacios donde los niños pudieran sentirse seguros. Cada escuela, tanto las públicas como las privadas, tanto las laica como las religiosas, debían tener obligatoriamente una persona encargada de gestionar los problemas, canalizar las denuncias, fomentar el respeto a la diversidad y formar a docentes, padres y alumnos.
Pero la realidad es que “nadie en los colegios quiere ser coordinador de bienestar, una figura que apenas tiene descarga horaria y no ofrece una compensación económica”, asegura Díaz Conde. Así que, al final, “le toca al último en llegar, que tiene que asumir esta tarea sin la debida formación”.
Según el análisis de Educo, ninguna comunidad autónoma aprueba en su implantación de la figura del coordinador de bienestar, “que hace aguas por todas partes y no se ha instaurado correctamente en todos los centros educativos”. Estos son los problemas que han detectado:
1. DISPARIDAD TERRITORIAL
Para empezar, el desarrollo normativo es diferente en cada comunidad autónoma, porque las competencias educativas están transferidas. Esto “da lugar a dudas e inseguridades entre los profesionales”, dice la ONG.
Educo ha analizado todas las normativas autonómicas menos la de Castilla y León, que aún no ha sido publicada. Cataluña, Baleares y Galicia las han desarrollado tarde, con un año de retraso. En siete gobiernos regionales (Cataluña, Madrid, País Vasco, Murcia, Asturias, Cantabria y Navarra) se ha hecho mediante una circular, que no tiene carácter normativo y, por tanto, no es obligatoria para los centros. La Rioja ha aprobado un decreto, que es vinculante, pero, “en general, cada autonomía tiene una normativa distinta, y todas son anuales, lo que muestra que tienen pocas posibilidades de consolidarse”, afirma San Pedro.
2. PERFILES POCO CLAROS
La normativa del Gobierno central no establecen qué perfiles deben acceder al puesto y los desarrollos normativos de hasta ocho comunidades autónomas tampoco lo especifican. “Esta indefinición afecta a la hora de elegir a la persona más adecuada para ejercer este rol”.
“Hay muchas diferencias entre quienes asumen el perfil. Desde un profesor de Historia hasta un orientador. Son personas con necesidades de formación distintas”, apunta San Pedro.
3. FALTA DE FORMACIÓN
Sólo dos comunidades autónomas exigen una formación inicial a los profesores, psicólogos, orientadores o personal terapéutico que asumen las tareas de coordinadores de bienestar. En todo caso, la formación es “insuficiente”, según Educo, pues abarca entre 10 y 30 horas. “Son clases muy teóricas, no dan respuestas prácticas y no se forma, por ejemplo, en gestión de conflictos o en derechos de la infancia. La duración de los cursos es muy desigual. Además, una vez ejercida la formación, no hay nadie que haga un acompañamiento”, señala San Pedro, que se pregunta: “¿Cómo va a formar el coordinador al resto de profesores y a las familias si no se ha formado bien él?”.
4. TIEMPO INSUFICIENTE
En cuatro comunidades autónomas, la normativa no establece que los coordinadores de bienestar tengan horas liberadas para su tarea. En el resto, fijan entre una y tres a la semana, “tiempo claramente insuficiente, que sólo da para hacerse cargo de los casos más graves, obviando otros temas como la prevención o la formación”.
5. SIN INCENTIVOS
Ninguna comunidad autónoma tiene una asignación presupuestaria destinada al coordinador de Bienestar. Sólo tres (Cataluña, Canarias y Galicia) reflejan en su normativa que debería recibir algún tipo de incentivo o remuneración económica.
“No se exige que la nueva figura ocupe un puesto fijo, permitiendo que recaiga en personal interino que probablemente no permanecerá más de un año en el centro y cuyo desconocimiento del mismo puede suponer un escollo en el desarrollo de sus funciones”.
San Pedro ve también poco respaldo institucional: “La figura no ha tenido el impulso suficiente por parte del Ministerio de Educación y su peso es muy marginal. Faltan estructuras de gobernanza y apoyo: la queja unánime es el aislamiento en el que se encuentran los coordinadores cuando desempeñan sus funciones. No cuentan con todo el apoyo que necesitan dentro de la escuela ni tienen una red externa que les dé respaldo en su trabajo de prevención e intervención”.
Educo recomienda aprobar un decreto a nivel estatal con unos mínimos comunes donde se fije un perfil concreto, la dedicación y el presupuesto y se regule la formación. “Se trata de profesionalizar la figura para que esté capacitada, formada y preparada. Debe haber una apuesta política, desde lo normativo a lo presupuestario”.
“Unicef advierte del “riesgo” de no desarrollar bien esta función
“La ausencia de esas condiciones habilitantes puede constituir un riesgo para las instituciones en cuyo nombre deben actuar y comprometer los derechos de la infancia”, avisa.
“Además, su puesta en funcionamiento en condiciones desiguales en los diferentes centros educativos puede generar desigualdad y discriminación en el acceso al derecho a la protección de la infancia. La diferente dotación de recursos y atención prestada por los centros educativos al bienestar y la protección de la infancia puede convertirse en un factor clave en la escolarización, en la elección del centro, con el riesgo de aumentar la segregación escolar y la exclusión educativa”, advierte”.
NOTA: El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Social (CGCEES) y los Colegios Profesionales de Educación Social vienen argumentando y defendiendo la necesidad de vincular la figura del coordinador/a de bienestar y protección con el perfil profesional de Educador/a Social.
Alumnos de una escuela infantil de Santiago de Compostela.
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