El diario El Comercio, de fecha 9 de enero de 2024, publica el Comunicado de COPESPA sobre la situación de la Educación Social en la Administración Autonómica (Asturias) tras declaraciones de los Comités de Hacienda y Fondos Europeos y Derechos Sociales y Bienestar.
Adjuntamos el texto:
Diario El Comercio (Asturias), de fecha 9 de enero de 2025:
“Comunicado del Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias
Los Comités de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos han realizado declaraciones alejadas de la realidad de los datos y la legislación vigente.
Ante estos graves hechos, el Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias (Copespa) quiere manifestar lo siguiente:
1. Afirman de manera continuada que exigir la titulación de Educador Social dejará fuera al 80% de quienes trabajan en los centros de menores tutelados.
Ese dato carece de rigor y es una mera conjetura de las organizaciones sindicales, puesto que a Copespa le consta que en las últimas dos décadas ha habido un número creciente de titulados en Educación Social entre los profesionales de la Administración del Principado. Algunos de estos profesionales, ya están ocupando puestos de Educador/a en diversos centros de la Administración del Principado y otros, están en diferentes categorías (principalmente, Auxiliares Educadores/as o Técnicos/as de Educación Infantil), ya que es por todos sabido que la entrada de personas sin titulación de Educador Social a puestos de Educador o Educadora Social -permitido hasta la fecha-, ha desplazado a muchos de estos profesionales de la Educación Social a otras categorías de la propia Administración asturiana, a Ayuntamientos y a Entidades del Tercer Sector.
2. Estos Comités de Empresa, faltan a la verdad, cuando se asevera que en los centros de menores dependientes de la Consejería de Derechos Sociales trabajan 700 profesionales.
En la Resolución de 19 de noviembre de 2024, de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, por la que se inicia el procedimiento de concurso de traslados regulado en el artículo 40 del V Convenio Colectivo de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 26/11/2024), figura la totalidad de puestos de Educador/a (los ocupados por personal fijo y los puestos vacantes ocupados por personal temporal.
Pues bien, la suma de todos ellos no alcanza los 400 efectivos, incluyendo Educadores/as a tiempo completo, los que están a tiempo parcial (sólo fines de semana y festivos) y los fijos periódicos discontinuos (64 puestos de FPD creados a finales del año 2023 que trabajan entre 3 y 6 meses al año). Y sumando el total de efectivos (fijos e interinos), rondan los 350 puestos de Educadores.
Advirtiendo que muchos de los puestos fijos periódicos y en otras situaciones son, contratados directamente a través del Servicio Público de Empleo, que sin formación específica de Educación Social y ni tan siquiera experiencia, puesto que llevan poco más de un año en periodos intermitentes, son priorizados por los órganos de representación de los Comités de empresa y por los diversos sindicatos ante personas debidamente formadas con titulación universitaria en Educación Social y, por tanto, capacitadas para el mejor desempeño de la profesión.
3. La presidenta del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales, Doña Elida Vázquez, asegura que «hasta ahora los Educadores que trabajan en menores, acceden con titulaciones como Psicología, Pedagogía, Magisterio o Trabajo Social, es decir afines a las funciones que van a desempeñar».
Es una verdad a medias, puesto que cualquier titulación universitaria -cualquiera, tantas como existen en el sistema universitario- da acceso a ejercer como Educador/a en la Administración del Principado. Hay actualmente trabajando en nuestra administración pública, en la categoría Educador/a, licenciados en Derecho, Ingenieros, Economistas o Graduados Sociales, entre muchos otros perfiles. Esto se ilustra muy bien mediante la exposición de las condiciones de acceso a estos puestos de trabajo, en donde figura que, para ser Educador de la Administración, se puede postular con el requisito de «Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Diplomado/a Universitario/a, Arquitecto/a técnico/a, ingeniero/a técnico/a o Grado».
En todo caso, resulta paradójico y por tanto absurdo e incompatible con la lógica y con el sentido común, que todas esas (y cualquiera otra titulación) den acceso a un puesto de Educador/a, pero un Educador Social titulado no pueda acceder a otros puestos del ámbito social, terapéutico o educativo, como son los puestos de Trabajo Social, Psicología o Magisterio, cuyas funciones se ajustan a los respectivos ámbitos de intervención (ya no digamos a un puesto de Arquitecto, Medicina, Veterinario o cualquier otro de los que existen en la Administración autonómica con requisito de título universitario específico, como no podría ser de otra manera).
La reciprocidad nunca ha sido una realidad, ya que algunas decisiones han llevado a que, en el Principado de Asturias, la Educación Social pueda ser ejercida sin las garantías que merece.
Y en este contexto es urgente adaptar la situación a la legalidad vigente, y procurar la mejor atención a la infancia y adolescencia del sistema de protección y del de justicia juvenil. Los tiempos avanzan y hay que adaptar el sistema a las nuevas necesidades.
La titulación universitaria de Educación Social surge hace ya más de 3 décadas para dar respuesta a las nuevas necesidades del sistema público de servicios sociales, donde a partir de los años 80 del pasado siglo se modifica sustancialmente el modelo de atención (reducción de ratios, profesionalización y especialización de los equipos, etc.) y emergen situaciones hasta entonces desconocidas y emergentes (menores no acompañados, capacitación parental, el uso de las nuevas tecnologías, etc.).
4. La presidenta del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales Doña Elida Vázquez asevera: «A partir de ahora, significa que toda esta gente que lleva trabajando con los menores desde hace, en algunos casos, muchos años, ya no es válida».
Ni la Administración del Principado, ni por supuesto este órgano colegial, minusvalora a todos esos profesionales que en su gran mayoría han demostrado y siguen demostrando su valía. Su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos (muchos, teniendo plaza fija han realizado estudios para obtener su título en Educación Social), pese a tener ya otro título universitario. Atendiendo a lo expuesto en los documentos públicos, ni esos profesionales ni los que no tienen titulación específica verán peligrar su puesto fijo; no vemos objetivo en la Administración de llevar a cabo esta acción; ni tan siquiera las 50 personas que acaban de estabilizar sin requisito específico de titulación, y que en pocas semanas tomarán posesión de su plaza.
Simplemente, estamos ante un punto de inflexión, un antes y un después en el acceso a la Función Pública a partir de la nueva Ley de Empleo del Principado de Asturias 2/2023, algo que el Comité de Empresa obvia por completo. No se trata de un capricho de la Administración, sino de un imperativo legal aprobado en sede por decisión unánime de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, y un Derecho de la Ciudadanía. La ley está para cumplirla y la referida ley establece en 2023 que en el acceso a puestos de Educador Social debe de exigirse titulación de Educación Social.
En todo caso, es el momento menos lesivo para introducir la titulación, ya que tras la incorporación a finales del año 2022 de 48 nuevos Educadores/as resultantes del último proceso selectivo para el acceso y tras la estabilización de otros 50 más sin más criterio de peso que la antigüedad, el número de interinos en la Administración cuando el último grupo formalice contrato en los próximos meses, será la cifra más baja de toda la historia.
5. Cuando desde el Comité de Derechos Sociales y Bienestar habla del despido masivo de personal interino, consideramos que vuelven a faltar a la verdad.
Atendiendo a lo presentado por la Administración, ni un solo trabajador fijo en puestos de Educador/a será despedido. Pero es que tampoco va a suceder con el personal interino, ya que la propia naturaleza del contrato establece una duración determinada. Cesarán en sus respectivos puestos como siempre ha sucedido hasta ahora; es decir, cuando finalice la causa que los motivó (fin de una incapacidad temporal del titular, de un permiso de maternidad, etc.) o cuando se produzca la provisión definitiva del puesto (porque acceda un Educador fijo por traslado o cuando se incorpore personal que obtiene plaza a través de una oposición). Y tampoco sucederá simultáneamente, sino de manera escalonada.
6. La presidenta del Comité de Empresa, Doña Elida Vázquez, expresa que el personal fijo que queda a extinguir no podrá prácticamente tener movilidad y el personal temporal «se va a la calle». Vuelve a faltar a la verdad.
Según el Comité, el 80% de los Educadores fijos no tienen la titulación de Educador Social que les permitiría funcionarizarse. No entendemos estas afirmaciones porque de los más de trescientos efectivos, sólo accederían el 20%, luego el problema de movilidad lo tendrán los titulados que son el número menor y estamos asumiendo esa realidad, porque somos conscientes que el cambio va a conllevar esa dificultad de movilidad para los recién titulados.
Existen en la Administración del Principado otros colectivos muy por debajo en cifras que los Educadores (concretamente Psicólogos/as y Trabajadores/as Sociales) cuyos efectivos están divididos en funcionarios y laborales y nunca ha supuesto un problema la movilidad. Sin ir más lejos, sólo hay 43 Psicólogos laborales (misma fuente del BOPA 26/11/2024) y aún menos funcionarios. Y no existen problemas de movilidad. Nunca se han quejado ni las organizaciones sindicales ni los Comités de empresa. En este punto, no entendemos la animadversión hacia nuestra figura.
7. Este proceso de regulación el Principado tampoco ha tenido en cuenta a los Auxiliares, que seguirán siendo personal laboral y que no tendrán posibilidad de acceder a una categoría superior ni a una promoción interna.
Los y las Auxiliares Educadores/as laborales, como cualquier otros colectivo profesional al amparo del vigente V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias, puede y va a seguir pudiendo promocionar al grupo de titulación inmediatamente superior. Lo que no será posible es dar un salto de 2 categorías sin la titulación requerida. Nadie apoyaría que una Auxiliar de Enfermería (grupo D, al igual que un Auxiliar Educador) pudiese acceder a un puesto de Enfermería (grupo B, al igual que un Educador) SIN tener titulación de Grado Universitario en Enfermería. En este punto, tampoco entendemos la animadversión hacia nuestra figura.
8. Consideramos un acto poco responsable por parte de algunos sindicatos que conforman el Comité de Bienestar, que hace más de un año que dicen defender los intereses de los trabajadores hayan ofertado cursos de formación para las oposiciones de Educador/a a todo tipo de perfiles formativos, ignorando que la Ley de Empleo 2/2023 es imperativo legal”.
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