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Diego Royo, educador social: “Es injusto que un episodio esporádico enturbie la gran labor del resto de profesionales”

El diario “El Heraldo de Aragón”, en su edición del 8 de agosto de 2024, publica la siguiente información:

“Diego Royo, educador social: “Es injusto que un episodio esporádico enturbie la gran labor del resto de profesionales”

El vicepresidente del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón señala que el caso del centro de menores de Ateca ha puesto de manifiesto el intrusismo laboral que sufre su sector y reivindica mejoras salariales.

Los últimos acontecimientos relacionados con los supuestos malos tratos en el Centro de Menores de Ateca investigados por la Guardia Civil han abierto varios debates en la sociedad acerca de la falta de formación de los profesionales que trabajan en este tipo de centros, el gran beneficio económico que obtienen determinadas empresas de acción concertada a raíz de gestionarlos o las dificultades de las instituciones a la hora de detectar este tipo de conductas.

Diego Royo Laviña trabaja desde el año 1996 como educador social en el ámbito de la salud mental y es también el vicepresidente del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón, que agrupa a todos los profesionales del sector colegiados en la comunidad autónoma. Junto a otros compañeros, es autor de dos libros de buenas prácticas en educación infantil y primaria, ha publicado distintos trabajos en Dialnet y es experto por la UNED en rehabilitación psicosocial y salud mental y en acogimiento residencial.

¿Cuál es la labor de un educador social en Aragón?

Depende un poco del ámbito de actuación. Hay aspectos que son más genéricos y otros más específicos. En líneas generales, la profesión nace de la rama de la pedagogía social y nos encargamos de acompañar a personas, colectivos y grupos que se encuentran en riesgo de exclusión social con la idea de valorar todas sus competencias y ayudarles a que acaben consiguiendo un bienestar y una calidad de vida mejor que la que tienen. Trabajamos con temas de alfabetización, mediación, violencia de género, dependencia, menores, salud mental… Abarcamos un campo muy amplio.

¿Cuántos educadores sociales hay ahora mismo en la comunidad?

Colegiados, en torno a 600. En nuestra comunidad autónoma es obligatoria la colegiación para poder ejercer profesionalmente. Tenemos una tasa de desempleo de un 6%.

¿Hay mucho intrusismo laboral en esta profesión?

Desgraciadamente, así es. Lo hemos comprobado en este último caso de Ateca, donde debería haber dos educadores sociales que, en realidad, no lo eran. Puedes ser maestro de primaria, de secundaria, educador social o pedagogo, pero la categoría de educador o monitor no existe, no sale en el BOE. Muchas veces se ofertan pliegos en los que se requieren funciones y competencias de un educador social para categorías como estas y que no existen, permitiendo que personas no colegiadas o sin titulación puedan acceder a este tipo de empleos. A nadie se le ocurriría colocar a un dentista en un centro de atención terapéutica en el que requieran de un psicólogo. Con esto debería suceder lo mismo. Nuestro trabajo no se puede comparar con un curso de 300 horas como el de monitor de tiempo libre, es una titulación universitaria.

¿Cómo les influye esto económicamente?

Este tipo de prácticas generan situaciones ‘low-cost’, rentables económicamente para las empresas, pero que dejan bastante que desear en lo que a la gestión de la acción concertado-privada se refiere. Lo barato sale caro. Durante la pandemia, la figura del educador y la educadora social fue declarada como personal esencial. Debemos poner en valor nuestro trabajo, que desgraciadamente tampoco va acompañado de retribuciones dignas. Los sueldos rondan los 1.300 euros. Es de todo menos digno.

Hay profesiones que son completamente vocacionales, entiendo que esta es una de ellas.

Completamente. A pesar de que el sueldo no acompañe, los compañeros realizan una labor encomiable y ponen todo de su parte para sacar el trabajo adelante. Trabajamos con personas vulnerables y en situaciones complicadas y pienso que muchas veces no se termina de valorar.

¿A qué situaciones tiene que hacer frente un educador social que trabaje en su día a día con menores con trastornos de conducta?

Hay situaciones que son más sencillas de gestionar y otras que, desgraciadamente, no lo son tanto. Lo primero que tiene que tener un buen educador social que trabaja con menores es contención psicológica. Cuando te están insultando o menospreciando, tienes que saber abordar ese tipo de situaciones con una cierta estabilidad o control porque tú eres el profesional y no puedes perder las formas. Esa es una barrera que no se puede sobrepasar. Luego es cierto que hay situaciones que se pueden ir de madre y que en un momento determinado igual necesitan de un apoyo externo por parte de las fuerzas de orden público. Cuando se trabajan los vínculos y se trabaja desde la pedagogía, desde el acompañamiento y desde la profesionalización, en la mayoría de los casos no hay que llegar a ningún tipo de contenciones físicas. Hay que adaptarse a la realidad de cada menor porque no podemos estandarizar modelos para todos por igual.

¿Cómo les afectan este tipo de episodios, digamos, violentos?

El soporte emocional es muy importante. No te puedes llevar a casa la mochila de problemas del trabajo y las empresas sí que deberían garantizar herramientas de control y gestión del estrés emocional. Convivir con el chaval que te ha agredido en un momento determinado es muy duro. ¿Quién cuida del cuidador? Es una cuestión compleja.

¿Cómo es posible que una persona sin titulación tuviese a su cargo menores con trastornos de conducta en Ateca?

Pues porque, presuntamente, hay veces en las que desgraciadamente se pueden dar situaciones de fallo en el sistema. Este caso es un claro ejemplo de una omisión del deber de supervisar un proyecto que tenía un sello y una garantía de calidad por parte de las administraciones y que luego se ha visto que no era así.

¿Quién tiene la culpa?

Hay que depurar responsabilidades haciendo un ejercicio de trazabilidad. Ahora estamos poniendo el foco en la actualidad, pero si rebobinamos para atrás, la acción concertada es del año 2019 y ha habido diferentes administraciones que han gestionado este recurso. La actual, lógicamente es responsable, pero también hay que ver cómo salió ese pliego, cuantas veces se ha visitado ese centro desde el año 2019. Nosotros no tenemos constancia ni de que los detenidos sean educadores sociales ni de que estén colegiados en Aragón.

En su comunicado afirmaban que desde el CEES Aragón se estaban planteando presentarse como acusación particular. ¿Lo van a hacer finalmente?

Nosotros hemos pasado toda la información relativa al caso desde nuestra secretaria técnica, pero es la asesoría jurídica la que nos va a orientar y la que determinará si es factible o no, si había intrusismo profesional o no lo había o si había algún tipo de vulneración que incurre en algún posible delito. Evidentemente, somos garantes de la presunción de inocencia, somos un Colegio Profesional y, lógicamente, el rigor nos lo va a dar la asesoría jurídica, que es la que nos va a orientar a si se puede realizar algún tipo de acción y hacia dónde va ir orientada.

¿Sienten que, con casos como este, se tiende a demonizar la profesión?

Sí, y no es justo. Lo que no puede ser es que un episodio esporádico enturbie la gran labor del resto de profesionales, que trabajan muy bien, no solo con menores. Esta situación tiene un carácter excepcional. Es una absoluta desgracia, pero debemos saber aprovecharla como una oportunidad para hacer las cosas bien. Me remito al año 2015, cuando el incendio en la residencia Santa Fe de Cuarte de Huerva dejó nueve ancianos fallecidos. Hubo un antes y un después y, a partir de ahí, se inspeccionaron una serie de centros y alguno incluso se llegó a cerrar por mala praxis. No podemos permitir que estas cosas ocurran y no intervengamos para transformar esta realidad en algo mucho mejor para todos y todas.

¿Cuál debería ser el procedimiento por parte de otros trabajadores ante una situación anómala como la que se ha vivido en Ateca?

Hay que poner en conocimiento a la empresa que esos sucesos están ocurriendo. El propio Colegio tiene una comisión de mediación y arbitraje en la que los compañeros y compañeras que se vean inmersos o sean conocedores de una mala praxis pueden denunciarlo en esa comisión deontológica. Pero para eso, para para poder denunciar esto ante la comisión de mediación y arbitraje del colegio, tienes que ser un profesional colegiado. Hay un régimen sancionador y se puede llegar a inhabilitar a esa persona. Es nuestra obligación perseguir este tipo de malas praxis.

Se habla de precariedad económica, pero la DGA pagaba 3.407 euros diarios al Centro de Menores de Ateca. ¿Quién se está llevando el dinero entonces?

En este sector, igual que pasa con el de la dependencia, hay empresas que tienen ánimo de lucro y otras que no. Estamos hablando de cosas que tendrían que tener poca relación con la atención especializada a menores. El tema del precio no tendría que ir aplicado a la intervención social, pero nos hemos acostumbrado todos a la privatización de una manera que ya es tremenda.

¿Hay determinados trabajos que los educadores sociales prefieren evitar?

Es, sobre todo, una cuestión de precariedad laboral. Los profesionales que trabajan ayudando a menores muchas veces no se sienten valorados, van a turnos, trabajan días festivos, se enfrentan a graves problemáticas y no tienen unas retribuciones dignas. También hay otros muchos ámbitos de actuación en los que estamos presentes y en los que se está luchando cada día para tener una mayor representación, como en la mediación, la educación ambiental, la intervención familiar o la salud mental.

¿Por dónde pasa el futuro de esta profesión en Aragón?

El hecho de no tener titulación presencial en Aragón tiene muchos inconvenientes. Las alternativas más viables son los grados que imparte la UNED o estudiar en otras comunidades autónomas limítrofes. Esto hace que nuestra profesión sea muchas veces invisible y que no podamos realizar prácticas en otros ámbitos que no sean los mismos de siempre. Este poder nos lo podría dar la Universidad, que podría sacar al año un número de egresados en educación social, pero, lamentablemente, parece que todavía muy lejano.”

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