{"id":8891,"date":"2015-02-02T00:00:00","date_gmt":"2015-02-01T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/eduso.net\/res\/articulo\/pobreza-y-vulneracion-de-los-derechos-en-la-infancia\/"},"modified":"2021-01-23T12:53:03","modified_gmt":"2021-01-23T11:53:03","slug":"pobreza-y-vulneracion-de-los-derechos-en-la-infancia","status":"publish","type":"articulo","link":"https:\/\/eduso.net\/res\/revista\/20\/el-tema-colaboraciones\/pobreza-y-vulneracion-de-los-derechos-en-la-infancia","title":{"rendered":"Pobreza y vulneraci\u00f3n de los derechos en la infancia"},"content":{"rendered":"

Francisco J. Caparr\u00f3s, Magdalena Gelabert, educadores sociales <\/em>[1]<\/sup><\/sup><\/a><\/p>\n

LOS DATOS<\/strong><\/h2>\n

En nuestro pa\u00eds, la pobreza infantil lleva tiempo encabezando el inter\u00e9s de la Administraci\u00f3n y organismos tanto nacionales como internacionales. C\u00e1ritas, Unicef, Save the Children u Oxfam, entre otros, se hacen eco de la especial vulnerabilidad de los menores en Espa\u00f1a. Todos somos testigos del alarmante aumento de la incidencia de la pobreza en las capas m\u00e1s desfavorecidas de la sociedad, y muchos los que centramos nuestro inter\u00e9s en conocer tanto las causas como las consecuencias de padecer, o estar en riesgo de ello, privaciones durante la infancia. En trayectorias de exclusi\u00f3n, transgeneracionalidad de la pobreza y fracaso escolar, sin ir m\u00e1s lejos, Espa\u00f1a registra una tasa de abandono escolar temprano del 30%,[2]<\/a> alrededor del doble de la media de la UE. Es mucho lo que est\u00e1 en juego. Por eso, cuando una comunidad \u201cquiere alcanzar niveles m\u00e1s altos de rendimiento escolar entre su poblaci\u00f3n infantil deber\u00e1 atacar la desigualdad subyacente, que es la causante de los profundos desniveles en el rendimiento escolar<\/em>\u201d (Wilkindon y Pickett, 2009:48).<\/p>\n

En el informe \u201cLa Infancia en Espa\u00f1a 2012-2013\u201d, Unicef pone de manifiesto el impacto de la crisis econ\u00f3mica sobre la infancia en nuestro pa\u00eds, situaci\u00f3n que compromete claramente sus derechos y presume que es responsabilidad de las administraciones revertir una situaci\u00f3n que obstaculiza directamente el desarrollo y la salud de los ni\u00f1os, e incluso determina la futura inclusi\u00f3n laboral de los menores (Navarro, 2012).<\/p>\n

La Fundaci\u00f3n Foessa, se\u00f1ala que Espa\u00f1a es el segundo pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea con el mayor \u00edndice de pobreza infantil. En 2012, el riesgo de pobreza estaba en casi nueve puntos por encima de la media europea (29,9%), dato solo superado por Ruman\u00eda (Foessa, 2014).\u00a0 Laparra y P\u00e9rez, en su informe para La Caixa Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en Espa\u00f1a<\/em> (2012) sentencian que uno de cada diez hogares espa\u00f1oles podr\u00eda verse afectado por procesos de privaci\u00f3n severa, lo que Hardy y Laszloffy (2005) definen como la ejemplarizaci\u00f3n de la violencia econ\u00f3mica y social, acto que implica una forma de injusticia social, basada en el acceso al poder o a la riqueza. Por \u00faltimo, debemos se\u00f1alar que el riesgo de pobreza de los ni\u00f1os como grupo, est\u00e1 sometido a grandes diferencias que abarcan factores territoriales, de origen nacional o de clase social (Mart\u00ednez, 2014), como muestra el siguiente gr\u00e1fico, pone de manifiesto esta realidad.\"\"<\/p>\n

Elaboraci\u00f3n propia<\/em><\/small><\/h6>\n

EL PROBLEMA DE MEDIR Y DEFINIR.<\/strong><\/h2>\n

Parece que la definici\u00f3n y conceptualizaci\u00f3n de pobreza infantil determina la forma en que se dise\u00f1an y abordan las medidas espec\u00edficas para prevenirla en los m\u00e1s peque\u00f1os, y no cabe discutir que arbitrar medidas conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos humanos es responsabilidad de los estados firmantes del tratado parisino. Sin embargo, no est\u00e1 tan claro que sigan siendo la educaci\u00f3n, la salud y la protecci\u00f3n los derechos m\u00e1s conocidos y respetados en la infancia y la adolescencia (Rodr\u00edguez, 2014). Prueba de ello es la reducci\u00f3n significativa de las transferencias presupuestarias, al sistema educativo y al de salud y protecci\u00f3n, tanto de los menores como de las familias.<\/p>\n

Tampoco est\u00e1 tan claro que la existencia de datos y estad\u00edsticas, referentes a una realidad preocupante, incremente el inter\u00e9s medi\u00e1tico de una problem\u00e1tica lacerante, una realidad que, tal y como asegura Sep\u00falveda, citado por San Felipe (2014), es una causa b\u00e1sica de pobreza en la vida adulta; lo que implicar\u00eda que, siendo los ni\u00f1os los que m\u00e1s padecen las consecuencias de la pobreza, sus derechos deben ser una prioridad.<\/p>\n

Las aproximaciones estad\u00edsticas para medir la pobreza, nos muestran una realidad cambiante que cuestiona nuestro sistema social, \u00a0aunque\u00a0 no llegan a medir la realidad y su impacto en la sociedad sino que computan determinadas formas de desigualdad, la que soportan algunas personas (Sanzo, 2000). Los an\u00e1lisis multidimensionales ofrecen una visi\u00f3n m\u00e1s completa y general del fen\u00f3meno, y permiten relacionar las situaciones de carencias sociales o privaci\u00f3n con otras dificultades, tales como el acceso a bienes b\u00e1sicos de consumo, que obstaculizan la integraci\u00f3n social de las personas (San Felipe, 2014). A partir de esta idea, podemos afirmar que \u201cla fijaci\u00f3n de indicadores \u00fanicamente econ\u00f3micos para el an\u00e1lisis de la pobreza, olvidan tomar en consideraci\u00f3n otros recursos culturales, pol\u00edticos y sociales, que posibilitan la participaci\u00f3n de los ciudadanos en la vida social\u201d<\/em> (Moreno, 2000:5), y que desembocan en la exclusi\u00f3n.<\/p>\n

Francisco Gonz\u00e1lez-Bueno, Presidente del Comit\u00e9 Espa\u00f1ol de Unicef, en 2004 incide en la conveniencia del estudio sistem\u00e1tico y riguroso de las necesidades b\u00e1sicas de los ni\u00f1os y ni\u00f1as, relacion\u00e1ndolo con el ordenamiento jur\u00eddico del que emana la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989. El enfoque de la privaci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas, nos permite aproximarnos al concepto de pobreza que padecen los menores desde un puntal prioritario: el ejercicio de la ciudadan\u00eda. Dicho puntal reconoce a los ni\u00f1os y ni\u00f1as como titulares de derechos y no como simples objetos de protecci\u00f3n (San Felipe, 2014). Por otra parte, Ocha\u00edta y Espinosa (2004) constatan la premura a la hora de reconocer la multidimensionalidad de las necesidades durante las primeras etapas de la vida, ya que de este an\u00e1lisis surge la urgencia para adoptar medidas que en ning\u00fan caso obstaculicen el acceso a los recursos y servicios que garanticen el adecuado crecimiento en las primeras etapas del desarrollo humano. De la misma forma, los responsables de pol\u00edticas p\u00fablicas deben dise\u00f1ar y proveer medidas que los amparen, lo que L\u00e1zaro, analista de pol\u00edticas de infancia y Secretaria del\u00a0Observatorio de derechos de la infancia de la Generalitat de Catalu\u00f1a, llama la construcci\u00f3n colectiva de una cultura de respeto hacia los derechos de los ni\u00f1os y ni\u00f1as. Este posicionamiento nos obliga a no errar, ya que las previsibles y evitables consecuencias constituyen un foco importante de sufrimiento (Pogge, 2013). As\u00ed pues, el concepto de pobreza infantil va m\u00e1s all\u00e1 del significado econ\u00f3mico del t\u00e9rmino, alcanzando un car\u00e1cter multidimensional que aglutina diferentes factores estrechamente ligados a los Derechos de la Infancia (San Felipe, 2014).\"\"<\/p>\n

Dos ni\u00f1os en una favela de Jacarta. Indonesia. Jonathan Mclntosh<\/small><\/h6>\n

LAS CONSECUENCIAS<\/strong><\/h2>\n

Hablar de pobreza infantil es hablar de pobreza familiar, \u201cla bajada de los salarios y el incremento de los impuestos ponen a las familias, con hijos a su cargo, en serias dificultades a la hora de hacer frente a imprevistos<\/em>\u201d (Unicef, 2013). Existen evidencias sobre las consecuencias de las dificultades econ\u00f3micas durante la infancia, pero pocos son los estudios que examinan si estas consecuencias persisten en la edad adulta, y con qu\u00e9 intensidad se manifiestan. Paul Amato, profesor del departamento de sociolog\u00eda de la Universidad de Pennsylvania, y\u00a0 Juliana Sobolewski, tambi\u00e9n doctora y profesora de la misma universidad, se interesaron por este tema y, en un estudio longitudinal realizado en 2005, constataron la evidencia de que las dificultades econ\u00f3micas en la familia de origen, predicen el bienestar en la etapa adulta. En su informe analizaron variables como la relaci\u00f3n conyugal de los padres, la relaci\u00f3n entre padres e hijos y\u00a0 los logros acad\u00e9micos, llegando a la conclusi\u00f3n de que las dificultades econ\u00f3micas son particularmente problem\u00e1ticas cuando \u00e9stas se prolongan o se padecen durante la adolescencia (Sobolewski y Amato, 2005).<\/p>\n

Los datos estad\u00edsticos y metodol\u00f3gicos nos permiten orientar acciones dirigidas a cuestionar pol\u00edticas de protecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de los efectos de padecer, o estar en riesgo de padecer, pobreza durante la infancia en un contexto caracterizado por la casi desaparici\u00f3n de programas de protecci\u00f3n hacia las familias, y la lapidaci\u00f3n de programas preventivos dirigidos a la infancia y a la adolescencia. Resulta escalofriante la naturalidad con la que se obstaculiza la concesi\u00f3n del estatus de ciudadano a los menores, pues \u00e9ste obliga a facilitar el acceso a los recursos b\u00e1sicos: salud, educaci\u00f3n, alimentaci\u00f3n y atenci\u00f3n adecuada, siendo la ciudadan\u00eda el ejercicio de los derechos y los deberes. Moreno (2000) sentencia en su trabajo Ciudadan\u00eda, desigualdad social y Estado del Bienestar,<\/em> que la no discriminaci\u00f3n en el acceso a los recursos constituye la condici\u00f3n necesaria para el ejercicio de derechos. El mismo autor abre un debate interesante y novedoso, d\u00f3nde aborda la necesidad de dise\u00f1ar sistemas distributivos de renta, con la idea de propiciar un cambio social que otorgue mayor calidad democr\u00e1tica, definiendo las pol\u00edticas p\u00fablicas y sociales como intervenciones que afectan a la distribuci\u00f3n de las oportunidades vitales de los ciudadanos (Moreno, 2000), lo que favorece la no exclusi\u00f3n de sectores importantes de la sociedad.<\/p>\n

En el ensayo Desigualdad. Un an\u00e1lisis de la (in) felicidad colectiva<\/em>, fruto de un riguroso an\u00e1lisis sobre las consecuencias de las desigualdades sociales, los epidemi\u00f3logos Richard Wilkinson y Kate Pickett concluyen que la desigualdad convierte a los pa\u00edses en disfuncionales, oblig\u00e1ndonos a ampliar los m\u00e1rgenes del discurso sobre un fen\u00f3meno creciente como es la injusticia social (Gelabert, 2014).<\/p>\n

Sustentada en an\u00e1lisis estad\u00edsticos y estudios longitudinales, se revela una realidad que explica el deterioro de una sociedad en aspectos medibles como pueden ser la obesidad o la salud mental, el nivel de conflictividad social y el n\u00famero de poblaci\u00f3n reclusa, as\u00ed como el fracaso y abandono escolar, el porcentaje de j\u00f3venes en conflicto o el n\u00famero de embarazos durante la adolescencia, relacion\u00e1ndolos con las desigualdades sociales y confirmando c\u00f3mo estos fen\u00f3menos, tienden a acusarse a medida que crece la distancia entre ricos y pobres (Gelabert, 2014).<\/p>\n

Seg\u00fan Richard Wilkinson y Kate Pickett, el dolor que provoca la exclusi\u00f3n social afecta a las mismas zonas del cerebro que se activan ante el dolor f\u00edsico. Para dar mayor peso a esta afirmaci\u00f3n, traen a colaci\u00f3n un experimento realizado por Naomi Eisenberg, que demostr\u00f3 a trav\u00e9s de im\u00e1genes cerebrales c\u00f3mo el dolor provocado por la exclusi\u00f3n social, en algunas especies de monos, tambi\u00e9n compromete \u00e1reas cerebrales responsables de las conductas de protecci\u00f3n de madres hacia sus hijos. El coste social de la incapacidad de las familias para cuidar y cubrir las necesidades de sus hijos, significa un problema de salud p\u00fablica (Wilkindon y Pickett, 2009).<\/p>\n

En un metan\u00e1lisis dirigido por Franziska Reiss, del\u00a0 Centro M\u00e9dico Universitario de Hamburgo-Eppendorf en Alemania, en el que se analizaban las desigualdades sociales asociadas a problemas de salud mental en ni\u00f1os y adolescentes realizado en 2013, se constat\u00f3 que los marcadores socioecon\u00f3micos como los ingresos familiares, la pobreza y educaci\u00f3n de los padres, la calidad e intensidad del empleo o la riqueza familiar, correlacionaban con la salud mental de los ni\u00f1os y adolescentes desfavorecidos resultando de dos a tres veces m\u00e1s propensos a desarrollar problemas de salud mental. Su informe pone de relieve la necesidad de intervenciones a nivel individual en la primera infancia, as\u00ed como la necesidad de reducir las desigualdades socioecon\u00f3micas para mejorar la salud mental y la percepci\u00f3n del bienestar subjetivo en la infancia y la adolescencia (Reiss, 2013).<\/p>\n

Sabemos que la pobreza afecta de forma negativa y transversal a las condiciones de vida de las personas que la sufren, y la pobreza extrema es tal vez la m\u00e1s devastadora para su calidad de vida y la que m\u00e1s imposibilita el ejercicio de sus derechos, minando de forma decisiva su salud mental (Pitillas 2012). Investigaciones recientes tambi\u00e9n advierten de que la exposici\u00f3n de los ni\u00f1os muy peque\u00f1os a un trauma repetido, puede tener efectos profundos y duraderos en su salud mental (Lieberman, 2011). Los mayores incrementos en la prevalencia de la depresi\u00f3n severa se observan entre adolescentes v\u00edctimas de la desigualdad y la pobreza (Torikka et al., 2004). Sobolewski y Amato (2005), en este sentido, llegaron a la conclusi\u00f3n de que las dificultades durante la infancia, comprometen las relaciones interpersonales y determinan de forma significativa en el bienestar durante la edad adulta.<\/p>\n

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Pobreza cero de Carlos Capote en Flirck<\/a><\/small><\/h6>\n

CONCLUSIONES<\/strong><\/h2>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, se han desactivado una cantidad importante de programas de atenci\u00f3n socioeducativa, cuya incidencia en la prevenci\u00f3n de conflictos est\u00e1 sobradamente acreditada, bajo la premisa del ahorro a toda costa. Ahora podemos observar c\u00f3mo la crisis econ\u00f3mica tambi\u00e9n est\u00e1 afectando al adecuado desarrollo de una parte importante de nuestros j\u00f3venes, y muchos son los que, como Mart\u00ednez (2014) doctor en Psicolog\u00eda Social de la Universidad Aut\u00f3noma de Barcelona, sostienen que el abandono al que se somete a una parte importante de la poblaci\u00f3n menor de edad aumenta su malestar e insatisfacci\u00f3n vital. Podemos asegurar, al igual que Mart\u00ednez en 2014, que la inseguridad acaba convirti\u00e9ndose en un elemento identitario en la infancia y la adolescencia, vulnerando sus derechos ciudadanos y humanos.<\/p>\n

Crisis econ\u00f3mica y ausencia de programas de atenci\u00f3n socioeducativa, que no significa s\u00f3lo atender a los ni\u00f1os sino garantizarles el ejercicio de su derecho a una\u00a0 educaci\u00f3n inclusiva y de calidad, as\u00ed como al uso de recursos comunitarios en materia de ocio y tiempo libre y el acceso a la participaci\u00f3n o a la atenci\u00f3n m\u00e9dica, es verdaderamente preocupante. Ante esta situaci\u00f3n, y seg\u00fan la percepci\u00f3n de los riesgos que esto supone para la infancia, cabe preguntarse si la respuesta de la administraci\u00f3n \u00bfse debate entre la vulnerabilidad o la conflictividad? Los datos son los que son y la disfuncionalidad social tiene que ver con la distribuci\u00f3n de la riqueza, que tiende a identificar a las personas tambi\u00e9n con las dificultades a la hora de acceder a los recursos socioeducativos comunitarios, que es casi tan peligroso como des-subjetivar a aquellos que son responsables de la toma de decisiones, cuyo efecto secundario es precisamente el aumento de la desigualdad (Gelabert, 2014). Es curioso constatar que Espa\u00f1a destina casi el 25% del total del gasto p\u00fablico social para el 20% de poblaci\u00f3n m\u00e1s rica, mientras que para el 20% de la poblaci\u00f3n con rentas\u00a0m\u00e1s bajas tan solo reserva el 10%. Lo que nos sit\u00faa en concordancia con las afirmaciones de Unicef (2013), al asegurar que las necesidades y preocupaciones de los ni\u00f1os y j\u00f3venes son ignoradas por los que toman las decisiones.<\/p>\n

Tras este repaso por la imposibilidad, que en la actual coyuntura tienen los ni\u00f1os y ni\u00f1as en riesgo, para ejercer sus derechos ciudadanos, podemos traer a colaci\u00f3n el conocimiento que de la Carta de Derechos tienen los ciudadanos, tras 25 a\u00f1os de vigencia. Rodr\u00edguez (2014) constat\u00f3 que persiste un muy bajo conocimiento de la CDN. Un mayor conocimiento supondr\u00eda un paso importante, pero tambi\u00e9n poner en valor la necesaria orientaci\u00f3n hacia intervenciones de transferencias econ\u00f3micas basadas en la justicia social, un cambio valorativo que aportar\u00eda el adecuado reconocimiento y respeto hacia un colectivo para el que no se le reconoce una posici\u00f3n d\u00e9bil y subordinada al criterio de la poblaci\u00f3n adulta (Rodr\u00edguez, 2014). Los valores son creencias que impregnan nuestras actitudes y comportamientos, son la base sobre la cual tomamos decisiones. Por razones obvias, en las sociedades desiguales se empuja a sus ciudadanos a banalizar el fen\u00f3meno de la pobreza, es la f\u00f3rmula thatcheriana que\u00a0 populariz\u00f3 con \u00e9xito el discurso de que, en realidad, la precariedad econ\u00f3mica o laboral es fruto de la irresponsabilidad individual (Jones, 2012), donde lo colectivo no existe ni es deseable lo que delata un escenario del todo indeseable para la infancia.<\/p>\n

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