El diario mallorcadirario.com publica, en su edición del martes 15 de abril de 2025 una entrevista a Marga Giménez, presidenta del CEESIB, que recogemos:
«Los educadores sociales han de tener recursos para garantizar la seguridad»
«La nueva presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares —CEESIB—, Marga Giménez Contreras (Palma, 1985), accedió al cargo el pasado 21 de marzo. A lo largo de esta entrevista con mallorcadiario.com da a conocer de manera muy clara y precisa todo lo relacionado con la labor y las condiciones laborales de los educadores y las educadoras sociales. Dichas condiciones han sido objeto de debate recientemente en el conjunto del país, tras el asesinato el pasado 9 de marzo de la educadora social Belén Cortés en Badajoz, en un piso de medidas judiciales, a manos, presuntamente, de tres menores de entre 17 y 14 años.
¿Un suceso trágico como el ocurrido en Badajoz podría darse también aquí en Mallorca?
Es difícil de prever algo así. Lo que se ha de considerar es tomar las medidas necesarias y dotar de los recursos suficientes, para garantizar la seguridad real y efectiva, tanto de los profesionales como de las personas con las que intervenimos.
¿Diría que los adolescentes más conflictivos son hoy más violentos que años atrás?
Es importante señalar que hay una tendencia social a estigmatizar a la infancia y adolescencia que presenta alguna disfuncionalidad en su conducta, sobre todo cuando es de carácter disruptivo o violento. No obstante, es importante entender que ello es debido a déficits o carencias en su proceso de socialización, es decir, por lo que han sufrido y vivido a lo largo de su infancia en su contexto más cercano, social, familiar, cultural, etc.
Entiendo, sí…
Resulta ilógico responsabilizar de todo a estos y a estas jóvenes cuando presentan conductas disruptivas o violentas, puesto que hay que tener muy presente que sus historias de vida no han sido fáciles en absoluto y han estado, en muchas ocasiones, marcadas por la violencia desde etapas tempranas. Por tanto, nuestra labor se centra en, a partir de la creación o generación de contextos educativos facilitadores, reconducir esos estilos de conducta aprendida, reducir aquellos factores de riesgo y fomentar factores de protección que faciliten la adquisición de conductas prosociales.
¿Son necesarios más recursos entonces?
La reivindicación parte de poder contar con recursos necesarios, especialmente en cuanto a ratios y profesionales con la formación adecuada, con tal de poder ejercer la educación social, tan necesaria para reconducir y favorecer los procesos de vulnerabilidad y exclusión social descritos.
¿Existe, en cualquier caso, un aumento de la violencia?
A nivel social se podría afirmar que sí se ha detectado un incremento considerable de la normalización de la violencia como estrategia de relación entre iguales y de iguales hacia otros, además de un aumento de conductas violentas más graves. El deseo de inmediatez de respuesta en las demandas o exigencias se traduce cada vez más en conductas intimidatorias que buscan conseguir esa inmediatez, sin esfuerzo o compromiso en muchas ocasiones.
«Nuestra labor se centra en reconducir estilos de conducta aprendida, reducir factores de riesgo y fomentar factores de protección»
¿Qué papel juega aquí el acceso a las redes?
El acceso ilimitado a redes sociales y contenidos violentos supone un riesgo cada vez mayor en la interiorización de creencias que normalizan y perpetúan la violencia.
¿Añadiría algo más en este punto?
Además, se ha detectado un aumento mayor en la incidencia en problemáticas relacionadas con la salud mental que afectan al desarrollo socioemocional de la infancia y la adolescencia. Finalmente, es destacable la disminución de la participación en grupos y entornos sociales y comunitarios, lo que provoca un desarrollo socioemocional y de habilidades sociales deficitario, como podría darse con la empatía y el respeto hacia los demás.
¿Cuáles serían, hablando en general, las labores que llevan a cabo los educadores sociales?
La educación social resulta una profesión de naturaleza pedagógica. Las educadoras y educadores sociales realizamos funciones de carácter socioeducativo, especialmente con aquellas personas en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social. Además, tal y como encontramos en nuestros documentos profesionalizadores, la educación social es un derecho de la ciudadanía y está enfocada en la promoción social y cultural, a través de la generación de contextos educativos facilitadores.
¿Cómo se realiza este trabajo?
Este trabajo se realiza tanto a nivel individual o grupal como comunitario, y parte de la prevención, así como de la orientación, el asesoramiento y acompañamiento a los sujetos de la acción socioeducativa que atendemos, con el fin de favorecer y facilitar su desarrollo personal, capacidades, habilidades y autonomía, entre otros aspectos fundamentales para la mejora de su calidad de vida. Es importante tener en cuenta que los acompañamientos que realizamos suelen darse desde la proximidad y la creación de vínculos, que ayudan a las personas usuarias al desarrollo de sus potencialidades y a la consecución de sus objetivos.
¿Cómo es su interrelación con la sociedad?
Todas estas funciones se trabajan desde diferentes ámbitos profesionales y con distintos sectores de la sociedad donde nuestra figura es imprescindible: con familias, infancia, adolescencia y juventud, en centros educativos, con personas mayores, en orientación e inserción sociolaboral, con violencias machistas, con diversidad funcional, en salud mental, adicciones, educación afectivosexual, diversidad cultural, etc. Por último, cabe destacar que la educación social se puede ejercer exclusivamente a través del grado universitario de Educación Social, tal y como rige la normativa actual en la materia.
«Todas estas funciones se trabajan desde diferentes ámbitos profesionales y con distintos sectores de la sociedad»
¿Cuántos educadores sociales hay en Baleares en estos momentos?
A nivel de colegiación, contamos con algo más de 600 profesionales en el censo del CEESIB. No obstante, no se trata del número real de profesionales de la educación social que hay actualmente en Baleares. Si bien es cierto que contamos con la Ley 8/2002, de 26 de septiembre, de Creación del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares, que en el artículo 4 recoge que la colegiación es un requisito imprescindible para el ejercicio de la práctica profesional, aún nos encontramos en la tesitura de poder conseguir que esto se materialice de forma real y efectiva.
¿La mayoría de estos profesionales trabajan únicamente con menores tutelados en Mallorca?
Como hemos comentado, no conocemos el número exacto de educadoras y educadores sociales que trabajan en el sector de infancia, adolescencia y juventud. Obviamente, es un ámbito donde nuestra figura profesional tiene cabida y es imprescindible, ya que intervenimos socioeducativamente con infancia, adolescencia y sus familias, principalmente en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. En las últimas semanas, se ha puesto de manifiesto y visibilizado nuestra labor profesional en los ámbitos de la protección de la infancia y adolescencia, así como en el de justicia juvenil.
Así es, sí…
No obstante, desde la educación social abarcamos numerosos ámbitos de intervención. Podemos encontrar nuestra figura profesional en servicios sociales comunitarios básicos, servicios sociales especializados, colegios, institutos, universidades, en el sistema de protección a la infancia, adolescencia y familia, en justicia juvenil, en servicios de valoración a la dependencia, en residencias de personas mayores, en numerosas entidades del tercer sector, educación ambiental, animación sociocultural, etc. Es crucial recordar que nuestra labor es comunitaria y aquí la prevención e intervención socioeducativa juega un papel fundamental con las personas en dificultad social.
¿Cuáles son las principales mejoras que piden hoy en seguridad?
Es importante remarcar la diferencia entre centros de protección a la infancia y adolescencia en acogimiento residencial y centros de justicia juvenil que atienden a adolescentes y jóvenes con medidas judiciales. En el primer caso, cuando hablamos de seguridad no nos referimos a la necesidad de establecer recursos externos, a diferencia de lo que debe ser en el ámbito de justicia juvenil.
«Hay centros de protección a la infancia y adolescencia en acogimiento residencial y centros de justicia juvenil que atienden a adolescentes y jóvenes con medidas judiciales»
Ah, de acuerdo…
En acogimiento residencial, cuando pedimos mejoras de seguridad, nos referimos al adecuado cumplimiento de ratios de profesionales, a que se respete el número de plazas máximas por unidad de convivencia, así como a la profesionalización de estas figuras, que deben poseer las competencias idóneas y correspondientes a las funciones que tienen que realizar.
¿Y en el caso de la justicia juvenil?
En el caso de la justicia juvenil, además de cumplirse con todo lo anterior, es necesaria la presencia de figuras externas de seguridad y vigilancia, que faciliten y permitan a las educadoras y los educadores sociales poder trabajar e incidir en la parte más pedagógica y socioeducativa con los jóvenes y las jóvenes.
¿Qué solicitan a nivel salarial?
A nivel salarial, es necesario revisar las importantes diferencias que, actualmente, se producen entre las entidades del tercer sector y la Administración pública, lo cual está generando agravios comparativos entre educadores y educadoras sociales con las mismas o similares funciones, con la única diferencia de estar o no por un contrato de servicios.
¿Qué diría de la externalización?
En cuanto a la externalización, hay que revisar las adjudicaciones de las empresas multiservicios, cuyo objetivo principal puede ser el ahorro económico en detrimento de la calidad de los proyectos socioeducativos, lo cual termina repercutiendo en la carencia de recursos y en la precariedad de la atención de los colectivos que atendemos.
«Hay que revisar las adjudicaciones de las empresas multiservicios, cuyo objetivo principal puede ser el ahorro económico en detrimento de la calidad de los proyectos socioeducativos»
¿Sería así en todos los casos?
En las Islas Baleares los centros de justicia juvenil dependen directamente de la Administración pública, pero la externalización de recursos es una realidad que, en nuestra comunidad autónoma, sigue ocurriendo en centros de protección de la infancia y adolescencia, aunque la última responsable de estas niñas, niños y adolescentes es la propia Administración pública.
¿Las competencias en esta materia dependen del Gobierno central o del Govern?
Las competencias en esta materia son autonómicas, por lo que en nuestra comunidad dependen del Govern en el caso de la justicia juvenil, y de los consells insulares y del IMAS en el caso de la protección de la infancia y adolescencia.
¿Cree que la sociedad está concienciada de la importancia de la labor de los educadores sociales?
Siendo optimistas, se podría considerar que, poco a poco, la educación social está siendo más valorada y tenida en cuenta socialmente. Esto se debe a que, progresivamente, estamos más presentes en los equipos de intervención interdisciplinar, aportando nuestra mirada e intervención socioeducativa, tan necesaria para cualquier proceso de intervención integral. No obstante, es cierto que todavía queda mucho trabajo por hacer.
¿La prevención es también muy importante en el desarrollo de su labor?
Desde la educación social, podemos abarcar numerosos ámbitos de intervención. Sin embargo, resulta importante enfatizar que normalmente se considera que la mayoría de nuestras intervenciones están enfocadas en reconducir y reeducar, mientras que desde la educación social también podemos incidir en la prevención y en la mejora de contextos o de acciones, es decir, diseñar e implementar proyectos y programas para prevenir futuras dificultades o problemas y no sólo limitarnos a intervenir cuando el problema o dificultad ya se ha manifestado, se ha agravado o se ha cronificado.
(Imagen: mallorcadirario.com Marga Giménez, presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales)
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