Las educadoras y los educadores sociales, representados por su Colegio Profesional (Enlace 1 – Enlace 2) han decidido hacerse visibles este lunes 31 de marzo ante la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, a las 18 horas, en defensa de la Educación Social, ante los hechos que están sucediendo en este territorio por el conflicto que está viviendo este colectivo, que hemos venido informando.
Recogemos hoy aquí unas declaraciones en televisión y prensa recientes:
Diario El Comercio. Asturias 27/03/2025 El Consejo General de Educación Social se dirige a los partidos asturianos: «Den seguridad jurídica a los niños y adolescentes»
«El Consejo General de Educación Social se dirige a los partidos asturianos: «Den seguridad jurídica a los niños y adolescentes»
El organismo y la Conferencia de Decanos de Educación intervienen con «honda preocupación» ante el conflicto que se vive en Asturias
Puede que el Gobierno regional esté a punto de tomar una decisión, tras meses de conflicto en el seno de las consejerías de Derechos Sociales y Bienestar a cuenta de la oferta pública de empleo que exige contar con la titulación de Educación Social para trabajar en los centros en los que viven menores. En frente, los propios educadores sociales, que rechazan el «intrusismo laboral», lamentan la «presión sindical» y son pesimistas ante un «futuro incierto de la atención en esos centros».
Creen los educadores que el debate no está teniendo en cuenta la realidad de su profesión y quieren ser escuchados antes de que el Ejecutivo tome la decisión sobre si modificar o no las bases, tal y como piden los comités de empresa.
Para ello, desde Asturias se solicitó ayuda a los dos organismos estatales que más saben de su profesión. Por un lado, el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores, órgano que aglutina a las 17 corporaciones colegiales de nuestro país, que se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios asturianos para expresarles «nuestra honda preocupación por el grave conflicto en el que se están viendo inmersos los y las profesionales de la Educación de Asturias». En su escrito, la presidenta del Consejo General, Lourdes Menacho Vega, recuerda «el terrible suceso de Badajoz la pasada semana, con la pérdida de la vida de una compañera en un centro de menores, que ha puesto de manifiesto las carencias que aún presenta el sistema, en el que debemos poner todas nuestras energías en mejorar, trabajando de manera coordinada Administraciones y colectivos profesionales, entre otros».
Y prosigue haciendo referencia a la situación de Asturias: «En el caso que nos ocupa y nos preocupa, se ha generado una corriente entre entidades sindicales que conforman los Comités de empresa de las Consejerías de Derechos Sociales y Bienestar y de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, que olvidan los acuerdos en los que estos mismos agentes han impulsado la consolidación del III, IV y V Convenio Estatales de Reforma Juvenil y protección de Menores, que desde 2018 han establecido al Educador/a Social como responsable y referente de la intervención socioeducativa en nuestro país, instrumento clave que vertebra estos recursos».
Esos comités han protestado durante semanas por las bases de la oferta de empleo. Aseguran que hay en peligro 2.000 puestos de trabajo, de personal interino con «títulos afines», además de todos los auxiliares educadores que quieren promocionar y quienes están preparando la oposición para auxiliar de educador, con una titulación universitaria que no es la de educador social.
Titulados en la materia
Pero entre los educadores sociales estos argumentos no caben. Al contrario. El Consejo General ha solicitado a Asturias «afianzar el reconocimiento de la Educación Social en Asturias, tras la aprobación de la Ley 2/2023 de 15 de marzo de Empleo Público, como instrumento que garantiza el espacio profesional en la Administración Pública, de la que han sido garantes, al incorporar el cuerpo de Educación Social en su texto», así como «garantizar que la Educación Social sea ejercida exclusivamente por profesionales titulados en la citada materia, impidiendo la intrusión de otras disciplinas, con las que no se adquieren las competencias que permiten desempeñar ese rol. Suplantar o diluir sus funciones con otras titulaciones constituirán un grave perjuicio para las personas a quienes dirigimos la intervención socioeducativa«, reza en su escrito.
La presidenta del organismo insta a los parlamentarios asturianos a tomar «las medidas necesarias para garantizar la calidad de los servicios públicos y den seguridad jurídica a las niñas, niñas y adolescentes, así como cualesquiera otro ciudadano que requiera de la presencia cualificada de nuestra disciplina profesional en su Comunidad Autónoma«.
No es la única instancia que se ha dirigido a los partidos de la Junta General del Principado. Lo ha hecho también la Conferencia de Decanos de Educación, que agrupa a decanos y directores de facultades y escuelas universitarias de las universidades públicas, privadas y centros adscritos de todo el país. En total, 80. Una conferencia que, además, da respuesta a la polémica carta que escribió la decana de la Facultad Jovellanos, donde se imparte Trabajo Social, defendiendo «el Grado de Trabajo Social como capacitador para la realización de intervenciones socioeducativas en los centros de menores y centros de responsabilidad penal, entre otros».
En un largo escrito, la Conferencia analiza las diferencias entre ambas profesiones, los educadores sociales y los trabajadores sociales, porque «tanto los objetivos que persiguen como la forma de trabajar y la propia manera de ver e interpretar la realidad es diferente». Mientras los trabadores «tienen un conocimiento muy amplio de los recursos y las estructuras sociales y son capaces de movilizarlos frente a una problemática personal, grupal o comunitaria. Se podría decir, en ese sentido, que van de los recursos a las personas». Por contra, «los educadores también enmarcan su intervención en criterios de justicia social y derechos humanos. Sin embargo, ante una situación vital o una problemática concreta, se centran en las propias personas, ayudándolas a poner en marcha, activar o realizar todos aquellos aprendizajes que pueden ayudarlas a gestionar su propia vida de una manera que sea satisfactoria, equitativa y digna. Se podría decir que su intervención va de las personas a los recursos».
Desde el Colegio de Educación Social de Asturias piden a los partidos políticos que analicen su profesión como se hace con el resto, huyendo de argumentos como el que algunas voces han esgrimido, sobre la limitación de estudiar Educación Social en Asturias, que solo ofrece la Padre Ossó y la UNED. «En Asturias no existe el grado de Veterinaria, pero los veterinarios asturianos deben estar titulados. Y no existe el grado de Arquitectura, pero deben contar con el título».
Lamentan también esta situación en una profesión altamente feminizada, donde el 80% de las educadoras sociales son mujeres, además de estar «precarizada». Y dicen no entender, si se atiende a las peticiones sindicales, cómo Asturias se convertirá «en la única comunidad en la que se podrá ejercer de educador sin serlo». «Si no hacemos las cosas bien, en lugar de 800 menores tutelados acabaremos teniendo 1.500».
Información edición Impresa
Mi lista de recursos