En el primer bloque, presentada la obra, se ofrece una introducci\u00f3n por Jos\u00e9 Molina Molina. El profesor Molina denuncia la <\/span>adultocracia <\/span><\/i>y el <\/span>adultocentrismo <\/span><\/i>que maltrata a la juventud. La protesta juvenil, desde la austeridad de estos tiempos, reivindica con el tatuaje y el botell\u00f3n su lugar en el tiempo y en el espacio. Para Molina la llegada del a\u00f1o 2030 debe atender a la juventud desde su participaci\u00f3n como f\u00f3rmula para tiempos m\u00e1s inclusivos y sostenibles. Fernando Pindado incide en la participaci\u00f3n ciudadana como esencia de la democracia.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n El segundo bloque se organiza en cinco cap\u00edtulos. La naturaleza del \u00faltimo cap\u00edtulo es colaborativa al implicar a catorce profesionales. El primer cap\u00edtulo aborda los antecedentes del derecho de asociaci\u00f3n. Para comprender su sentido se ofrece un recorrido hist\u00f3rico. En Espa\u00f1a, podr\u00eda considerarse hoy que la primera asociaci\u00f3n se configura gracias a una comunidad de regantes del rio Ebro (siglo II) vinculando as\u00ed el t\u00e9rmino al del <\/span>collegium <\/span><\/i>romano como fen\u00f3meno asociativo. De las Sociedades Econ\u00f3micas de Amigos del Pa\u00eds, resultado del despotismo ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII, se atiende, posteriormente, a la lucha por la libertad de asociaci\u00f3n durante el siglo XIX.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n De quienes deseaban la libertad de asociaci\u00f3n y de aquellos grupos ideol\u00f3gicos que no, la D\u00e9cada Ominosa (1823- 1833) expresa la m\u00e1s radical de las posturas al considerar la acci\u00f3n de asociarse como delito. Tardar\u00e1 seis a\u00f1os, en 1839, en ser reconocida para generar resistencia. Los trabajadores comenzaron una lucha sin fin.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Constitucionalmente, la Ley de 20 de junio de 1887 atendi\u00f3 al ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n y el C\u00f3digo Civil de 1889 concedi\u00f3 personalidad jur\u00eddica a las asociaciones y reconoci\u00f3 su inter\u00e9s p\u00fablico. Sin embargo, una nueva represi\u00f3n al asociacionismo se da durante la dictadura franquista. En su primera etapa, la m\u00e1s feroz, ofreciendo, por ley, un modelo represivo de asociacionismo y, bajo el tardofranquismo, atendiendo al derecho controlado bajo el r\u00e9gimen de la dictadura. La transici\u00f3n democr\u00e1tica llevar\u00e1 al reconocimiento del derecho de asociaci\u00f3n como instrumento jur\u00eddico para el cambio social. El art\u00edculo 22 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola asume la asociaci\u00f3n como derecho.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n El segundo cap\u00edtulo analiza dos herramientas jur\u00eddicas fundamentales en la sociedad espa\u00f1ola del siglo XXI. De un lado, se atiende a la <\/span>Ley Org\u00e1nica 1\/ 2002, de 22 de marzo que regula el Derecho de Asociaci\u00f3n <\/span><\/i>(LODA). De otro, se describe el <\/span>Real Decreto 949\/ 2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones<\/span><\/i>. Cabe reconocer en este cap\u00edtulo, especialmente, la atenci\u00f3n a la licitud de las Asociaciones de Consumidores de Cannabis situadas en los l\u00edmites jur\u00eddicos. Adem\u00e1s, se aborda la titularidad del derecho de asociaci\u00f3n relevante para asociaciones de inmigrantes, as\u00ed como a la titularidad del derecho y la capacidad para ejercerlo en asociaciones por la plena inclusi\u00f3n y asociaciones juveniles.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Se sigue con el procedimiento de constituci\u00f3n de asociaciones. Para ello, se atiende a los elementos que la conforman, el car\u00e1cter y el contenido de los estatutos, la actividad dentro del registro de asociaciones y el funcionamiento asociativo, esto es, su regulaci\u00f3n, principios democr\u00e1ticos, obligaciones, responsabilidades y disoluci\u00f3n. Finalmente, se atiende a la condici\u00f3n jur\u00eddica de la persona asociada incidiendo en los derechos de participaci\u00f3n, informaci\u00f3n, garant\u00eda de medidas y de impugnaci\u00f3n. Sobre las garant\u00edas jurisdiccionales se atiende a la protecci\u00f3n del derecho de asociaci\u00f3n y al control de la actuaci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n El cap\u00edtulo tercero recoge apuntes sobre c\u00f3mo regular el derecho de asociaci\u00f3n. Para ello, se recurre a la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica y se comenta dicha legislaci\u00f3n as\u00ed como el reparto de competencias entre Estado y comunidades aut\u00f3nomas. En particular, se atiende a Catalu\u00f1a, Euskadi, Canarias, Comunidad Valenciana y Andaluc\u00eda. Van a ser los <\/span>cap\u00edtulos cuarto y quinto los que responden al asociacionismo desde la participaci\u00f3n. En el cap\u00edtulo cuatro, se recurre al concepto de participaci\u00f3n asumiendo su complejidad por ser un t\u00e9rmino polis\u00e9mico, indispensable, por otra parte, en la v\u00eda democr\u00e1tica. La participaci\u00f3n ciudadana deviene en derecho y como tal precisa un nuevo marco normativo en Espa\u00f1a. Particularmente, cabe destacar la aportaci\u00f3n de Pindado al considerar la participaci\u00f3n como sentimiento y como derecho porque la participaci\u00f3n lleva a la vida de las ciudades (p. 237). El sistema democr\u00e1tico se configura triangulando, en equilibrio, poder#democracia#participaci\u00f3n. Para ello, se considera la escalera de la participaci\u00f3n planteada por Arnstein en 1969 (disponible en <\/span>https:\/\/n9.cl\/9gof8<\/span>) y se adapta gr\u00e1ficamente a la relaci\u00f3n entre asociaciones de j\u00f3venes y administraci\u00f3n (pp. 242-243).<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Queda patente que los cuarenta a\u00f1os de Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola han supuesto el paso del miedo a participar hasta llegar a la demanda ciudadana. Con todo, la democracia presenta tres caras a la hora de participar lo que hace necesaria la creaci\u00f3n de nuevas normativas. Ante esta situaci\u00f3n \u00bfcu\u00e1l es la alternativa en los tiempos que corren? La respuesta se encuentra en las iniciativas locales como mecanismo de apertura ciudadana democr\u00e1tica. El camino para desarrollarlas pasa por enfocarse en las leyes de transparencia y buen gobierno, las leyes sectoriales que regulan la \u201cparticipaci\u00f3n institucional\u201d y las leyes espec\u00edficas de participaci\u00f3n de alcance y efectividad de derechos \u201cautolimitados\u201d evidenciadas en la <\/span>Ley 5\/ 2010 Canaria de Fomento de Participaci\u00f3n <\/span><\/i>y en la <\/span>Ley 7\/ 2017 de Participaci\u00f3n Ciudadana de Andaluc\u00eda<\/span><\/i>.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Algunas iniciativas en esta segunda d\u00e9cada del siglo XXI se encuentran en el Anteproyecto de Ley de la Comunidad Valenciana sobre Gobierno Abierto, la Ley de Participaci\u00f3n Democr\u00e1tica de Navarra, la Proposici\u00f3n de Ley de Gobierno abierto y Lucha contra la Corrupci\u00f3n de la Regi\u00f3n de Murcia y el Proyecto de Ley de Participaci\u00f3n de Castilla-La Mancha. De este \u00faltimo se ofrece un estudio de caso que aborda el proceso de elaboraci\u00f3n (a\u00f1os 2017 a 2019) hasta su aprobaci\u00f3n entrando en vigor a mitad de 2020. En busca de un mayor compromiso tanto por la administraci\u00f3n como por la ciudadan\u00eda, Reverte recurre al marco normativo dirigido a las comunidades aut\u00f3nomas (STC 55\/ 2018, de 24 de mayo). Centrado en el \u00e1mbito competencial de Castilla-La Mancha se incide en los art\u00edculos 4.2, sobre la promoci\u00f3n de libertad e igualdad de individuos y grupos, el 31.1.1\u00aa y el 39.3. En un segundo momento, se destacan los criterios que han regulado su elaboraci\u00f3n y el contenido de las iniciativas por parte de las administraciones p\u00fablicas. Como resultado se conjugan voluntades mediante el proceso de participaci\u00f3n, el procedimiento de la administraci\u00f3n y el debate en el parlamento. A nivel estatal, ha sido la crisis del 15M una evidencia m\u00e1s de que la ciudadan\u00eda exige democracia participativa. En aras de una plena transformaci\u00f3n social, la opci\u00f3n recae en una reforma de la Constituci\u00f3n y en configurar una ley org\u00e1nica reguladora del derecho de participaci\u00f3n.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n En el cap\u00edtulo cinco toma protagonismo una educaci\u00f3n social que lleve a la transparencia y la participaci\u00f3n aprendiendo sobre ella desde ella. G\u00f3mez-Hern\u00e1ndez utiliza los fundamentos biogr\u00e1ficos de Jos\u00e9 Molina para aportar luces a este planteamiento. Miralles y Guerrero inciden en la educaci\u00f3n pol\u00edtica en aras de una educaci\u00f3n democr\u00e1tica que construye ciudadan\u00eda activa y cr\u00edtica. Por su parte, Berenguer ejemplifica la acci\u00f3n ofreciendo una metodolog\u00eda de participaci\u00f3n juvenil. Como iniciativas, Mayor, Oliva, Baeza y Oliva proponen los presupuestos participativos, L\u00f3pez-Mar\u00edn el teatro social, Elvira Medina el voluntariado con personas mayores (movimiento social de los <\/span>Yay@flautas <\/span>o la Marea de Pensionistas), L\u00f3pez-Giraldo el voluntariado ambiental y Raimundo Rodr\u00edguez-P\u00e9rez el patrimonio local.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Bola\u00f1os abre las fronteras con la experiencia costarricense y Teresa Vicente explica el proceso de iniciativa legislativa popular para reconocer la personalidad jur\u00eddica de la Laguna del Mar Menor.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Finalmente, el tercer bloque de la obra ofrece el texto completo de la iniciativa expuesta por Vicente.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Seguidamente, se recoge la bibliograf\u00eda que ha generado el segundo bloque de contenidos. El cierre de la obra, por su valor, ofrece fotograf\u00edas emblem\u00e1ticas del profesor Jos\u00e9 Molina Molina, referente en la Regi\u00f3n de Murcia (Espa\u00f1a) ante la lucha por la transparencia y la participaci\u00f3n de la juventud para la construcci\u00f3n de un mundo mejor.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n Accesible en l\u00ednea en:<\/span><\/i> enlace<\/span><\/i><\/b><\/a><\/p>\n
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