{"id":9237,"date":"2018-09-11T00:00:00","date_gmt":"2018-09-10T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/eduso.net\/res\/articulo\/el-maltrato-institucional-a-los-as-ninos-as-una-aproximacion-desde-la-praxis-socioeducativa-con-ninos-as-en-desventaja\/"},"modified":"2021-03-10T12:21:56","modified_gmt":"2021-03-10T11:21:56","slug":"el-maltrato-institucional-a-los-as-ninos-as-una-aproximacion-desde-la-praxis-socioeducativa-con-ninos-as-en-desventaja","status":"publish","type":"articulo","link":"https:\/\/eduso.net\/res\/revista\/27\/miscelanea\/el-maltrato-institucional-a-los-as-ninos-as-una-aproximacion-desde-la-praxis-socioeducativa-con-ninos-as-en-desventaja","title":{"rendered":"El maltrato institucional a los-as ni\u00f1os-as. Una aproximaci\u00f3n desde la praxis socioeducativa con ni\u00f1os-as en desventaja"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Introducci\u00f3n.<\/strong><\/h2>\n<p>La Convenci\u00f3n de la ONU sobre los\u00a0<strong>Derechos del Ni\u00f1o<\/strong><strong>,<\/strong> de 20 de noviembre de\u00a01989 (UNICEF, 2004), reconoce a todos-as los-as ni\u00f1os-as como titulares de derechos y establece las obligaciones de los Estados para brindarles protecci\u00f3n. Conviene recordar que la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o es el tratado de derechos humanos que tiene m\u00e1s amplia aceptaci\u00f3n a nivel mundial, siendo Espa\u00f1a uno de los 196 pa\u00edses que la han ratificado. Por otro lado, el Parlamento Europeo aprob\u00f3 la Carta Europea de los Derechos del Ni\u00f1o (Parlamento Europeo, 21 de septiembre de 1992) y Espa\u00f1a es miembro de la Uni\u00f3n Europea desde 1985.<\/p>\n<p>Por lo que se refiere a nuestro pa\u00eds, el T\u00edtulo I de nuestra Constituci\u00f3n recoge los derechos y deberes fundamentales y, dentro del mismo, en el art\u00edculo 39 se se\u00f1ala la necesidad de asegurar una protecci\u00f3n a la familia y a los menores (Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, 1978).Completando y desarrollando lo anterior, las Cortes Generales han aprobado una serie de leyes que regulan la atenci\u00f3n a la infancia, en diversos contextos sociales, y que constituyen un marco de referencia a tener en cuenta:<\/p>\n<ul>\n<li>Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero, de Protecci\u00f3n Jur\u00eddica del Menor, de modificaci\u00f3n parcial del C\u00f3digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/li>\n<li>Ley\u00a0Org\u00e1nica 1\/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la\u00a0Violencia de G\u00e9nero.<\/li>\n<li>Ley Org\u00e1nica 2\/2006, de 3 de mayo, de Educaci\u00f3n (LOE) modificada en parte de su articulado por la Ley Org\u00e1nica 8\/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).<\/li>\n<li>Ley Org\u00e1nica 8\/2006, de 4 de diciembre de 2006, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 5\/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.<\/li>\n<li>La Ley Org\u00e1nica 3\/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.<\/li>\n<li>Ley Org\u00e1nica 8\/2015, de 22 de julio, de modificaci\u00f3n del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y a la adolescencia.<\/li>\n<li>Ley 26\/2015, de 28 de julio, de modificaci\u00f3n del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y a la adolescencia.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sin embargo, a pesar de todo regulado y legislado, no dejan de existir situaciones en las que el propio Estado o los poderes p\u00fablicos directamente relacionados con \u00e9l incumplen, de alguna manera, lo regulado y es entonces cuando podemos hablar de \u201cmaltrato institucional o del sistema\u201d.<\/p>\n<h2><strong>El maltrato institucional.<\/strong><\/h2>\n<p>Podemos definir el maltrato institucional a menores como,<\/p>\n<blockquote class=\"citados\"><p>\u201d\u2026 cualquier legislaci\u00f3n, programa, procedimiento, actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n procedente de los poderes p\u00fablicos o bien derivada de la actuaci\u00f3n individual del-la profesional o funcionario-a de las mismas que comete abuso o negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar f\u00edsico, la correcta maduraci\u00f3n o que viole los derechos b\u00e1sicos del-la ni\u00f1o-a o de la Infancia\u201d (Mart\u00ednez, A. y S\u00e1nchez, J.J, 1989:121).<\/p><\/blockquote>\n<p><em>En el presente art\u00edculo nos centraremos en las carencias del Sistema y no tanto en las actuaciones individuales de profesionales, pues creemos que est\u00e1s son, casi siempre, consecuencia de lo anterior. En este sentido, algunos indicadores del maltrato institucional, tal como son percibidos en la praxis profesional, ser\u00edan (ASAPMI, 2018): <\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>Los derechos del ni\u00f1o no son el marco de referencia.<\/em><\/li>\n<li><em>No responder a las caracter\u00edsticas diversas de los-as ni\u00f1os-as.<\/em><\/li>\n<li><em>Plantillas con escaso personal o profesionales en condiciones laborales precarias.<\/em><\/li>\n<li><em>Estr\u00e9s laboral y falta de motivaci\u00f3n.<\/em><\/li>\n<li><em>Deficiente intercambio y comunicaci\u00f3n entre profesionales.<\/em><\/li>\n<li><em>Descoordinaci\u00f3n entre servicios.<\/em><\/li>\n<li><em>Ausencia de evaluaci\u00f3n y seguimiento de actuaciones.<\/em><\/li>\n<li><em>Supervisi\u00f3n inadecuada del trabajo.<\/em><\/li>\n<li><em>Cambios frecuentes de estrategias.<\/em><\/li>\n<li><em>Espacios f\u00edsicos y recursos insuficientes para responder a las necesidades, etc.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Situaciones de maltrato institucional.<\/strong><\/h2>\n<p>A continuaci\u00f3n se exponen algunas situaciones que pueden ser ejemplo de este maltrato institucional o del sistema a los-as ni\u00f1os-as y ante las cuales los-as profesionales de la intervenci\u00f3n socioeducativa con la infancia (de manera particular, educadores-as sociales y trabajadores-as sociales) no podemos pasar por alto.<\/p>\n<ol>\n<li><em>Una educaci\u00f3n que segrega.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>La crisis econ\u00f3mica nos ha desvelado que los-as ni\u00f1os-as presentan una mayor inclinaci\u00f3n a la pobreza que otros grupos de edad y ello puede constituirse en un rasgo definitorio de las generaciones venideras: si se contin\u00faan aplicando las mismas pol\u00edticas, en 2022 casi el 40% de la poblaci\u00f3n espa\u00f1ola estar\u00e1 en riesgo de exclusi\u00f3n social (Oxfam, 2012).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/ni\u00f1os pobres pixelada.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>Como consecuencia de la crisis econ\u00f3mica, se han aplicado diversos recortes en educaci\u00f3n (Real Decreto-Ley, 2012), considerando la misma m\u00e1s como un gasto del que se pudiera prescindir, en cierta medida, que como un derecho, tal como queda recogido en nuestra Constituci\u00f3n (art\u00edculo 27.1):<\/p>\n<ul>\n<li>Se ha reducido considerablemente el n\u00famero de profesores-as en la ense\u00f1anza p\u00fablica, presentando como habituales cosas que eran excepcionales y que ahora parecen irreversibles: del a\u00f1o 2011 al a\u00f1o 2016 se perdieron 2.621 profesores en los centros educativos p\u00fablicos (P\u00e9rez, 2017). En ese mismo periodo, el gasto p\u00fablico en educaci\u00f3n se redujo de 50.631,1 millones de euros en 2011 a 47.883,1 millones de euros en 2016 (MECD, 2016) y ello a pesar del aumento del alumnado a lo largo de estos a\u00f1os, lo que nos lleva a una ca\u00edda de la inversi\u00f3n p\u00fablica por alumno-a.<\/li>\n<li>Se ha incrementado el n\u00famero de alumnos-as por aula: hasta 30 en Primaria y 36 en Secundaria, lo que va en detrimento de una atenci\u00f3n individualizada y conduce hacia una ense\u00f1anza masificada, de la que salen perjudicados-as los-as alumnos-as con m\u00e1s dificultades (Sanmart\u00edn, 14 de septiembre de 2016), lo que ha sido criticado por diversas asociaciones de madres y padres de alumnos-as (AMPA, 22 de julio de 2018). Por otro lado, este incremento ha sido mayor en la escuela p\u00fablica que en la privada, al tiempo que en la ense\u00f1anza p\u00fablica es donde se escolariza la mayor\u00eda del alumnado con necesidades espec\u00edficas de apoyo educativo (MECD, 2017).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/clase.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>El n\u00famero de alumnos que estudian en aulas prefabricadas ha crecido con los recortes y soluciones que eran de car\u00e1cter temporal se han prolongado en el tiempo, con el peligro que ello supone, siendo frecuentes comentarios del tipo <em>\u201chay obras al lado, cuando llueve, el agua entra por todos lados, ni la calefacci\u00f3n ni la refrigeraci\u00f3n funcionan correctamente, etc.\u201d<\/em> De todas las comunidades, Catalu\u00f1a es la que cuenta con m\u00e1s barracones escolares (Ca\u00f1izares, 1 de julio de 2017).<\/li>\n<li>Se reducen o desaparecen programas educativos espec\u00edficos, como Compensatoria o Diversificaci\u00f3n, destinados a combatir el fracaso escolar, atender a alumnos-as con dificultades de aprendizaje, etc. Este tipo de actuaciones han sido fuertemente criticadas por asociaciones que trabajan con alumnado en desventaja, como el colectivo gitano (FSG, 10 de agosto de 2015).Igualmente, se han retirado apoyos educativos que se ven\u00edan haciendo con profesores-as de Audici\u00f3n y Lenguaje y de Pedagog\u00eda Terap\u00e9utica, lo que conlleva una desatenci\u00f3n de ni\u00f1os-as con necesidades educativas. Seg\u00fan diversas fuentes se necesitar\u00eda casi el doble de este profesorado en la actualidad para garantizar una atenci\u00f3n adecuada (Fari\u00f1as, 14 de noviembre de 2017).<\/li>\n<li>A la par que lo anterior, se ha promovido el llamado \u201cBachillerato de Excelencia\u201d, fomentando una educaci\u00f3n elitista que margina a muchos estudiantes y da\u00f1a, por tanto, la igualdad de oportunidades (Cortes, 5 de febrero de 2018). As\u00ed mismo, se ha extendido el biling\u00fcismo, cuyos efectos negativos se concentran en los chicos-as cuyos padres no han cursado estudios universitarios (Anghel, Cabrales y Carro, 2013).<\/li>\n<li>A lo largo de estos a\u00f1os hemos acudido en la ense\u00f1anza primaria a un incremento de alumnado diagnosticado como TDAH, considerando tal situaci\u00f3n como una enfermedad mental que se regula con psicof\u00e1rmacos, a pesar del riesgo que su consumo entra\u00f1a. No pocos cient\u00edficos-as y pensadores cuestionan el diagn\u00f3stico del TDAH y consideran que asistimos a una patologizaci\u00f3n de problemas normales de los-as ni\u00f1os-as (Garc\u00eda, Gonz\u00e1lez y P\u00e9rez, 2014), que suelen proceder, casi siempre, de barrios pobres, de escuelas sin suficientes recursos, etc. y ante ello se ha decidido no modificar la sociedad, sino modificar a los-as ni\u00f1os-as (Chomsky, 2018). Adem\u00e1s, se han exagerado fen\u00f3menos como la violencia en las aulas, que habr\u00eda que releer no como un problema en s\u00ed, sino como indicador de un problema m\u00e1s amplio (Mart\u00ednez, 2002).<\/li>\n<li>En cuanto a la gratuidad de los libros de texto en la ense\u00f1anza obligatoria existen grandes diferencias entre unas comunidades aut\u00f3nomas y otras. Por otro lado, se ha dado un importante retroceso tanto en la cantidad de fondos p\u00fablicos destinados a tal fin, como en el porcentaje de beneficiarios-as del mismo. Todo ello contradice seriamente el art\u00edculo 27 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola cuando dice que \u201cla ense\u00f1anza b\u00e1sica es obligatoria y gratuita\u201d (Defensor del Pueblo, 2013).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/Libros de texto.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Aunque cerca de dos millones de ni\u00f1os-as hacen la comida m\u00e1s importante del d\u00eda en su centro escolar, sin embargo solo un 65 % de los colegios tiene comedor escolar. Adem\u00e1s, en la concesi\u00f3n del servicio de comedor las administraciones han venido primando la cuesti\u00f3n del precio sobre la calidad, llegando a aceptar ofertas temerarias y olvid\u00e1ndose de que el comedor es un aula m\u00e1s, seg\u00fan destacados-as nutricionistas, ya que lo que aprendemos a comer de peque\u00f1os-as es lo que comeremos de mayores (Carceller, 12 de septiembre de 2016). En el momento presente (julio de 2018), hay cierta esperanza de que la nueva ley de contratos del sector p\u00fablico (Ley 9\/ 2017) pueda ir corrigiendo lo anterior.<\/li>\n<li>La necesidad de acompa\u00f1amiento al alumnado trans, as\u00ed como atender a la diversidad de g\u00e9nero en los centros educativos ha puesto en evidencia la inexistencia o insuficiencia de recursos con los que se cuenta para llevarlo a cabo: estudios recientes desvelan que un 69% de las personas trans han pensado alguna vez en quitarse la vida (American Foundation For Suicide Prevention, 2014) y no pocos lo han hecho, a pesar de la incomprensi\u00f3n de quienes les apoyaban (Tona, 20 de febrero de 2018). En este sentido, se constata que mientras en unas comunidades aut\u00f3nomas existe un protocolo de actuaci\u00f3n al respecto (Castilla-La Mancha, 2016), en otras est\u00e1 a\u00fan en fase experimental (Castilla y Le\u00f3n, 2018).<\/li>\n<li>Recientemente se ha dado una situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n que ha afectado a casi 200 ni\u00f1os-as de la ciudad de Melilla, los-as cuales a pesar de haber nacido en Espa\u00f1a, estaban en situaci\u00f3n irregular -\u201csin papeles\u201d- y por ello no se les permit\u00eda ir al colegio -algo que s\u00f3lo ocurr\u00eda en dicho territorio y no en el resto de Espa\u00f1a-. Para corregir tal injusticia, la Asociaci\u00f3n PRODEIN inicio una petici\u00f3n dirigida al Ministerio de Educaci\u00f3n, Cultura y Deporte, y gracias a ello se ha conseguido su escolarizaci\u00f3n (PRODEIN, 9 de julio de 2018).<\/li>\n<li>Un tema especialmente grave, del que cada vez se han ido conociendo m\u00e1s casos en nuestra sociedad, es el de abusos a menores realizado por figuras adultas de referencia en diversos contextos socioeducativos por los que pasan, como puede ser el colegio y que consideramos que, en muchas ocasiones, habr\u00eda que releer en clave de maltrato institucional, tal como ya referimos anteriormente, debido a: supervisi\u00f3n inadecuada, trabajo sin unas condiciones m\u00ednimas, estr\u00e9s y desmotivaci\u00f3n, etc. En este sentido hay que decir que desde el a\u00f1o 2015, con la modificaci\u00f3n legislativa del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y a la adolescencia, es obligatorio para todas las personas que intervengan con menores (ya sea como contratados-as o como voluntarios-as) en distintas instituciones (escolares, deportivas, de ocio, religiosas, etc.) la certificaci\u00f3n negativa del Registro Central de Penados en relaci\u00f3n a de delitos de naturaleza sexual. Sin embargo, muchas de estas acusaciones de abusos -casi siempre prolongados en el tiempo- a un-a ni\u00f1o-a cuando llegan a los juzgados ya han prescrito. Adem\u00e1s, se hace declarar al menor varias veces, demorando todo el proceso y sin que exista la presunci\u00f3n de que est\u00e1 diciendo la verdad. Y ello ocurre ante jueces no suficientemente preparados-as sobre violencia a menores. Por todas estas razones es urgente una reforma legislativa que ayude a erradicar la violencia contra los-as menores y adolescentes y potencie las medidas preventivas, tal como ha solicitado recientemente el conocido pianista J. Rhodes, quien sufriera abusos sexuales por parte de un profesor en su infancia (Rhodes, 3 de agosto de 2018).<\/li>\n<li>La ense\u00f1anza actual est\u00e1 excesivamente burocratizada (todo viene regulado, especificando qu\u00e9 hacer y c\u00f3mo en cada momento), lo que impide al-la profesor-a tomar decisiones a partir de un an\u00e1lisis de las necesidades del alumnado, dificult\u00e1ndose un aprendizaje personalizado. La autonom\u00eda de los centros y el dise\u00f1o curricular proclamados por las reformas educativas recientes han quedado como buenas intenciones, pues priman las relaciones jer\u00e1rquicas y el satisfacer requerimientos administrativos de diversa \u00edndole (De la Torre, 28 de mayo de 2017).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" class=\"mb-1 alignnone\" src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/Burocracia(1).jpg\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"467\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Incluimos dentro de este apartado la preocupaci\u00f3n por la tasa de suicidio en ni\u00f1os-as en nuestro pa\u00eds, que habr\u00eda que analizar como la confluencia de m\u00faltiples factores: historia familiar, trastornos emocionales, bullying, acontecimientos estresantes, trastornos mentales, etc. (OMS, 2006). El suicidio representa la tercera causa de muerte entre los-as adolescentes y j\u00f3venes en nuestro pa\u00eds, superado solo por las causas externas de mortalidad y los tumores. Y aunque durante mucho tiempo, las tasas de suicidio se han mantenido estables -en torno al 6,2 % de los suicidios-, a partir del 2010, con la crisis econ\u00f3mica, estas han experimentado un ligero y preocupante ascenso (Navarro-G\u00f3mez, 2017). Lo preocupante de ello es que en Espa\u00f1a a\u00fan no existe un Plan de Prevenci\u00f3n para el Suicidio (\u00c1lvarez, 9 de julio de 2018).<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>2- Parques que se convierten en parkings y la calle bajo sospecha.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li>Hoy en d\u00eda un 70% de la poblaci\u00f3n vive en espacios urbanos, pero es necesario superar una visi\u00f3n urbanista y f\u00edsica de las ciudades, donde lo que importa es la rentabilidad del uso del suelo en t\u00e9rminos de mercado y los barrios con sus calles pasan a ser una v\u00edctima m\u00e1s de la urbanizaci\u00f3n neoliberal (Harvey, 2018). Seg\u00fan diversos expertos (Arellano y Bentolilla, 22 de febrero de 2009), los gobiernos del PP (Aznar) y del PSOE (Zapatero) son responsables de no preservar a los-as ciudadanos-as de los desmanes econ\u00f3micos que se llevaron por delante sus ahorros, su empleo y su prosperidad en la llamada \u201cburbuja inmobiliaria\u201d.<\/li>\n<li>En la actualidad, nos encontramos con barrios desigualmente dotados, que suelen ser los barrios de la periferia de las ciudades, y donde los indicadores de pobreza son mayores (Secchi, 2015).No podemos olvidar que, seg\u00fan el \u00faltimo informe PISA (\u00c1lvarez, 3 de febrero de 2017), los-as chicos-as de familias con menos recursos tienen m\u00e1s posibilidades de fracasar o abandonar los estudios que los-as chicos-as de familias de situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica media-alta. Y algo muy preocupante es que apenas existen protocolos o gu\u00edas para promover la participaci\u00f3n de ni\u00f1os-as y adolescentes en la vida de las ciudades (Cabrerizo, Mart\u00ednez, Zelaya, Garc\u00eda y Andr\u00e9s-Candelas, 2018).<\/li>\n<li>As\u00ed mismo, habr\u00eda que intentar hacer una lectura de la calle vinculada a valores como la solidaridad, la libertad creativa, la interculturalidad, el respeto por las personas y el medio ambiente, etc., frente a otras visiones que subrayan m\u00e1s el peligro y la negatividad, influenciadas por la televisi\u00f3n (Sanz, 2014). En este sentido, F. Fantova, consultor social, sostiene que en el pasado en los barrios no hab\u00eda servicios p\u00fablicos para las personas, pero hab\u00eda comunidad, en cambio hoy hay servicios p\u00fablicos, pero no hay comunidad, en cuanto a existencia de afecto, relaci\u00f3n y\/o reciprocidad (Carnero, 21 de julio de 2018). En este sentido y como consecuencia de la aprobaci\u00f3n de la llamada \u201cley mordaza\u201d (L. O. 4\/2015) nos encontramos con condenas como la impuesta recientemente al grupo de rap La Insurgencia, integrado por 18 j\u00f3venes (algunos son menores) y que critican en sus canciones todo lo que creen injusto del sistema. A dicho grupo se le ha acusado de \u201cenaltecer el terrorismo\u201d con una condena que puede suponer ingreso en prisi\u00f3n. Los propios miembros del grupo se han defendido alegando que se trata de: libertad de expresi\u00f3n y creatividad, met\u00e1foras y pensamientos con rima que quieren llamar la atenci\u00f3n, etc., y en su defensa ha salido tambi\u00e9n la Plataforma en Defensa de la Libertad de Informaci\u00f3n \u2013PDLI- (Mondosonoro, 5 de diciembre de 2017). Otro de los puntos m\u00e1s pol\u00e9micos de la citada ley, por lo que a menores se refiere, es la imposici\u00f3n de multa, no menor de 600 euros, por fumar porros y\/o hacer botell\u00f3n en la v\u00eda p\u00fablica. Respecto a ello, diversos-as profesionales del \u00e1mbito de la justicia juvenil consideran que la finalidad de esta ley es su af\u00e1n recaudatorio (Turr\u00fas, 29 de mayo de 2017), que, casi siempre, recae en las familias con menos recursos econ\u00f3micos (Gobierno Vasco, 2014), lo que supone agravar a\u00fan m\u00e1s su situaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/jugando en la calle 1.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<ul>\n<li>Finalmente, habr\u00eda que recuperar la calle desde una visi\u00f3n positiva, consider\u00e1ndola como lugar de encuentro y relaci\u00f3n, especialmente para los-as ni\u00f1os-as, pues como dice el psicopedagogo italiano F. Tonucci <em>\u201cla calle es peligrosa porque no hay ni\u00f1os<\/em>\u201d (Ramajo, 24 de febrero de 2013).<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>3- Desahucios o la amenaza al derecho de la vivienda.<\/em><\/p>\n<p>Otra consecuencia de la crisis econ\u00f3mica son los desahucios, ya que numerosas familias al ver reducidos sus ingresos de manera ostensible se vieron imposibilitadas para afrontar los pagos de la hipoteca o alquiler. M\u00e1s all\u00e1 de las estad\u00edsticas, se trata de personas con rostros e historias de vida que es conveniente conocer (Grandes, 2015; Mart\u00ednez, \u201cet alt.\u201d, 2016). Se calcula que, desde el comienzo de la crisis en julio del 2008, unas 400.000 familias han perdido sus viviendas (Sarries, 21 de julio de 2016). Se trata de familias que pertenecen a grupos vulnerables de nuestra sociedad, como inmigrantes -fueron los-as primeros-as afectados-as por la crisis hipotecaria-, familias monoparentales, mujeres v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero, etc. Cada desahucio representa una verdadera situaci\u00f3n l\u00edmite para estas personas, acelerando procesos de exclusi\u00f3n para los-as afectados-as (Hern\u00e1ndez, 2013), que algunos-as solo han sabido afrontar quit\u00e1ndose la vida (Vera, 18 de junio de 2016).Adem\u00e1s, un desahucio suele conllevar la reubicaci\u00f3n de la familia en lo que se denomina como &#8220;viviendas inseguras&#8221; (Human RightsWatch, 2014), en las que pasan a vivir con parientes o amigos-as, subarrendar habitaciones en pisos, ocupar edificios vac\u00edos, etc.<\/p>\n<p>Por otro lado, no hay que olvidar que en todo este proceso hay ni\u00f1os-as, que suelen ser los-as grandes invisibles: no hay datos, no hay registros, no hay seguimientos. La ley s\u00f3lo protege a los menores de tres a\u00f1os y con padres en paro, d\u00e1ndoles a estos una moratoria de dos a\u00f1os. Pero cuando hay menores de 3 a 18 a\u00f1os la ley no establece ninguna protecci\u00f3n espec\u00edfica. Habr\u00eda que recordar que la vivencia de un desahucio para los ni\u00f1os puede tener consecuencias del tipo: p\u00e9rdida del control de esf\u00ednteres en peque\u00f1os que ya lo ten\u00edan superado, ansiedad, temores nocturnos, sentimiento de verg\u00fcenza ante sus amigos-as, fracaso escolar, anticipaci\u00f3n de procesos de maduraci\u00f3n (adolescentes que asumen el rol del cabeza de familia), etc. (Garc\u00eda, 3 de julio de 2015). Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha revocado un desahucio de una familia con tres hijos y en la misma se insta a los jueces a que protejan a los ni\u00f1os antes de autorizar un desahucio (Rinc\u00f3n, 30 de noviembre de 2017). As\u00ed mismo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca viene reclamando que se pueda constituir un parque p\u00fablico de vivienda en alquiler con las viviendas del Sareb o sociedad de Gesti\u00f3n de Activos Procedentes de la Reestructuraci\u00f3n Bancaria (PAH, 9 de diciembre de 2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/Stop deshaucios.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<h6 style=\"text-align: center;\"><small>Imagen en <a href=\"https:\/\/www.flickr.com\/photos\/mermadon_1967\/5852505318\/in\/photolist-dWR8Cc-aqukVK-e5gcWf-c2WpnW-bAGMDv-dKpJ7t-bAGR66-e59ofz-9VaBW7-9VNBEU-beVPKR-c2WrAo-9VKKZK-aK8Wcg-dWWK1J-dKvbDd-aK8Vwx-c3AYpS-dDs5uC-bnN1KW-bnMUZU-beVCLz-bAGTb2-awc2Y6-bnMVAo-bAGSC8-c2WsBE-eNMYBS-ae4L4z-awc3ui-bAGJkD-9VKNhF-dAJDTn-c2WraU-dDmERx-dKpJDr-dDs591-awc2xP-awc3za-awc3aZ-9VKJta-awc2K8-aweK2A-awc2tR-dDs4uw-awc3oM-yfANdM-y7Dmzj-eNNzLf-c2WqJq\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Flickr<\/a><\/small><\/h6>\n<p>Una decisi\u00f3n, que completa el drama de los desahucios, es la de las compa\u00f1\u00edas el\u00e9ctricas de cortar la luz a las familias vulnerables por impago, aun aportando informe de los Servicios Sociales sobre su situaci\u00f3n. La denominada \u201cpobreza energ\u00e9tica\u201d afecta en nuestro pa\u00eds a 4,7 millones de espa\u00f1oles-as, de los-as cuales el colectivo m\u00e1s afectado es de los hogares monoparentales con hijos-as a cargo (Meizoso, 4 de diciembre de 2017). En algunas autonom\u00edas se hab\u00eda regulado al respecto: as\u00ed, por ejemplo, en Catalu\u00f1a, a ra\u00edz del fallecimiento en un incendio de una anciana en Reus, a la que hab\u00edan cortado la luz y se iluminaba con velas, el gobierno aut\u00f3nomo hab\u00eda aprobado la ley 24\/ 2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el \u00e1mbito de la vivienda y la pobreza energ\u00e9tica. Esta ley imped\u00eda a las empresas suministradoras cortar la luz a las personas con dificultades econ\u00f3micas sin informe previo de los Servicios Sociales. Sin embargo, y en relaci\u00f3n con lo anterior, una reciente sentencia de una jueza de Barcelona, ante un recurso interpuesto por Endesa, ha anulado esta ley (EFE, 5 de diciembre de 2017): una vez m\u00e1s los intereses del mercado se imponen sobre las personas<\/p>\n<p>Finalmente, no queremos pasar por alto el dato de que en Espa\u00f1a hay m\u00e1s de 9.000 familias gitanas (procedentes de Portugal o del Este de Europa) que viven en situaci\u00f3n de infravivienda o chabolas, sin las condiciones m\u00ednimas, siendo Galicia, Arag\u00f3n, Madrid y Castilla- La Mancha las comunidades aut\u00f3nomas que presentan un \u00edndice de chabolismo mayor (FSG, 2016).<\/p>\n<p><em>4.- Los menores extranjeros no acompa\u00f1ados son tratados como ni\u00f1os-as de segunda clase. <\/em><\/p>\n<p>Si cualquiera de los-as ni\u00f1os-as nacionales viviera en las condiciones en las que viven muchos-as ni\u00f1os-as inmigrantes que han llegado a nuestro territorio y que no cuentan con apoyo familiar, los organismos de Protecci\u00f3n a la infancia intervendr\u00edan r\u00e1pidamente. Sin embargo, en el caso de los-as ni\u00f1os-as inmigrantes parece que la urgencia no es tal, como si fueran menores de segunda clase o invisibles (Rosati, 10 de noviembre de 2017).<\/p>\n<p>Aunque no existen datos exactos (Senobilla, 2011), se estima la cifra de menores inmigrantes no acompa\u00f1ados-as en nuestros pa\u00eds ha ido increment\u00e1ndose paulatinamente (Plataforma de Infancia, 31 de enero de 2018), pasando de los 4.000 en 2016 hasta superar los-as 7.000 (Pinar, 2 de agosto de 2018). Muchos-as de ellos-as no han pasado siquiera po<strong>r<\/strong> los recursos del sistema de protecci\u00f3n y cuando lo han hecho han estado en centros residenciales masificados y deteriorados, donde se sienten desprotegidos-as, discriminados-as y hasta agredidos-as por los propios vigilantes y\/o educadores (Leon, 28 de octubre de 2009; Publico, 18 de julio de 2018), lo que ha provocado la fuga de bastantes de ellos-as. Molestar, hacer indeseable el sistema para convertirlo en insoportable (tantas veces los menores escuchan en los centros la frase \u201cesto no es un hotel\u201d) y as\u00ed frenar el efecto llamada es una evidencia de que los mecanismos de protecci\u00f3n no funcionan adecuadamente con estos-as chicos-as. En ciudades como Madrid, Bilbao, Barcelona, Ceuta, Melilla y otras, nos hemos acostumbrado a verles deambular por sus calles y parques (Checa, Arjona, Checa y Alonso, 2006), lo que constata un fracaso del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y una vulneraci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o-a en nuestro pa\u00eds. J. Rubio, educador de calle en la comunidad de Madrid, ante alguna situaci\u00f3n de necesidad, vivida con alguno-a de estos-as chicos-as, habla de \u201cun sistema de desprotecci\u00f3n organizado\u201d (Rubio, 23 de noviembre de 2016). As\u00ed mismo, la organizaci\u00f3n Jueces por la Democracia ha criticado las condiciones en las que son tratados-as estos-as menores cuando son trasladados-as a la Fiscal\u00eda de Menores para su identificaci\u00f3n, filiaci\u00f3n y determinaci\u00f3n de edad (JJpD, 2017). A\u00f1adiendo a lo anterior que, si a un-a ni\u00f1o-a se le identifica incorrectamente como mayor de edad, queda expuesto-a a vivir en la calle, ser detenido-a, expulsado-a del pa\u00eds o ingresado-a en un Centro de Internamiento de Extranjeros, lo que conlleva una privaci\u00f3n de libertad en contra de la ley.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/ni\u00f1os refugiados.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>Hemos de tener presente que todos-as estos-as ni\u00f1os-as que han llegado a nuestro pa\u00eds huyendo de la violencia y\/o de la pobreza, terminan viviendo entre nosotros-as bajo sospecha, como si fueran una amenaza (se ha generado alrededor de ellos-as un discurso de que roban, de que son malos-as, etc.), olvid\u00e1ndonos de dar respuesta a su verdadera esencia, el hecho de ser ni\u00f1os-as -con una estigmatizaci\u00f3n dif\u00edcil de superar- (Ant\u00fanez, Driss, Garc\u00eda y Olcina, 2016). Se trata de experiencias dram\u00e1ticas de huida, realizas sucumbiendo ante mafias que han crecido impulsadas por la guerra de fronteras, tal como vienen denunciando diversas asociaciones y personas como, por ejemplo, la activista y experta en migraciones H. Maleno, a la que un tribunal marroqu\u00ed acusa de un delito de tr\u00e1fico de personas por dar alertas a Salvamento Mar\u00edtimo cada vez que una patera con personas migrantes intenta cruzar el Estrecho con peligro para sus vidas (Peregil, 5 de diciembre de 2017). Este poner bajo sospecha el trabajo de las ONGs y de las personas que en ellas trabajan se alimenta con declaraciones irresponsables de algunos-as representantes de los poderes p\u00fablicos (Quintero, 18 de noviembre de 2017). Todo ello es reflejo de un\u201cmundo al rev\u00e9s\u201d (Galeano, 2005): el neoliberalismo se impone legitimando la desigualdad y criminalizando a los-as pobres y a sus defensores-as.<\/p>\n<p>Diversas ONGs (Amnist\u00eda Internacional, Oxfam-Intermon, etc&#8230;) vienen criticando al gobierno espa\u00f1ol por incumplir el compromiso de acogida de refugiados realizado en 2015 ante la Comisi\u00f3n Europea: a fecha 24 de septiembre de 2017, en que finalizaba el plazo de acogida acordado a nivel europeo, solo hab\u00eda llegado al 11,4% de lo pactado, que deb\u00edan ser 17.680 refugiados-as procedentes de Siria y otros pa\u00edses en conflicto. Y esto pese a que la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n espa\u00f1ola se muestra partidaria de acoger a refugiados-as en su casa, su barrio o su localidad, tal como recogen diversas encuestas (EFE, 17 de junio de 2017).<\/p>\n<p><em>5.- Retiradas de tutela y familias rotas.<\/em><\/p>\n<p>Nos interesa detenernos en dos situaciones en las que pueden encontrarse los-as ni\u00f1os-as atendidos por el sistema de protecci\u00f3n a la infancia (Moreno-Torres, 2015):<\/p>\n<ul>\n<li>De riesgo: son aquellas situaciones que se caracterizan por la existencia de un perjuicio para el-la menor, pero que no alcanzan la gravedad suficiente para justificar su separaci\u00f3n del n\u00facleo familiar. Algunos ejemplos de situaciones de riesgo pueden ser: falta de atenci\u00f3n f\u00edsica o ps\u00edquica, uso del castigo \u2013sin ser grave-, conflicto entre los progenitores, incapacidad de los padres para controlar la conducta inadecuada del-la menor, absentismo, etc.<\/li>\n<li>De desamparo: es la que \u201cse produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protecci\u00f3n establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material\u201d (Real Decreto 24 de julio, 1989). Algunos ejemplos son: abandono del-la menor, abusos sexuales, maltrato psicol\u00f3gico continuado o falta de atenci\u00f3n de sus necesidades afectivas o educativas, riesgo para la vida, salud e integridad f\u00edsica, inducci\u00f3n a la mendicidad, delincuencia, prostituci\u00f3n o cualquier otra explotaci\u00f3n del-la menor, negativa de los progenitores a colaborar con la entidad p\u00fablica para corregir situaciones de riesgo detectadas, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tanto la situaci\u00f3n de riesgo como la de desamparo son declaradas por la administraci\u00f3n p\u00fablica competente. Una diferencia notable entre ambas es que la de riesgo ser\u00eda aquella que no alcanza la intensidad o persistencia suficiente como para aconsejar la separaci\u00f3n del-la menor de su entorno familiar, mientras que la de desamparo comportar\u00eda la asunci\u00f3n inmediata y autom\u00e1tica de la tutela del-la menor por parte de la administraci\u00f3n p\u00fablica competente, pasando la familia biol\u00f3gica a mantener contactos con su hijo-a durante un corto espacio de tiempo y supervisados por un-a t\u00e9cnico-a(P\u00e9rez, 20 de noviembre de 2016).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/ni\u00f1o.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>Somos conscientes de que en nuestro pa\u00eds pueden existir casos de ni\u00f1os-as abandonados-as, maltratados-as, desprotegidos-as, casos ciertamente preocupantes (de desamparo) sobre los que habr\u00e1 que tomar medidas sin tregua. Pero, con frecuencia, en la vida de los-as menores se confunden situaciones de riesgo y desamparo y vemos como se multiplican, de manera excesiva, las retiradas de tutela a familias vulnerables econ\u00f3micamente, al tiempo que se remunera con 500 euros al mes por menor a las familias acogedoras, cuando ese dinero deber\u00eda ir destinado para que las familias biol\u00f3gicas de los menores salieran adelante. Adem\u00e1s, \u00bfalguien se cree que en Espa\u00f1a hay alrededor de 40.000 \u2013 los-as menores tutelados en nuestro pa\u00eds superar\u00edan esa cifra- familias que no saben cuidar a sus hijos-as? (Garc\u00eda, 10 de mayo de 2018).<\/p>\n<p>Asistimos, en el momento actual a una gran paradoja: por un lado, numerosos-as profesionales de los servicios sociales (trabajadores-as sociales, educadores-as sociales, etc.) creen superado el modelo actual de los servicios sociales, reducidos a \u201cbeneficencia y caridad\u201d ( como si fueran meros gestores de un sistema de ayudas que les viene impuesto), y proponen un cambio hacia un modelo de atenci\u00f3n m\u00e1s centrado en la persona, dise\u00f1ando estrategias para una inserci\u00f3n que respete la dignidad de cada persona, contando con apoyos comunitarios, etc. (FV, 17 de noviembre de 2017; Servimedia, 19 de octubre de 2017). Y por otro lado, hay familias que teniendo dificultades para alimentar a sus hijos-as, tienen miedo a pedir ayuda a los Servicios Sociales porque temen que puedan retirarles a sus hijos-as (Agudo, 9 de septiembre de 2013).<\/p>\n<p>Organizaciones que trabajan con la infancia vienen afirmando que el sistema de protecci\u00f3n a la infancia vigente en nuestro pa\u00eds parece que identifica m\u00e1s la desprotecci\u00f3n de los ni\u00f1os-as en familias en riesgo de pobreza. De ello parece deducirse que las familias pobres se portan mal con sus hijos-as, mientras que las familias no-pobres cuidan bien de sus descendientes. Como consecuencia de ello, se toman decisiones sobre los-as menores para protegerlos de la pobreza. Pero si se atajara la pobreza este sistema no se mantendr\u00eda en pie (APDHA, 2006). Estos pensamientos vienen avalados por:<\/p>\n<ul>\n<li>Padres-madres, que se han quejado al Defensor del Pueblo y otras instancias, denunciando un uso abusivo y descontrolado de las declaraciones de desamparo, conscientes de que la mejor familia para un-a menor no es la familia ideal, sino la suya (C\u00e1rdenas, 2012; ABC, 18 de septiembre de 2017).<\/li>\n<li>Profesionales de los propios servicios sociales, que reconocen \u2013al tiempo que lo critican- que para la administraci\u00f3n es m\u00e1s costoso invertir sobre las situaciones de riesgo y, en consecuencia, se desv\u00eda la inversi\u00f3n a intentar separar a los-as menores de sus padres, lo que denota una falta de pol\u00edticas de prevenci\u00f3n eficaces (Manrique, 16 de abril de 2013).<\/li>\n<li>Organizaciones y activistas que trabajan en los barrios con los-as chicos-as y sus familias y que muestran todo su apoyo a las familias que sufren las consecuencias de un sistema de protecci\u00f3n a la infancia que castiga siempre a las familias m\u00e1s pobres (Saltando Charcos, 2017; Garc\u00eda, 2017).<\/li>\n<li>Jueces, que en diversas sentencias han reconocido lo injusto de algunas declaraciones de desamparo, con el consiguiente perjuicio tanto para los-as menores como para las familias (APRODEME, 2012; Altozano, 18 de junio de 2013).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left: 18.0pt;\">Teniendo en cuenta todo lo anterior, diversos-as profesionales de los Servicios Sociales (Marisol Ramoneda \u2013psic\u00f3loga de Barcelona-, Javier Mart\u00edn \u2013psic\u00f3logo de la Xunta de Galicia-, Mercedes Botija Yag\u00fce \u2013profesora de Trabajo Social en Valencia- , Nuria Empez \u2013educadora social, coordinadora del libro \u201cDejadnos crecer. Menores migrantes bajo tutela institucional\u201d-, etc.), reclaman que sea un-a juez de familia quien pueda determinar la retirada de unos-as ni\u00f1os-as de una familia, despu\u00e9s de denuncias previas en dicho juzgado, bajo la responsabilidad del-la denunciante y garantizando el derecho a la protecci\u00f3n jur\u00eddica que debe tener el-la denunciado-a. Actualmente la decisi\u00f3n de declarar el desamparo de un-a menor est\u00e1 en manos de t\u00e9cnicos-as, y s\u00f3lo si la familia afectada recurre ir\u00e1 el procedimiento al juzgado de familia, algo que raras veces ocurre debido a que se trata de familias muy castigada y vulnerables: con escasas habilidades para defenderse con la puntualidad y formalidad que se requiere, a la par que con dificultades econ\u00f3micas para asumir los gastos de un recurso. Adem\u00e1s, se trata de un procedimiento que se alarga como m\u00ednimo un a\u00f1o, con todo el desgaste que ello supone.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18.0pt;\">Por otro lado, al hecho de que en Espa\u00f1a haya m\u00e1s de 43.000 ni\u00f1os-as que crecen sin el cuidado de sus padres, en cuidados alternativos a la familia de origen, hay que a\u00f1adir el hecho traum\u00e1tico de que bastantes de ellos-as tienen que hacerlo separados-as de sus hermanos-as, lo que agrava la situaci\u00f3n a la que se enfrenta el-la ni\u00f1o-a, provocando una tensi\u00f3n que hace que la recuperaci\u00f3n resulte m\u00e1s dif\u00edcil. Y esto ocurre a pesar de que las modificaciones legislativas del sistema de protecci\u00f3n a la infancia y a la adolescencia realizadas en 2015 contemplan la no separaci\u00f3n de los-as hermanos-as en cuidado alternativo, algo que en la pr\u00e1ctica no siempre ocurre (Aldeas Infantiles, 2018).<\/p>\n<p><em>6.\u00a0 Los-as ni\u00f1os-as, victimas ignoradas en la violencia de g\u00e9nero.<\/em><\/p>\n<p>Desde el a\u00f1o 2010 han muerto alrededor de 30 ni\u00f1os-as a manos de parejas o exparejas de mujeres v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero, siendo esta una cifra que cada a\u00f1o ha ido increment\u00e1ndose (EFE, 5 de marzo de 2018). El Defensor del Pueblo ha subrayado recientemente la necesidad de otorgar m\u00e1s protecci\u00f3n a los-as hijos-as de las mujeres v\u00edctimas de violencia machista tras observar un aumento del n\u00famero de menores que han muerto a manos de sus padres (Defensor del Pueblo, 2017: Informe anual 2017). Parece evidente, como subrayan diversos expertos (Lorente,2014), que no se est\u00e1n tomando medidas suficientes para proteger a los-as ni\u00f1os-as, sobre todo cuando se trata de casos identificados (hay denuncia y reconocimiento expl\u00edcito de violencia), ignorando el hecho que de un maltratador no puede ser un buen padre (Fern\u00e1ndez, 2016), pues cuando un hombre maltrata sistem\u00e1ticamente a la madre de sus hijos-as, les est\u00e1 produciendo a estos un gran da\u00f1o emocional, pudiendo llegar a normalizar la violencia en su vida familiar futura. Recientemente se ha aprobado en el Congreso el Pacto de Estado contra la violencia machista (Congreso, 2017) que incluye en una de sus medidas la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas <em>\u201cen todos los casos que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia<\/em>\u201d, sin embargo, despu\u00e9s de varios meses este Pacto sigue sin presupuesto y sin que se ponga en marcha ninguna de sus medidas: en el 2017 la suspensi\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas se produjo en el 2,3 % de los supuestos y se constata que a lo largo del 2018 la justicia ha seguido otorgando reg\u00edmenes de visitas a condenados por violencia machista (Borraz, 2 de enero de 2018). Apoy\u00e1ndose en el Dictamen de 2014 del Comit\u00e9 de Naciones Unidas para la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer &#8211; donde se exhortaba a nuestro pa\u00eds a que los antecedentes de violencia de genero fueran tenidos en cuenta a la hora de otorgar custodias y visitas de los hijos\/as-, en estos d\u00edas una sentencia del Tribunal Supremo reconoce los fallos del Estado en la desprotecci\u00f3n sufrida por una madre y su hija, la cual fue asesinada en 2003 por su padre, condenado por malos tratos, en una visita no vigilada (Kohan, 20 de julio de 2018).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img src=\"\/res\/wp-content\/uploads\/imgCK\/images\/violencia de genero.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>Finalmente, urge tomar conciencia de multitud de micromachismos que afectan a diversas instancias de la vida p\u00fablica y privada de las personas (Bonino, 2004) y que se cuelan en la vida de los-as ni\u00f1os-as a trav\u00e9s de pel\u00edculas, im\u00e1genes, videojuegos, etc., algo que si no se afronta, implica retroalimentar el problema en todas las instancias de nuestra sociedad, tal como reconocen diversos-as expertos-as (D\u00edez, 2004; Mois\u00e9s, 2017; Garc\u00eda y Hern\u00e1ndez, 2016).<\/p>\n<p><em>7.\u00a0 Los centros de menores: entre la estigmatizaci\u00f3n de la pobreza y el negocio. <\/em><\/p>\n<p>En primer lugar, los-as menores pueden ser internados en centros por la retirada de la tutela a sus progenitores (dentro del sistema de protecci\u00f3n a la infancia): en Espa\u00f1a de los-as m\u00e1s de 30.000 menores bajo tutela de la administraci\u00f3n, 18.000 se encuentran en centros, lo que nos sit\u00faa como el segundo pa\u00eds de Europa en n\u00famero de ni\u00f1os-as institucionalizados-as (Morales, 2016). Y de los-as que se encuentran en centros, aproximadamente la mitad no quieren estar all\u00ed y mucho menos en centros grandes. Como consecuencia de esta insatisfacci\u00f3n, se producen fugas que llevan a muchos-as chicos-as a la calle y a delinquir, con la paradoja de que, al final, se den respuestas policiales a lo que, en principio, era un problema social. Ser\u00eda necesario antes de actuar contar con la opini\u00f3n de los menores (Llosada, 2016) y hacer de los centros la \u00faltima medida, contando antes con la familia extensa o familias de acogida. A lo anterior hay que a\u00f1adir que cuando estos-as chicos-as cumplen 18 a\u00f1os deben abandonar el centro: cada a\u00f1o 3000 j\u00f3venes extutelados-as viven este drama, que para la mayor\u00eda de ellos-as implica volver a la calle, aunque cuenten con alguna ayuda econ\u00f3mica hasta los 21 a\u00f1os. Esta realidad se hace m\u00e1s dram\u00e1tica a\u00fan para los-as j\u00f3venes extranjeros-as, que pasan, de la noche a la ma\u00f1ana, de menores inmigrantes en protecci\u00f3n a j\u00f3venes extranjeros-as (Muro, 17 de julio de 2017): estos-as chicos-as se enfrentan a la vida adulta once a\u00f1os antes que la media de los-as j\u00f3venes espa\u00f1oles, con el agravante de que han vivido situaciones m\u00e1s extremas que otros-as chicos-as de su edad, lo que requer\u00eda apoyos profesionales (educadores, etc.) y estructurales (como pisos tutelados, etc.) para su favorable integraci\u00f3n social.<\/p>\n<p>En segundo lugar, tambi\u00e9n pueden ser internados-as, por imposici\u00f3n del juez de menores (dentro del sistema de reforma), aquellos-as chicos-as que hayan cometido delitos graves por violencia, intimidaci\u00f3n o peligro para las personas y\/o aquellos-as que padezcan anomal\u00edas o alteraciones ps\u00edquicas, dependencia a sustancias o alteraciones en la percepci\u00f3n que supongan una alteraci\u00f3n grave. Estos internamientos lo son en aplicaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 5\/2000, de 13 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los-as menores (para menores entre los 14 y los 18 a\u00f1os) y tienen en los-as menores unos efectos similares a los de las c\u00e1rceles en las personas adultas: excesiva institucionalizaci\u00f3n, malos tratos (en la convivencia o camuflados como \u201cmedidas de contenci\u00f3n\u201d por personal del centro), ambiente opresor cargado de sanciones, aislamiento que puede precipitar trastornos psic\u00f3ticos (Calvo, 1 de diciembre de 2016), abuso de la medicaci\u00f3n como medida de control (chicos-as, literalmente, drogados), etc. (Defensor del Menor de Andaluc\u00eda, 2014; Defensor del Pueblo, 2016). Cuando un-a menor abandone un centro de reforma tendr\u00e1 destruida la poca autoestima que ten\u00eda antes de entrar, sufrir\u00e1 un fuerte estr\u00e9s postraum\u00e1tico, sus lazos sociales estar\u00e1n m\u00e1s deteriorados, contara con escaso o nulo apoyo familiar, en definitiva, una situaci\u00f3n personal muy parecida, aunque con mayor gravedad por el hecho de vivirla en minor\u00eda de edad, a la de un preso-a excarcelado-a (Valverde, 1997). A lo anterior, hay que a\u00f1adir que cuando los centros son gestionados por entidades privadas, estos son verdaderos negocios: la plaza en un centro de internamiento terap\u00e9utico puede rondar al mes los 4.000 euros y en un centro de reforma los 8.000 euros, as\u00ed mientras los hijos-as de los pobres son internados en centros p\u00fablicos (masificados, con malos tratos, etc.), los hijos de los ricos van a centros-chalets. Por ejemplo, la Asociaci\u00f3n Ginso gestiona varios de estos centros de car\u00e1cter privado y a ella est\u00e1 vinculado, por parad\u00f3jico que parezca, J. Urra, quien fuera entre 1996 y 2001 Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (L\u00f3pez, 6 de febrero de 2016). Podemos concluir que, a pesar de existir un marco legislativo com\u00fan y ser Espa\u00f1a un Estado de Derecho, la propia respuesta institucional del internamiento en centros estar\u00eda alimentando la desigualdad.<\/p>\n<p>Finalmente, si estudios recientes dicen que 1\/3 de los-as ni\u00f1os-as vive en riesgo de pobreza o exclusi\u00f3n en nuestro pa\u00eds (eldiario, 21 de junio de 2018), podemos concluir que dentro de unos a\u00f1os 1\/3 de la poblaci\u00f3n espa\u00f1ola es probable que siga estando en riesgo de pobreza. Las altas tasas de pobreza infantil en Espa\u00f1a no van a mejorar si no hay una apuesta decidida de incrementar la inversi\u00f3n en infancia: por ejemplo, Espa\u00f1a solo invierte el 1,8% del PIB en el sistema de protecci\u00f3n a la infancia, mientras Alemania un 3,2%, y Francia un 2,5% (Save the Children, 2016).<\/p>\n<h2><strong>Conclusiones: ni resignados-as, ni inactivos-as. <\/strong><\/h2>\n<p>A continuaci\u00f3n, se presentan algunas conclusiones, a modo de propuestas operativas, que contribuyan a incentivar el buen trato con la infancia desde diversas instancias.<\/p>\n<p>En primer lugar, en relaci\u00f3n al \u00e1mbito de la educaci\u00f3n escolar, consideramos especialmente importante implantar en los centros de ense\u00f1anza la figura del-la educador-a social, particularmente en la Secundaria, dada la etapa evolutiva que representa la adolescencia en cuanto a construir la identidad (Eli y Jensen, 2015) y donde el fracaso escolar se manifiesta como m\u00e1s dram\u00e1tico, al tener la inserci\u00f3n laboral m\u00e1s pr\u00f3xima. Al tiempo, estos-as educadores-as pueden ser una figura de referencia para promover la convivencia y prevenir el bullying. Sin embargo, constatamos que la presencia de educadores sociales en los I.E.S. es una praxis a\u00fan incipiente: s\u00f3lo existe en algunas autonom\u00edas como Extremadura, Andaluc\u00eda, Castilla la Mancha y Baleares (L\u00f3pez, 2013 y Europa Press, 19 de julio de 2018), por ello consideramos que deber\u00eda generalizarse en todo el territorio nacional por igual. Por ejemplo, si consideramos la realidad de los-as chicos-as trans veremos que, seg\u00fan el Observatorio Espa\u00f1ol contra la LGBTfobia, de media 50 chicos-as LGBTI se suicidan en Espa\u00f1a cada a\u00f1o y otros-as 950 LGBTI lo intentan, debido a la falta de apoyo familiar, el bullying, conflictos de autoaceptaci\u00f3n y autoconfianza (EFE, 16 de septiembre de 2017). En relaci\u00f3n a lo anterior, estos-as chicos-as experimentan un apoyo social escaso, existiendo la tendencia a patologizar la transexualidad en los-as menores de edad (P\u00fablico, 30 de noviembre de 2017).<\/p>\n<p>En segundo lugar y directamente relacionado con el hecho de recuperar la calle, consideramos que es necesario reflexionar sobre \u201cciudades m\u00e1s sostenibles\u201d (Felipe, 25 de septiembre de 2017) y donde se consideren los derechos de los-as ni\u00f1os-as (a la participaci\u00f3n, al juego, desplazarse sin peligros, al encuentro con otras personas y con la naturaleza, etc.) al configurar los espacios p\u00fablicos (Tonucci, 2016). As\u00ed mismo, en relaci\u00f3n a un problema como el de la drogodependencia en los-as adolescentes y j\u00f3venes, habr\u00eda que trabajar m\u00e1s los aspectos preventivos que los punitivos, desmitificando el consumo, ayudando a tomar conciencia de riesgos asociados a su salud mental, etc. (PNSD, 2007), algo que es m\u00e1s f\u00e1cil hacerlo desde la cercan\u00eda con los-as propios-as chicos-as en su entorno y, para ello, el trabajo de educaci\u00f3n de calle es una herramienta muy v\u00e1lida (Salamanca, 2017).<\/p>\n<p>En tercer lugar, en relaci\u00f3n a las retiradas de tutela, consideramos que la administraci\u00f3n p\u00fablica, a trav\u00e9s de sus t\u00e9cnicos-as, deber\u00eda actuar de manera m\u00e1s preventiva y ser menos intervencionista. Ello evitar\u00eda numerosas quejas reclamando la revisi\u00f3n de un sistema de protecci\u00f3n que permite retirar la tutela de los-as ni\u00f1os-as de sus familias por una decisi\u00f3n administrativa que se sustenta, no pocas veces, sobre profesionales sujetos a una temporalidad y a permanentes cambios, lo que dificulta un seguimiento y conocimiento de la realidad, con informes sociales poco rigurosos, etc. (Safont, 5 de mayo de 2017)<\/p>\n<p>Finalmente, los-as profesionales que trabajamos socioeducativamente con la infancia y adolescencia (educadores-as sociales, trabajadores-as sociales, etc.) no podemos mirar para otro lado ante situaciones como las descritas que da\u00f1an seriamente la vida de los-as menores (Navarro, 2007). Y ello debe ser as\u00ed porque nuestra actuaci\u00f3n se sit\u00faa dentro del marco de los Derechos Humanos, tal como recogen los respectivos c\u00f3digos deontol\u00f3gicos (CGCEES, 2007, Consejo General del Trabajo Social, 2017). Cada uno-a de nosotros-as (educador-a social y\/o trabajador-a social) deber\u00edamos relacionarnos con los-as chicos-as como personas que compartimos una misma dignidad, tratando de ser significativos-as para ellos-as (siendo personas sensatas, decididas, tenaces, cari\u00f1osas, etc.), intentando entender lo que les pasa (cada chico-a tiene sus propias vivencias sobre lo que le conviene, lo que le ocurre y c\u00f3mo se siente), sin juzgarles ni dar a nadie por perdido y tomando partido siempre por los m\u00e1s d\u00e9biles (Escudero, 2015; Mart\u00ednez, 2017).<\/p>\n<p>La experiencia nos demuestra que son los-as chicos-as pobres los que m\u00e1s sufren el llamado maltrato institucional. Sin embargo, observamos que cuando se atajan las consecuencias de la pobreza se incide en las consecuencias tangibles (materiales o fisiol\u00f3gicas), pero no se suelen tener en cuenta los problemas psicosociales que van asociados a ella: p\u00e9rdida de autoestima, verg\u00fcenza paralizante, humillaci\u00f3n, abuso de drogas, suicidio, etc. La pobreza mina la dignidad humana y, por ello, es urgente un abordaje muldimensional (Gim\u00e9nez y Valente, 2016). Por todo ello, varios grupos de reflexi\u00f3n, como Red Renta B\u00e1sica, que coordina el profesor de econom\u00eda Daniel Ravent\u00f3s (RRB, 2017), y otras personas que llegan a poner en riesgo su vida (Ruiz, 2 de noviembre de 2017), vienen reclamando una Renta B\u00e1sica Universal, que evitar\u00eda cualquier atisbo de estigmatizaci\u00f3n social o verg\u00fcenza. Igualmente, argumentan que a diferencia de otras ayudas p\u00fablicas de los Estados de Bienestar que van sujetas a situaciones de pobreza, discapacidad, desempleo (condicionalidad), la Renta B\u00e1sica ser\u00eda un derecho universal de todos los ciudadanos-as (incondicional).<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","palabra_clave":[797,357,332,796,798,686],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v16.7 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/eduso.net\/res\/revista\/27\/miscelanea\/el-maltrato-institucional-a-los-as-ninos-as-una-aproximacion-desde-la-praxis-socioeducativa-con-ninos-as-en-desventaja\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El maltrato institucional a los-as ni\u00f1os-as. 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