Información publicada en Social.cat el lunes 19 de septiembre de 2022:
“CEESC
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) El CEESC agrupa al colectivo de educadoras y educadores sociales que ejercen la profesión en Cataluña. Una de sus finalidades es la de velar por las condiciones de calidad en las que se da su práctica profesional, con el objetivo de conseguir una mejora en la calidad de vida de las personas y de los colectivos que atienden”.
“La Universidad de Lleida ha sido la escogida para acoger este año el acto institucional de inauguración del curso académico 2022-2023 del sistema universitario catalán, en un momento en que las universidades tienen el reto de ser “verdaderos motores del cambio social a partir de la creación y difusión de conocimiento y talento”, tal y como afirmó hace unas semanas la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis.
Con esta misma voluntad, en el curso 1992-1993, hace treinta años, cuatro universidades catalanas iniciaron la implantación de la titulación oficial en Educación Social, creada un año antes mediante el Real decreto 1420/1991, de 30 de agosto. La Universidad de Lleida, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Ramon Llull —además de la Universidad Complutense de Madrid, fuera de Cataluña— se convertían en pioneras en dar respuesta a una necesidad del conjunto de la sociedad de tener derecho a ser atendidos por profesionales de solvencia y rigor.
Enseguida se añadió la Universidad de Girona (1993-1994) y, más tarde, la Universidad de Vic (1999-2000), la Universidad Rovira i Virgili (2000-2001) y, finalmente, la Universitat Oberta de Catalunya (2009-2010), entre otros de distintos puntos del Estado español. Además de los centros asociados a la UNED que existen en Cataluña.
Ese hito de hace tres décadas marcó un punto de inflexión no sólo en la formalización de la profesión de educador y educadora social sino en la manera de concebir y de dar respuesta a los derechos de ciudadanía, entendidos como los que tiene el conjunto de la población (más allá de la nacionalidad o la documentación administrativa).
Los estudios no se creaban de la nada sino que eran fruto de una larga reivindicación. Ya hacía años que los propios profesionales que ejercían en diversos servicios de atención a las personas pedían más y mejor formación para el desarrollo de su práctica y que entidades e instituciones diversas necesitaban a profesionales con una formación sólida.
Tanto es así que mientras el gobierno español no acababa de tomar la decisión, hubo diferentes iniciativas para irse formando. En 1969 la Diputación de Barcelona ya organizó un curso antes de crear, al año siguiente, el Centro de Formación de Educadores Especializados de Barcelona, que acabó siendo centro adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Duró una década. En 1981 tomaron el relevo la Escuela de educadores especializados ‘Flor de Maig’, también de la Diputación de Barcelona, junto con otras iniciativas como la Escuela de educadores especializados de Girona de la Fundación SER.GI (Servicio Gironí de Pedagogía Social), que funcionaron hasta la implementación de los estudios universitarios oficiales.
Si en el curso 1992-1993 los estudios empezaron como diplomatura universitaria de tres años, con la entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pasaron a ser un grado de cuatro años académicos con una carga de 240 créditos ECTS.
Tres décadas después, contamos con cientos y cientos de profesionales con titulación universitaria oficial, pero, treinta años después, todavía falta alcanzar el reconocimiento como profesión esencial que es. Hay que recordar, una vez más, que siempre, en todo momento, existen decenas de educadores y educadoras sociales ejerciendo en primera línea, aunque haya festivos, huelgas, pandemias. Y, en consecuencia, quedan por conseguir las condiciones de trabajo —de relaciones laborales, salario, de recursos destinados a los servicios— y de empleo mínimamente equiparables a los compañeros y compañeras de la facultad.
Esta falta de reconocimiento afecta gravemente al conjunto de la población que debería ser atendida por educadoras y educadores sociales. Si hace treinta años se logró que la profesión tuviera el nivel formativo y académico para ofrecer el servicio que merece esta sociedad, actualmente el mercado laboral está contratando perfiles de todo tipo sin la titulación universitaria en educación social. Ésta es una preocupación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, pero también nos la comparte la comunidad universitaria: aquel título que debería ser requisito para el acceso a determinados puestos de trabajo acaba siendo tan sólo un mérito. Todo esto en servicios públicos, sean gestionados directamente por administraciones públicas o externalizados.
Es necesario, por tanto, que las administraciones públicas, todas y cada una, pongan en juego los perfiles profesionales que tenemos al alcance y de los que nos hemos dotado como sociedad y, de este modo, velar por los derechos de toda la ciudadanía, que cada uno sea atendido por los y las profesionales adecuadas en cada situación. También educadoras y educadores sociales”.
Información original en catalán
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