El diario Levante, en su edición del 27 de noviembre de 2024, publica un artículo de María José Navarro Vercher, Presidenta del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana (Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana – COEESCV -), que reproducimos:
“…Y después del barro llega el fango burocrático
Nada es más desconsolador que haber sufrido una catástrofe como la del 29 de octubre, en la que el agua, en los pueblos de la zona norte, y el barro, en los de la zona sur, se lleva por delante vidas, hogares, negocios, calles, escuelas, infraestructuras, enseres, recuerdos, sueños…
Más de 220 personas fallecidas. Miles y miles de personas damnificadas. Ríos de voluntarias deseando ayudar. Kilómetros de calles y carreteras rotas, con montañas de basuras por doquier, con infinidad de vehículos amontonados, cuya imagen recuerda una zona de guerra tras un ataque brutal… Inimaginable para quienes no lo han presenciado directamente. En la retina, en el corazón y en la memoria para quienes lo han vivido y lo siguen sufriendo cada minuto desde aquel aciago día, en el que fallaron muchas cosas, demasiadas, y que, en algún momento, los responsables de tal tragedia, tendrán que dar cuenta ante los tribunales por sus errores e inacción.
Cientos de personas han perdido a sus seres queridos, miles han arrastrado lodos hasta la saciedad, toda una comunidad está descompuesta emocionalmente hablando, y siguen quitando barro en sus casas, en sus calles, en sus garajes, en sus mentes…
Un barro viscoso, que se queda pegado en el suelo, que lo impregna todo, que está en los pies, en las manos, en el cuerpo, pegado en el alma…
Y, por si todo esto fuera poco, todas las personas damnificadas van a tener que sufrir otros procesos dolorosos, como es tener que buscar una documentación inexistente, porque se la ha llevado la riada, demostrar que sus muertos son suyos y que su fallecimiento tiene que ver con esa catástrofe, que su vivienda ha estado afectada, que han perdido su coche, pero también su vida, su trabajo, su bienestar.
Trámites burocráticos tortuosos para solicitar ayudas e indemnizaciones (claramente insuficientes, por cierto), porque si en condiciones normales tratar con las aseguradoras y con la administración ya resulta tedioso y frustrante, en las condiciones actuales, en las que hay que acreditar, certificar, declarar, autorizar, sin disponer de los documentos necesarios, va a ser una situación insufrible. Infinitamente peor para las personas migrantes en situación irregular, quienes ni siquiera aparecen en los protocolos de actuación…
Algunos colegios profesionales han ofrecido su colaboración para ayudar en todo esto: el colegio de arquitectos para todo lo que tenga que ver con los edificios, el de notarios para los procesos hereditarios…
Desde el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales nos hemos puesto a disposición de las administraciones correspondientes, estando a pie de calle en algunos de los municipios afectados, colaborando con los equipos de Servicios Sociales, en los bancos de alimentos, en el puerta a puerta detectando necesidades, en centros de protección de niños, niñas y adolescentes reforzando la atención…
Conforme han pasado los días, las necesidades han ido cambiando así como nuestras tareas profesionales, y ahora, tras la urgencia de atender lo más básico, pasamos al momento del acompañamiento y de la intervención socioeducativa en estos fangos burocráticos que, lamentablemente, no van a ser todo lo fáciles, ni ágiles, que la ciudadanía afectada merecería”.
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