El Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha remite a los partidos políticos sus aportaciones en algunos ámbitos de su competencia
El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM), afirma en nota de prensa que “desde la posición privilegiada que tenemos de observadores y conocedores de la realidad, de las necesidades de la ciudadanía y de las respuestas, a través del trabajo realizado y de la experiencia acumulada en nuestro labor de atención a situaciones de exclusión y vulnerabilidad social y prevención de las mismas y desde el deseo de que se desarrollen políticas a favor de la ciudadanía (niños, niñas, jóvenes, mayores y familias con mayores dificultades sociales), queremos trasladar la necesidad de aumentar la inversión pública para la promoción de toda la ciudadanía, desde un enfoque de derechos, que garantice los principios de igualdad, universalidad y responsabilidad pública, centrado en la persona y que asegure una atención integral de calidad, con el ánimo de que desde la conciencia de responsabilidad política frente a los problemas de la convivencia, el surgimiento de un mundo en el que todos podamos compartir bienes de forma más equitativa, tengan a bien incorporar en sus programas y en su acción de gobierno las propuestas que a continuación les manifestamos”.
Los objetivos del CESCLM son:
– Contribuir a una mejora en el estado de bienestar de las personas.
– Proponer y construir alternativas justas, con expectativas de futuro
– Defender la intervención socioeducativa como una inversión social y económica, que genera justicia y cohesión social.
– Defender los sistemas públicos y de empleo público de calidad que garanticen la prestación de los servicios basados en el derecho de la persona y en búsqueda de su promoción y autonomía personal y no en un régimen de asistencialismo y beneficencia.
– Impulsar nuestra función mediadora en la sociedad.
– Promover la participación como uno de los ejes fundamentales para promover el protagonismo de la ciudadanía, generando espacios y procesos
– La defensa de nuestra profesión, dando a conocer nuestra situación profesional y haciéndola visible: intrusismo, desconocimiento, dificultad de acceso al empleo, empleo de mala calidad, subcontrataciones, que repercuten en la atención a las personas y de las familias al no garantizar los programas, prestaciones y servicios en lo que desempeñamos nuestra labor profesional.
Propuestas con respecto a su profesión:
1. Apuesta decidida por el empleo público de calidad que garantice la prestación de los servicios basados en el derecho de la persona y huyendo de asistencialismos y modelos basados en la beneficencia. En el caso de externalizar servicios, deberá primar el criterio técnico sobre el económico; lo contrario supone confrontar las necesidades básicas de la ciudadanía con la rentabilidad empresarial. Velar porque esas externalizaciones cumplan los criterios de calidad, eficacia y eficiencia y cuenten con un desempeño profesional no voluntarista y se evite la precariedad laboral.
2. Inclusión de cláusulas sociales, en los procesos de Contratación Pública.
3. Favorecimiento de la contratación de la figura del Educador Social para el desarrollo de aquellas funciones y competencias para la que está formado y/o habilitado, como garantía del desempeño profesional de calidad, en la intervención socioeducativa.
Propuestas en el ámbito educativo:
4. Impulso de la inclusión, la calidad y la equidad en el sistema educativo, a través de la acción socioeducativa y mediante:
– El desarrollo de planes y programas socioeducativos efectivos de prevención del absentismo y de fracaso escolar, en los que la acción socioeducativa sea el eje fundamental de cara al menor y su familia, a través de programas educativos globales dirigidos a aquellos alumnos y alumnas con especiales dificultades de integración desarrollados por los equipos de educadores.
– El impulso de la participación de toda la comunidad educativa a través de los AMPAS, equipo directivo, alumnado, personal no docente…, y una mayor apertura de los centros educativos a la comunidad que les rodea, tomando entre otras medidas la recuperación de los centros educativos como lugares abiertos a la ciudadanía, donde se desarrollen actividades fuera del horario pero al servicio de todos los niños, niñas, jóvenes y familias de la comunidad, desarrollando actividades de ocio, refuerzo escolar, campamentos urbanos con comedor en periodos estivales…
– El impulso del aprendizaje de temas como la igualdad, la violencia de género, la educación en valores, la interculturalidad, la educación emocional, el acoso escolar, el cuidado del medio ambiente, el maltrato infantil, ciudadanía responsable, etc.
– La potenciación de programas de prevención y atención a situaciones de conflicto a través de planes socioeducativos, impulsando la figura del mediador.
– La recuperación de los programas de compensatoria y el aumento de los recursos de refuerzo educativo en horario extraescolar.
– El refuerzo de la política de becas y ayudas.
5. Oferta de una formación de calidad y acorde a las necesidades de las educadoras y educadores que desarrollan su labor profesional en institutos y propiciar la coordinación entre los profesionales de los IES.
6. Recuperación de los convenios de la Junta de Comunidades con ayuntamientos y entidades de carácter social para la puesta en marcha de programas de Educación de Personas Adultas en barrios y localidades de la región.
Propuestas en el ámbito de la salud y bienestar:
7. Desarrollo de un plan específico de atención socioeducativa para la prevención y atención del estado de salud físico y emocional de las personas, que contemple acciones de:
– Prevención de adicciones.
– Fomento de actividades de ocio, cultural y deportivas, recuperando la calle como un espacios de juego, ocio saludable, y que a través de la educación social se favorezca la convivencia y la cohesión social.
– Fomento de la prevención temprana en las etapas educativas iniciales, trabajando con las familias, a través de programas de educación familiar.
Propuestas en el ámbito de los servicios sociales:
8. Derogación con carácter inmediato de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
9. Retorno de las competencias en materia de servicios sociales y de promoción de la autonomía personal a los municipios, como garante de proximidad y cercanía al ciudadano y que posibilita una mayor eficacia y eficiencia en las respuestas a las necesidades de la ciudadanía.
10. Consolidación del sistema público de servicios sociales de atención primaria a través de un equipo profesional (trabajador social y educador social) que permita la atención a los ciudadanos, la prevención y promoción social; que favorezca la autonomía de la persona, en contra de acciones asistencialistas y benéfico asistenciales y no solo en la atención en situaciones de exclusión o de urgencia social sino también en prevención de las mismas.
11. Recuperación de los proyectos de Servicios Sociales, no sólo atención en despacho; también atención en domicilio, proyectos en medio abierto…
12. Mayor eficacia en la aprobación y ejecución de ayudas, disminución de la burocracia y de los tiempos de respuesta.
13. Apuesta por la inversión en prevención social para un ahorro en protección y control.
14. Potenciación de una red de recursos y programas socioeducativos que permitan la eficacia de la protección del menor y de su familia, en situaciones de exclusión, riesgo y desamparo.
15. Impulso de un plan contra las situaciones de cronicidad con medidas transversales, en materia de vivienda, empleo, salud, ocio, formación…, a través de acciones socioeducativas.
16. Recuperación del presupuesto en los servicios que garantizan la permanencia en el domicilio de las personas mayores.
17. Apoyo a la atención a personas en situación de dependencia a través de acciones socioeducativas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y social.
18. Desarrollo de un Plan de Apoyo al Tercer Sector como sector complementario al público.
19. Favorecimiento de los programas de voluntariado como complemento a la acción socioeducativa profesional y no como sustitución de la misma.
20. Potenciación del trabajo en red y la coordinación entre entidades, servicios, organismos públicos y privados y profesionales de diferentes ámbitos, participantes en la intervención social, como herramienta para la optimización de recursos y garantía de intervenciones más eficaces y de mayor calidad, no olvidando que la protagonista es la propia ciudadanía.