Reflexión crítica sobre el impacto que la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño parece haber tenido en nuestro entorno sociocultural, sobre todo en el contexto psicosocial en el que los niños deben ejercer sus derechos, en una sociedad organizada bajo la perspectiva de los intereses de la generación adulta. La Convención parece haber incomodado algunos aspectos de las representaciones sociales al provocar un debate sobre los derechos de los niños a la participación social. Será necesario un cambio sustancial en las relaciones intergeneracionales, en la que los adultos dejamos de poner resistencias a un cambio importante para el futuro de nuestra sociedad, que facilite el protagonismo infantil en la vida social.
Para poder hablar de defensores del niño había que pasar por dos declaraciones que sólo consignaban derechos sociales, era necesario el convencimiento de que los niños tienen competencias, que son capaces de participar; debía cambiar el concepto de protección; había que pasar de la compasión y el amor al respeto. La década de los setenta terminó con la proclamación, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1979 como Año Internacional del Niño. Fue un vehículo excepcional para colocar los derechos humanos del niño en el orden del día internacional. El artículo es una detallada crónica de un logro de largo y difícil recorrido.
La educación, la salud y la protección son los derechos más conocidos y respetados por los adultos, pero existe un claro déficit en relación con los derechos relacionados con el ejercicio de la participación y la expresión. El conocimiento de los derechos de expresión y participación de la infancia se da más entre políticos y educadores sociales que entre padres y profesores, lo que sería un indicador de una falta grave de políticas institucionales y culturales. Las políticas de familia refuerzan la institución familiar y, por tanto, pueden incluir a los niños sin darles protagonismo. Por el contrario, las políticas específicamente dirigidas a la infancia y adolescencia favorecen el proceso de autonomización y responsabilización en el desarrollo de niños y jóvenes.
En el marco de la historia de la educación y de la acción social, la participación de los niños y niñas ha sido reconocida mucho antes que en el marco de la Convención sobre los Derechos de la Infancia. La participación es algo más que un derecho. Podemos hablar de ello como un principio educativo, un contenido formativo, un valor democrático y un procedimiento para aprender a aprender a participar. Este artículo analiza distintas formas de participación infantil que implican escenarios para el ejercicio de los derechos civiles de los niños. La presentación de dos experiencias concretas tiene el valor añadido del compromiso de la administración municipal por hacer efectiva la implicación de los niños en aquellos temas que les afectan.
El deber democrático de educar en el ejercicio de la ciudadanía debe impregnar las políticas educativas locales y los proyectos de las comunidades de aprendizaje en las llamadas Ciudades Educadoras o Ciudades Amigas de la Infancia. El derecho a la educación así lo exige, tanto más cuando aspiraremos a hacer efectivo una verdadera educación en los derechos, haciendo valer todos los derechos a toda la ciudadanía, incluidos los niños y niñas, a los que no podremos relegar a una especie de ” ciudadanía incompleta”, puesto que tenemos el mandato constitucional de garantizar la competencia social y ciudadana de los más jóvenes.
En los últimos años, en el marco del debate sobre el ejercicio de los derechos de la infancia, ha sido la participación infantil uno de los temas que más interés y desafíos ha desvelado. En este número monográfico, hemos considerado oportuno presentar alguna experiencia que pudiera tener en: un elemento ilustrativo de cómo fomentar, ejercer y fortalecer los derechos de participación de los niños y niñas en sus contextos más inmediatos. Es por eso que hemos elegido una experiencia cuya trayectoria ha tenido un impacto altamente positivo y una perdurabilidad en el tiempo, digna de ser tenida en cuenta. Se trata del Programa Nacional de Municipios Escolares (MMEE), coordinado por la ONG peruana Acción por los Niños.
Nacemos ciudadanos, pero debemos aprender a serl0. Varios son los agentes y mecanismos socializadores que ejercen esa función y, entre ellos, la educación social puede ser uno de los más potentes vehículos para lograr acercarnos a gozar con plenitud lo que ello significa. Plantear esta vertiente de la educación social remite a considerar una doble función: en primer lugar, la educación social como un ejercicio llevado a cabo por parte de ciudadanos proactivos, sus profesionales, y en segundo lugar, ese ejercicio profesional induce el incremento de derechos ciudadanos en las personas sobre las que recae su práctica educativa. Para analizar estos aspectos parece necesaria una primera reflexión sobre el alcance de lo que la ciudadanía posibilita y de los requisitos que la hacen posible y que, por ello, delimitan su disfrute.
Los centros educativos de secundaria han de dar respuestas a necesidades socioeducativas cada vez más complejas, derivadas de situaciones como el absentismo, el fracaso escolar, el rechazo a la escuela, las dificultades de convivencia y el conflicto en las aulas. Se hace evidente la necesidad de nuevos recursos como la participación de profesionales más especializados en el ámbito social: los educadores/as sociales.
La situació de la infància després de la Convenció (Original en catalán)
2008. Versiones en catalán y en castellano.
Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa. Revista editada por la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrrés. Universitat Ramon Llull.
Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa (Castellano)
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